El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz informó este lunes que, de 33 organizaciones políticas con personería jurídica con alcance departamental y municipal en aquella región, 12 cumplieron con la renovación de sus directivas en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096).

María Cristina Claros, presidente del TED Santa Cruz, detalló que otras 16 organizaciones políticas están en proceso de supervisión de renovación de sus directivas y otras cinco agrupaciones ciudadanas de alcance municipal aún no solicitaron apoyo del ente electoral.

“Le corresponde a la militancia y a la directiva saliente de cada organización promover los mecanismos democráticos internos para generar institucionalidad al interior de las agrupaciones u organizaciones políticas, ya sean de alcance municipal o departamental. Nosotros cumplimos con la supervisión a los procesos de elección de las directivas cuando las organizaciones políticas nos presentan y cumplen con los requisitos que manda la norma”, dijo Claros.

Las organizaciones políticas de alcance departamental que cumplieron con la renovación de sus directivas son: Alianza Solidaria Popular (ASIP), Creemos, Fuerza y Esperanza (FE), Seguridad Orden y Libertad (SOL), Santa Cruz Para Todos (SPT) y Unión Democracia y Oportunidad Social (UNIDOS).

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En el caso de las organizaciones políticas de alcance municipal que renovaron sus directivas están: Agrupación de Propuesta (APC,) de Warnes y Mineros; Primero Conce (PC), de Concepción; Voluntad Ciudadana y Equidad Social (VOCES), de La Guardia, Warnes y Okinawua; Todos por Porongo (TPP); JICHI Compromiso Ciudadano, de San José, y Juntos Somos Portachuelo (JSP) de Portachuelo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en su registro 155 organizaciones políticas departamentales, de las cuales una tercera parte se encuentra en Chuquisaca, con 51, entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

El siguiente departamento con más tiendas políticas es La Paz, con 31; le siguen Santa Cruz con 23, Cochabamba con 13, Tarija con 13, Oruro con nueve, Potosí con siete, Beni con cuatro y, finalmente, Pando con cuatro.

El TSE determinó ampliar por 120 días calendario el plazo para que las organizaciones políticas del país renueven sus directivas, conforme establece la normativa electoral vigente.

Esta nueva ampliación se determinó después de que este 5 de mayo feneció el plazo de 180 días que estipuló el TSE en octubre de 2023, para que los partidos políticos de alcance nacional y las agrupaciones ciudadanas departamentales, regionales y municipales elijan nuevas directivas.

De los 11 partidos nacionales, solamente seis (dos todavía en revisión) cumplieron con esta disposición.

En la presentación de agenda de actividades del Bicentenario en la histórica Casa de la Libertad de Chuquisaca, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, planteó este lunes que se debata una reforma constitucional para que las elecciones judiciales continúen o no por voto popular.

“La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad política por la extrema politización de estas elecciones con miras a las elecciones presidenciales, plantee y debata una reforma constitucional para que sea la población la que decida si continúa el voto popular o acaso se dé el mecanismo empleado por los diferentes países para la designación de altas autoridades judiciales”, señaló Jaimes.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

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Tras la notificación del fallo, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural enviaron sus informes sobre el avance del proceso de preselección al presidente nato de la Asamblea Legislativa y solicitaron que se convoque al pleno para definir el rumbo de los comicios judiciales. 

El jueves, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcita en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar que permita la continuidad de la preselección.

Jaimes también destacó la tarea trascendente del Órgano Judicial en la administración de justicia e indicó que Chuquisaca no puede perder la sede de este órgano, pero “una sede efectivamente funcionando, magistrados resolviendo causas, al día, con independencia, porque los jueces hablan por sus fallos”.

“Más allá de los criterios políticos que estigmatizan de manera generalizada e injusta de todo un órgano, es importante remarcar que tenemos magistrados y jueces que vienen trabajando con la convicción de servicio”, señaló.

Las denuncias del expresidente Evo Morales en torno al Decreto Supremo 4732 obligaron al ministro de Justicia, Iván Lima, responderle y acusarle de mentir y de desinformar.

Morales calificó al decreto como “preocupante” ya que, en su criterio, se trata de un ataque a la libre determinación de la propiedad.

El ministro dijo que el exmandatario “desinforma y miente en todo lo que dice” y el decreto “está vigente, con el objetivo de evitar cláusulas abusivas de las empresas constructoras y las inmobiliarias”.

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Decreto 4732

“No se aplica a ventas entre particulares; por lo tantom no se ha afectado la compraventa de ningún bien inmueble y ningún ciudadano ha tenido que pedir un ‘permiso’ al Ministerio de Justicia para comprar o vender su propiedad”, aclaró Lima en su cuenta de X.

