El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, informó este martes que existen al menos 60 cadáveres —entre positivos al COVID-19 y fallecidos por otras complicaciones— que aún están en depósitos de hospitales, porque en los camposantos no existe lugar y en el crematorio del Cementerio General persiste el colapso.

“Hay discriminación, estigma social, y muchos cementerios no aceptan personas que murieron con COVID-19”, dijo Mamani. Explicó que en los últimos días surgieron problemas en los cementerios, donde negaron un sitio para el entierro de fallecidos por coronavirus. Por otra parte, en el Cementerio General de la capital, el lunes se cumplió un paro de 24 horas que impidió la cremación.

Sedes pide cementerio COVID

Ante el conflicto, se modificó el protocolo para la disposición final de cadáveres COVID-19. Ya no es necesario enterrarlos en fosas, se puede proceder con el entierro en nichos, dijo Mamamni. “Se asignó un área para depósito final de cadáveres que no es suficiente, son 180 espacios. Estamos pidiendo al gobierno central la habilitación de un cementerio COVID, esperamos respuesta hasta este fin de semana”.

A este problema, se suma la demora en la entrega de resultados de pruebas para confirmar o descartar la infección con el virus en personas que fallecieron en Emergencia de algún hospital, en viviendas o vías públicas.

“Hay personas que están esperando el resultado para ver la disposición final de cadáveres, pero el protocolo de atención indica que debe hacerse la disposición de caso de sospechoso, como si fuera confirmado, en las 24 horas posteriores al deceso; es decir, debería ser colocado en bolsa impermeable y enterrado o cremado al día siguiente”, dijo.

Cementerio desconoce

En el Cementerio General del municipio de Cochabamba no conocen la nueva disposición y aguardan una instrucción por escrito para el entierro en nicho. En tanto, Andrés Palacios, subalcalde de la comuna Adela Zamudio, informó que se superó el conflicto registrado la pasada jornada, cuando los trabajadores declararon un paro de 24 horas exigiendo pruebas COVIDE-19, ante el deceso de uno de sus compañeros con síntomas de la mortal enfermedad.

“Inspeccionamos y determinamos que hubo un error técnico en el horno y por eso solo podíamos cremar dos, hoy se reanudan las cremaciones y se atendrán cuatro solicitudes por día. También se atienden entierros, dispusimos un jardín”, dijo.

Sobre las pruebas COVID, Mamani detalló que pasadas las seis horas del fallecimiento, “no se sugiere tomar muestras, porque la carga viral disminuye y, probablemente el resultado dará falso negativo”. Además, puntualizó que el Sedes se encarga de los fallecidos en hospitales pero no de aquellos que murieron en su casa. Esta es tuición del Instituto de Investigación Forense (IDIF). En el caso de las personas que murieron en vías será la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) la encargada del recojo.

Funerarias imposibilitadas

No todos los que murieron en hospitales y viviendas presentaron complicaciones por coronavirus, algunos tenían otras enfermedades que, al no ser atendidas en hospitales, provocaron el deceso, pero no fueron enterrados porque las funerarias no pueden operar debido a la cuarentena rígida.

Venancio Campos, vicepresidente de la Asociación de Funerarias, explicó que la cantidad de muertes sobrepasa su capacidad de atención, “Nuestras empresas no abastecen, estamos trabajando hasta las 03.00 (de la mañana) y no tenemos horno para cremar, no hay dónde enterrar y ponemos en riesgo a las familias que están cinco, seis, ocho días con el cuerpo en sus viviendas”, dijo.

A este conflicto se suman los controles, militares y policías no los dejan circular y tampoco pueden cargar gasolina para los vehículos fúnebres.

Las denuncias fueron confirmadas por algunas familias que claman ayuda para enterrar a sus seres queridos. Es el caso de María Rojas. Su padre falleció el sábado, en su vivienda, por un paro cardiorespiratorio pero no puede enterrarlo. Logró obtener el certificado forense, pero “la funeraria me dice que no puede pasar los controles, dónde lo voy a llevar, los vecinos me reclaman, pero qué puedo hacer”, contó.

El cuerpo está embolsado y en un cajón, al interior de un cuarto que mantienen cerrado, hasta lograr un sitio en el cementerio y la atención de alguna funeraria que usualmente se encarga de todos los trámites para el entierro.

Entre las historias también está la de Sergio Salazar, un ciudadano que denunció a través de redes sociales que su tío falleció el domingo y que hasta ahora no pueden enterrarlo porque el Sedes le dice que la FELCC debe realizar el levantamiento de cadáver para entregar el certificado forense y éstos le indican que debe llamar al Sedes.

