Eva Humérez Alvez, una dentista pandina de 32 años que ya fue diputada suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la última gestión legislativa, busca ahora una diputación titular por la Circuscripción 62 (C-12) de Pando y lo hace con una propuesta de ley bajo el brazo.
Se trata del Proyecto de Ley de Desarrollo Integral para Pando, que comprende la planificación de políticas públicas que deberían ser implementadas por los alcaldes y el gobernador con la meta de explotar de la mejor manera las potencialidades de la región, mediante la consolidación de una “marca amazónica”.
El proyecto de ley plantea la conformación de un Comité de Desarrollo Departamental en el que participen distintas instituciones para generar una red de gobernanza que facilite el trabajo de las autoridades regionales y, a su vez, genere una visión de desarrollo centrada en los productos amazónicos y sus derivados.
Plantea enfocar mediante leyes y reglamentos complementarios la creación de una marca amazónica que otorgue valor agregado, no solo a la artesanía y merchandising local, sino principalmente a la oferta turística.
Humérez hace su campaña con una copia del proyecto en mano y llama a los pandinos que habitan en su circunscripción a respaldarla, en una agitada carrera en la que compite contra otros seis candidatos: Juan Manuel Ruiz Moscoso, de Comunidad Ciudadana (CC); Silverio Inta Chasqui, del Movimiento Tercer Sistema (MTS); Richard Flores Roberts, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS); Charles Moura Silva, de Bolivia Dice No (21F); Silvestre Velasco Delgado, del Movimiento Nacionalista Revolucionario y Fausto Daniel Ardaya Vargas, del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).
La C-62 es decisiva y será la más disputada en Pando, ya que concentra en sus cuatro municipios (entre ellos la ciudad capital, Cobija) el 70% de la población electoral del departamento. El restante 30% del padrón electoral, en la Circunscripción 63, se distribuye entre los once municipios de las provincias Manuripi, Abuná, Madre de Dios y Federico Román.
El proyecto de ley de Humérez, en cuanto a la oferta para la juventud, contempla la reglamentación para la transversalización de oficios, con la meta de que este grupo pueda optar a carreras técnicas para planificar sus proyectos de vida.
“En Pando nuestra cultura, nuestra gastronomía y artesanía son ricas, son hermosas y ha llegado el momento de reconocerlas a nivel mundial, ha llegado el momento de que Bolivia asuma su rol amazónico, esta es otra de nuestras tareas”, dice la candidata en referencia a su iniciativa. (15/10/2019).
Tras el fallo que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en El Alto, de hoy al domingo, el dirigente Vidal Gómez anunció que el evento comenzará a las 15.00 para definir al presídium y se espera a 150 veedores internacionales.
“Se ha invitado a 150 delegados internacionales como veedores, de la parte diplomática, cancilleres y embajadores”, remarcó el secretario de Derechos Humanos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), en conferencia.
El cónclave se inaugurará en la avenida Juan Pablo II, frente al coliseo Héroes de Octubre, y se prevé la participación de un millón de militantes, afirmó el Comité Político del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce.
Gómez indicó que, desde temprano, las organizaciones sociales se concentrarán en la Ceja, para emprender una marcha hasta el lugar del encuentro. El acto principal será a las 15.00 y se proyecta que hasta las 21.00 se cuente con los integrantes del presídium.
Asimismo, el dirigente de los interculturales dijo que se espera hasta las 07.00 del domingo 5 las conclusiones del congreso, para presentar al nuevo comité de la dirección nacional del partido.
La Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó que el TSE asista al cónclave del MAS arcista. El tribunal había observado la convocatoria a esta cita, al igual como hizo con el congreso del MAS que apoya al expresidente y jefe nacional del frente político, Evo Morales.
El Pacto de Unidad afín a Morales se declaró en estado de emergencia e incluso anunció bloqueo de caminos desde hoy. “Nos declaramos en emergencia y protestas. Desde las 00.00 horas de este viernes vamos a estar en movilizaciones frente al ataque a la democracia y el no respeto a la Constitución Política y a las normas”, dijo Ponciano Santos, que se declara ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
“La idea es quitarnos la sigla para que no sea candidato Evo Morales”, añadió. “Ya estamos en movilizaciones y en estado de emergencia. Nos veremos en la convulsión social del país, aunque ellos digan que vamos a perjudicar económicamente. Va a haber guerra civil. Las movilizaciones y la guerra ya están declaradas”.
Dato
Enrique Mamani, ejecutivo de los interculturales del ala evista, dijo que el Pacto de Unidad de ese bloque está en alerta y, en caso de que el TSE acompañe el congreso de los arcistas, las bases saldrán a la calles “en defensa del partido político y de la democracia”.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, anunció que la Policía garantizará la seguridad para la realización del congreso en El Alto. “La Policía Boliviana está elaborando un plan (para que) se desarrolle en un marco de normalidad y que permita que tanto la ciudad de El Alto como quienes van a participar puedan sentirse seguros”.