Morales, durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca, denunció que el Decreto Supremo 4732 establece que el Gobierno es el verdadero dueño de la propiedad.

“Con ese decreto (4732) si usted, Ramiro, (conductor del programa de Morales) quiere vender su casa, tiene que sacar un certificado del Ministerio de Justicia; si no tienes ese certificado del Ministerio de Justicia, no puedes vender tu casa, y para sacar el certificado una serie de requisitos, 18 requisitos”, cuestionó Morales el domingo e insistió que se trataba de una inconstitucionalidad.

“Lo único que le interesa es él mismo”, criticó Lima.

Prorrogados

Morales insiste en que ese decreto es un abuso al que recurre el presidente Luis Arce mediante los magistrados y consejeros “autoprorrogados”.

Sobre ese criterio, Lima también lo desmintió y dijo que el decreto fue promulgado hace dos años, en 2022. Cuando los magistrados y consejeros judiciales cumplían su mandato constitucional.

En las últimas semanas, los diputados del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron un recurso para impugnar el decreto. Sin embargo, de acuerdo con Morales, éste fue solo un paso inicial y afirmó que buscarán “su abrogación”.

El presidente Luis Arce inauguró este lunes la construcción de la carretera doble vía Oruro-Challapata y advirtió que “algunos tienen envidia” por la entrega de obras por parte del Gobierno en todo el país.

En el acto, celebrado en Soracachi, a 60 kilómetros al noreste de la ciudad, el mandatario explicó que la vía, en su primer tramo, unirá Vinto y Cruce Huanuni”, el inicio de la carretera entre Oruro y Potosí.

Al acto asistieron algunos ministros, senadores, diputados, autoridades locales y comunarios, además de varias organizaciones sociales orureñas.

Arce destacó que la obra descongestionará la actual carretera de ese sector, de la que dijo que “parece avenida” por la lenta circulación de vehículos.

Entre sus consideraciones, el jefe de Estado mencionó que el Gobierno impulsa ése y otro tipo de obras, pese al contexto nacional e internacional, y volvió a fustigar a “la nueva derecha”, como calificó a la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera Evo Morales.

Luis Arce

“No quieren que avancemos y no quieren que hagamos obras, y que no quieren que entreguemos obras. Parece que hay envidia de algunos compañeros. Pero, aquí, no se trata de una sola persona, no es el presidente Lucho que viene a entregar (obras), es el Gobierno democráticamente elegido en las urnas”, reclamó.

Y siguió: “Si hay gente que no le gusta que el gobierno nacional cumpla con el pueblo con estas obras, allá ellos. Vendremos a entregar estas obras, les guste o no les guste”.

Entre otras obras, anunció la pronta entrega de la Planta de Industrialización de Camélidos en el municipio de Turco, capital de la Ganadería Camélida de Bolivia, a 155 kilómetros al oeste de la capital.

Si bien el mandatario no hizo alusiones directas, su mensaje coincide con las constantes críticas de Morales y sus seguidores. Ese bloque lanzó sus dardos contra la gestión de Arce respecto de su administración y la ejecución de obras. “Inaugurar piedras, no es entregar obras”, dijo, por ejemplo, el senador evista del MAS Leonardo Loza.

En cuanto a los datos de la obra como tal, esa construcción demandará una inversión de Bs 508,08 millones, de los que el 20% (Bs 101,6 millones) será otorgado por la Gobernación de Oruro y el restante 80% (Bs 406,4 millones), por el Gobierno.

Según informó el presidente Arce, el contrato con la empresa responsable de la doble vía prevé la entrega final de la obra en un plazo de 570 días.

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, confirmó que dos policías están investigados por la comisión del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Ambos están incluidos en la investigación que indaga la supuesta participación del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en ese ilícito.

“Los procesos investigativos están siendo desarrollados adecuadamente y con objetividad (…). Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101, con la Fiscalía Policial, en el Departamento de Investigación Interna en Sant Cruz”, dijo en conferencia de prensa.

Se trata de Raúl C. P. y Rolando G. T. A., además Lizeth P.C.P. e Israel H.M., quienes fueron incluidos en la investigación. Además de eso, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que entre los investigados en ese caso está Lizeth P. C. P., identificada como hermana de uno de los uniformados.

El comandante Álvarez dijo que se encargó al inspector que lleva adelante la investigación “con objetividad, para que los malos policías sean sancionados si se encuentra responsabilidad en esos actos”.

Ese caso fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en el patrimonio de los investigados.

La presunta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

El viernes, el mismo Lanchipa informó que el caso radica ahora en Santa Cruz, a raíz de un incidente de declinatoria de competencia presentado por uno de los uniformados investigados.