Ciudades

martes 7 jul 2020 | Actualizado a 02:36

Una ley municipal sanciona con 250 UFV o trabajos comunitarios el no usar barbijos

La norma sugiere usar el cabello recogido, evitar accesorios y la donación de plasma. La concejala Chacón sostiene que la norma usurpa las funciones del Ministerio de Salud.

/ 27 de mayo de 2020 / 13:54

Varias personas transitan en la calle Tumusla en La Paz. Foto. Micaela Villa

El Concejo Municipal de La Paz aprobó la tarde del martes la Ley Municipal de Regulación de la Cuarentena Dinámica Condicionada y de Corresponsabilidad Ciudadana para evitar la propagación y contagio del COVID-19, que sanciona con 250 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) o trabajos comunales a quienes no usen barbijo o inciten el incumplimiento de esta norma.

La ley consta de 18 artículos, cuatro disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

Entre los deberes de los ciudadanos, artículo 10, cita el cumplir con las medidas de bioseguridad; los horarios de tránsito, según lo establecido en la normativa nacional y municipal vigente; transitar para lo estrictamente necesario; respetar y cumplir las normas establecidas por los distintos niveles de gobierno en el marco de la prevención y protección de la vida y la salud.

El artículo 18, referido al incumplimiento y las sanciones, dispone que se sancionará a todas las personas que incumplan las medidas reguladas y determinadas en esta ley.

Los infractores que incurran en la comisión de delitos contra la salud pública serán arrestados y conducidos inmediatamente ante la autoridad competente, sin perjuicio de la denuncia penal ante el Ministerio Público.

Polémica y cambio

El proyecto también incluía un acápite que disponía que las personas «que inciten al incumplimiento de las medidas establecidas en la ley desinformen o generen incertidumbre en la población serán sujetas de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública y se preveía que la Policía o a denuncia de terceros procedería a conducir a la persona infractora hasta la unidad de conciliación ciudadana donde sería sancionada con una multa de 250 UFV».

Este aspecto fue observado por los concejales Cecilia Chacón y Jorge Silva, quien en la etapa de revisión pidió su reconsideración por lo que se declaró un cuarto intermedio.

Después de un receso de 40 minutos, el artículo fue finalmente modificado y solo se determinó sancionar el incumplimiento del uso de barbijos y a la incitación al incumplimiento de las medidas establecidas con una multa de 250 UFV.

«El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11 inciso b) y 15 inciso a), referidos al uso de barbijos así como la incitación al incumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas en la presente norma, dará lugar a la conducción de el o las infractores a la Unidad de Conciliación Ciudadana, dónde será sancionados con la multa de 250 UFV o alternativamente el trabajo voluntario en la fecha y hora determinada por la autoridad policial».

“Esta ley municipal habla de la corresponsabilidad que tiene que haber en esta cuarentena dinámica para prevenir la propagación y el contagio comunitario dentro de nuestro municipio y conforme la población vaya saliendo y retomando sus actividades. No es que se le está pasando  la responsabilidad a la ciudadanía, por eso hablamos de corresponsabilidad”, explicó la presidenta del Concejo Municipal y proyectista de la norma, Andrea Cornejo.

Disposiciones

La ley también sugiere usar el pelo recogido y evitar accesorios en espacios públicos y la donación de plasma a quienes vencieron la enfermedad.

El artículo 15, referido a medidas de prevención en el uso del espacio público, señala que todas las personas son responsables en cada una de sus acciones para contribuir a la salud y el bienestar común debiendo por tanto respetar las siguientes medidas: a) usar barbijo, b) mantener el distanciamiento físico de en la calle, en lugares de alta afluencia como bancos mercados centros de abasto, c) llevar lo menos posible accesorios joyas u otros, d) llevar el cabello recogido y procurar utilizar protectores de cabellos en lugares de alta confluencia, y e) utilizar otros elementos de protección, como lentes, ponchillos y mamelucos, según la necesidad.

“La ley básicamente norma muchas de las cosas que se han visto que, de pronto, no se han cumplido durante la cuarentena rígida como el uso obligatorio de barbijos, el lavado de manos, la desinfección y todo eso”, puntualizó Cornejo.

En ese marco, la norma, en el artículo 11, establece medidas de prevención primaria como son el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica (alcohol gel) por el tiempo de veinte (20) segundos por lo menos, uso de barbijo obligatorio fuera de casa y en espacios de interacción social, cobertura de la boca y nariz al toser o estornudar con la parte interior del codo, y en caso de usar pañuelo desechable, tirarlo inmediatamente a la basura, mantener el distanciamiento físico, evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, evitar tocarse la cara, sobre todo ojos, nariz y boca.

