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Benefician con detención domiciliaria y derecho al trabajo a un acusado de feminicidio

El acusado del feminicidio de María Grisel C. P. se benefició con la detención domiciliaria y derecho al trabajo, denunciaron familiares de la víctima. El presunto autor se hallaba en el penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses, determinación que fue ratificada por un juez de la urbe alteña y cambiada por un vocal de la ciudad de La Paz.

Según familiares, en solo 20 días de mayo, y en plena cuarentena, se llevaron a cabo tres audiencias virtuales; en las primeras dos, el Juzgado Primero de la ciudad de El Alto ratificó la detención preventiva para el acusado.

“Luego apelan y el caso es llevado a un vocal de la ciudad de La Paz, Willy Arias Aguilar, juez segundo en lo penal de La Paz, el cual haciendo caso omiso de las dos anteriores sentencias y actuando de manera extraña le otorga medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir: detención domiciliaria, sin custodios y con derecho al trabajo a este sujeto que es acusado por feminicidio y que tiene pruebas contundentes en su contra”, denunció Emilio, hermano de la víctima a radio Gente durante una entrevista.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre en la vivienda del acusado Franklin Q. F., en El Alto, donde se halló el cuerpo sin vida de María Grisel C. P.. El examen forense concluyó que la mujer de 38 años murió por asfixia mecánica por estrangulación manual, anoxia cerebral. El cuerpo presentaba, además, policontusiones.

“En la audiencia virtual no ingresamos todos, no nos dieron oportunidad para hacer algún reclamo ni observación a la fiscal a cargo ni a la abogada que nos representa, una vez que el vocal dio la resolución dio por terminado todo, cerrando la audiencia virtual, no tenemos donde apelar, nos dijeron que se tiene que cumplir la decisión del juez y con esta cuarentena no están atendiendo en las fiscalías”, dijo María, hermana de la víctima.

Según Emilio, la decisión judicial no tiene apelación. “Lamentablemente no tenemos más recursos (…) esto ha sido perfectamente calculado para no tener recursos”, denunció.

Franklin Q. F. ingresó al penal de San Pedro en diciembre acusado por el supuesto feminicidio, delito que es castigado con 30 años de cárcel.