El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, respaldó la iniciativa de desacatar el fallo de la sala constitucional de Pando que dejó sin efecto el proceso avanzado de elecciones judiciales.

En su criterio, los vocales que emitieron la resolución son “inconstitucionales”. “Los actuales magistrados, todos sus actos son nulos en pleno derecho: ellos han designado vocales totalmente ilegales e inconstitucionales. Si estos fallos vienen de los vocales ilegales, en todo caso no tendría que acatarse (el fallo)”, afirmó este miércoles en conferencia de prensa.

Propuesta

El martes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, propuso el desacato de la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. Argumentó que violaba el derecho de más de 400 postulantes y de la ciudadanía de escoger a sus autoridades.

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El 30 de abril, dicha sala falló a favor de una acción popular. Estableció que la Ley 1549, de Elecciones Juidiciales, no contempla los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de ese departamento.

La acción popular, presentada por la abogada Yeny Dury, detuvo todo el proceso de las elecciones judiciales de forma definitiva, puesto que la ley quedó inaplicable. Los postulantes se encontraban en la etapa de evaluaciones orales y escritas.

“No debe llegar a foja cero (…); todavía faltan las reuniones pertinentes, estamos a la espera del informe oficial de las dos comisiones”, informó Rodríguez.

Plazos

“Creemos que se debe, a través de una ley corta, ajustar o, en todo caso, ver los tiempos en coordinación con el Órgano Electoral; vamos a solicitar una reunión urgente (…), necesitamos que nos diga la verdad, cuántos días necesita”, exigió el presidente del Senado.

El pasado 5 de mayo expiró el plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe la lista de 192 postulantes preseleccionados y la remita al TSE. De acuerdo con la Ley 1549, el tribunal tiene 150 días para organizar los comicios.

Debido a que los plazos quedaron desfasados, existe el riesgo de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para septiembre de este año.

Asamblea

“Nos apena mucho la actitud del presidente de la Asamblea (David Choquehuanca); por eso, nosotros, el día de ayer (martes), nos hemos reunido con las tres fuerzas del Senado y hemos decidido pedir los informes de las dos comisiones”, afirmó Rodríguez.

Los presidentes de las comisiones legislativas también insistieron en que están a la espera de que Choquehuanca convoque a reunión, para definir qué acciones tomarán. “La máxima instancia es la Asamblea”, insistió el presidente de Senadores.

Por el momento, el presidente nato de la Asamblea no se expresó en relación a la situación de las judiciales o a una posible solución.

En tanto, la Comisión Mixta de Justicia anunció que iniciará un proceso penal contra los vocales que emitieron el fallo en la Sala de Pando.

Luego de la notificación formal de la Sala Constitucional de Pando, que dejó sin efecto el proceso de las elecciones judiciales, las comisiones mixtas pretenden encontrar una solución para que las elecciones judiciales se realicen este año.

La Comisión Mixta de Justicia aprobó este miércoles una resolución camaral para que el fiscal general del Estado asuma el rol de garante en las acciones penales contra los vocales de la Sala Constitucional en Pando.

“Aprobar el proyecto de resolución camaral de conminar al Fiscal General del Estado (…), asuma la posición de garante realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los vocales de la Sala Constitucional de Pando en relación a lo obrado dentro la Acción Popular NUREJ:9032903”, dice la misiva que compartió en sus redes el presidente de esa comisión, Roberto Padilla.

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Fallo

El 30 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando falló a favor de una acción popular que dejó “inaplicable” la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

De esta manera, todo el proceso quedó desahuciado. Los postulantes estaban en la etapa de evaluación oral y escrita.

La abogada Yeny Dury presentó la acción popular. En su criterio, la Ley 1549 vulnera los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de Pando. 

La resolución se conoció el 30 de abril, pero las comisiones afirmaron que no se les había notificado formalmente, por lo que el proceso podía continuar.

Sin embargo, el martes la Sala Constitucional de Pando notificó oficialmente a ambas comisiones.

Desacatar la resolución

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución propuso el desacato de la resolución de esa sala debido a que, en su criterio, vulnera los derechos de más de 400 postulantes aún en carrera y el derecho de los ciudadanos a elegir sus autoridades

“De los análisis que se puede hacer, es sacar una ‘ley corta’ de manera inmediata y otra es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los postulantes que en estos momentos están en carrera”, afirmo el martes Miguel Rejas en conferencia de prensa.

Sin embargo, el legislador Juan José Jáuregui, miembro de la misma comisión, afirmó que ésta era una propuesta personal de Rejas, no de la comisión. En su opinión, el cumplimiento de la resolución es obligatorio e inmediato.

‘Ley corta’

Padilla, por su parte, advirtió que una ley corta no resolvería nada, puesto que los tribunales departamentales volverían a frenar el proceso. Por ello insiste en las acciones penales contra los vocales.

Ambos jefes de comisión coincidieron en que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debe convocar a una sesión. En ella, se definirá cuál será el procedimiento que se seguirá y se tome las decisiones pertinentes.

Como los plazos previstos en la Ley 1549 ya expiraron, existe el riesgo de que coincidan con las elecciones primarias, previstas para agosto o septiembre.

Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede realizar dos procesos electorales de forma simultánea, las elecciones judiciales están en vilo.

Luego de la notificación formal de la Sala Constitucional Primera de Pando a la Asamblea Legislativa, ratificando que el proceso de preselección y la Ley de Elecciones Judiciales queden sin efecto, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Senador Miguel Rejas, consideró que la resolución se podría «desobedecer» y así no “viole” los derechos de los postulantes que esperan la evaluación oral y escrita.