También se insta a seguir rutinas de limpieza y desinfección de superficies y espacios de contacto frecuente con agua jabonosa, u otro producto desinfectante debidamente certificado por la autoridad competente; salir de casa solo para lo estrictamente necesario, y al retornar, cumplir con los protocolos de desinfección de su vestuario y la higiene de su cuerpo; disponer los residuos sólidos de manera responsable de acuerdo a las políticas establecidas por la autoridad municipal competente, y otros.

El artículo 16 determina la máxima restricción de la salida de las niñas, niños y adolescentes, salvo situación justificada como citas médicas, urgencias y terapias de rehabilitación y/o habilitación, bajo conocimiento y de preferencia en compañía de algún familiar, tutor o guardador.

Competencias

La norma fue aprobada por los concejales de Sol.bo Isaac Fernández, Fabián Siñani, Beatriz Álvarez, Kathia Salazar y los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, Mario Condori y Bety Gutiérrez. Las concejalas Chacón y Mavel Machicado se abstuvieron.

Chacón observó que las disposiciones no guardan relación con la normativa dictada por el gobierno nacional y se arrogan prerrogativas que corresponden al Ministerio de Salud, como órgano rector en ese ámbito, como el establecimiento del nivel de riesgo municipal y determina que la clasificación periódica a partir de la misma sería una función del Alcalde Municipal, e incluso la definición y caracterización de la cuarentena, aspectos que según Chacón deberían responder a análisis nacional y no tendría correlación con lo establecido en los decretos supremos 4229 y 4196.

«No se puede ir en contraposición a las competencias nacionales establecidas en la constitución y los decretos supremos, puesto que son estos los que determinan las facultades y las medidas que deben aplicar los gobiernos municipales en el tema. Se está incurriendo en una arrogación de competencias de otro nivel de Estado que podría terminar en una usurpación de funciones».

La proyectista Cornejo anticipó que el Decreto Supremo 4229 solo estaría vigente hasta fin de mes y que eso justificaría que el municipio cuente con su propia norma. (27/05/2020)

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Un sujeto mata a su cónyuge en Santa Cruz y suman 60 los feminicidios en el país

El hecho de sangre se produjo en Santa Cruz. Se investiga otro caso de crimen de género se investiga en El Alto.

/ 6 de julio de 2020 / 22:37

El feminicidio. Imagen referencial.

La ciudad de Santa Cruz fue este domingo escenario del sexagésimo feminicidio en el país en lo que va del año, aunque es probable que no sea el último, pues investigadores de la fuerza antiviolencia de El Alto investigan otro presunto crimen por razones pasionales, con lo que la estadística macabra se elevaría a 61 casos.

La del domingo fue la peor videollamada que pudo haber hecho una mujer a su sobrino de ocho años. Eran las ocho de la mañana cuando el niño le informó a su tía que sus padres dormían tan profundamente que no se movían.

El pequeño mostró a la hermana de su madre una imagen que la dejó devastada. Los cuerpos de los progenitores del pequeño estaban tendidos en el piso sobre un enorme charco de sangre, en su dormitorio.

La tía llamó de inmediato a la Policía. Cuando llegaron los uniformados a la vivienda de la pareja, ubicada en la zona de Los Lotes, en la capital cruceña, solo pudieron comprobar que ambos habían fallecido.

Las investigaciones del hecho determinaron que el hombre asesinó a su pareja y después, se quitó la vida, por lo que el proceso quedó automáticamente extinguido, de acuerdo con un informe proporcionado por el fiscal Gary Coronado, especializado en estos casos.

Alicia M. S. tenía 24 años y tres hijos. Su hermana, quien poco antes vio los cadáveres junto a la criatura, interpuso la demanda, pero el caso será archivado por el deceso del feminicida, Salvador C. A., de 48 años.

El hombre había degollado a su cónyuge y, posteriormente, hizo lo mismo consigo. Los tres hijos de la pareja quedarán bajo custodia de su familia materna.

A escala nacional desde el 1 de enero hasta el 6 de julio de este año, el Ministerio Público registra 60 casos de violencia género con resultados fatales. La mayor incidencia se presentan en el departamento de La Paz con 22, que podrían ser 23 si se confirma el hecho de El Alto, seguido por Santa Cruz, 11; Cochabamba, siete; Oruro, seis; Beni, cuatro; Tarija, dos; Potosí, tres; Pando, dos, y Chuquisaca, tres.

(06/07/2020)

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La CIDH expresa preocupación por acciones de Resistencia Juvenil Cochala en K’ara K’ara

Como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el órgano de la OEA considera que “actores privados” actúan con la “presunta aquiescencia de autoridades”.

