Las protestas pro Palestina llegaron a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Durante un conservatorio sobre liderazgo juvenil en política, propiciada por una enviada de Estados Unidos, un alumno irrumpió en el evento con una pancarta en favor a Palestina.

El alumno ingresó al evento con un letrero a favor de Palestina. “Estamos en favor del pueblo palestino, pedimos que dejen de enviar armas”, exigió. La seguridad del lugar actuó rápidamente para sacarlo del ambiente. Sin embargo, el hecho quedó registrado en video.

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Inclusive, en la transmisión en vivo en la página de Facebook de la carrera, figuraba el hecho, aunque posteriormente se editó la publicación.

Palestina se encuentra inmersa en un conflicto bélico con Israel desde octubre de 2023.  El rol de Estados Unidos, fiero aliado de Israel, fue y es determinante para el trascurso de la guerra. El gobierno estadounidense financió los operativos de Israel en el marco de la “lucha contra el terrorismo”.

Protestas

Las protestas pro Palestina se intensificaron durante las últimas semanas en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Prestigiosas universidades se vieron forzadas a suspender las clases presenciales y eventos como colaciones debido a la toma de los predios por parte del alumnado que defiende a Palestina.

Fue el caso de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y Sciences Po, en Francia.

La comunidad internacional condenó la actitud de Israel en la franja de Gaza, pues, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que quería “destruir” a Hamas e iniciar una invasión a la ciudad de Rafah, donde se encuentra la mayoría de refugiados.

Se estima que la situación de los palestinos es inhumana; los civiles no tienen acceso a los servicios básicos, sufren enfermedades y son los principales afectados por el conflicto armado.

El evento, que tuvo lugar el miércoles en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tenía como principal protagonista a la demócrata Abby Finkenauer, quien, en 2018, con 27 años, se convirtió en la mujer más joven en asumir un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Actualmente, ocupa el puesto de enviada Especial para Asuntos Mundiales de la Juventud, por lo que el evento contó con la seguridad para interpelar rápidamente la ‘protesta’.

Paralelamente, el miércoles en la facultad de Ciencias Sociales, se colgaron banderas de Palestina en la entrada al edificio.

Luego de una jornada de diagnóstico de la Ley 348, de Violencia Contra Las Mujeres, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, insistió en que se debe mejorar la norma.

“Estamos comprometidos a mejorar la ley y a impulsar políticas públicas de prevención contra la violencia en todos los niveles de gobierno (…); reconocemos que esta ley representa un gran avance, pero requiere mejoras significativas para combatir con mayor eficacia delitos como la violación y el feminicidio”, escribió en sus redes sociales el legislador.

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Del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodríguez ya criticó la Ley 348, a la que calificó como una ley “antihombres”. El 17 de abril, durante una sesión de Senadores, afirmó que era buena iniciativa modificar la norma. En su criterio, con esa ley se percibe a los hombres como enemigos.

Sus declaraciones despertaron el malestar de algunas de las senadoras presentes, aunque fue respaldado por otras. Aunque, posteriormente Rodríguez se retractó y afirmó que se malinterpretaron sus palabras.

‘Denuncias falsas’

“Sin duda, la norma es un logro fundamental de las mujeres. Sin embargo, es crucial escuchar todas las voces, abordar preocupaciones sobre denuncias falsas y la impunidad en ciertos casos. También es fundamental atender los desafíos que enfrentan las familias de víctimas de feminicidios, quienes sufren acoso y demoras judiciales”, insistió el jueves en su cuenta de X.

Luego de las declaraciones de Rodríguez, la Casa del Hombre afirmó que existen muchos casos de hombres inocentes que son extorsionados por la Ley 348.

De acuerdo con esa organización, más del 80% de los casos presentados son falsos.

En la jornada de diagnóstico, realizada con representantes de 20 organizaciones y la Coordinadora de la Mujer, se estableció que se trabajará en la cobertura de “vacíos” que tiene la Ley 348.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, es investigado por un supuesto caso de ganancias ilícitas, de acuerdo a una denuncia de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

El 9 de enero de 2024, la directora general de la Unida de Investigaciones Financieras (UIF), Lizeth Pamela Troche Huanca, remitió al Ministerio Público el informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial del caso, de fecha 08 de diciembre del 2023.

“El suscrito Fiscal Departamental de La Paz (…) dispone: remitir antecedentes mencionados a conocimiento del encargado (a) de Plataforma de Atención de la Fiscalía Departamental”, se lee en la notificación contra el diputado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Posteriormente, Troche informó que las investigaciones son a causa de un incremento en el patrimonio de Huaytari.

De acuerdo con la Ley 004, de Lucha Contra la Corrupción y Ganancias Ilícitas, todo incremento en el patrimonio injustificado de una autoridad entra en la categoría de delito penal.

Ahora se debe sortear al fiscal analista para el caso.

Según la Contraloría General, Huaytari posee 10 bienes declarados. Además, un total de bienes activos por poco más de Bs 600.000 y rentas recibidas por Bs 294.215. De acuerdo con esta oficina de control, tiene deudas por más de Bs 2 millones.

Las investigaciones consideran que, desde la declaración jurada, los bienes de Huaytari se incrementaron sin justificativo alguno.

Huaytari

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Estafanía Morales confirmó la notificación a Huaytari. Afirmó que el presidente de Diputados no está obstaculizando el proceso y se muestra dispuesto a presentarse a declarar.

Sin embargo, al ser consultado por los medios, Huaytari afirmó que no conocía la investigación en su contra. Cuestionó que no le notifiquen “de frente”.