El cadáver está en la casa, su tía está mal, con sospecha de COVID-19 y nadie le ayuda. “Por favor, que vengan, que nos ayuden, hagan su trabajo, solo eso les pido. Mis papás también están con sospecha y nadie nos viene a ayudar”, denunció.

Las cifras oficiales hasta ayer lunes 29 de junio detallan 184 fallecidos en el departamento de Cochabamba desde que se identificó la pandemia en Bolivia. En las últimas 24 horas se registraron 19 decesos.

(30/06/2020)

La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) suspendió el recojo de basura en Cochabamba este martes, luego que un grupo de vecinos cerró las vías de ingreso al relleno sanitario de K’ara K’ara. Los manifestantes denominados “autoconvocados” exigen la liberación de tres dirigentes acusados de terrorismo y rechazan la cuarentena rígida.

“Es imposible continuar con el recojo de basura, porque hemos sufrido el bloqueo del relleno sanitario y de las rutas alternativas que se usaban para ingresar, por lo tanto, suspendimos el servicio hoy”, informó el gerente de la firma Cristhian Cuellar.

Desde el 23 de junio, un grupo de vecinos instaló bloqueos en la avenida Petrolera, a la altura del kilómetro 5, exigiendo la liberación de Osvaldo G.A., Remy C.F. y Lucy E.V., aprehendidos, trasladados a la ciudad de La Paz y sometidos a audiencia cautelar. Los varones fueron imputados por atentado a la salud pública por los bloqueos de mayo pasado y la mujer por terrorismo.

Hasta esta hora, los denominados “auto convocados” cerraron el paso de la vía antigua, que conecta a Cochabamba con Santa Cruz y Sucre.

El lunes 29 de junio, ante la falta de atención a sus demandas, obligaron a dos dirigentes del sector a vestirse con polleras porque no apoyaron la medida ni convocaron a masificarla.

Durante estos siete días, los funcionarios de EMSA lograron llegar al relleno sanitario por vías alternas, pero el sábado, un conductor y un camión portacontenedor fueron retenidos.

El lunes, “nos lanzaron piedras cuando ingresábamos con un camión compactador y una volqueta. Ahora están aguardando el ingreso para retener a los camiones”, denunció Cuellar.

La suspensión del servicio deja en viviendas y vías al menos 550 toneladas de basura que genera este municipio a diario.

Ante la emergencia, Edgar Gainza, presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, pidió al Ejecutivo edil instaurar procesos contra los bloqueadores por el delito de “atentado a la salud pública”.

“Este es un tema reiterativo. Más allá de las connotaciones de un pedido, que puede ser legitimo o no, se está haciendo daño a la población con el cierre del ingreso a K’ara K’ara y es momento de ponerle un alto a esta situación”, argumentó.

Los bloqueadores, además de la liberación de sus dirigentes, rechazan a la cuarentena rígida que entró en vigor el lunes para evitar la expansión del COVID-19.

Este martes, advirtieron con no dejar ingresar más carros de EMSA al vertedero.

“Tenemos comisiones en distintos lados para no dejarles entrar y además, rechazamos a las brigadas de salud que harán rastrillajes, que vengan a tocar nuestras puertas y les vamos a echar con agua caliente”, declaró uno de los representantes, quien no se identificó para evitar que le sigan acciones penales.

Aseguró que prefieren “morir en las calle, con coronavirus”. “No estaremos encerrados en nuestras casas, queremos trabajar y vamos a seguir aquí, día y noche, aguantando, bloqueando”, recalcó.

(30/06/2020)

La Delegación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba condenó este martes la agresión de comerciantes contra de policías y guardias municipales que realizaban controles en Punata, municipio que retornó a la cuarentena rígida debido al incremento de casos de COVID-19.

Según un boletín de prensa institucional, el delegado defensorial Nelson Cox, instó a toda la dirigencia de mercados, centros de abastecimiento y asociaciones de comerciantes a que sus reclamos o peticiones sean respetuosos de los derechos, de la institucionalidad de los gobiernos municipales y, principalmente, del manejo regulatorio de la cuarentena rígida en los municipios a raíz de la pandemia.

“El manejo de la cuarentena rígida en muchos municipios de Bolivia reviste riesgos cuando no se difunden adecuadamente los criterios técnicos analizados, esto ocasiona que la población desconozca los alcances de estas regulaciones municipales para afrontar la pandemia”, matizó sin embargo, el representante.

La mañana de este martes, al menos 400 comerciantes atacaron a guardias municipales y policías que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida, implementada esta jornada. El Concejo dio luz verde a la medida el sábado y la norma fue promulgada al final de la tarde del lunes, por lo que no alcanzó a ser socializada.