/ 5 de julio de 2020 / 18:43

Uno de los líderes de Resistencia Cochala, en el video de la amenaza. Captura: La Razón

Un segundo organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se expresó preocupado por la actuación de “actores privados”, en alusión al grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en el conflicto de K’ara K’ara, en Cochabamba.

“La @CIDH también expresa preocupación por la información que señala que actores privados, con la presunta aquiescencia de autoridades, habrían tomado acciones violentas contra personas y autoridades locales y amenazado con interrumpir el suministro de agua a K’ara K’ara”, señaló le organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El sábado, montados en motocicletas y en franco desafío a las restricciones de la cuarentena, el grupo de personas recorrió las calles de Cochabamba, y uno de sus líderes amenazó con echar basura en las viviendas del alcalde José María Leyes y de la gobernadora Esther Soria, incluso advirtió con bloqueas las cisternas que suministran agua potable a la zona sur de la ciudad, contigua al botadero municipal.

Tanto Leyes como Soria culparon de las acciones de amedrentamiento de la RJC al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a quien dirigentes sociales y políticos atribuyen la permisividad de las acciones del grupo irregular que en la crisis de octubre y noviembre del año pasado tuvo un papel gravitante en la represión a las movilizaciones de organizaciones sindicales en Cochabamba.

“Al respecto, la @CIDH recuerda lo señalado en sus observaciones preliminares tras su visita a #Bolivia, conforme el Estado tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que han participado”, recordó este domingo la CIDH.

El sábado, horas después de un violento enfrentamiento en K’ara K’ara entre fuerzas del orden y vecinos, El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) rechazó también, sin mencionarla, las acciones de la RJC “con la presunta aquiescencia de algunas autoridades”.

“Se rechaza la actuación de actores privados que, con la presunta aquiescencia de algunas autoridades, habrían tomado acciones directas en contra de los derechos de las personas y autoridades locales y amenazado con interrumpir el suministro de agua al sector de K’ara K’ara”, señaló en un hilo en Twitter la oficina en Bolivia de la alta comisionada Michelle Bachelet, a su vez expresidenta de Chile.

Ambos organismos lamentaron el uso desproporcionado de las fuerzas del Estado en el conflicto.

Sin embargo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, denunció que los movilizados del sábado operaron dinamita y agentes químicos con los que presuntamente hirieron a 12 policías.

En otro hilo desde su cuenta de Twitter, la CIDH recordó que las movilizaciones plantean una serie de demandas relaciones a la provisión de servicios. “La CIDH sigue el bloqueo del botadero municipal de K’ara K’ara #Cochabamba como medida de protesta por la falta de alimentos y agua potable ante la pandemia #COVIDー19; y muestra preocupación por las detenciones y el operativo militar-policial para el desbloqueo”.

Además, como la OACNUDH, lamentó la detención de dirigentes de la zona. La @CIDH reitera a #Bolivia sus obligaciones de garantizar los derechos humanos; de no criminalizar a líderes, lideresas y participantes de las protestas sociales; y de no utilizar tipos penales vagos o que sancionan acciones propias de la protesta social. #Protesta #DDHH”.

La CIDH ya había expresado su preocupación por las represiones del año pasado, cuyas muertes en Sacaba y Senkata luego de la renuncia de Evo Morales consideró que fueron resultado de una “masacre”, extremo que rechazó entonces el gobierno de Jeanine Áñez.

(05/07/2020)

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La ONU rechaza acciones de Resistencia ‘con presunto’ aval de ‘algunas autoridades’

La OACNUDH instó a los funcionarios del Estado a evitar el uso desproporcionado de la fuerza, el uso indebido del derecho penal o “la privación arbitraria de la libertad”.

/ 4 de julio de 2020 / 23:42

Las protestas del sábado en K'ara K'ara terminaron en desmanes. Foto: ABI

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) rechazó, sin mencionarla, las acciones de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) “con la presunta aquiescencia de algunas autoridades” en el conflicto en K’ara K’ara, al sur de la ciudad de Cochabamba.

“Se rechaza la actuación de actores privados que, con la presunta aquiescencia de algunas autoridades, habrían tomado acciones directas en contra de los derechos de las personas y autoridades locales y amenazado con interrumpir el suministro de agua al sector de K’ara K’ara”, señaló en un hilo en Twitter la oficina en Bolivia de la alta comisionada Michelle Bachelet, a su vez expresidenta de Chile.