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que no vive de la política y que es su primera incursión en un puesto público. Afirmó que se trata de desprestigiar su imagen y su gestión.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, respaldó la iniciativa de desacatar el fallo de la sala constitucional de Pando que dejó sin efecto el proceso avanzado de elecciones judiciales.

En su criterio, los vocales que emitieron la resolución son “inconstitucionales”. “Los actuales magistrados, todos sus actos son nulos en pleno derecho: ellos han designado vocales totalmente ilegales e inconstitucionales. Si estos fallos vienen de los vocales ilegales, en todo caso no tendría que acatarse (el fallo)”, afirmó este miércoles en conferencia de prensa.

Propuesta

El martes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, propuso el desacato de la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. Argumentó que violaba el derecho de más de 400 postulantes y de la ciudadanía de escoger a sus autoridades.

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El 30 de abril, dicha sala falló a favor de una acción popular. Estableció que la Ley 1549, de Elecciones Juidiciales, no contempla los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de ese departamento.

La acción popular, presentada por la abogada Yeny Dury, detuvo todo el proceso de las elecciones judiciales de forma definitiva, puesto que la ley quedó inaplicable. Los postulantes se encontraban en la etapa de evaluaciones orales y escritas.

“No debe llegar a foja cero (…); todavía faltan las reuniones pertinentes, estamos a la espera del informe oficial de las dos comisiones”, informó Rodríguez.

Plazos

“Creemos que se debe, a través de una ley corta, ajustar o, en todo caso, ver los tiempos en coordinación con el Órgano Electoral; vamos a solicitar una reunión urgente (…), necesitamos que nos diga la verdad, cuántos días necesita”, exigió el presidente del Senado.

El pasado 5 de mayo expiró el plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe la lista de 192 postulantes preseleccionados y la remita al TSE. De acuerdo con la Ley 1549, el tribunal tiene 150 días para organizar los comicios.

Debido a que los plazos quedaron desfasados, existe el riesgo de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para septiembre de este año.

Asamblea

“Nos apena mucho la actitud del presidente de la Asamblea (David Choquehuanca); por eso, nosotros, el día de ayer (martes), nos hemos reunido con las tres fuerzas del Senado y hemos decidido pedir los informes de las dos comisiones”, afirmó Rodríguez.

Los presidentes de las comisiones legislativas también insistieron en que están a la espera de que Choquehuanca convoque a reunión, para definir qué acciones tomarán. “La máxima instancia es la Asamblea”, insistió el presidente de Senadores.

Por el momento, el presidente nato de la Asamblea no se expresó en relación a la situación de las judiciales o a una posible solución.

En tanto, la Comisión Mixta de Justicia anunció que iniciará un proceso penal contra los vocales que emitieron el fallo en la Sala de Pando.

Luego de la notificación formal de la Sala Constitucional de Pando, que dejó sin efecto el proceso de las elecciones judiciales, las comisiones mixtas pretenden encontrar una solución para que las elecciones judiciales se realicen este año.

La Comisión Mixta de Justicia aprobó este miércoles una resolución camaral para que el fiscal general del Estado asuma el rol de garante en las acciones penales contra los vocales de la Sala Constitucional en Pando.

“Aprobar el proyecto de resolución camaral de conminar al Fiscal General del Estado (…), asuma la posición de garante realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los vocales de la Sala Constitucional de Pando en relación a lo obrado dentro la Acción Popular NUREJ:9032903”, dice la misiva que compartió en sus redes el presidente de esa comisión, Roberto Padilla.

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Fallo

El 30 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando falló a favor de una acción popular que dejó “inaplicable” la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

De esta manera, todo el proceso quedó desahuciado. Los postulantes estaban en la etapa de evaluación oral y escrita.

La abogada Yeny Dury presentó la acción popular. En su criterio, la Ley 1549 vulnera los derechos de las mujeres indígena originario campesinas de Pando. 

La resolución se conoció el 30 de abril, pero las comisiones afirmaron que no se les había notificado formalmente, por lo que el proceso podía continuar.

Sin embargo, el martes la Sala Constitucional de Pando notificó oficialmente a ambas comisiones.

Desacatar la resolución

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución propuso el desacato de la resolución de esa sala debido a que, en su criterio, vulnera los derechos de más de 400 postulantes aún en carrera y el derecho de los ciudadanos a elegir sus autoridades

“De los análisis que se puede hacer, es sacar una ‘ley corta’ de manera inmediata y otra es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los postulantes que en estos momentos están en carrera”, afirmo el martes Miguel Rejas en conferencia de prensa.

Sin embargo, el legislador Juan José Jáuregui, miembro de la misma comisión, afirmó que ésta era una propuesta personal de Rejas, no de la comisión. En su opinión, el cumplimiento de la resolución es obligatorio e inmediato.

‘Ley corta’

Padilla, por su parte, advirtió que una ley corta no resolvería nada, puesto que los tribunales departamentales volverían a frenar el proceso. Por ello insiste en las acciones penales contra los vocales.

Ambos jefes de comisión coincidieron en que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debe convocar a una sesión. En ella, se definirá cuál será el procedimiento que se seguirá y se tome las decisiones pertinentes.

Como los plazos previstos en la Ley 1549 ya expiraron, existe el riesgo de que coincidan con las elecciones primarias, previstas para agosto o septiembre.

Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede realizar dos procesos electorales de forma simultánea, las elecciones judiciales están en vilo.