“De los análisis que se puede hacer, es sacar una ley corta de manera inmediata y otra es tal vez no obedecer esta resolución (judicial) por el hecho de que estaría violando los derechos de los postulantes que en estos momentos están en carrera”, expresó Miguel Rejas, en conferencia de prensa.

La Sala Constitucional de Pando notificó este martes formalmente a la Comisión Mixta de Justicia Plural y a la de Constitución con el fallo que deja inaplicable la Ley 1549. De esta manera, todo el proceso, que se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de más de 400 postulantes, quedó desahuciado.

La Sala en Pando falló a favor de una acción popular presentada por la abogada y representante indígena Yeny Dury. En su criterio, la Ley 1549 vulneraba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de ese departamento. 

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La resolución se conoció el pasado 30 de marzo, pero las comisiones afirmaron que no se les había notificado formalmente, por lo que el proceso podía continuar.

“Volveríamos a reiniciar (el proceso) y eso es un retroceso para nosotros como Comisión Mixta de Constitución. Lamentablemente estos señores vocales de Sala Constitucional de Pando han hecho que en estos momentos nos paralice el proceso y por ende no haya elecciones judiciales”, criticó Rejas.

También lamentó que, pese a que la norma fue aprobada en unanimidad, “existen intenciones de obstaculizar” las elecciones judiciales.

El senador pidió al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar a sesión para que se defina cuál será el procedimiento que se debe seguir y tome las decisiones pertinentes.

En caso de que las elecciones judiciales no se realicen en los plazos previstos, existe el riesgo de que coincidan con las elecciones primarias. Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede realizar dos comicios de forma simultánea, las judiciales podrían no realizarse este año.

Con una nueva directiva, el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende ahora modificar el estatuto orgánico del partido. De acuerdo con actores afines al Gobierno, el estatuto vigente tiene elementos inconstitucionales que deben modificarse.

“Hay que cambiar el estatuto, hay que ajustarlo. En realidad, es un estatuto totalmente inconstitucional, porque te pone ciertos cortapicos y te viola tus derechos políticos”, criticó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, en conferencia de prensa.

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Justamente, el congreso arcista que finalizó el domingo y donde se eligió a Grover García, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como nuevo jefe nacional del MAS, se rechazó en varias ocasiones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE observó al congreso por ser contrario a lo que establece el estatuto orgánico del partido. La convocatoria carecía de las firmas de la directiva precedida por el expresidente Evo Morales.

Años de militancia

“Ponerle una antigüedad de 10 años, es deshacerse de la juventud, totalmente, ni Andrónico (Rodríguez) entra. Te deshaces de la juventud, de todo un conglomerado de más de un millón de militantes en el MAS”, cuestionó.

Uno de los elementos que establece el estatuto es que quien quiera ser candidato presidencial debe tener como mínimo 10 años de militancia para ser elegido. El presidente Luis Arce y el propio Torrico, por ejemplo, incumplen con este requisito, de acuerdo con la lista de militancia que fue actualizada en 2018.

El diputado arcista y jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, respaldó las declaraciones de su colega.

“El tema de la militancia creo que también hay que ser más flexibles, porque hay líderes que están surgiendo que no vienen de 20 años, 10 años”, consideró el martes en conferencia de prensa.

‘Liderazgo nato’

“A pesar de que este estatuto fue hecho a medida de cierta persona, se lo ha respetado como correspondía, pero no puede ser que en el estatuto se hable de un jefe de por vida”, cuestionó.

El artículo 6, parágrafo 15, del estatuto orgánico del MAS establece que el expresidente Evo Morales tiene “liderazgo nato” dentro del partido.

“Hay varios aspectos que tienen que ser modificados en el estatuto. Por eso hay que llamar a un nuevo congreso justamente para definir esos temas”, insistió el legislador.

Una vez elegido como jefe nacional, García afirmó que en 90 días se convocaría a un congreso estatuario, para modificar el estatuto vigente.

Luego de que el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales quedara suspendido, a causa de una acción popular, surgen propuestas para que estos comicios se realicen este año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dio a conocer dos posibilidades que se están debatiendo en las comisiones.

Judiciales

“Escucharemos el resultado, la solución, si se podría ampliar (los plazos) con una ley corta o si es que se volvería a foja cero (el proceso de preselección). Nosotros seguramente vamos a coadyuvar y a aceptar las decisiones”, afirmó este martes en conferencia de prensa.

El 30 de abril, una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia en Pando aceptó una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury. Argumentó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no contemplaba los derechos de las mujeres indígenas originarias y campesinas.

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A diferencia de un amparo constitucional, que denuncia una violación al derecho del postulante, la acción popular denuncia a la ley en sí, debido a su contenido. De esta manera, la 1549 quedó inaplicable y se debe promulgar una nueva.

Comisiones

“Lo más importante es el presidente de la Comisión Mixta (…), tanto de Justicia como de Constitución (…), esperamos el resultado de la Comisión, de ellos depende”, explicó Huaytari.

A su vez, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, ratificó que se está buscando una solución para continuar con el proceso.

Antes de que el proceso se detenga, las comisiones estaban listas para iniciar con las evaluaciones orales y escritas de los postulantes.

Además, Padilla afirmó que se presentarán denuncias penales contra los jueces y vocales que aprobaron amparos y acciones que imposibilitan seguir con el proceso.

La Asamblea Legislativa tenía hasta el 5 de mayo para remitir la lista de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral. Con los plazos cumplidos, existe la posibilidad de que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para fin de año o los primeros meses del 2025, y por tanto no se realicen.