Montados en sus ya típicas motocicletas el grupo irregular se movilizó por las calles de Cochabamba y, a través de un video, amenazó al alcalde José María Leyes y a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, de tomar acciones en caso de que no resuelvan la crisis de K’ara Kára que impide el recojo de basura en la ciudad. Incluso amenazó con cortar el ingreso de cisternas de agua para la provisión en la zona.

Ambas autoridades culparon de las acciones y de la intervención de RJC al ministro Arturo Murillo, quien a su vez amenazó con asumir “toda la fuerza de la ley” para castigar a quienes estén implicados en el bloqueo del botadero de Cochabamba.

La mañana de este sábado hubo un intento de desbloqueo de K´ara K´ara con la intervención de efectivos de la Policía Boliviana.

Gobierno

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santa María, denunció que entre los manifestantes hubo personas armadas con dinamita y agentes químicos. “Producto de esta contraofensiva tenemos una docena de efectivos policiales que han sido afectados en su humanidad, varios de ellos grave”, dijo en conferencia de prensa.

Ante el temor de consecuencias violentas, la OACNUDH instó a las autoridades “a abstenerse de adoptar cualquier acción desproporcionada que pueda transgredir los derechos humanos de las personas, tales como la utilización indebida del derecho penal, el uso excesivo de la fuerza o la privación arbitraria de la libertad”.

Durante la emergencia sanitaria en el país, los conflictos en K’ara K’ara recrudecieron y el ministro Murillo calificó a las protestas de “sediciosas” y “terroristas”, incluso las atribuyó al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al expresidente Evo Morales.

La semana pasada, tres dirigentes de la zona fueron detenidos precisamente acusadas por esos delitos, entre ellos la candidata a senadora del MAS Lucy Escobar. El miércoles, otras cinco personas fueron detenidas en ese mismo conflicto.

La OACNUDH, además, instó “a todos los actores a privilegiar el diálogo y a cumplir los acuerdos que se han alcanzado con anterioridad y aquellos que se obtengan por la vía del entendimiento mutuo”.

Las movilizaciones propiciadas por “autoconvocados” habían comenzado con demandas como la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez, la convocatoria a elecciones generales, cuando eran resistidas por el Gobierno, y la suspensión de la cuarentena por la propagación del COVID-19.

(04/07/2020)

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Fracasa el desbloqueo de K’ara K’ara y Murillo advierte con aplicar ‘toda la fuerza’

Militares y policías se replegaron del lugar, hay uniformados policontusos y coches destrozados. El gerente municipal del vertedero denuncia que hay personal retenido. Vecinos “autoconvocados” exigen la liberación de ocho personas.

/ 4 de julio de 2020 / 13:02

Un vehículo volcado en los desmanes de K'ara K'ara. Foto: ABI

Un operativo militar y policial para despejar la ruta al botadero municipal de K’ara K’ara, en Cochabamba, terminó con uniformados heridos y vehículos destrozados, según la denuncia del Gobierno. El bloqueo de los vecinos denominados “autoconvocados” fue rearticulado en la zona Sur, en demanda de la liberación de ocho detenidos.

En la madrugada de este sábado, un contingente escoltó una caravana de camiones de basura para depositarla en el vertedero, que se encuentra cerrado por seis días, ello derivó en un enfrentamiento con los “autoconvocados”, quienes les lanzaron piedras y otros objetos. Al final, los militares y los policías tuvieron que replegarse.

Según un reporte de Bolivia Tv, al menos dos agentes resultaron policontusos y más de una decena de vehículos policiales sufrieron destrozos. Los movilizados exigen la liberación de ocho detenidos, cinco están en Cochabamba y tres en La Paz con detención preventiva, acusados de atentado a la salud pública y terrorismo.

En declaración a ABI, el gerente de la Empresa Municipal de Aseo (Emsa), Christian Cuéllar, dijo que hay personal retenido en el botadero, incluida su persona; son al menos 25 trabajadores y técnicos, al igual que los camiones basureros. “Sigo retenido, esperando que me rescaten, estamos rodeados por todo lado”, denunció.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenazó con una intervención y sindicó de lo sucedido al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Quieren prohibir el ingreso de la basura a K’ara K’ara para que haya doble pandemia. Es admisible, no es permisible y vamos a caerles con toda nuestra fuerza a estos grupos delincuenciales”.

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, escribió en Twitter: “En operativo conjunto, FFAA y Policía coordinaron con EMSA el ingreso a #KaraKara. Lamentablemente comunarios salieron a atacar a las fuerzas del orden y hay 25 trabajadores de EMSA rodeados. Rogamos al @mindefbolivia y @MindeGobierno precautelar la vida de nuestros trabajadores (sic)”.

