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Campesinos y militares resguardan accesos a Caquiaviri ante ausencia del alcalde

Ante el abandono de autoridades ediles, soldados del Regimiento Max Toledo y autoridades originarias resguardan los accesos al municipio de Caquiaviri como prevención ante el COVID-19. El dirigente campesino Emilio Coaquira dijo que esperará hasta este miércoles al alcalde Bruno Alvarez, de lo contrario lo denunciará por atentar contra la salud.

“Los vecinos y las autoridades originarias logramos que el Regimiento Max Toledo nos envíe nueve soldados y dos instructores a quienes ahora damos alimentación y frazadas”, confirmó Coaquira a La Razón, Jiliri Jach’a Mallku de Tayka Marka Axwiri (Caquiaviri), municipio a dos horas y media de la ciudad de La Paz.

Militares y campesinos hacen un control  riguroso en los accesos a Caquiaviri, que se encuentra en la carretera que conduce a Charaña. “Estamos realizando este control desde el viernes pasado y también hemos dispuesto que se suspenda la feria dominical”, agregó.

Coaquira se vio en la obligación de asumir la coordinación de esas tareas, como de pedir más ventanillas de atención en el banco Diakonía de esa población y buscar ayuda para equipar el pequeño centro de salud donde los médicos tuvieron que comprarse la indumentaria contra el COVID-19.

“Nos tuvimos que prestar incluso equipos de fumigación de un vecino, por eso desde el viernes pasado corre el plazo para que el alcalde Bruno Alvarez llegue a la capital”, puntualizó.

Alvarez salió de la cárcel en julio de 2019, después de una denuncia por corrupción, pero -según Coaquira- desde su liberación no retornó al Palacio Consistorial de Caquiaviri. Hace dos semanas, el gobernador Félix Patzi, que evidenció el abandono del burgomaestre, dijo que pediría un informe al alcalde que no da señales. Este medio también intentó contactar al munícipe sin resultados.

Coaquira advirtió que si Alvarez no aparece hasta este miércoles, se “lo va a denunciar en La Paz ante el Ministerio Público por atentar contra la salud”.

A principios de este mes, La Razón denunció cómo en ese rincón paceño, los ancianos caminan hasta cinco horas desde otros municipios como Comanche, Coro Coro y Calacoto para cobrar la Renta Dignidad y otros bonos que el Gobierno paga.

“Nosotros estamos cerca también de Patacamaya (donde hasta la semana pasado habían 20 sospechosos y un deceso por el COVID-19), por eso necesitamos la presencia del alcalde para que viabilice recursos contra esta pandemia”, indicó Coaquira.