Ciudades

viernes 29 may 2020 | Actualizado a 05:42

Caranavi, Palos Blancos y Alto Beni disponen cuarentena para camioneros

Autoridades de los tres municipios determinaron además reforzar los controles de ingreso a esas poblaciones.

/ 4 de mayo de 2020 / 15:02

Funcionarios municipales de Palos Blancos en sus labores diarias para desinfectar las principalles calles de ese poblado.

Autoridades de los municipios de Caranavi, Palos Blancos y Alto Beni, reunidas el último viernes, determinaron que los camioneros que retornen de la ciudad de La Paz a esa región realicen una cuarentena como medida de prevención contra el nuevo coronavirus, informó el alcalde de Palos Blancos, Weimar Mamani.

“Así es, el productor o comerciante que sale a La Paz, al retornar debe hacer su cuarentena de 14 días, mientras tanto preparan sus cargas, son generalmente productores ( de frutas) los que salen de nuestros municipios a la sede de gobierno”, explicó la autoridad.

Dijo que la mayoría de los camioneros que salen a La Paz son los mismos productores de frutas de la región, quienes no solo aceptan, sino que además impulsan la medida de control, a los que además se sumaron algunos camioneros particulares que se encuentran agremiados.

“Han aceptado también esta disposición, que lo hacemos en bien de la población”, destacó la autoridad edil. Hasta la fecha, no se han reportado casos positivos en ninguno de estos tres municipios.

“Este mecanismo (cuarentena) funciona, ya lo pusimos en práctica y hemos comprobado que sí funciona”, insistió Mamani.

En la cita del viernes se determinó además que los médicos de los tres municipios realizarán un seguimiento detallado a los camioneros productores que regresen de La Paz.

Por otra parte, los alcaldes decidieron además reforzar los controles en las fronteras municipales de esas regiones, ubicadas al norte de La Paz. “Se ha determinado cerrar los límites, hacer un control estricto de las fronteras”, precisó Mamani.

El alcalde pidió además que las autoridades departamentales envíen insumos médicos a los tres municipios y que se regularice la provisión de combustible, ya que escaseó en los últimos días en aquellas zonas.

Palos Blancos, Caranavi y Alto Beni son los tres principales municipios que abastecen de frutas a las ciudades de La Paz y El Alto. En esta época del año, los productores cosechan naranjas y mandarinas, muy requeridas en los abastos por su contenido de vitamina C.

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Juez ordena detención domiciliaria del alcalde Leyes por denuncias en compra de alimentos

De los tres funcionarios acusados, uno quedó en libertad y dos se beneficiaron con medidas sustitutivas a la detención en una audiencia de más de 12 horas

, / 28 de mayo de 2020 / 22:46

El alcalde José María Leyes en dependencias de la FELCC.

El juez Anticorrupción N°2, Richard Rodríguez, ordenó la detención domiciliaria y con escoltas para el alcalde José María Leyes, imputado, junto a otros tres funcionarios ediles, por la presunta compra irregular de alimentos para policías y militares durante la cuarentena.

“Rechazo la solicitud de detención preventiva del Ministerio Público. Para asegurar la presencia de los imputados, ordeno que los mismos se defienda en libertad”, resolvió Rodríguez, tras el análisis de la documentación presentada por fiscales y abogados defensores de los funcionarios ediles, durante la audiencia cautelar que extendió por más de 12 horas.

Más cautelados

Con relación a Leyes, “se dispone la detención domiciliaria, con la escolta de seguridad correspondiente, a cargo de la Policía, a cuyo efecto debe notificarse al Comandante de la Policía para que disponga el número de efectivos”, resolvió y aclaró que no existe restricción del derecho al trabajo, que debe ser tramitado ante autoridad judicial.

A solicitud de la Fiscalía, el burgomaestre debe ser monitoreado constantemente por los custodios, ya sea firmando un libro cada dos horas o a través del monitoreo mediante algún medio telemático, a cargo de la Policía. “Si eventualmente no se cuenta con ese sistema, el imputado debe proveer de estos insumos tecnológicos”, ordenó.

También prohibió su salida del país y del departamento, y ordenó la notificación a Migración y al Comando de la Policía. Del mismo modo, tiene prohibida la comunicación con partícipes o eventuales testigos de este proceso.