Los feriantes apedrearon y golpearon a los funcionarios públicos, dejando como saldo tres policías heridos y daños en vehículos y propiedad municipal.

Cox informó que ya coordinó con la alcaldesa de Punata, Clary Mabel Montaño, las acciones destinadas a precautelar el edificio edil con el refuerzo de un contingente policial en la zona, a fin de lograr la pacificación.

Del mismo modo, le pidió generar mejores canales de comunicación con la dirigencia gremial, respecto a la norma habría originado el conflicto.

(30/06/2020)

Al menos 400 comerciantes que participan de la feria de Punata, en Cochabamba, arremetieron contra policías y funcionarios ediles que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida, declarada en la región ante el incremento de casos de COVID-19.

“Unas 400 personas se reunieron en desacato a esa ordenanza municipal y comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes contra el personal policial. Hubo tres heridos y rompieron vidrios de dos vehículos”, informó el coronel Franz Sellis, comandante Departamental de la Policía.

El incidente comenzó cerca de las 07.00 de este martes, cuando la fuerza pública y los guardias ediles trataban de impedir que los vendedores de asienten en vías públicas de la zona norte, donde se instala todos los martes la feria, que congrega a productores del valle alto.

Los vendedores se organizaron para evitar que los funcionarios ediles y policías decomisen sus productos.
Un grupo se instaló en la plaza principal de Punata y lanzó contra el edificio edil piedras, verduras y otros objetos; tras el asedio lograron ingresar y ocasionar destrozos en instalaciones de la Intendencia y el Salón Rojo de la Alcaldía.

Otro despejó las vías de ingreso a Punata, que fueron cerradas con promontorios de tierra, y, finalmente, un tercer grupo instaló los puestos en la zona ferial en medio de gritos y alejando a los contingentes ediles y policiales a punta de pedradas.

Según los manifestantes, nadie les informó que no podían comercializar sus productos debido a la cuarentena rígida que entró en vigor este martes 30 de junio.

La ordenanza fue aprobada el sábado por el Concejo Municipal de Punata y fue promulgada al final de la tarde del lunes, “porque tardaron en remitirla al Ejecutivo”, explicó la alcaldesa Clary Mabel Montaño.
No hubo tiempo de socializar las restricciones, admitió. También dijo que convocará a reuniones para explicar las nuevas disposiciones a todos los sectores.

Tras la arremetida, los feriantes lograron instalar sus puestos y desarrollar sus actividades con normalidad.

(30/06/2020)

Efectivos de la Base Naval Puerto Villarroel se enfrentaron con uniformados de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) cuando éstos últimos intentaron navegar en el río Ichilo sin la autorización de la Capitanía del puerto, a cargo de la Fuerza Naval.

“Umopar ha entrado a navegar sin autorización de la Capitanía, sin las medidas de bioseguridad que se deben tener en el pueblo, están infringiendo normas”, informó el capitán Alborta, Comandante de la Capitanía, a un medio de comunicación local del municipio de Puerto Villarroel.

Explicó que el contingente de Umopar, intentó ingresar al río Ichilo por la fuerza, “se les ha pedido que pasen por la Capitanía a registrar la embarcación porque estarían usurpando funciones que le corresponden a los Diablos Azules y se han puesto prepotentes”, dijo.

“Nosotros estamos haciendo un trabajo de interdicción y no nos dejan salir. Nosotros cumplimos labores de interdicción y estamos tratando de conversar, pero no nos permiten navegar”, argumentó por su parte el responsable de la unidad policial.

Un cerco de militares impidió el paso de las fuerzas de interdicción que llegaron al puerto en varios vehículos. Ante la negativa para la incursión en el río, hubo empujones, amagos de enfrentamiento y hasta golpes entre los uniformados de ambos bandos.

“¡No toque al marino!”, gritó el Comandante al ver que los efectivos de Umopar intentaron romper la barrera por la fuerza, mientras lo soldados de la Base Naval se cubrían con escudos.

Alborta, detalló que la Naval, está a cargo del control en la zona y cualquier embarcación que ingrese al afluente debe ser registrada. Además, existen restricciones de navegación y el ingreso a comunidades indígenas para prevenir posibles casos de coronavirus.

De acuerdo al informe, solo los Diablos Azules que apoyan tareas de interdicción, tienen autorizada la navegación y Umopar debió coordinar con esta unidad. También se observó el uso de una embarcación que no era de su propiedad por lo que se les pidió presentar los respectivos documentos.

(26/06/2020)