Ciudades

viernes 29 may 2020 | Actualizado a 18:45

25 familias se aíslan en la capital potosina; tuvieron contacto con pacientes con COVID-19

Gracias a gestiones de la representación de la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía les proporcionará alimentos mientras dure la cuarentena.

/ 31 de marzo de 2020 / 22:05

Profesionales en Salud siendo capacitados para luchar contra el coronavirus. Foto: Yerko Núñez

Por Daymira Barriga

En la ciudad de Potosí, unas 25 familias que habitan en diferentes barrios de esa capital tomaron la decisión de aislarse voluntariamente en sus domicilios porque tuvieron contacto con los tres pacientes con el COVID-19 o con sus familiares, informó anoche la delegada de la Defensoría del Pueblo, Wilma Martínez.

La representante defensorial efectuó gestiones ante el Gobierno Municipal Potosí para que proporcione alimentos a quienes se pusieron en cuarentena por su cuenta por 15 días, como establecen los protocolos. Sin embargo, el gobernador de ese departamento, Omar Veliz, aseguró que son solo “cuatro o cinco familias”.

“En primera instancia se ha logrado gestionar alimentación para las familias autoaisladas, son más de 25. El gobierno municipal va a dotarles de alimentación. Son un número bastante considerable”, dijo Martínez.

“Por seguridad ellos se han autoaislados, pero como todo ser humano necesitan alimentación y lo correcto es proveerles alimentación para que no salgan de sus casas por 15 días”, agregó.

El 26 de este mes se confirmó el primer caso positivo de COVID-19, una mujer de 69 años, que fue contagiada por su hijo, transportista de minerales, quien es el paciente cero.

El 28, se confirmó que el hombre, de 45 años, tenía el virus, al igual que otro transportista, de 59 años, quien lo acompañó desde Chile a Potosí.

Martínez no informó cuántas son las personas que se someten a esta reclusión voluntaria en sus hogares, pero calculando un promedio estándar de cinco miembros por familia, podrían pasar del centenar.

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El COED La Paz define que instituciones públicas trabajen con el 40% de su personal

La Alcaldía de La Paz dividió a sus trabajadores en tres grupos; desde el lunes se flexibiliza la cuarentena en la sede de gobierno.

/ 29 de mayo de 2020 / 16:07

Las autoridades que participan en el COED.

Por Guadalupe Tapia

El  Comité de Operaciones  de Emergencia Departamental (COED) de La Paz decidió que a partir del lunes 1 de junio las instituciones públicas reanudarán sus actividades, pero solo con el  40% de su personal.

El gobernador Félix Patzi explicó que esta determinación será coordinada con el Ministerio de Trabajo, que es la entidad que regula los horarios.

Decisión

«El COED ha asumido que vamos a movilizar al 40% de los funcionarios para no tener aglomeraciones; por lo tanto, cada institución pública, como alcaldías, ministerios, Gobernación y otros, van a tener que planificar y establecer horarios», afirmó la autoridad.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, precisó que los funcionarios municipales fueron divididos en tres grupos. El primero se mantendrá realizando teletrabajo desde sus hogares.

«Hay otro que, indefectiblemente, tiene que acudir a las fuentes laborales, porque tiene que ver con el funcionamiento de los servicios, el mantenimiento esencial de la ciudad, el área de finanzas o los servicios de salud».

En el tercero se encuentran los empleados a quienes se les reasignará momentáneamente  funciones para que ayuden en el control de las actividades económicas, una competencia municipal.

«Lo único que falta, es el cumplimiento estricto de la población de este conjunto de medidas de bioseguridad, no solamente si uno es propietario de alguna de estas actividades económicas o negocios,  sino también si uno fuera cliente «, señaló.

Desde el lunes rige una cuarentena dinámica en La Paz, con la flexibilización de algunas restricciones. Los comercios y mercados abrirán, y se permitirá la circulación de personas y vehículos bajo horarios determinados. (29/05/2020)

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Revilla cuestiona el decreto que permite a la gente salir de paseo los fines de semana

La medida es una de las adoptadas por la administración de Jeanine Añez en el marco de la flexibilización de la cuarentena.

