La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que aglutina a nueve municipios capital y El Alto, pedirá a la Cámara de Senadores anular el artículo 4 del proyecto de Ley Excepcional de Arrendamientos aprobado en todas sus estaciones en Diputados.
El artículo 4, referido al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles −de dominio municipal − plantea que los gobiernos autónomos municipales “podrán establecer medidas que coadyuven a la reducción del impuesto anual a favor de las y los propietarios que hubieran perdonado el 50% del canon de arrendamiento por el tiempo de duración de la cuarentena, debiendo establecer los requisitos correspondientes”.
“Estamos pidiendo a la Cámara de Senadores que considere anular este artículo, considerando la paupérrima situación de las arcas municipales”, sostuvo este miércoles Rocío Molina, presidenta de la AMB y concejala cochabambina por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Polémica
Explicó que en el primer borrador del proyecto −también conocido como proyecto de Ley de Cancelación a Plazos del Canon de Alquiler y Condonación Parcial del Impuesto Municipal y Anual a la Propiedad− se obligaba a las alcaldías a realizar ese descuento.
La AMB hizo una representación oficial ante la Cámara de Diputados para explicar la “situación crítica” de los gobiernos locales. “Se ha modificado ese artículo”, ya no obliga, pero pide considerar un posible descuento, recalcó Molina.
La Cámara de Diputados aprobó el martes el proyecto de Ley Excepcional de Arrendamientos, plantea que los dueños de casa deben condonar el 50% del canon de alquiler de viviendas, locales comerciales e industriales, pero al mismo tiempo brinda incentivos a los propietarios que emiten facturas por el arrendamiento, con descuentos del RC-IVA por cuatro meses, y abre la posibilidad de reducciones del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles.
Transferencias
Según Molina, las municipalidades sufrieron una disminución del 30% de las transferencias por coparticipación tributaria y no cuentan con ingresos propios debido a las restricciones de la cuarentena a causa del COVID-19.
Héctor Arce, presidente de la Asociación de Municipalidades de Cochabamba (Amdeco), explicó que a este problema, se suma el retraso de las transferencias de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
“Estos recursos no están llegando hace un mes y eso significa que hay que despedir personal. Nos preocupa este tema. Los recursos del IDH sirven para el pago de personal del área de salud, para médicos, enfermeras y no vamos a poder pagar”.
Lamentó que, una vez más, las medidas sociales sean “cargadas” a los gobiernos locales que ya no cuentan con recursos económicos porque corren con los gastos del combate a la pandemia.
“Los municipios del área rural son los más afectados. Estamos a punto de declararnos en quiebra”.
El proyecto de ley pasó a consideración de la Cámara de Senadores para su posterior sanción y, luego, la promulgación por parte de la presidenta Jeanine Áñez. (29/04/2020)