El alcalde no pudo ser trasladado a su domicilio. Rodríguez, informó que existe una nueva orden de aprehensión en su contra, emitida por la fiscal Sandra Nina, por el presunto delito de portación ilegal de arma.

Arma

Según Nina, el arma hallada entre las pertenencias de Leyes no contaría con registro ni autorización. Fue encontrada durante el allanamiento realizado el miércoles a su vivienda y en su defensa, el alcalde, aseguró que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le pidió que la guardara.

En relación a los otros funcionarios, ordenó la libertad irrestricta de Omar Cordero, secretario de Protección al Ciudadano, porque “no se estableció la existencia de ningún peligro procesal”. En tanto, Elías Vásquez, secretario General y Mario Querejazu, Asesor Jurídico de Contrataciones, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin embargo, no pueden comunicarse con partícipes o testigos del caso, no deben abandonar el departamento ni el país, y cada uno debe pagar una fianza de Bs 150.000.

Los cuatro funcionarios fueron aprehendidos la tarde del miércoles, después que los fiscales anticorrupción allanaran sus viviendas. El acto se realizó en el marco de la investigación sobre la presunta compra irregular de 34.890 raciones de comida, a la empresa Bunker Grill & Bar, para policías y militares que trabajaban haciendo cumplir la cuarentena. El contrato se realizó por Bs 448.000.

Denuncia

La denuncia fue realizada el 27 abril, por Edwin Jiménez, concejal del Frente Unico; Carlos Coca, de Demócratas; y Celima Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS). Acusaron al alcalde de la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Días antes, los uniformados reclamaran por la entrega de alimentos en mal estado. La información llegó a Murillo, quien pidió a los concejales fiscalizar al alcalde, y si hay irregularidades, denunciar.

En la revisión de los documentos de adjudicación, los concejales observaron que Bunker Grill, contratada por invitación directa, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito para la firma de contratos.

Durante la audiencia, se conoció  que el proceso de contratación se hizo el 16 de abril y en dos horas. Según el Ministerio Público, hubo irregularidades como la inexistencia de un documento base de contrataciones, cotizaciones a otras empresas y en tiempo record.

Allanamiento

Del mismo modo, los fiscales informaron que durante el allanamiento a la vivienda de Leyes, encontraron dinero, $US 10.000, Bs 8.000 bolivianos, documentos (entre contratos y otros referidos a la actividad edil), dos teléfonos celulares, uno de ellos con datos borrados y el otro, sumergido en agua, en un lavamanos.

Entre los documentos, también se resaltó el hallazgo de una agenda que contenía un presunto plan de fuga, vía Perú hacia Estados Unidos, donde pediría asilo. El libro, que pertenece al burgomaestre, fue encontrado en su dormitorio.

Seis fiscales anticorrupción, acompañaron la audiencia virtual que inició cerca de las 10.30 de la mañana y culminó pasadas las 22.45 y en medio de cortes intempestivos del servicio de Internet que derivaron en interrupciones de la audiencia.

El representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, también asistió a la audiencia para precautelar los derechos de los funcionarios ediles. “Acompañamos los reclamos de los imputados y en particular del alcalde, que denunció irregularidades en pasados días y éstas se cometieron ayer con la aprehensión forzada, una situación que estamos constatando”, dijo.

Cox cuestionó el accionar de los fiscales anticorrupción. De acuerdo a la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo, el operativo fiscal, con acompañamiento de efectivos policiales, fue violento, al extremo que Leyes mostró moretones en los brazos y un examen médico forense, certificó tres días de impedimento.

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Benefician con detención domiciliaria y derecho al trabajo a un acusado de feminicidio

Un juez de El Alto otorgó la detención preventiva y uno de La Paz, Willy Arias Aguilar, lo benefició con detención domiciliaria. Familiares de la víctima cuestionan la decisión y denuncian que no fueron escuchados

/ 28 de mayo de 2020 / 19:26

El acusado de feminicidio, en diciembre.

Por Paulo Cuiza

El acusado del feminicidio de María Grisel C. P. se benefició con la detención domiciliaria y derecho al trabajo, denunciaron familiares de la víctima. El presunto autor se hallaba en el penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses, determinación que fue ratificada por un juez de la urbe alteña y cambiada por un vocal de la ciudad de La Paz.

