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Friday 19 Aug 2022 | Actualizado a 22:51 PM

La Policía levantó al menos 420 cuerpos en calles, vehículos y domicilios en cinco días

La FELCC informó que entre el 15 y 20 de julio la cantidad de cadáveres extrahospitalarios se incrementó de manera considerable. Cochabamba registra el mayor número de casos.

/ 21 de julio de 2020 / 15:08

En menos de una semana, entre el 15 y 20 de julio, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el levantamiento legal en calles, vehículos y viviendas de al menos 420 cadáveres en cinco departamentos del país.

El director nacional de esa unidad policial, coronel Iván Rojas, explicó que se teme por la salud de los efectivos que acuden a recoger los cuerpos, pues se sospecha que en al menos el 85% de los casos la causa de la muerte fue el COVID-19.

Cochabamba es la región que presenta más casos de levantamiento de cuerpos extrahospitalarios con 191, seguido La Paz, que registró 141.

«La mayor incidencia se puede decir que está en Miraflores (de La Paz), pero es porque tenemos los centros médicos allá y muchos de los levantamientos se realizan en la puerta de éstos», indicó el coronel, según citó radio Éxito.

En Santa Cruz se registraron 68 de estos casos, en Potosí 11 y en Chuquisaca 9.

Por otro lado, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó que entre el 1 de abril y 19 de julio realizó el reconocimiento médico legal extrahospitalario de 3.016 cuerpos, entre sospechosos de COVID-19 y confirmados, de los cuales 1.338 corresponden a Santa Cruz, 1.023 a Cochabamba, 230 a Potosí, 194 a Chuquisaca, 82 a La Paz, 73 a Tarija, 45 a Oruro, 27 a Beni y 4 a Pando.

Hasta la noche de este lunes, el Ministerio de Salud informó que la cifra oficial de decesos por coronavirus en el país es de 2.218.

(21/07/2020)

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La Asamblea de la Alteñidad confirma asistencia a la reunión con el INE

Luego de un encuentro, las instituciones determinaron asistir a la cita de este martes a las 15.00 y plantear sus interrogantes respecto a la boleta censal y la cartografía.

Foto: GAMEA

/ 16 de agosto de 2022 / 14:04

Tras una reunión, la Asamblea de la Alteñidad resolvió confirmar la asistencia de la representación del municipio a la reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para tratar el tema del Censo de Población y Vivienda, que está previsto para 2024.

“Nosotros creemos que para la ciudad de El Alto es vital llevar a cabo del censo por el tema de incremento de recursos económicos, pero también para saber el tema de radiografía que estamos en temas de vivienda, de servicios y otros que se requieren para una buena planificación”, afirmó la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, antes del encuentro que se realizó la mañana de este martes, en el Centro de Convenciones.

La autoridad anunció que al encuentro de este martes a las 15.00 asistirán tres representantes de la Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz (Ampedaz), similar número del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

“Lo justo es que estén nuestras organizaciones sociales. El Alto no se manda solo, siempre se ha caracterizado en tema orgánico con sus organizaciones”, indicó el secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares.

Entre las interrogantes que plantearán en el encuentro estarán dudas sobre la boleta censal y cartografía, sobre la cual la municipalidad informó que ya tiene un avance técnico al respecto.

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La Defensoría del Pueblo denuncia exclusión en la educación a las personas con discapacidad

La institución presentó este martes un informe de análisis de la situación en el sistema de educación boliviano.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Foto: APG

/ 16 de agosto de 2022 / 13:49

Una investigación de la Defensoría del Pueblo identificó una serie de debilidades en el sistema de educación boliviano, que genera exclusión y segregación de las personas con discapacidad, por lo cual convocó a la necesidad de aplicar cambios de la Ley Avelino Siñani, para generar mayor alcance en igualdad de esta población.

