Conocida la medida cautelar emitida por una Sala Constitucional de La Paz, que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar al congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el equipo jurídico del ala evista denunció este hecho y alertó de una ilegalidad y el fin del Estado de derecho.

“Esta sala constitucional, yendo más allá de lo que le faculta el código de procedimiento constitucional, las propias normas sustantivas que hacen a la existencia de estas salas, emite este auto constitucional totalmente anómalo y espurio, forzando a que el Tribunal Electoral acompañe la supervisión al congreso de El Alto”, cuestionó el delegado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, en conferencia de prensa.

Medida cautelar

El mediodía del jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz aprobó una medida cautelar que ordena al TSE supervisar el congreso del ala arcista que comenzará este viernes en El Alto.

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El TSE había rechazado la convocatoria al congreso previamente, debido a que no contaba con las firmas de la directiva vigente, la cual está a la cabeza del expresidente y líder del partido, Evo Morales.

Pese a que el Pacto de Unidad, que apoya al presidente Luis Arce, intentó subsanar las observaciones, el TSE ratificó su rechazo el miércoles. Sin embargo, las organizaciones sociales anunciaron que, de todas formas, realizarían el congreso el 3, 4 y 5 de mayo.

“Estamos ante una sala constitucional más poderosa que cualquier Órgano del Estado. Una sala constitucional que de pronto anula al TSE. Si el tribunal se allana a cumplir y obedecer órdenes arbitrarias de esta sala constitucional quiere decir que ya no hay Estado de derecho, ya no hay Estado constitucional”, advirtió Jiménez.

A su vez, el TSE también rechazó la convocatoria del ala evista debido a que incumplía con el estatuto orgánico del partido. No contaba con las firmas de las direcciones de las organizaciones sociales fundadoras (confederaciones de campesinos, interculturales y Bartolina Sisa).

La fecha del congreso evista estaba prevista para el 10 de junio, pero se cambió al 10 de julio.

‘Acto delictivo’

“Lo más grosero es que ya ni siquiera cuenta lo que dice el Tribunal Electoral, porque pese a que está forzando las cosas, está intentando generar resoluciones en apariencia neutrales (…), resulta ahora que ni eso, una Sala Constitucional les dice lo que tienen que hacer (…); esta medida cautelar es un acto delictivo”, afirmó el delegado del ala evista.

Wilfredo Chávez, exprocurador y ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, también mostró sus críticas a la resolución de la Sala Constitucional. “Absoluta ilegalidad, porque no puede supervisar alguien que ni siquiera sabe cómo presentar congreso, no tenían representación legal; el Tribunal les ha dicho varias veces eso, y ahora resulta que para el Órgano Judicial sí tienen, pero no explican cómo, cuándo, nada”, criticó.

Además, Chávez denunció que, según la información que maneja, quien preside la Sala Constitucional de La Paz, el vocal Israel Campero, obedece a los intereses del Gobierno.

Cuestionó la rapidez con la que se atendió el pedido del Pacto de Unidad. En su criterio, el reclamo ingresó el 30 de abril en el Tribunal Departamental y en apenas dos días dictó una respuesta positiva.

“El fondo es anular a Evo Morales, a quien temen”, alertó Chávez.

El objetivo del congreso es renovar la directiva, que tiene a Morales de presidente desde 2017. En caso de no renovarse, el MAS podría ser amonestado por el TSE. El plazo para la renovación de directivas expira el 5 de mayo.

En tanto, el ala arcista ultima los detalles de su congreso que comenzará este viernes y ya tiene garantizado un cuerpo de oficiales que resguardará el evento.

Una medida cautelar instruye al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

La solicitud fue presentada por el Pacto de Unidad arcista y, al mediodía del jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la aprobó y ordenó aplicar la medida cautelar mencionada.

“Instruir al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”, señala la resolución firmada por los vocales Israel Campero y Alexis Angles.

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Rechazo

El pedido de supervisión del Pacto de Unidad (confederaciones de campesinos, interculturales y Bartolina Sisa) se rechazó por el TSE. Debido a que incumplía con el estatuto orgánico del MAS.

Observó que la convocatoria al congreso no contaba con el respaldo de la dirección nacional vigente, presidida por el expresidente Evo Morales.

Por tal motivo, el TSE rechazó el miércoles, una vez más, la solicitud. Sin embargo, las organizaciones sociales y figuras del oficialismo anunciaron que el congreso se realizaría con o sin acompañamiento del TSE.