Según familiares, en solo 20 días de mayo, y en plena cuarentena, se llevaron a cabo tres audiencias virtuales; en las primeras dos, el Juzgado Primero de la ciudad de El Alto ratificó la detención preventiva para el acusado.

“Luego apelan y el caso es llevado a un vocal de la ciudad de La Paz, Willy Arias Aguilar, juez segundo en lo penal de La Paz, el cual haciendo caso omiso de las dos anteriores sentencias y actuando de manera extraña le otorga medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir: detención domiciliaria, sin custodios y con derecho al trabajo a este sujeto que es acusado por feminicidio y que tiene pruebas contundentes en su contra”, denunció Emilio, hermano de la víctima a radio Gente durante una entrevista.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre en la vivienda del acusado Franklin Q. F., en El Alto, donde se halló el cuerpo sin vida de María Grisel C. P.. El examen forense concluyó que la mujer de 38 años murió por asfixia mecánica por estrangulación manual, anoxia cerebral. El cuerpo presentaba, además, policontusiones.

“En la audiencia virtual no ingresamos todos, no nos dieron oportunidad para hacer algún reclamo ni observación a la fiscal a cargo ni a la abogada que nos representa, una vez que el vocal dio la resolución dio por terminado todo, cerrando la audiencia virtual, no tenemos donde apelar, nos dijeron que se tiene que cumplir la decisión del juez y con esta cuarentena no están atendiendo en las fiscalías”, dijo María, hermana de la víctima.

Según Edmundo, la decisión judicial no tiene apelación. “Lamentablemente no tenemos más recursos (…) esto ha sido perfectamente calculado para no tener recursos”, denunció.

Franklin Q. F. ingresó al penal de San Pedro en diciembre acusado por el supuesto feminicidio, delito que es castigado con 30 años de cárcel.

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Tras severas observaciones, Teoponte recibe mañana 4.200 insumos médicos

La Alcaldía asegura que el municipio requiere de cuatro médicos y tres enfermas más ante la creación de nuevo distrito.

/ 28 de mayo de 2020 / 18:08

Personal de salud de Teoponte con los primeros equipos de bioseguridad. Foto: Alcaldía de Teoponte

Tras las duras observaciones que hizo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, al sistema de salud de municipio de Teoponte, en el norte de La Paz, la Alcaldía anunció que recibirán mañana unos 4.200 insumos de bioseguridad para combatir el coronavirus desde sus ocho centros de salud, informó el burgomaestre Eddy Mejía. La municipalidad creó recién esta semana la cuenta bancaria COVID-19.

“Nos están terminando de llegar 2.000 barbijos, 2.000 guantes y otros 200 trajes de protección, junto a botes de lavandina, alcohol en gel y otros insumos”, confirmó el alcalde teoponteño.

El domingo, el ministro Arias estuvo por la región, que está a 242 kilómetros de la ciudad de La Paz, y evidenció la precariedad del centro de salud de la zona central. “El centro de salud es una lágrima y estoy preocupado por los médicos”, dijo la autoridad, tras dar una semana de plazo a Mejía para equipar ese nosocomio.

Arias criticó además que esa Alcaldía aún no había creado la cuenta bancaria COVID-19 para enfrentar la pandemia. Mejía admitió la tardanza por parte, según él, de su Dirección de Finanzas, no obstante cree que ahora están mejor protegidos contra el virus.

“El ministro Arias nos ha observado bastante, por eso ya llegaron algunos de estos insumos y todo el lote se completará este viernes (mañana). Es cierto, tenemos que estar protegidos porque somos vecinos de Caranavi, donde ya hay tres casos”, complementó el munícipe.

Esta semana se equipó un pequeño centro de aislamiento con seis camas ante eventuales casos de coronavirus. En el municipio de Teoponte, que está a unos minutos de Guanay, viven unos 10.000 habitantes, quienes cuentan con ocho centros de salud y 16 salubristas. El alcalde aseguró que necesitan al menos otros cuatro médicos y tres enfermeras por la creación de un nuevo distrito con 1.500 personas, lo que ya fue solicitado al Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz.

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El LaPazBUS vuelve en sus 7 rutas; cada bus operará con el 30% de su capacidad

El servicio se desarrollará entre las 05.00 y las 18.00, de lunes a viernes. Por las noches, los vehículos transportarán al personal de salud.

