En lo que va del año, 30 mujeres y 18 niños perdieron la vida víctimas de feminicidio e infanticidio, respectivamente, según un informe de la Fiscalía.

“Lastimosamente, vemos con mucha preocupación el incremento de los casos de feminicidio en el país y el grado de violencia extrema que se da en estos hechos. Tenemos 30 feminicidios registrados a nivel nacional hasta el día de hoy. Y son 18 casos los infanticidios; también en todo el país”, informó en conferencia de prensa el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Ante esa situación, el Ministerio Publico llama a las instituciones llamadas por ley a activar mecanismos de prevención contra la violencia, de forma especial en el sector más vulnerable, como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La autoridad dijo que, respecto de los feminicidios, la mayor incidencia está en el departamento de La Paz, con ocho casos; le sigue, Cochabamba, con cinco; Santa Cruz, seis: Tarija, tres; Potosí, tres, Oruro, tres; Chuquisaca, uno y Beni, uno.

En enero hubo cinco feminicidios; en febrero, siete; marzo, cuatro; y abril, siete; y en lo que va de mayo, tres. Del total de casos, el 86,20% de los responsables están identificados y cumplen detención preventiva y sentencia.

De acuerdo a los casos atendidos en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, el último feminicidio ocurrió en San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.

En esa región, el 6 de mayo, Martha M. J., de 22 años de edad, murió por asfixia mecánica por estrangulamiento a lazo. El autor es su pareja, Luis Ediberto Orruri Canido, a quien la Justicia sentenció con 30 años de prisión.

INFANTICIDIOS

Dentro de los hechos de infanticidio, el departamento de La Paz concentra la mayoría de casos con 10, le sigue Santa Cruz con cuatro; Cochabamba, dos y Oruro, dos.

En enero fueron reportadas tres víctimas de infanticidio; en febrero, cuatro; marzo, seis; abril, dos y mayo, uno. Lo que hace un total de 18 casos.

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De estos casos, el 78,57% de los autores están también identificados; algunos con detención preventiva y otros con sentencia.

El hecho reciente de infanticidio se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 4 de mayo, en la zona de La Cuchilla. Una persona que se dedica a la recolección de botellas encontró el cuerpo sin vida de una recién nacida envuelta en una sábana de color blanco.

La menor de edad falleció a causa de asfixia por sofocación, hecho que se investiga contra autor o autores.

Sin permiso de construcción avanzan las obras de un edificio en Achumani, en la zona Sur de La Paz, según un informe del gobierno municipal.

La edificación está ubicada en la calle 32. La Alcaldía advirtió a las personas que están interesadas en comprar departamentos, que se ofrecen en preventa, que tengan cuidado, ya que carece del certificado de catastro y que se construye de forma ilegal.

“Los que están comprando los departamentos, están comprando algo que no existe para nuestros registros como gobierno municipal de La Paz”, dijo la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado.

Enfatizó que el edificio se encuentra en la jurisdicción de La Paz. Además, explicó que autoridades municipales de Palca intervinieron el edificio. Paralizaron las obras en una clara “usurpación de funciones”, puesto que esta construcción se encuentra en territorio del municipio de La Paz.

Está en el “área de expansión urbana, al borde de un área protegida que es Jonkhomarca. Entonces, ahí tenemos, desde el punto de vista territorial, muchas vulneraciones de parte de los que están construyendo. Otra vulneración que encontramos y nos parece también preocupante, es que autoridades de un municipio vecino, que no tienen jurisdicción sobre lo nuestro, hagan este tipo de intervenciones”, puntualizó Rocabado.

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La funcionaria aclaró que “no se pueden vulnerar las jurisdicciones” cuando se realizan este tipo de operativos. “No sabemos bajo qué criterio, por qué en nuestro territorio, a denuncia de quién, autoridades de Palca paralizaron las obras”, señaló Rocabado. La funcionaria desmintió que esta edificación tenga permisos de construcción de La Paz, tal como una subalcaldesa de ese municipio aseveró.