“Los errores de la administración electoral no le pueden ser cargados al militante, sea el accionante o tercero interesado”, señalan los vocales en la resolución.

Por su parte, el congreso del ala evista está previsto para el 10 de julio, en Villa Tunari. Pero el TSE también lo observó, aunque el equipo jurídico del evismo aclaró que solo notificaron el congreso, no pidieron acompañamiento.

Congreso arcista

En tanto, las organizaciones sociales afines al Gobierno informaron que el lugar del congreso, originalmente previsto en el estadio de Villa Ingenio, se cambió a la Avenida Juan Pablo II, debido a la “gran cantidad de asistentes” confirmados.

Asimismo, el Gobierno anunció este jueves que se desplegarán efectivos policiales para garantizar la seguridad durante los tres días del congreso.

El principal objetivo del congreso es renovar la directiva, la cual fue elegida en 2017; caso contrario, el MAS podría recibir una amonestación por parte del TSE y arriesgar su sigla.

Con el objetivo de priorizar las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se propuso la opción de buscar la anulación de las elecciones primarias, prevista para agosto o septiembre de este año.

“Aún no se ha debatido (el proyecto de ley), vamos a analizar precisamente con nuestra Dirección Jurídica los alcances del artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral, que establece que no se podrán ejecutar dos calendarios electorales que se superpongan”, informó este jueves en la red Unitel Francisco Vargas, vicepresidente del TSE.

Debido a que el martes un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando dejó como inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, existe la posibilidad de que con una nueva ley y una nueva convocatoria las judiciales coincidan con las elecciones primarias.

En ese caso, se presume una sobreposición de elecciones y no se podrían realizar las judiciales.

“Sin embargo, hay un elemento que se debe analizar, esto corresponde a procesos electorales convocados por ley. Tanto la elección judicial como la elección primaria van a ser convocados por el TSE; en sesión de Sala Plena lo analizaremos”, explicó Vargas en relación a una posible modificación o interpretación del artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral.

Propuesta

Hace dos semanas, el vocal Tahuichi Tahuichi presentó un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias. Así, los binomios de los partidos se presentarían directamente a las elecciones generales de 2025.

El miércoles, conocido el fallo a favor de la acción popular que deja inaplicable la Ley 1549, Tahuichi indicó a La Razón que ahora con más contundencia se debe insistir en la suspensión de primarias y priorizar las judiciales.

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“En el marco de la atribución vinculada a la legislación, vamos a ver la pertinencia o no de remitir dicho proyecto de manera institucional a la Asamblea Legislativa”, informó Vargas.

Sin embargo, recordó la obligación que tienen las organizaciones políticas de elegir mediante un congreso los binomios presidenciales.

Calendario electoral

Vargas afirmó que se analizará todo el calendario electoral, no solo respecto de 2024, sino planificar con tiempo las actividades electorales hasta 2026. 

“Es en la elección del año 2025 en la que el Órgano Electoral va a tener que centrar toda su capacidad técnica. Para garantizar que las bolivianos y bolivianos acudamos a votar en elecciones limpias, justas y transparentes”, explicó.

Vargas enfatizó en “la voluntad, la predisposición y la capacidad técnica” del TSE para llevar a cabo las elecciones judiciales. Sin embargo, indicó que sin una lista de candidatos preseleccionados no pueden continuar con el proceso.

La Asamblea Legislativa tenía 80 días para aprobar la lista de 192 postulantes y enviarla al TSE. Una vez conocidos los postulantes, el TSE tiene un plazo de 150 días para organizar el proceso electoral.

Desahuciado todo el proceso para las elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, lamentó este hecho y advirtió que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se está convirtiendo en un “suprapoder” estatal.

Además, responsabilizó al Órgano Ejecutivo del desfase de las elecciones judiciales que, en su criterio, están en riesgo de no consolidarse este año.

“A partir de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional y las salas se está constituyendo convirtiendo en un suprapoder por encima de los órganos de Estado. Eso es algo que puede generar una total erosión de la institucionalidad en nuestro país”, criticó el miércoles en conferencia de prensa.

Acción popular

El martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando atendió una acción popular presentada por la postulante inhabilitada Yeni Duri. Dejó de esta manera sin efecto todo el proceso que se había realizado. Los postulantes se encontraban en la recta final: evaluaciones orales y escritas.

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A diferencia de un amparo constitucional, que enfatiza en una violación a los derechos del postulante, una acción popular observa la propia ley, en este caso, la 1549, de Elecciones Judiciales, lo que la deja inaplicable y se debe promulgar una nueva.

