Tras el fallo que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso del MAS en El Alto, del viernes 3 al domingo 5, el dirigente Vidal Gómez anunció que el evento comenzará a las 15.00 para definir al presídium y con la presencia de 150 veedores internacionales.

«Se ha invitado a 150 delegados internacionales como veedores, de la parte diplomática, cancilleres y embajadores”, remarcó el secretario de Derechos Humanos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), en conferencia.

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El cónclave se inaugurará en la avenida Juan Pablo II, frente al coliseo Héroes de Octubre en El Alto, y se prevé la participación de un millón de militantes, afirmó el Comité Político del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce.

Gómez indicó que, desde temprano, las organizaciones sociales se concentrarán en la Ceja, para emprender una marcha hasta el lugar del encuentro. El acto principal será a las 15.00 y se proyecta que hasta las 21.00 se cuente con los integrantes del presídium.

Asimismo, el dirigente de los interculturales dijo que se espera hasta las 07.00 del domingo 5 las conclusiones del congreso, para presentar al nuevo comité de la dirección nacional del partido oficialista.

La Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó este jueves que el TSE asista al cónclave del MAS arcista, tras la presentación de un recurso. El tribunal había observado la convocatoria a esta cita, al igual como hizo con el congreso del MAS que apoya al expresidente Evo Morales.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló una sesión de emergencia tras el fallo que obliga a supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en la ciudad de El Alto del 3 al 5 de mayo.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó la tarde de este jueves a la Red Unitel que recibió la notificación y, tras ello, los vocales del TSE instalaron Sala Plena en el Tribunal Departamental (TED) de Beni para tratar la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz.

Cerca del mediodía, el Pacto de Unidad arcita fue favorecido con una medida cautelar que instruye al TSE acompañar el congreso en la ciudad de El Alto.

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La Sala Constitucional Primera de La Paz instruyó “al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”.

Los vocales que emitieron la resolución son Israel Campero y Alexis Angles.

La resolución de la Sala Constitucional se conoció luego que el TSE rechazó el miércoles la solicitud de supervisión al Congreso del MAS por los principales dirigentes de los campesinos, interculturales y bartolinas, tras advertir el incumplimiento de algunos requisitos del estatuto del MAS. 

El Pacto de Unidad saludó la determinación de la Sala Constitucional e indicó que se cumplió “en todo momento” las resoluciones del TSE.

“En todo momento se ha cumplido el consenso, la convocatoria ha sido convocada en el membrete de la direccional nacional, en conjuntamente, con las organizaciones sociales que es el Pacto de Unidad. Esa constancia hemos hecho conocer tanto al Órgano Electoral, como a la Sala Constitucional”, dijo Vidal Gómez, dirigente de los Interculturales.

Conocida la medida cautelar emitida por una Sala Constitucional de La Paz, que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar al congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el equipo jurídico del ala evista denunció este hecho y alertó de una ilegalidad y el fin del Estado de derecho.

“Esta sala constitucional, yendo más allá de lo que le faculta el código de procedimiento constitucional, las propias normas sustantivas que hacen a la existencia de estas salas, emite este auto constitucional totalmente anómalo y espurio, forzando a que el Tribunal Electoral acompañe la supervisión al congreso de El Alto”, cuestionó el delegado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, en conferencia de prensa.

Medida cautelar

El mediodía del jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz aprobó una medida cautelar que ordena al TSE supervisar el congreso del ala arcista que comenzará este viernes en El Alto.

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El TSE había rechazado la convocatoria al congreso previamente, debido a que no contaba con las firmas de la directiva vigente, la cual está a la cabeza del expresidente y líder del partido, Evo Morales.

Pese a que el Pacto de Unidad, que apoya al presidente Luis Arce, intentó subsanar las observaciones, el TSE ratificó su rechazo el miércoles. Sin embargo, las organizaciones sociales anunciaron que, de todas formas, realizarían el congreso el 3, 4 y 5 de mayo.

“Estamos ante una sala constitucional más poderosa que cualquier Órgano del Estado. Una sala constitucional que de pronto anula al TSE. Si el tribunal se allana a cumplir y obedecer órdenes arbitrarias de esta sala constitucional quiere decir que ya no hay Estado de derecho, ya no hay Estado constitucional”, advirtió Jiménez.

A su vez, el TSE también rechazó la convocatoria del ala evista debido a que incumplía con el estatuto orgánico del partido. No contaba con las firmas de las direcciones de las organizaciones sociales fundadoras (confederaciones de campesinos, interculturales y Bartolina Sisa).

La fecha del congreso evista estaba prevista para el 10 de junio, pero se cambió al 10 de julio.

‘Acto delictivo’

“Lo más grosero es que ya ni siquiera cuenta lo que dice el Tribunal Electoral, porque pese a que está forzando las cosas, está intentando generar resoluciones en apariencia neutrales (…), resulta ahora que ni eso, una Sala Constitucional les dice lo que tienen que hacer (…); esta medida cautelar es un acto delictivo”, afirmó el delegado del ala evista.

Wilfredo Chávez, exprocurador y ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, también mostró sus críticas a la resolución de la Sala Constitucional. “Absoluta ilegalidad, porque no puede supervisar alguien que ni siquiera sabe cómo presentar congreso, no tenían representación legal; el Tribunal les ha dicho varias veces eso, y ahora resulta que para el Órgano Judicial sí tienen, pero no explican cómo, cuándo, nada”, criticó.