IRREGULARIDADES

Una vez conocido este caso, la Subalcaldía Sur notificó sobre estas irregularidades a los constructores del edificio en el marco de la Ley Municipal de Fiscalización 233.

“Ya hemos procedido. El 24 de abril se ha notificado, como es la función de la Subalcaldía Sur, en el marco de la Ley de Fiscalización se ha notificado”, dijo Rocabado.

Señaló que el 30 de abril se emitió la orden para la paralización de obra. En caso de hacer caso omiso a la advertencia, señaló que se acudirá a otras instancias y por último la demolición.

Pasado el mediodía del miércoles, un hombre atacó a golpes a su madre hasta causarle la muerte. El vecino de ambos, que intentaba defender a la mujer, también fue atacado y horas más tarde falleció en un hospital.

El hecho ocurrió en Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba. El informe de la Policía señala que el hombre de 25 años de edad reaccionó de forma violenta debido a la negativa de su madre de darle dinero.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de esa región informó a La Razón que el autor confeso del crimen, de nombre Erlan Achacollo, llegó a su casa y le pidió a su madre dinero para la compra de estupefacientes, ya que se verificó que es consumidor.

Ante la negativa de la mujer, el hijo reaccionó de forma violenta y con un tubo metálico de 70 centímetros la golpeó en la cabeza y el cuerpo hasta causarle la muerte.

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“El vecino, al oír los pedidos de auxilio de la mujer, salió de su casa e intentó defenderla. El enardecido agresor también golpeó al hombre hasta dejarlo malherido, a quien se le trasladó hasta un centro médico. Lamentablemente, los galenos no pudieron salvar su vida porque tenía lesiones graves, también en la cabeza”, informó el jefe policial.

La víctima, Teresa Achacollo, de 52 años de edad, se dedicaba a la agricultura. El autor de su muerte le ayudaba en la siembra y cosecha de frutas y verduras.

El hombre será imputado por los delitos de parricidio y homicidio.

Daño económico y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes son los dos delitos por los que se los acusará a 138 funcionarios y exfuncionarios del gobierno municipal de La Paz, quienes registraron de forma irregular predios municipales en el Padrón Municipal de Contribuyentes, sin derecho propietario.

“En un primer momento sería emisión de normas contrarias a la Constitución Política del Estado y después por daño económico. Ya sea a los particulares o también al Estado”, explicó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.

La Alcaldía de La Paz informó que en 10 años se registraron de forma ilegal 15.417 predios sin derecho propietario. Identificó a 138 funcionarios que incurrieron en la irregularidad. Ellos registraron los bienes a sola presentación del carnet de identidad del ocupante, la certificación de la junta de vecinos sobre la posesión y un plano a mano alzada, como estableció una resolución administrativa emitida en 2012.

Sin embargo, los ocupantes no presentaron el “derecho propietario”, documento que certifica la propiedad del inmueble, extendido por la oficina de Derechos Reales. El registro sirvió para que los ocupantes de los predios paguen el impuesto municipal de bienes inmuebles.

“Durante 10 años, es decir, de 2012 al 2021, muchas personas han registrado (predios) para efectos de pago de impuestos de inmuebles. Pero no tenían el derecho propietario”, informó la funcionaria.

AUDITORÍA

Actualmente, se realiza una auditoría interna que determinará las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y exfuncionarios ediles. Seis de los 138 funcionarios que realizaron los registros continúan en funciones en la Alcaldía. Una determinación del Ministerio de Trabajo instruyó su reincorporación.

“Ya termina la auditoría a fines de este mes y será el área legal que determine los tipos de responsabilidades que vamos a aplicar contra esos funcionarios y también contra los exfuncionarios”, remarcó Lastra.