/ 28 de mayo de 2020 / 16:39

Medidas de bioseguridad en el servicio de transporte edil. Fotos GAMLP.

Los buses PumaKatari y ChikTiti, las unidades de transporte urbano de la empresa municipal LaPazBUS, volverán a las calles a partir de este lunes 1 de junio, los pasajeros sólo ocuparán el 30% de cada colectivo para guardar la distancia física y evitar el contagio con el CIVID_19, informaron este jueves autoridades ediles paceñas.

Esto quiere decir que cada PumaKatari transportarán a un máximo de 19 personas, y  cada ChikiTiti a 14, de acuerdo con las normas de distanciamiento, forzado por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.

El alcalde dela Paz, Luis Revilla, precisó que el servicio de transporte se desarrollará entre las 05.00 y las 18.00, “como el resto del transporte público”.

Por las noches, los autobuses municipales seguirán transportando al personal de salud, tal como ocurrió hasta ahora.

Revilla anticipó que se dispondrán de mayores facilidades para el pago de pasajes por medios electrónicos y con “tarjetas personalizadas”, además de validaciones a través del código QR con teléfonos móviles, de manera que los usuarios y los funcionarios de la empresa tengan menos opciones de manejar dinero en efectivo

El gerente general de LaPazBUS, Edward Sánchez, precisó que se activaron medidas de bioseguridad en cada una de las unidades y “una señalización que indicará con claridad cuáles son los espacios que deben ser ocupados por los pasajeros.

“Además, estamos trabajando de aquí hacia adelante con la Universidad de San Andrés para poder hacer la desinfección con luces UV (ultravioleta) porque nos garantiza una limpieza a profundidad sobre todo al finalizar el servicio”.

“En los puntos de venta de tarjetas vamos a garantizar distancia social (Sic. ) y la repartición de alcohol para la desinfección de manos”, complementó.

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Niño de dos años muere tras golpiza, madre y padrastro son imputados por infanticidio

El hecho se produjo el 26 de mayo, en una vivienda situada en Villa Primero de Mayo, Santa Cruz de la Sierra, cerca de las 19.00.

/ 28 de mayo de 2020 / 16:34

Imagen ilustrativa.

Un infante de dos años falleció hace dos días a causa de un trauma abdominal cerrado debido a los golpes cuando estaba a cargo de su madre y su padrastro, informó la Fiscala de Santa Cruz a través de una nota de prensa.

Por ese motivo se imputó formalmente a Carmen B.C (madre) y a Luis H.M, (padrastro) por el delito de Infanticidio.

El hecho se produjo el 26 de mayo, en una vivienda situada en Villa Primero de Mayo, Santa Cruz de la Sierra, cerca de las 19.00.

«Según el relato de los imputados, esa noche el niño empezó a vomitar sangre por lo que fue trasladado al Hospital Hernández Vera de la Villa 1° de Mayo. Ya en el lugar, los médicos señalaron que el menor se habría atragantado por lo que llamaron a la Policía para reportar el caso», sostiene la nota de la Fiscalia.

Cuando los efectivos policiales se hicieron presentes en el nosocomio, el médico pediatra de turno les informó que el niño falleció y que, a simple vista, el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que el cuerpo fue trasladado al Hospital El Bajío, donde se realizó la autopsia legal. El  caso fue denunciado el 27 de mayo.

«El niño de dos años falleció por trauma abdominal, ocasionado por golpes que recibió en una vivienda de la Villa Primero de Mayo. Con este caso, a nivel nacional, se registran 28 infanticidios», informó la Fiscalia.

Los primeros actuados el Ministerio Público fueron el registro del lugar del hecho, se hizo un muestrario fotográfico, se tomó la declaración de un denunciante como de los imputados, y la obtención del resultado del informe de autopsia.

“La causa de la muerte del menor fue por trauma abdominal cerrado, laceración hepática y choque hipovolémico, además se observan hematomas en la espalda ocasionados por golpes que recibió la víctima», dice el comunicado.

De acuerdo con los datos del Sistema JL.1 del Ministerio Público, a nivel nacional con este último crimen son  28 los infanticidios cometidos entre el 1 enero y el 27 de mayo.

La mayor incidencia se presenta en el departamento de La Paz con 9 casos, Oruro 6, Santa Cruz 5, Potosí 4, Cochabamba 3 y Chuquisaca 1.

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