El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que el proceso penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aún continúa en La Paz, esto en razón a que la resolución que emitió la Justica fue apelada.

“No existe una investigación que se lleve y tenga el control jurisdiccional y fiscal en el departamento de Santa Cruz, lo cual quiere decir que el proceso penal continúa en la ciudad de La Paz”, dijo el fiscal.

Mariaca añadió que existe la resolución que emitió la autoridad jurisdiccional de La Paz en el que ordena que el proceso por “un incidente que ha presentado la parte investigada se remita al departamento de Santa Cruz, pero dicha resolución ha sido apelada por las partes, en este caso por el Ministerio Público dependiente por la Fiscalía de La Paz”.

“Considero que se está a la espera de la respuesta que vaya a dar una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a objeto de que se resuelva la apelación presentada por los fiscales anticorrupción de La Paz”.

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El caso por legitimación de ganancias ilícitas contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Esta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del año pasado, que fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero.

El informe de la UIF develó que la autoridad parlamentaria recibió 193 depósitos valuados en más de Bs 1,4 millones. Una de las empresas vinculadas en el caso aseguró que compró un equipo de cine 7D por un monto de 83.770 bolivianos y no por 89.050.

Mariaca señaló que esperarán a que llegue de manera formal la resolución para que la Fiscalía de Santa Cruz derive al fiscal de turno y ese funcionario público informe de manera inmediata al juez jurisdiccional de esa región.

“No puedo manifestarme en una investigación que no está dentro de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en este momento”, reiteró.

En tanto, el presidente de Diputados indicó que si “tuviera alguna corrupción del Estado calladito se iría a su casa” y no se metería en ese tipo de situaciones.

“Se ha publicado que tendría 1,4 millones de bolivianos, totalmente falso. De los 193 depósitos, eso cómo viene. Han sacado un extracto bancario del 2007 al 2015 donde mi persona ha tenido depósitos, sí, pero no es tema de 15.000, sino fueron de 1.000, 3.000. Yo tenía en ese momento una tienda en Chuquisaca de máquinas que son de distracción y juegos”.

El escándalo que implica al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, genera otra pugna en el Movimiento Al Socialismo (MAS); desde el evismo solicitan su alejamiento, pero desde el arcismo piden “no crucificarlo” sin sentencia.

El caso contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Esta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del año pasado, que fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero.

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Huaytari

El diputado del ala evista Ramiro Venegas sugirió a Huaytari  renunciar y someterse a la Justicia para saber la verdad de los hechos por los que se lo investiga. “Pienso que Huaytari ya debía renunciar y ponerse ante la Justicia… él miente de frente, fríamente, como esos personajes que no le temen a la Justicia”.

El senador William Tórrez (MAS), también del ala evista, consideró que el presidente de Diputados debe dar un paso al costado. “Cuando hay acusaciones de este tipo y cargos de esta naturaleza, ciertamente no debería esperarse la destitución, por razones éticas y de transparencia la persona acusada tendría que dar un paso al costado y demostrar que efectivamente sobre él no pesa ningún cargo”.

Licencia

En esa línea, el también senador Felix Ajpi, y los diputados Froilán Mamani y Andrés Flores, sugirieron a Huaytari pedir licencia a la Cámara Baja para asumir su defensa.

“Para que sea limpia y sana (la investigación), uno debe alejarse de los cargos que opta ¿no? Si yo fuese presidente del Senado y tuviera una denuncia seria y formal, debería poner mi cargo (a disposición) y defenderme sin que pueda beneficiarme o presionar a nadie”, sostuvo Ajpi.

En tanto, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, del ala arcista, se solidarizó con Huaytari por el proceso que enfrenta en un caso de supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Remarcó que la Justicia debe definir la situación jurídica del también legislador arcista del oficialismo y también defendió el debido proceso para el titular de Diputados.

“Pedimos que no crucifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre, todavía, su culpabilidad. Él tiene que acudir al llamado de la Justicia. Pero exigimos y pedimos que haya el debido proceso y la presunción de inocencia, y que no crucifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre su culpabilidad”, dijo Mercado.

