La carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz fue escenario de un trágico accidente la madrugada de este martes. Después que se diera por concluido el trabajo de búsqueda en la zona, subieron a siete las víctimas fatales del embarrancamiento del bus que se dirigía al departamento cruceño desde Potosí, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Érick Holguín.

El bus de la empresa Villa Imperial viajaba de Potosí a Santa Cruz y se embarrancó aproximadamente 20 metros; a cinco kilómetros de Mataral en la comunidad de Quiñe, en los valles cruceños.

Aunque el jefe policial explicó a los medios que recién evaluarán las causas del accidente, consideró que “las inclemencias del tiempo” fueron un factor para el siniestro.

“Estamos en época de lluvias, (…) los caminos se ponen muchas veces con alguna deficiencia”, indicó Holguín.

ACCIDENTE

Tras conocerse el hecho, se reportaron cinco decesos producto de este accidente. No obstante, al concluir las labores en la zona, esta trágica cifra subió a siete.

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En total, fueron 10 arduas horas de trabajos de rescate, que concluyeron a las 15.00. Pobladores de la zona, funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz y personal de la Policía se sumaron a las labores de búsqueda de heridos y fallecidos.

Los cuerpos de las siete personas que perdieron la vida fueron trasladados a las morgues de Mairana y de Valle Grande. Solo se reconocieron, hasta el momento, a dos de los cadáveres, los pertenecientes a Fernando Mamani y Simona Coro, una madre de siete hijos, reportó Unitel. Mientras que de los más de 30 pasajeros heridos, 28 fueron derivados a una clínica del municipio de La Guardia.

La empresa de transporte brindó la lista oficial de las 39 personas que iban a bordo, además del chofer y su ayudante. Sin embargo, medios locales informaron que en el bus viajaban más pasajeros de los registrados en la nómina, pudiendo llegar a más de 40.

Luego de más de ocho años, dos asesinatos ocurridos en El Alto se resolvieron. La autora de ambos resultó ser Elvira Aruquipa, de 53 años, quien terminó confesando haber matado a su hijo en 2016 y a su pareja en 2012, para luego enterrarlos en el patio de su casa.

La sindicada decidió someterse a un juicio abreviado, luego que el lunes la Policía acudió a su vivienda y sacó los restos óseos. La Justicia determinó la pena máxima contra la mujer.

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La Fiscalía informó, mediante una nota institucional, que el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal determinó “la condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores”, en La Paz.

PENA MÁXIMA

El primer asesinato que cometió Aruquipa fue en 2012. Ese año terminó con la vida de su concubino. “Había estrangulado al mismo, para luego quemarlo y enterrarlo en su propio domicilio, que está ubicado en la urbanización San Antonio, calle Santa Cruz de la ciudad de El Alto”, expresó el coordinador de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Edwin Sarmiento.

Cuatro años después, en 2016, la mujer cometió su segundo crimen. Esta vez la víctima fue su hijo de 15 años, Iván. “De igual forma quita la vida a su hijo menor Iván, cuando éste tenía 15 años, debido a un comportamiento que él asumía, porque, según la testigo, estaba consumiendo drogas, clefa también, lo que ha provocado la molestia de la madre y por este hecho también decide quitarle la vida”.

El hecho parecía haber quedado impune, hasta el lunes, cuando la Policía llegó hasta la casa de la sindicada y, tras buscar en el patio, dio con los restos humanos. Esto llevó a la aprehensión y ahora condena máxima de prisión para Elvira Aruquipa.

Acusado de violar a un conscripto, un instructor militar quedó aprehendido en la ciudad de Oruro, donde habría sucedido este hecho. El sindicado de 38 años deberá enfrentar a la Justicia y aguarda su audiencia de medidas cautelares por este hecho que data de febrero.

“Dentro de este caso se realizaron los primeros actos investigativos, como el registro del lugar del hecho, el certificado médico forense que señala la existencia de la agresión sexual, declaraciones testificales como de la víctima, entre otros que se pondrán a disposición de la autoridad jurisdiccional”, informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

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De acuerdo con información del Ministerio Público, el hecho se registró el 11 de febrero en un cuartel de la ciudad de Oruro. Ese día, aproximadamente a las 16.00, el sindicado, de grado suboficial e identificado como Ariel D.C.C., habría llegado al recinto militar en estado de ebriedad.

En eso, el acusado “llamó a su oficina de ‘furrelato’ al soldado y mediante amenazas procedió a cometer la violación, además en otras ocasiones realizó toques impúdicos a la víctima”, detalló la Fiscalía, mediante una nota institucional.

