En 2022 se registró 55 casos de negligencia médica y mala praxis
Al menos, en la gestión pasada, 15 denuncias corresponden a menores de edad.
PROCEDIMIENTO. Una imagen referencial de una operación en un centro médico.
Desde 2019, Marilena E. busca justicia para su pequeña hija que recibió un medicamento desconocido y a los pocos días le provocó la muerte. Fue víctima de negligencia médica y, de acuerdo con el historial clínico, la menor estaba internada por una faringitis.
“Mi niña estaba sana, solo ingresó por faringitis, pero lamentablemente, cuando me iba a mi casa, le inyectaron un medicamento desconocido, la cual provocó un ‘reventón’ de todos sus órganos (Sic). La mataron a mi hija”, relató la madre.
La Asociación de Víctimas de Negligencia Médica y Mala Praxis Bolivia recibió, el año pasado, 55 denuncias entre mala praxis y negligencia, de las cuales solo dos siguen procesos penales en marcha. El resto se quedó sólo en procesos administrativos.
La presidenta de esta asociación, Vilma Torres, manifestó que existen decenas de casos que no son denunciados, debido a que los procesos que se les sigue son “dilatorios y no llegan a buen puerto”. Por eso es que “no todos se animan a denunciar”.
En lo que va de este año, detalló que están haciendo el seguimiento a otros dos casos que fueron observados por esa institución.
De acuerdo con Torres, de las 55 denuncias que presentaron la gestión pasada, al menos 15 casos son de menores que quedaron en estado vegetativo o murieron, dejando a la familia en una situación “de total abandono por parte de las autoridades” y la “justicia”.
En septiembre de 2021, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, recordó que existen al menos 500 casos de negligencia médica que se produjeron en los últimos años en el país.
Dijo, en ese entonces, que es importante volver a tocar “el tema de la mala praxis”, debido a una realidad lacerante que viven muchas víctimas de negligencia.
LEGISLACIÓN.
Según el Código Penal boliviano, los delitos de la integridad corporal y la salud deben ser sancionados con privación de libertad de entre dos y ocho años.
El artículo 270 (lesiones graves) tipifica que quien ocasione una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias: “una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o de una función, la incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de ciento ochenta días, la marca indeleble o la deformación permanente del rostro y el peligro inminente de perder la vida” será sancionado con “la pena de privación de libertad de dos a ocho años”.
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A finales de 2017 se abrió el debate de incorporar un artículo en el nuevo Código Penal sobre la mala praxis, donde se establecía una sanción de prisión de libertad de entre dos y cuatro años, además de una reparación económica y la inhabilitación “si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas”.
Sin embargo, por presión de los actores involucrados en este problema (sector médico), en enero de 2018 se abolió el artículo que había sido incorporado en el Nuevo Código Penal boliviano.
LA RAZÓN buscó una posición respecto a este caso de mala praxis y negligencia médica del Ministerio de Salud y del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Sin embargo, no se atendió el requerimiento de esta casa periodística.
Desde la Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad de Comunicación, se informó que esta entidad interviene sólo cuando los afectados se acercan a esta institución y hacen su denuncia.
“Es ahí cuando empieza el apoyo de la Defensoría”, se informó.
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El de Marilena es uno de los casos penales que se sigue en Santa Cruz, pero, según la afectada, “son más de cuatro años que busca justicia” y no acepta que se cierre su caso, “pese a todas las pruebas presentadas”.
“Le pido a las autoridades que se haga justicia, a mi hija la han matado”, clamó la madre de la niña afectada, en 2019, por mala praxis médica.
“El médico que ha hecho inyectar a mi niña ni siquiera es especialista. El Ministerio de Salud ha certificado con requerimiento fiscal que no es especialista”, agregó.
Para Torres, en la mayoría de casos de denuncia que lleva la asociación, se constató que los médicos y personal denunciado ejercen una función sin tener la especialidad para ello.
Afirmó que esa institución ha constatado que algunos médicos ejercen como pedriatas sin ser especialistas. A modo de ejemplo, dijo que “oncólogos de adultos atienden a niños y no tienen esa especialidad”. “Entonces, vemos que el Ministerio de Salud, que es un ente regulador a nivel nacional, no lo hace, se pone la denuncia y ni así hace su trabajo”, lamentó.
QUEJA.
A esto, agregó Torres, no todos los casos denunciados llegan a concluir hasta el final, pues muchas veces los procesos son “mal formulados por la Fiscalía”, o las “audiencias se van postergando”.
“Sabemos que un proceso penal puede durar un año, pero por el trabajo, la carga procesal y la falta de personal, muchas veces estos procesos duran cuatro a cinco años y en ese lapso lo que buscan los médicos y sus abogados es dilatar y esperar que se cierre el caso, mientras ellos siguen trabajando”, dijo.
Es el caso de Nayra Ortega, madre de un joven de 22 años, perdió a su hijo en 2017 por un cáncer que no fue detectado a tiempo. A su hijo le practicaron un procedimiento bucodental y al encontrar un pequeño bulto en la encía, se le hizo una biopsia y un estudio determinó que era un tumor benigno.
“Este doctor nos asustó y nos dijo que tenía que operarse, me alarmó y se operó el 12 de enero de 2017, después de operarse, con el pasar el tiempo se constató que hubo varias falencias en el cumplimiento del protocolo. En su momento no me di cuenta”, relató.
Ortega agregó que al momento de una operación cuando a uno le retiran una masa tumoral, los médicos deben hacer una nueva biopsia, aunque se haya hecho antes.
“En la biopsia dice: ‘se sugiere hacer estudios y se recomiendan hacer más’. Pero este médico no hizo más estudios. Esa fue una de las cosas que después se observó cuando se realizó una auditoría”, dijo la madre.
“Para el juicio que realicé contra este galeno, solicité una auditoría externa por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba”, dijo. Se llegó a un juicio contra el médico, donde ya hubo una sentencia, aunque ésta fue apelada y ahora se espera continuar nuevamente con el proceso.
“Es injusto, pido y clamo justicia para mi hijo. No lo puedo dejar descansar, mientras el culpable no sea sancionado”.