/ 29 de mayo de 2020 / 15:52

A la derecha, el alcalde Luis Revilla.

Por Guadalupe Tapia

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, mostró su desacuerdo con la disposición del Gobierno que permite que las personas salgan de sus casas  los fines de semana, a pie o en bicicleta.

El permiso se extiende entre 06.00 y 14.00 y la ciudadanía puede alejarse en un radio de cinco cuadras a la redonda, según dispone el Decreto Supremo 4245 aprobado el jueves por el Gobierno.

«A nosotros no nos parece que haya sido una decisión correcta, creemos que eso genera confusión  en la población.», dijo.

El gobierno local había optado por mantener la obligación  de permanecer en casa sábados y domingos.

«Creemos que esto de permitir que la gente pueda salir en las mañanas, sábados y domingos puede generar muchas dificultades», añadió.

 En todo caso, señaló Revilla, al ser una medida tomada por el Gobierno nacional, seguramente  realizará los controles respectivos.

«Éste es el único punto en disenso .Todo lo demás coincide con las normas y disposiciones que nosotros hemos estado aprobado».

El jueves, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, informó del contenido del decreto que rige la nueva fase de la cuarentena dinámica que regirá desde el 1 de junio. Entonces señaló que la última palabra respecto a los detalles en las regiones la tendrán las alcaldías y las gobernaciones.

(29/05/2020)

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En Villa Pabón y Agua de la Vida las personas se preparan para reabrir negocios y oficinas

La Fejuve La Paz se reúne hoy para sacar un pronunciamiento sobre la reactivación de las actividades económicas y la flexibilización de la cuarentena

/ 29 de mayo de 2020 / 15:25

Uno de los afiches pegados en un local. Foto: Micaela Villa

“Este domingo 31 de mayo, a partir de las 09.00, se atenderá (y se servirá): fricasé-chicharrón de cerdo, sajta (de pollo), falso conejo. Haga sus pedidos”. Éste es el cartel que pegó una vendedora de comida en la puerta de su domicilio. Y no es el único caso, así lo comprobó La Razón en un recorrido que hizo por Villa Pabón y Agua de la Vida.

En puertas de la flexibilización de la cuarentena, muchos propietarios de pequeños negocios se preparan para volver a ganarse el sustento.

La mujer dejó de vender sus platos justamente cuando comenzó la cuarentena rígida debido al COVID-19 en Bolivia, el 22 de marzo.

Pero, pese a la prohibición, siguió ofreciendo diversos platos de la gastronomía local todas las mañanas de domingo. Eso sí, bajo la modalidad para llevar.

Antes del 22 de marzo, todas las noches, la misma vecina también servía asado, chorizo, silpancho y milanesas. Por ello colocó otro anuncio en el que invitaba a sus clientes a acudir de lunes a viernes, a partir de las 19.00. Pero debido a que las nuevas disposiciones, que establecen que toda actividad comercial debe concluir a las 17.00, ella analiza vender de día.

Como el restaurante estará cerrado, el interesado solo debe tocar el timbre, dice.

El alcalde Luis Revilla promulgó la mañana del jueves la Ley Municipal de Reactivación de Actividades Económicas durante la Emergencia Sanitaria Nacional.

La norma autoriza el funcionamiento de pensiones, restaurantes y demás locales de comida, de lunes a viernes hasta las 17.00, sea bajo modalidad para llevar o delivery.

Las acciones que se deben cumplir durante la jornada de atención son: la desinfección constante de manos, superficies, distanciamiento social con clientes, así como facilitar el pago por medios digitales. Tras la conclusión de la atención, se debe desinfectar y ventilar los espacios comunes.

En Agua de la Vida, una persona se animó a colocar su cartel en el que anuncia el alquiler de una habitación; y por la calle Bolívar, de la misma zona, un negocio de lavado de ropa anuncia que atenderá, pero solo al llamado de sus clientes.

“Aún no sabemos si vamos a salir el lunes 1 de junio”, dijo la encargada vía teléfono.

 Toda atención será previa cita llamando a un número de celular informa un aviso pegado en la puerta.