En el caso de la acción presentada en Pando, se argumentó que los derechos de las mujeres indígena originario campesinas no se contemplaban en la ley y no tenían igualdad de condiciones con las postulantes de otros departamentos.

“Lamentamos que la Justicia esté tomando decisiones políticas y muy dirigidas. Lamentamos este accionar que no es de hoy”, cuestionó Rodríguez.

“Hemos hecho los máximos esfuerzos para que se lleven las elecciones judiciales, pero otros parlamentarios y otros órganos como el Ejecutivo, y por supuesto el Órgano Judicial, han hecho esfuerzos para que no se lleve las elecciones judiciales y eso es muy evidente”, apuntó.

Apenas se conoció la resolución de la sala del Tribunal de Justicia en Pando la oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron un “golpe” al Legislativo y criticaron ampliamente esta decisión. Otros apuntaron directamente al ministro de Justicia, Iván Lima, como principal responsable.

Reuniones

“Vamos a tener reuniones con las comisiones y veremos alguna vía o posibilidad. Si todavía tenemos tiempo, plazos, dependiendo qué disposición pondrá el Órgano Electoral (…), ya no hay mucho tiempo lamentablemente”, informó Rodríguez.

Paralelamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) analiza sus propios mecanismos para responder a las elecciones judiciales. Entre el 6 y 7 de mayo debería recibir la lista de 192 postulantes preseleccionados por la Asamblea Legislativa.

El calendario ya quedó desfasado. Emitir una nueva ley e iniciar todo el proceso de nuevo provocaría que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para agosto o septiembre.

El artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral establece: “El Órgano Electoral Plurinacional no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato convocados por Ley”.

Entonces, el TSE se plantea la posibilidad de suspender las elecciones primarias con el objetivo de priorizar las judiciales. El vocal Tahuichi Tahuichi presentó ese proyecto hace dos semanas y lo reafirmó el miércoles a La Razón.

“Un cirujano no puede operar al mismo tiempo a dos pacientes; tal vez sí se pueda, pero es bien difícil”, ejemplificó. El TSE aún debe analizar en el pleno la viabilidad del proyecto de ley del vocal Tahuichi.

El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez anunció que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa analizarán los alcances de la resolución que ponen en foja cero las elecciones judiciales.

El martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán. La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

En entrevista con La Razón Radio, el senador Gutiérrez dijo que, “de manera inmediata”, las comisiones tendrán que tomar una decisión sobre la resolución y someterla al Pleno de la Asamblea Legislativa.

“Tenemos que garantizar las elecciones judiciales”, añadió el legislador.

Reiteró que la ejecución de las elecciones judiciales es un mandato de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, cuya norma responde a un acuerdo multipartidario firmado el 2 de febrero entre representantes del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. “Esto se tiene que cumplir”.

Lamentó que varios postulantes hayan acudido a la Justicia, lo que derivó en la paralización de comicios judiciales. Admitió que, si bien la Justicia pudo aceptar los amparos, no debió paralizar el proceso con medidas cautelares. 

“Los jueces deberían admitir, pero no suspender las labores de la Asamblea, ahí se extralimitaron. Rechazamos y de mostramos que los postulantes incumplieron con los requisitos”, argumentó.

Al ser consultado sobre que la Justicia somete al Órgano Legislativo, afirmó que “no hay sometimiento de carácter político a ninguna instancia”. Además, aseguró que la Asamblea garantizó la doble instancia de impugnaciones en el proceso de preselección de candidatos.

“Las resoluciones son factores ajenos a la Asamblea. Ningún legislador observó el proceso. Los actores que acudieron a la Justicia (fueron) los postulantes que forman parte de la convocatoria”, dijo.

No obstante, admitió que la Asamblea no tuvo eficacia en el último año debido a la falta de consensos en las bancadas de las tres fuerzas políticas. “Desde la tercera gestión hay una debilidad por las divisiones internas del oficialismo y oposición”, comentó.

Aseguró que antes las dificultades se resolvían fácilmente, pero los problemas comenzaron luego de la elección al Defensor del Pueblo. “Nos costó sacar adelante la elección del Defensor, pero ahí recibimos el apoyo institucional”.

“No ocurre ahora porque hay peleas, intereses, factores políticos y la temprana electrolización ha ganado terreno”, lamentó.

Las elecciones judiciales están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y se conocía la ausencia de mujeres e indígenas.

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