Los alcaldes de los departamentos de Oruro y Tarija, declarados en emergencia por la iliquidez que golpea a sus administraciones, le dieron al Gobierno central 48 horas para que dé curso a sus demandas.
El plazo vence este miércoles, y si sus peticiones no son escuchadas amenazan con una huelga de hambre y el bloqueo nacional de caminos.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, se reunió el viernes con la directiva de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), presidida por Álvaro Ruiz, y luego anunció que llegó a un acuerdo para crear el Fondo Solidario Compensatorio COVID-19 y el Fondo Especial para paliar la iliquidez generada por la reducción de los ingresos de coparticipación tributaria.
Sin embargo, la organización rechazó la propuesta debido a que “no establece las certezas necesarias sobre los temas planteados, crea confusión, no establece tiempos, mecanismos, ni montos”.
Esta oferta, dijo la mañana de este martes Parada -entrevistado por radio Panamericana-, se ajusta a la realidad, marcada por el déficit fiscal heredado de la anterior administración, la caída del precio del petróleo y los gastos emergentes de la pandemia.
“No es mala voluntad del Gobierno, la crisis (económica) está presente. La prioridad de la presidenta (Jeanine) Áñez es la estabilidad económica; sin estabilidad económica no va a haber posibilidad de reactivar la economía”.
“Lamentablemente –añadió-, hemos entrado en campaña electoral, en la que parece que está primando una parte política y no la racionalidad”.
Presión
El lunes, alcaldes del departamento de Oruro, representados por la Asociación de Municipalidades de Oruro (Amdeor), sostuvieron una reunión de emergencia en la que decidieron dar ese término para ser escuchados por la administración de Jeanine Añez.
“La decisión definitiva es dar un plazo hasta el miércoles, caso contrario los gobiernos autónomos municipales a partir del miércoles 10 de junio tomaran medidas de presión, escalonadas. Primero se instalará una huelga de hambre y, si no somos escuchados, a partir del lunes 22 de junio estaríamos entrando en un bloqueo de caminos nacional”, informó su presidente, Freddy Mollo, en declaraciones a la radio Fides Oruro.
La difícil situación de los gobiernos locales fue retratada la mañana del lunes por Héctor Arce Rodríguez, presidente de la Asociación de Municipalidades de Cochabamba (Amdeco), quien destacó que no tienen dinero para pagar salarios y mucho menos para la ejecutar proyectos. No pueden pagar a las empresas ejecutoras y los presupuestos ediles están en números rojos.
Arce y unas 70 personas, entre alcaldes y concejales de 33 municipios, comenzaron a las 11.00 una huelga de hambre en la capital departamental.
El mismo viernes, el presidente de la FAM-Bolivia, Álvaro Ruiz; los presidentes de las nueve asociaciones municipales departamentales, la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Rocío Molina; y otros presentaron al Ministerio del ramo el pliego petitorio de los municipios de Bolivia.
El pliego se resume en cuatro puntos: la creación de un Fondo Solidario Compensatorio para la prevención, control y atención de la pandemia; cumplimiento de las transferencias programadas por coparticipación y reposición de Bs 927 millones no recibidos entre enero y abril de 2020; aprobación de la ley de recuperación del 12% del IDH, incluyendo la devolución de recursos aportados en los últimos años y el desembolso inmediato de recursos comprometidos por programas a cargo de la UPRE, Fondo de Desarrollo Indígena y otros.
Propuesta de la FAM
Tras el encuentro, el sistema asociativo municipal solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas públicas una propuesta sobre el monto, términos, condiciones del Fondo Compensatorio y fechas de desembolso; que el monto a compensar sea de Bs 927 millones, de libre disponibilidad, para todas las municipalidades.
También que esa cartera ministerial establezca, mediante un informe técnico jurídico, los montos disponibles así como la viabilidad de la asignación de recursos del Fondo de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FIEEH) a los gobiernos municipales. El fondo fue creado en 2016 y es alimentado con la retención del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de los gobiernos subnacionales y las universidades públicas.
En ese contexto, Amdeor aprobó el lunes un voto resolutivo en el que resume este pliego de demandas y declara emergencia entre sus filas,
La Asociación de Municipalidades de Tarija (AMT), por su parte, comunicó la tarde del lunes que resolvió comenzar las medidas de presión este miércoles con el primer piquete de ayuno de siete alcaldes.
“En Tarija vamos a iniciar la huelga de hambre el miércoles y si no somos escuchados por el centralismo, vamos a ir al bloqueo nacional de caminos”, advirtió el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila. (09/06/2020)