(15/05/2024)

Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, informó que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentó un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitando el adelanto del sorteo de causa y la resolución de la acción de defensa interpuesta en el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial.

“Se presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional un memorial solicitando el adelanto del sorteo de causa para que una Sala Constitucional resuelva la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Cobija, teniendo en cuenta la coyuntura nacional, la trascendencia y la importancia respecto al cumplimiento de las reglas del proceso democrático de elección de altas autoridades jurisdiccionales”, expresó.

Destacó que desde la Presidencia de la Asamblea existe la predisposición para generar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan a la materialización de las elecciones judiciales, en conformidad con el orden institucional establecido en la Constitución Política del Estado.

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Respecto a las notas enviadas por los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, explicó que los informes adjuntos a las notas remitidas a la Vicepresidencia no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y debate en el pleno de la Asamblea.

Informó además que los informes no cumplieron con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Asimismo, destacó la importancia de considerar la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos de poder público, en particular el Judicial y el Legislativo, conforme a la Constitución.

“La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, de acuerdo con la normativa, debe ser enviada para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que puede confirmar o revocar, en todo o en parte, la decisión de la autoridad judicial inferior a través de una Sentencia Constitucional, que debe ser emitida previo cumplimiento de un procedimiento”.

Los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

El encuentro de los senadores fue dirigido por el presidente de esa instancia camaral, Andrónico Rodríguez, quien además dijo que se insistirá que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, se involucre como manda la Constitución y cumpla su deber en este tema.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en el que denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

La semana pasada, la Asamblea fue notificada con el fallo constitucional que dejó sin efecto el proceso y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La Justicia notificó al director del penal de Chonchocoro de La Paz, mayor Marco Gonzales, con la orden para el traslado del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para el inicio de su audiencia de juicio oral del 27 de mayo.

“El Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital, dentro del marco de aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, se encuentra preparando la audiencia de juicio oral… que sigue el Ministerio Público contra Luis Fernando Camacho Vaca para la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes… su autoridad deberá tomar las previsiones para asegurar la presencia del nombrado… el lunes 27 de mayo a horas 08.15”, señala parte de la notificación.

La notificación se realizó el jueves 9 de mayo por el Tribunal de Sentencia Octavo, que además ordena “al gobernador de Chonchocoro coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Camacho de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador de Palmasola un día antes de la celebración del juicio oral”.

En el caso Decretazo, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

Entonces, la autoridad cruceña encargó sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Pero según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, Camacho promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, pidió a la Justicia que se llegue a un análisis más profundo, respecto al traslado de Camacho a Santa Cruz, esto en razón a la seguridad del privado de libertad, como de sus custodios.  

“Insistimos como administración penitenciaria… que se llegue a un análisis más profundo, respecto a todos los elementos que ha dado este centro penitenciario. Hay una responsabilidad respecto al cuidado (para que) no haya algún tipo de agresiones, no solo al privado de libertad, sino estamos encargados de precautelar la integridad física, la vida, la salud de cada privado de libertad, pero no solamente eso, sino también la responsabilidad del director de este centro penitenciario es precautelar por la seguridad de sus mismos policías”, dijo Limpias a Unitel.

Señaló que se va a esperar lo que diga la Justicia y que en el transcurso de los días se informará lo que se vaya desarrollando.

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Martín Camacho, defensa del gobernador cruceño, señaló que “no hay una excusa” para el traslado de la autoridad cruceña.

“En realidad, es una obligación, no es una posibilidad. La Ley 2298 en su artículo 110 (señala que) no es una obligación del director nacional, sino del director de cada centro penitenciario el cumplir con las órdenes judiciales para los traslados a las audiencias, en este entendido, no hay una excusa que se pueda presentar”, dijo el jurista.

Añadió que los informes a los que hace referencia Limpias fueron presentados el 11 de marzo y los mismos fueron valorados por el Tribunal de Sentencia.

“(Esos informes) fueron considerados como superfluos para no dar conocimiento a una orden judicial, en este entendido lo único que está haciendo es fortalecer el error, pero además instigar a que se cometa incumplimiento de deberes por parte del mayor Gonzales”.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.