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Ante esa irregularidad, la actual gestión del alcalde Iván Arias anuló la resolución y realizó una investigación, presentada públicamente el 8 de mayo de 2022. Estableció la actuación de un “triángulo perverso de corrupción”, conformado por el funcionario municipal, el ciudadano que pretende apropiarse de un predio indebidamente y la junta de vecinos, que otorgaron certificaciones a los ciudadanos que ocuparon terrenos ajenos.

Algunos funcionarios implicados en las irregularidades resultaron suspendidos.

Denunciados por un presunto delito relacionado con la falsificación de firmas, la notaria de Gobernación, Gina Talavera, y el gobernador electo detenido en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberán presentar sus declaraciones a la Fiscalía de Santa Cruz.

“Estamos investigando un presunto delito de incumplimiento de deberes y un presunto delito de falsedad material e ideológica dentro de una denuncia que ha interpuesto el Viceministerio de Transparencia en contra de la notaria de Gobierno y el señor Luis Fernando Camacho”, informó a los medios Yolanda Aguilera, fiscal a cargo del caso.

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Firmas

El hecho data del 1 de agosto de 2023. En ese entonces, Camacho, que fungía como gobernador desde Chonchocoro, La Paz, empastó una supuesta firma en un documento judicial para brindar poderes a algunos de sus secretarios en la Gobernación.

El poder no despertó polémica hasta abril de este año. Se observó que en el documento figuraba Santa Cruz como lugar de la firma. Pero Camacho no salió en ningún momento de la prisión de Chonchocoro.

Con el objetivo de esclarecer la situación, Efraín Suárez, vicepresidente de la agrupación Creemos, afirmó que fue él quien llevó el cuaderno a La Paz y se trataba de un “error de transcripción”. Sin embargo, la notaria Talavera no estuvo presente y aun así dio fe de la firma, en supuesta violación de la norma.

Tavalera inclusive nombró a dos testigos que estuvieron presentes en la firma, pero Suárez afirmó que solo él estuvo en presencia del gobernador electo. Entonces, no existe manera de verificar si la firma de Camacho es auténtica o si él instruyó que alguien más firme el documento en su nombre.

Poder

A raíz de los estudios grafológicos, las contradicciones entre los testimonios y otras irregularidades, se presentó la denuncia formal el jueves.

Se trata del poder 006/2023 que entregó autoridad a la directora de Asuntos Contenciosos del Servicio Jurídico Departamental y al director del Departamento Jurídico de Santa Cruz.

Carlos Correa, secretario de Justicia de la Gobernación, afirmó que se trata de un tema bastante “complejo”. En su criterio, este hecho podría desembocar en problemas institucionales en la Gobernación y en la nulidad de los actos realizados bajo ese poder.

“Hemos procedido a realizar la revisión, toma de fotografías y colecta de alguna documentación para efectos de la investigación (…); posteriormente se requerirá la realización de algunos estudios periciales si es necesario”, informó la fiscal, luego de que la Policía interviniera en la Gobernación.

Camacho

Camacho también es acusado de otros casos irregulares durante su gestión como gobernador, como el Decretazo o el Carro bombero. En febrero debía brindar su declaración por el caso Decretazo, por delegar funciones arbitrariamente y en contra del estatuto departamental. Sin embargo, su audiencia se suspendió debido a que no se permitió su traslado al penal de Palmasola, Santa Cruz.

“En todo proceso penal se tiene que citar a todas las partes denunciadas; entonces, obviamente, vamos a ver la forma de recibir declaración”, aclaró la fiscal Aguilera en relación al caso de Camacho.

Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro desde el 30 diciembre 2022, a raíz del caso Golpe de Estado I, por sus actos en 2019 que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.

En la gestión del gobernador en ejercicio Mario Aguilera se iniciaron investigaciones y auditorías que revelaron que la Gobernación de Santa Cruz se encuentra en un estado de deterioro bastante crítico.

Hasta el momento, se encontraron irregularidades como el incremento injustificado de personal, compras sin registro, servicios deficientes y desactualizados, obras inconclusas. Además, la Gobernación acumula una deuda económica que alcanza Bs 1 millón.