Se investiga a funcionarios de Derechos Reales por supuesto desvío de Bs 2 millones
El fiscal departamental de Santa Cruz informó que existen presuntas irregularidades en trámites de valorados y emisiones de certificaciones.
El Ministerio Pública investiga a cinco funcionarios de Derechos Reales (DDRR) de Santa Cruz y un civil, implicados en hechos de corrupción y el supuesto desvío de Bs 2 millones por concepto de trámites.
“Se han emitido citaciones, estamos hablando de un juez, registradores de Derechos Reales, de supervisor, asesor, registradora, como así también dos funcionarias y particulares”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
La investigación se abrió por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, además de manipulación informática.
El Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) de la Policía Boliviana, allanó las oficinas de DDRR tras detectar irregularidades sobre la manipulación informática.
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Derechos Reales
En el operativo, realizado en las últimas horas, se incautó documentos y archivos digitales relacionados con trámites irregulares de inscripción. Además del pago económico de bienes inmuebles, que estarían desviados a cuentas privadas.
El Ministerio Público emitió citaciones a declarar para el viernes 17 de enero y otros declararán el próximo lunes 20 de enero.
Según la investigación preliminar, existen presuntas irregularidades en trámites de valorados y emisiones de certificaciones, entre otras. Se presume la existencia de una red de corrupción al interior de DDRR.
“Realizan ciertas inscripciones de gravámenes hipotecarios, u otra clase de trámites que se ventilan, con relación a cada uno de los bienes objeto en este caso de cancelaciones en estas oficinas. Se ha detectado aparentemente ciertas irregularidades con relación al cobro de dichos montos”, señaló el fiscal.
Se presume la existencia de una red interna que operaba desviando montos de trámites hacia cuentas privadas de altos funcionarios.
La Fiscalía no descarta realizar nuevos operativos a otras oficinas públicas e incluso a inmuebles particulares de los investigados en este caso.