La autoridad pidió que “quienes pretenden sabotear estas acciones, amenazando con bloqueos y con acciones radicales, que depongan esas actitudes”.
Por más de un año, las elecciones judiciales se encuentran a merced del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial. Una sucesión de sentencias, declaraciones y autos ponen en jaque a los comicios y al sistema de justicia.
La última decisión fue emitida por la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia de Pando a instancias de una postulante inhabilitada en la fase de preselección, Yeny Duri Bautista.
Se trata del cuarto recurso que frena por cuarta vez el proceso previo de las elecciones judiciales, cuyos resultados debían definir la elección de nuevos magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y consejeros del Consejo de la Magistratura, cuyo inicio de mandato estaba previsto para el 3 de enero de este año.
En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) protestó por las trabas que sufren las elecciones judiciales. “A partir de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional y las salas se está constituyendo en un suprapoder por encima de los órganos de Estado y eso es algo que puede generar una total erosión de la institucionalidad en nuestro país”.
Similar consideración expuso antes el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que sostiene la teoría de que la Constitución de 2009 otorgó demasiadas atribuciones del TCP.
El día de la emisión del último fallo que dejó otra vez en fojas cero los comicios, el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la decisión. “La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión”, afirmó en la red X.
La Asamblea Legislativa “debe avanzar en el proceso de selección”, sugirió el exmandatario.
El proceso de preselección de postulantes, en su fase de evaluación oral y escrita, ya había quedado suspendido el 16 de abril por decisión de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que atendió el recurso de otra aspirante inhabilitada, Margarita Medrano.
Hasta el martes eran 18 los recursos que ponían en vilo las elecciones judiciales de este año.
Preselección
Sin embargo, el jaque del TCP y del Órgano Judicial a los comicios comenzó el 12 de abril de 2023, cuando otra sala, Tercera Constitucional del Tribunal de Justicia de Beni, frenó el primer proceso de preselección. Entonces, apenas había cinco postulantes inscritos y Miguel Ángel Balcázar interpuso una acción de amparo constitucional contra la Resolución de la Asamblea Legislativa 007/2022-2023, de 20 de abril de 2023, de convocatoria y reglamento de elecciones.
Luego, el 27 abril, el TCP admitió un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la misma resolución, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, que también dejó en suspenso el proceso. En medio de la incertidumbre, luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513, Transitoria de Elecciones Judiciales, que dispuso 70 días para el desarrollo de los comicios.
Tres meses después y en el plazo procedimental límite, el 31 de julio, el TCP emitió su Sentencia 060/2023, que dejó en fojas cero las elecciones judiciales y declaró inconstitucional la Ley 1513.
En el apuro, y ante la evidente ruptura en el MAS, la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto el Proyecto de Ley 144. Para no comprometer su responsabilidad, la Cámara de Diputados pasó el proyecto a consulta de los órganos Ejecutivo, de Justicia y Electoral, y la Magistratura.
La consulta llegó al TCP, que el 11 de diciembre, a través de la Declaración 049/2023, declaró inconstitucional el proyecto de ley, dispuso la reelección y prórroga de magistrados y consejeros, y exhortó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria a elecciones bajo dos tercios en todas sus fases.
‘No hay sometimiento’, sí debilidad
El senador Rubén Gutierrez negó que la Asamblea Legislativa esté sometida al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional en relación a la gestión de las accidentadas elecciones judiciales.
Al ser consultado en La Razón Radio sobre ese extremo, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista afirmó ayer que “no hay sometimiento de carácter político a ninguna instancia”.
“Las resoluciones son factores ajenos a la Asamblea Legislativa. Ningún legislador observó el proceso. Los actores que acudieron a la Justicia (fueron) los postulantes que forman parte de la convocatoria”, explicó el senador.
No obstante, admitió que la Asamblea no tuvo eficacia en el último año debido a la falta de consensos en las bancadas de las tres fuerzas políticas. “Desde la tercera gestión hay una debilidad por las divisiones internas del oficialismo y oposición”, comentó.
En los últimos meses se hizo evidente la división entre evistas y arcistas en el MAS, entre adultocentristas y renovadores en Comunidad Ciudadana (CC) y entre camachistas, ucesistas y otras facciones en la alianza Creemos.
Gutiérrez aseguró que antes las dificultades se resolvían fácilmente, pero los problemas comenzaron luego de la elección del Defensor del Pueblo. “Nos costó sacar adelante la elección del Defensor, pero ahí recibimos el apoyo institucional”, recordó.
“No ocurre ahora porque hay peleas, intereses, factores políticos y la temprana electrolización ha ganado terreno”, insistió.
Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.
Tras el fallo que instruye al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en la ciudad de El Alto, Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia afín a Evo Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.
