Ante las protestas de los trabajadores de La Paz Limpia por supuestos retrasos salariales de tres meses, la Alcaldía de La Paz aclaró que no mantiene ninguna deuda con la empresa y que cumple rigurosamente con el cronograma de pagos. 

El secretario municipal de Gestión Ambiental, Juan Pablo Saavedra, informó que desde la firma del contrato en 2016, la Alcaldía ha respetado los términos de pago acordados.

“El Gobierno Municipal de La Paz no tiene ninguna deuda pendiente con la empresa La Paz Limpia. Por ello, hemos solicitado a los trabajadores que trasladen sus reclamos directamente a la empresa y no afecten a la ciudadanía”, afirmó Saavedra. 

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Alcadía

La autoridad explicó que se presentó documentación a los obreros para demostrar que los pagos se realizan conforme al contrato, el cual establece un plazo de hasta 60 días para el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Saavedra detalló que el municipio se encuentra dentro de los plazos estipulados, con un primer pago del 60% correspondiente a noviembre de 2024 ya ejecutado. Los pagos restantes están programados entre el 20 y 22, y el 28 y 30 de cada mes, según el acuerdo entre la Alcaldía y la empresa. 

Sin embargo, los movilizados, que obstaculizaron el paso en la calle Mercado con camiones recoge basura, negaron esta versión y afirmaron que no existe ningún documento que acredite el pago.

Por su parte, Saavedra instó a los trabajadores a canalizar sus demandas a través de los mecanismos internos de La Paz Limpia, evitando afectar a la ciudadanía con medidas de presión. 

Durante la jornada de este miércoles se obsevaron amagues de enfrentamientos entre los movilizados y miembros de la Guardia Municipal.

La Paz Limpia advirtió con suspender el servicio de limpieza urbana a partir del jueves si es que no se realiza el pago de los salarios pendientes.

Los trabajadores de La Paz Limpia, encargados del recojo de basura en la ciudad, protestan en las puertas de la Alcaldía por la falta de pago desde hace tres meses. Por ello, decidieron dar un ultimátum a las autoridades municipales y advierten con suspender su servicio y entrar en paro si no hay una respuesta positiva.

“Si hoy (miércoles) no nos dan una respuesta, mañana paramos el servicio”, advirtió uno de los movilizados a los periodistas.

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Trabajadores

De acuerdo con los trabajadores, son aproximadamente 800 personas que no recibieron el salario desde noviembre del año pasado.

Por ello, también advirtieron con radicalizar las medidas de presión en las próximas horas para ser atendidos. La calle Mercado, donde se ubica la Alcaldía de La Paz, se encuentra totalmente instransitable, debido a que los trabajadores instalaron los camiones recoge basuras para impedir el paso.

Según las autoridades municipales, sí se realizó el pago de los salarios, pero se reconoce que existe un retraso del último mes.

Sin embargo, los movilizados denuncian que este dato es falso y que la Alcaldía no cuenta con la documentación que acredite que efectivamente se realizó el pago.

Los trabajadores enfatizaron en la complicada tarea que realizan, pues se encargan del recojo de basura en todas las condiciones, sin importar el clima y desde tempranas horas de la mañana. Por lo que pidieron al alcalde Iván Arias priorizar el pago de los sueldos pendientes antes de cualquier otro interés o compromiso.

La Policía intervino un estudio jurídico que emitía certificados de sufragio falsos y venta ilegal de estos documentos de impedimento de votación en la ciudad de Santa Cruz y arrestó a nueve personas vinculadas al hecho ilícito.

“Tras realizar un trabajo de inteligencia se ha podido detectar esta actividad ilícita de comercialización de estos certificados de impedimento de votación”. Eso señaló el comandante departamental de la institución, Rolando Rojas.

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Certificados de sufragio

El operativo se realizó tras algunos indicios que llegaron hasta las autoridades en la capital oriental, y tras el mismo los efectivos aprehendieron a nueve personas. También secuestró celulares y otros elementos para la investigación a cargo del Ministerio Público.

La policía del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) junto a fiscalía realizaron un operativo en la calle 21 de Mayo y Celso Castedo donde allanaron el estudio jurídico «Quiroz

Los certificados, que permiten a los ciudadanos realizar trámites y transacciones bancarias, los ofrecían entre Bs 200 y Bs 700.

“Ante la alta demanda de la población, este estudio jurídico se habría aprovechado de la gente para comercializar estos documentos. Se tiene conocimiento que estos certificados los ofrecían en montos de Bs 200 y Bs 700”, aseveró Rojas.

El caso quedó a disposición de la fiscalía departamental para llevar adelante todas las acciones investigativas que correspondan.

La gestión escolar arranca en tres semanas y preocupa en la capital oriental el estado de al menos medio centenar de unidades educativas, que presentan daños en su infraestructura y lo peor es que muchas carecen de servicio eléctrico; según las denuncias del secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Osman Cabrera.

“Los porteros nos han informado que muchas unidades educativas están en malas condiciones, sin pasto cortado, sin energía eléctrica y con servicios básicos en riesgo. Esto a pocos días de que inicien las clases es inaceptable”, enfatizó Cabrera.

El dirigente señaló que los casos que más alarman se hallan en torno al distrito municipal No. 11, situado en el casco central de la urbe cruceña.

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Servicio eléctrico

Aunque, el concejal Manuel Saavedra indicó que hay otros casos alarmantes fuera de ese sector de la ciudad.

“Desde el lunes se reportaron cortes de luz en los colegios del Distrito 11, y esto ya está ocurriendo en otras zonas. Incluso se corre el riesgo de que también se corte el suministro de agua”, argumentó el legislador municipal.

Saavedra manifestó que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz mantiene una deuda de Bs 5 millones con la empresa de suministro de energía eléctrica.

Entretanto, la Alcaldía informó que se cumplirá con los pagos devengados y que ya se tiene un cronograma para saldar sus deudas.

Tres hermanos y otro adolescente que trabajaban como mineros murieron intoxicados en la mina Andacaba, en Potosí.

Según la información de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí, las cuatro personas inhalaron gases tóxicos mientras realizaban labores dentro de la mina. Este incidente les hizo perder el equilibrio y cayeron desde una altura aproximada de 200 metros

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Cruz de 22 años de edad, Nelson Cruz de 20 años, Lourdes Cruz de 18 años y Héctor Solís de 17 años.

Luego de un arduo trabajo de rescate de parte de la Unidad de Bomberos Caracoles, trasladaron a los cuatro cuerpos sin vida hasta la morgue judicial de Potosí.

“Se presume que las cuatro personas perdieron el equilibrio tras inhalar gases tóxicos, sin embargo, este extremo aún deberá ser revelado luego de una autopsia de ley”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel José Luis Arancibia.

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En diciembre de 2024, un bombero falleció en la misma mina, cuando intentaba rescatar a otro minero atrapado.

El jefe policial dijo que la mina Andacaba es de “alta peligrosidad”. “Es en la misma mina donde murió nuestro suboficial Cayo. No existe la seguridad en la mina. Estamos haciendo el análisis correspondiente”.

Hasta noviembre de 2024, se registraron 119 muertes relacionadas directamente con la minería ilegal o informal. Potosí reporta 113 muertes y es la cifra más alta de los últimos tres años, según un informe de la FELCC.