Además, Chávez denunció que, según la información que maneja, quien preside la Sala Constitucional de La Paz, el vocal Israel Campero, obedece a los intereses del Gobierno.

Cuestionó la rapidez con la que se atendió el pedido del Pacto de Unidad. En su criterio, el reclamo ingresó el 30 de abril en el Tribunal Departamental y en apenas dos días dictó una respuesta positiva.

“El fondo es anular a Evo Morales, a quien temen”, alertó Chávez.

El objetivo del congreso es renovar la directiva, que tiene a Morales de presidente desde 2017. En caso de no renovarse, el MAS podría ser amonestado por el TSE. El plazo para la renovación de directivas expira el 5 de mayo.

En tanto, el ala arcista ultima los detalles de su congreso que comenzará este viernes y ya tiene garantizado un cuerpo de oficiales que resguardará el evento.

Una medida cautelar instruye al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

La solicitud fue presentada por el Pacto de Unidad arcista y, al mediodía del jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la aprobó y ordenó aplicar la medida cautelar mencionada.

“Instruir al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”, señala la resolución firmada por los vocales Israel Campero y Alexis Angles.

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Rechazo

El pedido de supervisión del Pacto de Unidad (confederaciones de campesinos, interculturales y Bartolina Sisa) se rechazó por el TSE. Debido a que incumplía con el estatuto orgánico del MAS.

Observó que la convocatoria al congreso no contaba con el respaldo de la dirección nacional vigente, presidida por el expresidente Evo Morales.

Por tal motivo, el TSE rechazó el miércoles, una vez más, la solicitud. Sin embargo, las organizaciones sociales y figuras del oficialismo anunciaron que el congreso se realizaría con o sin acompañamiento del TSE.

“Los errores de la administración electoral no le pueden ser cargados al militante, sea el accionante o tercero interesado”, señalan los vocales en la resolución.

Por su parte, el congreso del ala evista está previsto para el 10 de julio, en Villa Tunari. Pero el TSE también lo observó, aunque el equipo jurídico del evismo aclaró que solo notificaron el congreso, no pidieron acompañamiento.

Congreso arcista

En tanto, las organizaciones sociales afines al Gobierno informaron que el lugar del congreso, originalmente previsto en el estadio de Villa Ingenio, se cambió a la Avenida Juan Pablo II, debido a la “gran cantidad de asistentes” confirmados.

Asimismo, el Gobierno anunció este jueves que se desplegarán efectivos policiales para garantizar la seguridad durante los tres días del congreso.

El principal objetivo del congreso es renovar la directiva, la cual fue elegida en 2017; caso contrario, el MAS podría recibir una amonestación por parte del TSE y arriesgar su sigla.

Con el objetivo de priorizar las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se propuso la opción de buscar la anulación de las elecciones primarias, prevista para agosto o septiembre de este año.

“Aún no se ha debatido (el proyecto de ley), vamos a analizar precisamente con nuestra Dirección Jurídica los alcances del artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral, que establece que no se podrán ejecutar dos calendarios electorales que se superpongan”, informó este jueves en la red Unitel Francisco Vargas, vicepresidente del TSE.

Debido a que el martes un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando dejó como inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, existe la posibilidad de que con una nueva ley y una nueva convocatoria las judiciales coincidan con las elecciones primarias.

En ese caso, se presume una sobreposición de elecciones y no se podrían realizar las judiciales.

“Sin embargo, hay un elemento que se debe analizar, esto corresponde a procesos electorales convocados por ley. Tanto la elección judicial como la elección primaria van a ser convocados por el TSE; en sesión de Sala Plena lo analizaremos”, explicó Vargas en relación a una posible modificación o interpretación del artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral.

Propuesta

Hace dos semanas, el vocal Tahuichi Tahuichi presentó un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias. Así, los binomios de los partidos se presentarían directamente a las elecciones generales de 2025.

El miércoles, conocido el fallo a favor de la acción popular que deja inaplicable la Ley 1549, Tahuichi indicó a La Razón que ahora con más contundencia se debe insistir en la suspensión de primarias y priorizar las judiciales.

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“En el marco de la atribución vinculada a la legislación, vamos a ver la pertinencia o no de remitir dicho proyecto de manera institucional a la Asamblea Legislativa”, informó Vargas.

Sin embargo, recordó la obligación que tienen las organizaciones políticas de elegir mediante un congreso los binomios presidenciales.

Calendario electoral

Vargas afirmó que se analizará todo el calendario electoral, no solo respecto de 2024, sino planificar con tiempo las actividades electorales hasta 2026. 

“Es en la elección del año 2025 en la que el Órgano Electoral va a tener que centrar toda su capacidad técnica. Para garantizar que las bolivianos y bolivianos acudamos a votar en elecciones limpias, justas y transparentes”, explicó.

Vargas enfatizó en “la voluntad, la predisposición y la capacidad técnica” del TSE para llevar a cabo las elecciones judiciales. Sin embargo, indicó que sin una lista de candidatos preseleccionados no pueden continuar con el proceso.

La Asamblea Legislativa tenía 80 días para aprobar la lista de 192 postulantes y enviarla al TSE. Una vez conocidos los postulantes, el TSE tiene un plazo de 150 días para organizar el proceso electoral.