(04/07/2020)

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Sin cementerios ni crematorios, 40 cuerpos de fallecidos están a la deriva en Cochabamba

Las funerarias advirtieron con llevar los restos humanos a la puerta de la casa de las autoridades, como medida de presión ante la carencia de espacios y hornos.

/ 2 de julio de 2020 / 09:18

Un grupo de personas reclama el entierro de fallecidos, en puertas del Cementerio General de Cochabamba. Captura de televisión

Las funerarias de Cochabamba se declararon en emergencia debido a que desde el 25 de junio no pueden cremar ni enterrar cadáveres debido al colapso del horno crematorio del Cementerio General, la carencia de un espacio para sepultarlos en el lugar y la negativa de otros camposantos a recibir los cuerpos con sospechas de COVID-19. Hay 40 cuerpos a la deriva.

Los restos se encuentran en viviendas particulares, sin que las autoridades de Salud se interesen por ellos, que implican un eventual grave foco de infección.

“Los cuerpos se están quedando en domicilios porque no hay donde enterrar ni cremar, estamos en emergencia sanitaria prácticamente porque no tenemos donde dejar los cuerpos, hay más de 40 en domicilios”, informó Juan Carlos Orellana, presidente de la Asociación de Funerarias de Cochabamba (Afumec).

En la capital existen al menos 100 funerarias que no pueden concluir su trabajo porque el crematorio del Cementerio General solo puede incinerar cuatro cuerpos por día. Orellana, contó que hace seis días no puede acceder al horno. “Tengo tres personas y no me inscriben hasta ahora, me dijeron que el lunes podrían atenderme. Imagínese cuánto tiempo debe pasar en su casa”, dijo.

El panorama es el mismo en otras funerarias que, “embalan” cadáveres y ataúdes pero tienen que dejarlos en las casas, encerrados en algún cuarto, con la posibilidad de generar un foco de infección para la familia.

No solo pasa esto con quienes fallecen en sus hogares, también con los que mueren en hospitales, ya sea por sospecha de COVID-19 u otra enfermedad. “Les están exigiendo que se los lleven del lugar cuando ellos deberían tener un depósito”, denunció Orellana.

El problema afecta no solo a estos establecimientos y a las familias que tienen que convivir con sus muertos, también hay susceptibilidad en los vecinos que amenazaron con desalojarlos por temor a ser infectados.

Cementerio General

El miércoles, familiares de fallecidos y dueños de funerarias acudieron al Cementerio General para pedir la habilitación de espacios para entierros ante la falta de nichos y el colapso del horno.

“Necesitamos espacio señor, tenemos difuntos; estamos con toda la documentación y queremos espacio”, indicó una de las propietarias de funeraria al subalcalde de la Comuna Adela Zamudio, Andrés Palacios, que se encontraba en el lugar.

“No queremos cremación ni nicho gratis, queremos los espacios y que nos den a costo real”, pidió otra persona. “Estamos con cuerpos en domicilio, son más de 40. Hablé con el administrador, que nos permita el entierro”, clamó.

Palacios informó que existen 136 nichos y también que trabajan en la excavación de fosas. “Se están habilitando estos espacios de manera urgente porque el paso del COVID-19 se acelera”, reclamó, aunque no dio fecha para la recepción de cuerpos ni cuántos espacios habilitarían.

Orellana explicó que no pueden llevar los cuerpos a otros cementerios. El campo santo de Valle Hermoso, al sur de la ciudad, fue cerrado por los vecinos que no permiten entierros; lo mismo pasa en otros sitios pertenecientes a otros municipios donde existen mausoleos familiares. Pero “si falleció en este municipio, no dejan hacer el traslado; tenemos varios casos”, indicó.

En los cementerios privados que existen en los municipios de Colcapirhua y Sacaba no se dan abasto; los que consiguieron un sitio deben aguardar hasta el viernes para el entierro.

Emergencia

Ante la emergencia, los propietarios de las funerarias advirtieron con llevar los cuerpos hasta la casa de las autoridades municipales y departamentales debido a la falta de atención.

“Nadie dice nada, ni el Defensor del Pueblo, nadie. Las OTB (organizaciones territoriales de base) se organizan para botar a la gente con los cuerpos; están dando ultimátum para que salgan del barrio y ya que las autoridades no hacen, si esto continúa, vamos a llevar los cuerpos a sus casas. A ver si es lindo, agradable, sentir esa sensación; uno se estremece”, advirtió Orellana.

Hasta la noche del miércoles, Cochabamba sumó 104 nuevos casos de coronavirus; totaliza 3.744 desde el inicio de la emergencia sanitaria. Los fallecidos alcanzan a 221, según reportes del Ministerio de Salud.

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