En la avenida Sucre, cerca de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), un abogado pega dos papeles impresos en uno de los postes de energía eléctrica. En ellos ofrece sus servicios «desde el lunes”.

Para el vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Walter Mayta, la reactivación de la economía “es peligrosa”. “Hoy por la mañana tendremos una reunión y sacaremos un pronunciamiento”, dijo. (29/05/2020)

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Juez ordena detención domiciliaria del alcalde Leyes por denuncias en compra de alimentos

De los tres funcionarios acusados, uno quedó en libertad y dos se beneficiaron con medidas sustitutivas a la detención en una audiencia de más de 12 horas

, / 28 de mayo de 2020 / 22:46

El alcalde José María Leyes en dependencias de la FELCC.

El juez Anticorrupción N°2, Richard Rodríguez, ordenó la detención domiciliaria y con escoltas para el alcalde José María Leyes, imputado, junto a otros tres funcionarios ediles, por la presunta compra irregular de alimentos para policías y militares durante la cuarentena.

“Rechazo la solicitud de detención preventiva del Ministerio Público. Para asegurar la presencia de los imputados, ordeno que los mismos se defienda en libertad”, resolvió Rodríguez, tras el análisis de la documentación presentada por fiscales y abogados defensores de los funcionarios ediles, durante la audiencia cautelar que extendió por más de 12 horas.

Más cautelados

Con relación a Leyes, “se dispone la detención domiciliaria, con la escolta de seguridad correspondiente, a cargo de la Policía, a cuyo efecto debe notificarse al Comandante de la Policía para que disponga el número de efectivos”, resolvió y aclaró que no existe restricción del derecho al trabajo, que debe ser tramitado ante autoridad judicial.

A solicitud de la Fiscalía, el burgomaestre debe ser monitoreado constantemente por los custodios, ya sea firmando un libro cada dos horas o a través del monitoreo mediante algún medio telemático, a cargo de la Policía. “Si eventualmente no se cuenta con ese sistema, el imputado debe proveer de estos insumos tecnológicos”, ordenó.

También prohibió su salida del país y del departamento, y ordenó la notificación a Migración y al Comando de la Policía. Del mismo modo, tiene prohibida la comunicación con partícipes o eventuales testigos de este proceso.

El alcalde no pudo ser trasladado a su domicilio. Rodríguez, informó que existe una nueva orden de aprehensión en su contra, emitida por la fiscal Sandra Nina, por el presunto delito de portación ilegal de arma.

Arma

Según Nina, el arma hallada entre las pertenencias de Leyes no contaría con registro ni autorización. Fue encontrada durante el allanamiento realizado el miércoles a su vivienda y en su defensa, el alcalde, aseguró que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le pidió que la guardara.

En relación a los otros funcionarios, ordenó la libertad irrestricta de Omar Cordero, secretario de Protección al Ciudadano, porque “no se estableció la existencia de ningún peligro procesal”. En tanto, Elías Vásquez, secretario General y Mario Querejazu, Asesor Jurídico de Contrataciones, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin embargo, no pueden comunicarse con partícipes o testigos del caso, no deben abandonar el departamento ni el país, y cada uno debe pagar una fianza de Bs 150.000.

Los cuatro funcionarios fueron aprehendidos la tarde del miércoles, después que los fiscales anticorrupción allanaran sus viviendas. El acto se realizó en el marco de la investigación sobre la presunta compra irregular de 34.890 raciones de comida, a la empresa Bunker Grill & Bar, para policías y militares que trabajaban haciendo cumplir la cuarentena. El contrato se realizó por Bs 448.000.

Denuncia

La denuncia fue realizada el 27 abril, por Edwin Jiménez, concejal del Frente Unico; Carlos Coca, de Demócratas; y Celima Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS). Acusaron al alcalde de la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Días antes, los uniformados reclamaran por la entrega de alimentos en mal estado. La información llegó a Murillo, quien pidió a los concejales fiscalizar al alcalde, y si hay irregularidades, denunciar.

En la revisión de los documentos de adjudicación, los concejales observaron que Bunker Grill, contratada por invitación directa, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito para la firma de contratos.

