El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpia, culpó a un juez por no responder a las observaciones sobre la orden de traslado del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al inicio de su juicio oral por el caso Decretazo.

Este lunes, la autoridad departamental debía asistir al acto judicial por el caso decretazo, en la capital cruceña.

“Se ha mandado el viernes, tengo entendido, por parte del director del centro penitenciario, un nuevo memorial estableciendo puntos que no han cambiado en las condiciones de trasladarlo del privado de libertad y hasta ahora no se pronuncia”, dijo el titular de Penitenciarías en una rueda de prensa.

El acto judicial estaba programado para 08.30 de este lunes, pero fue suspendida, precisamente, por la inasistencia del gobernador cruceño que actualmente está con detención preventiva, acusado en el caso Golpe de Estado I.

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Camacho está imputado en el caso Decretazo, pro la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

Entonces, la autoridad cruceña encargó sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Pero, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, Camacho promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

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El presidente Luis Arce pidió al mando militar de las Fuerzas Armadas “reflexionar” respecto del marco normativo del Servicio Militar, con una adecuación de algunos contenidos.

“Exhorto al mando militar de nuestras Fuerzas Armadas a reflexionar sobre el marco normativo que regula nuestro servicio militar, que debe promover la cultura de defensa del pueblo boliviano, en el marco de la doctrina de patriotas, el respeto a los derechos humanos”, dijo el Mandatario en el acto de conmemoración por los 215 años del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia.

Arce dijo que deberán diversificarse los programas de formación técnica ya instituidos en las unidades militares, “estimulando el desarrollo de la historia y las ramas técnicas y la instrucción”.

Incluso, pidió al mando del Ejército que se otorgue incentivos profesionales, con valor curricular, como la asignación de puntaje extra al personal militar de esa unidad por “la excelente y exigente labor que realizan como escolta presidencial”.

“El servicio militar, en nuestro Estado, es la más sublime expresión de amor a la patria, en el que nuestros soldados y marineros están depuestos a ofrecer la vida misma para defender los intereses vitales y estratégicos de nuestro país”, agregó.

Asimismo, el Jefe de Estado recordó al personal de esa unidad y de las FFAA su tarea constitucional de defender el territorio nacional y otros ámbitos.

“Aunque vivimos en tiempos de paz, los desafíos no son menos significativos. La defensa de nuestra soberanía ya no se libra en los campos de batalla, sino en la arena del desarrollo económico, la innovación tecnológica, la justicia social y la protección de nuestros recursos naturales”, complementó.

El presidente Luis Arce afirmó este lunes que la “antipatria” en el país tiene una “careta democrática” con la que se busca dar un “golpe blando” a su gestión o generar un acortamiento de su periodo presidencial.

“La antipatria se demuestra con careta democrática, escondiendo sus fines abiertos de atentar el orden constitucional mediante planes siniestros que procuran a un corte blando o un acortamiento de mandato”, dijo en el acto en conmemoración por los 215 años de creación del Regimiento de Infantería 1 Colorados de Bolivia, en la Paz.

El Mandatario advirtió nuevamente de “amenazas internas y externas” que suponen un riesgo para la democracia en el país, al territorio y a la soberanía.

Luis Arce

“Hoy, estas formas adoptan formas híbridas e irrestrictas de ataque contra el Estado Plurinacional. Intenta detener la participación del pueblo en la conducción del Gobierno y frustrar los avances del proceso de incorporación de valor agregado a nuestras materias primas”, señaló Arce.

Por otra parte, destacó la “valerosa tarea” de los colorados de Bolivia en la historia del país y en los procesos democráticos. “No tengo duda alguna que los Colorados de Bolivia actuarán a la altura del tradicional amor a Bolivia”.

Arce viene denunciando, desde hace tiempo, un supuesto intento de acortar su mandato. Atribuyó ello a la derecha tradicional y la nueva derecha —como llama a la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) liderada por Evo Morales— de buscar “hacerse del poder”.

“El nuevo teatro de operaciones se libra en la mente del pueblo. La guerra se libra sembrando zozobra y especulación, cambiando la historia, solo podemos vencer si estamos unidos pueblo y Fuerzas Armadas (FFAA)”, sostuvo el mandatario.

«Golpe blando»

Las declaraciones del jefe de Estado coinciden con sus constantes advertencias de un supuesto “boicot” a su gestión, propiciada por la facción evista del MAS y el bloque de oposición, de cuyos miembros advirtió “acuerdos oscuros” para ese fin.

En su justificación, el jefe de Estado fustigó las “trabas” que ponen los miembros de esos bloques, en las cámaras de Diputados y Senadores, a la aprobación de normas de diferentes ámbitos. Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con los ocho créditos “que están durmiendo” en la Cámara Alta. Se trata de proyectos de ley que fueron aprobados en la Cámara de Diputados y que no fueron sancionados por la de Senadores. Todos ellos están destinados a infraestructura, salud, electrificación y preinversión, por un total de $us 645,42 millones.