Aunque sucedió en febrero, la supuesta víctima mantuvo el hecho en silencio, hasta que el 12 de abril decidió presentar la denuncia. El caso se abrió y se investiga por el delito de violación contra el conscripto.

Los trabajadores municipales sindicalizados serán pasibles a sanciones por no cumplir con sus funciones, advirtió este martes el alcalde de La Paz, Iván Arias.

Este martes, como sucedió el lunes, los manifestantes se concentraron cerca a la parada de la Línea Roja del teleférico, en la ex Estación Central. Descendieron por la Cervecería Boliviana Nacional y, después, por ambos carriles de la avenida Montes.

Los trabajadores denuncian acoso laboral y despidos injustificados, ahora piden dialogar solo con el alcalde Arias y no así con subalternos, como ocurrió en las últimas horas.

El Alcalde de La Paz rechazó las acusaciones de acoso laboral por parte de los manifestantes. Argumentó que simplemente se pide a los trabajadores que cumplan con sus responsabilidades laborales y a tratar adecuadamente a los ciudadanos.

RESPUESTA

En respuesta a las movilizaciones, Arias expresó su preocupación por las repercusiones negativas que estas acciones tienen en la gestión municipal y en la ciudadanía paceña en general. Anunció con sancionar a aquellos trabajadores que no asistan a su fuente laboral.

“Por supuesto hay sanciones, día no trabajado es día no pagado”, manifestó

La autoridad enfatizó la importancia de tener un diálogo constructivo, pero dijo que no es posible iniciar conversaciones con aquellos que interrumpen activamente las operaciones municipales y perjudican a la ciudadanía.

“Que vuelvan al trabajo primero, después vamos a ver, (…) esa gente que está protestando es la que no sale cuando tenemos tormentas, es la que no sale a hacer trabajo comunal, es la que entra temprano y se sale temprano. Y durante todo el día maltrata a la gente, a los ciudadanos. Esa gente que vuelva a trabajar y recién las puertas de la Alcaldía estarán abiertas”, aclaró.

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“Hemos movido la maquinaria para Calacoto, deberíamos entregar el primer tramo (del arreglo de vías). Está paralizado. No les importa la ciudad “, lamentó el alcalde.

El representante del servicio de recolección de residuos sólidos Víctor Huaycho afirmó que, si no tienen respuesta, no se descarta el cierre del relleno sanitario en señal de protesta. “Pero esa ya es decisión de los dirigentes”, advirtió.

Fabiola A. N. (34) cumplirá 25 años detenida en el Centro de Orientación Femenina de la zona de Miraflores, de La Paz, luego de comprobarse su autoría en la violación a un menor de 12 años de edad.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de La Paz, en una audiencia de juicio oral, se demostró con pruebas sólidas que Fabiola es autora del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente con agravante cometido en contra del menor de edad.

La acusada era ayudante de la madre de la víctima en un salón de belleza. Le hizo creer al niño que era su enamorada y cuando éste vio fotografías de la agresora con otra persona, le contó a su madre de lo sucedido.

El informe señala que la mujer agredió sexualmente al niño en reiteradas oportunidades “con el pretexto de hacerse pasar por su enamorada”, por lo que el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de La Paz determinó la condena de 25 años de presidio.

AUDIENCIA

“Durante la audiencia de juicio se presentaron las pruebas obtenidas durante la etapa preparatoria de la investigación como el informe psicológico del menor. También el registro del lugar de los hechos, fotografías de la inspección técnica ocular, declaraciones testificales, entre otras. Estas pruebas fueron valoradas por los miembros del Tribunal que emitieron la sentencia en contra de la mujer”, dijo el fiscal departamental, William Alave.

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El fiscal que investiga el caso, Rudy Terrazas, informó que Fabiola trabajaba para la madre del menor. En agosto de 2022, la progenitora la llevó a su domicilio para que descanse ya que era tarde para que vaya a su domicilio. Ese hecho fue aprovechado por la empleada que ingresó al cuarto del menor y lo persuadió para mantener relaciones sexuales.

La mujer continuó agrediendo sexualmente al menor hasta diciembre del mismo año, cuando la víctima se dio cuenta que ella le mentía y manipulaba, por lo que decidió contarle a su madre lo que ocurría.

Luego de conocer el hecho, la madre denunció el hecho ante la Policía. El caso se remitió al Ministerio Público que inició la investigación.

Luego de encontrar los suficientes indicios ordenó la aprehensión de la mujer.