“Quiero decir enfáticamente, ya estamos en movilizaciones y en estado de emergencia. Nos veremos en la convulsión social del país, aunque ellos digan que vamos a perjudicar económicamente. Va a haber guerra civil. Las movilizaciones y la guerra ya están declaradas”.
Santos también indicó que desde hoy comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución Política, las normas y la sigla del MAS.
“La intención de Luis Arce es quitar la personería jurídica del MAS para ser nuevamente candidato a la presidencia. No vamos a permitir eso, si va a correr sangre, va a correr”.
El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.
“La decisión asumida por la Sala Constitucional Primera, integrada por los vocales Israel Campero, presidente, y Alexis Angles, causa extrañeza y preocupación al Tribunal Supremo Electoral porque se entiende como un acto de injerencia en las competencias y atribuciones propias del Organismo electoral”, señaló el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas.
El TSE pide al TCP una medida cautelar para ‘no consumar la vulneración de la independencia’ de poderes
“Exigimos a los magistrados del TCP un pronto pronunciamiento en revisión de la decisión constitucional 273 por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un tardío pronunciamiento suyo”, dijo Vargas.
El frontis del Tribunal Supremo Electoral, en La Paz.
El Tribunal Supremo electoral (TSE) pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar “a fin de no consumar un hecho que vulnera la independencia” de los órganos del Estado, tras la orden judicial para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto.
El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, indicó que en el transcurso de 24 horas se demandará al TCP esta medida. “Solicitamos (como medida cautelar) que el Tribunal Constitucional Plurinacional, (entre tanto) no revise la Resolución Constitucional 273 del 11 de diciembre de 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz se abstenga de emitir disposiciones que so protexto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en su decisión de tutela, tenga por objeto mutar pretensiones y ordenar al Órgano Electoral la supervisión de actos que no se adecuan a la normativa, todo esto con el fin de evitar un caos normativo, incumplimiento de la normativa electoral y principalmente conflictos sociales”.
El vocal también indicó que solicitará al TCP que disponga “el no pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral respecto al informe de supervisión instruida por la Sala Constitucional Primera, hasta tanto ese Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la Resolución Constitucional 273 antes mencionada”.
“Exigimos a los magistrados del TCP un pronto pronunciamiento en revisión de la decisión constitucional 273 por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un tardío pronunciamiento suyo”.
El TSE fue notificado con la resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz que “instruye al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096)”, es decir, realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto, del 3 al 5 de mayo.
El TSE denuncia injerencia, pero acatará ‘provisionalmente’ la supervisión del congreso del MAS arcista
“Se instruye a la Dirección Nacional de Sifde por tratarse de una solicitud de alcance nacional conformar la comisión técnica de supervisión y realizar las acciones conducentes para la supervisión del evento".
Tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso del MAS arcista en El Alto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció este jueves «injerencia» del Órgano Judicial, empero, indicó que acatará “provisionalmente” la supervisión del cónclave del 3 al 5 de mayo.
“La decisión asumida por la Sala Constitucional Primera, integrada por los vocales Israel Campero, presidente, y Alexis Ángel, causa extrañeza y preocupación al Tribunal Supremo Electoral porque se entiende como un acto de injerencia en las competencias y atribuciones propias del Organismo electoral”, señaló el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas.
Añadió que “respetuosos del orden normativo constitucional y en específico del artículo 40 de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional, que dispone que las decisiones de los tribunales en acciones de defensa son de ejecución inmediata, el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto realizar la supervisión condicionada y provisional del mencionado congreso, sujeto a verificación del cumplimiento de los requisitos de la ley y del Órgano Electoral Plurinacional, como también ha dispuesto la mencionada Sala Constitucional”.
El TSE fue notificado con la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz que “instruye al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096)”, es decir, realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto.
El vocal Vargas también indicó que se emitió la Resolución 08/2024 que resuelve “la aplicación provisional” del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor de los señores Lucio Quispe, Esteban Alavi Canaviri y Guillermina Kuno y se autoriza «provisionalmente la supervisión al evento a desarrollarse del 3 al 5 de mayo solicitado mediante memorial de fecha 22 de abril”
“Se instruye a la Dirección Nacional de Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático) por tratarse de una solicitud de alcance nacional conformar la comisión técnica de supervisión y realizar las acciones conducentes para la supervisión del evento, entre tanto se cumpla con la condición impuesta por la Sala Constitucional de cumplir con las exigencias de la ley y del Órgano Electoral Plurinacional, entonces esa es la resolución que el día de hoy ha sido notificada”, dijo Vargas.
Antes del pronunciamiento del TSE, el Pacto de Unidad saludó la determinación de la Sala Constitucional e indicó que se cumplió “en todo momento” las resoluciones del TSE.
El cónclave se inaugurará en la avenida Juan Pablo II, frente al coliseo Héroes de Octubre en El Alto a las 15.00 de este viernes, y se prevé la participación de un millón de militantes, afirmó el Comité Político del Pacto de Unidad.