Durante la audiencia, se conoció  que el proceso de contratación se hizo el 16 de abril y en dos horas. Según el Ministerio Público, hubo irregularidades como la inexistencia de un documento base de contrataciones, cotizaciones a otras empresas y en tiempo record.

Allanamiento

Del mismo modo, los fiscales informaron que durante el allanamiento a la vivienda de Leyes, encontraron dinero, $US 10.000, Bs 8.000 bolivianos, documentos (entre contratos y otros referidos a la actividad edil), dos teléfonos celulares, uno de ellos con datos borrados y el otro, sumergido en agua, en un lavamanos.

Entre los documentos, también se resaltó el hallazgo de una agenda que contenía un presunto plan de fuga, vía Perú hacia Estados Unidos, donde pediría asilo. El libro, que pertenece al burgomaestre, fue encontrado en su dormitorio.

Seis fiscales anticorrupción, acompañaron la audiencia virtual que inició cerca de las 10.30 de la mañana y culminó pasadas las 22.45 y en medio de cortes intempestivos del servicio de Internet que derivaron en interrupciones de la audiencia.

El representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, también asistió a la audiencia para precautelar los derechos de los funcionarios ediles. “Acompañamos los reclamos de los imputados y en particular del alcalde, que denunció irregularidades en pasados días y éstas se cometieron ayer con la aprehensión forzada, una situación que estamos constatando”, dijo.

Cox cuestionó el accionar de los fiscales anticorrupción. De acuerdo a la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo, el operativo fiscal, con acompañamiento de efectivos policiales, fue violento, al extremo que Leyes mostró moretones en los brazos y un examen médico forense, certificó tres días de impedimento.

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Benefician con detención domiciliaria y derecho al trabajo a un acusado de feminicidio

Un juez de El Alto otorgó la detención preventiva y uno de La Paz, Willy Arias Aguilar, lo benefició con detención domiciliaria. Familiares de la víctima cuestionan la decisión y denuncian que no fueron escuchados

/ 28 de mayo de 2020 / 19:26

El acusado de feminicidio, en diciembre.

Por Paulo Cuiza

El acusado del feminicidio de María Grisel C. P. se benefició con la detención domiciliaria y derecho al trabajo, denunciaron familiares de la víctima. El presunto autor se hallaba en el penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses, determinación que fue ratificada por un juez de la urbe alteña y cambiada por un vocal de la ciudad de La Paz.

Según familiares, en solo 20 días de mayo, y en plena cuarentena, se llevaron a cabo tres audiencias virtuales; en las primeras dos, el Juzgado Primero de la ciudad de El Alto ratificó la detención preventiva para el acusado.

“Luego apelan y el caso es llevado a un vocal de la ciudad de La Paz, Willy Arias Aguilar, juez segundo en lo penal de La Paz, el cual haciendo caso omiso de las dos anteriores sentencias y actuando de manera extraña le otorga medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir: detención domiciliaria, sin custodios y con derecho al trabajo a este sujeto que es acusado por feminicidio y que tiene pruebas contundentes en su contra”, denunció Emilio, hermano de la víctima a radio Gente durante una entrevista.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre en la vivienda del acusado Franklin Q. F., en El Alto, donde se halló el cuerpo sin vida de María Grisel C. P.. El examen forense concluyó que la mujer de 38 años murió por asfixia mecánica por estrangulación manual, anoxia cerebral. El cuerpo presentaba, además, policontusiones.

“En la audiencia virtual no ingresamos todos, no nos dieron oportunidad para hacer algún reclamo ni observación a la fiscal a cargo ni a la abogada que nos representa, una vez que el vocal dio la resolución dio por terminado todo, cerrando la audiencia virtual, no tenemos donde apelar, nos dijeron que se tiene que cumplir la decisión del juez y con esta cuarentena no están atendiendo en las fiscalías”, dijo María, hermana de la víctima.

Según Emilio, la decisión judicial no tiene apelación. “Lamentablemente no tenemos más recursos (…) esto ha sido perfectamente calculado para no tener recursos”, denunció.

Franklin Q. F. ingresó al penal de San Pedro en diciembre acusado por el supuesto feminicidio, delito que es castigado con 30 años de cárcel.

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