El principal problema, desde febrero de este año, es la condición de la oposición y del mismo bloque evista del MAS de, primero, abordar los proyectos de ley 073 y 075. Con estas dos normas se busca definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Ya pasaron 41 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales. Desde esa vez, no hay salida posible para reencauzar el proceso.

El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

 Se trata de la primera decisión judicial que puso en vilo la preselección, a la que acecharon 36 amparos constitucionales y una acción popular, según informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jerges Mercado.

Elecciones judiciales

Precisamente, el 30 de abril, la acción popular, presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró por parte de la Sala Constitucional Primera de Cobija una tutela que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección de postulantes. Además, consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

El jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) le dio luz verde al proceso, al revocar el fallo de esa sala constitucional.

Sin embargo, pese a eso, aún no se retomó el trabajo en las comisiones mixtas para definir la lista de 192 profesionales que debe ser remitida al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ahora, la discusión para llevar adelante o no el proceso, que se detuvo en la etapa de evaluación de méritos –específicamente antes en los exámenes orales y escritos—, radica en la “competencia”.

Preselección

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, senador evista del MAS) Roberto Padilla, advirtió que el proceso ya no puede seguir en la Asamblea Legislativa, pues según la Ley 1549, el plazo para que ese órgano culmine con la preselección se cumplió el 6 de mayo.

A cuatro días de que el TCP liberó las elecciones judiciales, ninguna de las dos comisiones llamó a sesión a sus miembros.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aumentó la presión sobre los titulares de ambas comisiones. “Ya no hay pretextos” para no llevar adelante las elecciones judiciales y exigió a sus titulares “garantizar” el desarrollo y la culminación de la preselección.

“La responsabilidad está en (Miguel) Rejas y (Roberto) Padilla, como presidentes de las comisiones mixtas, tienen que dar garantías de que son idóneos en este cargo”, señaló Lima, en Sucre.

Comisiones mixtas

Sobre la competencia de la Asamblea Legislativa respecto del proceso, la autoridad afirmó que “no hay ningún límite” y que el “derecho político a elegir está por encima de cualquier plazo y norma”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, el evista Andrónico Rodríguez, anunció que, en consenso con las fuerzas políticas, “se está trabajando” un proyecto de ley corta para la ampliación de plazos para la preselección.

Tomando en cuenta que el proceso de preselección comenzó el 16 de febrero, y el plazo de 80 días para que la Asamblea legislativa cumpla con su tarea, la propuesta de Rodríguez busca que se otorguen “entre 30 y 40 días”.

“Hemos tomado la determinación de empezar a trabajar en una ley corta para extender los plazos. Desde la Cámara de Senadores damos señales de unidad en torno al cumplimiento de la Constitución, de manera unánime coincidimos con la continuidad de la preselección este año 2024”, dijo en una conferencia de prensa.

Judiciales

Pese a que esa propuesta fue consensuada por las tres bancadas de la Cámara de Senadores, los acuerdos en Diputados “son más complicados”, como calificó el diputado Juan José Jáuregui, debido a la atomización de las tres fuerzas.

La expectativa por la continuidad de la preselección va creciendo, en medio de presiones por lograr los comicios para elegir a los profesionales que ocuparán los cargos de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Se elegirá por tercera vez a las altas autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental (TA), y del Consejo de la Magistratura. Una primera elección se celebró el 16 de octubre de 11 y, la segunda, el 3 de diciembre de 2017.

El secretario de Actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Armin Flores, informó este domingo que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad impugnarán la decisión del Tribunal Supremo electoral (TSE) respecto del congreso de principios de mayo en El Alto.

“Ya hemos sido notificados con esa resolución como Pacto de Unidad. Existe el plazo de cinco días para poder realizar el recurso de revisión y lo vamos a interponer. Tenemos hasta el día jueves”, informó a Bolivia Tv.

MAS

En la resolución 195/2024, la Sala Plena del TSE explicó que los convocantes a ese cónclave no cumplieron con varios artículos del estatuto orgánico del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), por lo que es oficina decidió no registrar las resoluciones del congreso arcista. Entre sus principales decisiones, estaba la elección del dirigente campesino Grover García, como nuevo jefe nacional del MAS.

La Sala Plena basó su decisión en un informe técnico de la comisión de supervisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que asistió al encuentro del 3, 4 y 5 de mayo.

Una resolución constitucional de una Sala de Garantías del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que presidente el vocal Israel Campero, obligó al TSE la supervisión del encuentro nacional. Antes de eso, el TSE ya había rechazado la convocatoria del Pacto de Unidad.

Congreso

Flores insistió en la “legalidad” y “legitimidad” del congreso. Anticipó que, además, de las acciones jurídicas se asumirán “medidas de hecho”, aunque no precisó cuáles.

“Vamos a seguir adelante. Estas medidas que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral ya son medidas legales y por el entorno legal vamos a defender el congreso”, aseguró.

Si bien el ala arcista celebró su congreso y hará “todo lo legalmente posible” por que se valide, existe otra convocatoria. El ala evista del MAS fijó como sede el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, para el 10 de julio de este año.