“Hay un problema estructural que radica en la propia Ley Avelino Siñani, pues hace una segregación entre las personas que tienen discapacidad y las personas que no la tienen. Además, se han puesto una suerte de trabas o requisitos para que una persona con discapacidad pueda ingresar al subsistema de educación regular, y se señala que ellos deben tener una educación especial. Esto en el mundo y la región es ilegal”, expresó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La institución identificó que una de las razones de la segregación es que el 65% de las 90.631 personas con discapacidad registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd), tiene cero nivel de instrucción o solo accedió a niveles primarios. “Según estos datos, 27.025 personas, que representan el 30%, no tienen ningún grado de instrucción educativa, y 31.507, que significa el 35%, cursaron únicamente el nivel primario. Además, del total, solo 13.310 o el 15% llegaron a secundaria”.

“La existencia de los dos subsistemas, el regular y el alternativo y especial, está contemplada en la Ley 070 de Educación Avelino Siñani, lo que refleja que el Estado no ha cumplido con su obligación de eliminar las desventajas estructurales que permiten la exclusión o la segregación. Esta separación, asimismo, conlleva el riesgo de que se legitime de manera indirecta la segregación de esta población”, detectó la Defensoría como otra de las debilidades, de acuerdo con una nota institucional.

El informe defensorial fue denominado La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional y, además, observó que no se cumple con la capacitación de los maestros ni supervisiones por parte de las direcciones de Educación para verificar un trato igualitario. El llamado es a acciones urgentes para subsanar estos problemas.

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San Roque con vacunación antirrábica, Salud distribuye tres millones de dosis para la campaña

El Gobierno informó que se realizó una inversión de Bs 6.300.000 para la campaña de inmunización contra la rabia que será el fin de semana, se desplegarán al menos 12.000 brigadas.

/ 16 de agosto de 2022 / 11:47

Este 20 y 21 de agosto, brigadas del personal de salud recorrerán el país para una gran campaña de vacunación antirrábica para las mascotas, para lo cual el Gobierno anunció la distribución de tres millones de dosis a los nueve departamentos. La campaña fue presentada este martes, en conmemoración de San Roque.

“Hoy, a nombre del presidente Luis Arce, realizamos el lanzamiento de la Campaña de Vacunación contra la Rabia Canina, para lo que hemos distribuido 3.030.837 dosis a todos los departamentos, con una inversión de 6.300.000 bolivianos en vacunas y 45.000 bolivianos en logística”, indicó el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El Ministerio de Salud informó en cuanto a la distribución que La Paz recibió 744.238 dosis; Oruro, 135.000; Potosí, 209.417; Chuquisaca, 169.013; Cochabamba, 650.863; Santa Cruz, 818.286; Beni, 88.330 y Pando, 31.789.

“En cada departamento, en cada municipio deberían estarse realizando similares lanzamientos de prevención de esta enfermedad tan terrible como es la rabia canina”, indicó Auza. La rabia puede ser transmitida por perros y gatos, además de animales silvestres como los murciélagos, a los humanos mediante la mordedura, por lo cual las mascotas deben ser inoculadas contra esta afección una vez al año.

Al margen de la campaña, también en los centros de salud hay disponibilidad de la vacuna, en caso de ser mordido por un perro o gato lo mejor es asistir a estos establecimientos para recibir la inoculación preventiva, ya que la rabia humana puede incluso causar la muerte.

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Arias se ofrece de mediador en el conflicto de Adepcoca

El alcalde de La Paz convocó al Gobierno y al sector en conflicto resuelvan el conflicto, que mantiene en vilo a las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen.

El alcalde Iván Arias en la reunión del Comité Interinstitucional que recibirá a los técnicos del INE el 17 de agosto.

/ 10 de agosto de 2022 / 13:23

En medio de una creciente tensión por el comercio de coca de los Yungas en La Paz, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se ofreció de mediador para un diálogo entre el sector en conflicto y el Gobierno, de manera que se resuelva pronto el problema que genera enfrentamientos en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen.

«No puede ser que estemos ciegos a esta situación que está poniendo en incertidumbre a la gente. No es mi competencia pero si alguna mediación necesitan, alguien que genere confianza y que sepan que piensa en el bien común, el alcalde de La Paz se ofrece para bajar esa tensión y mediar en oficinas de la Alcaldía», afirmó Arias.

Cocaleros afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) se movilizan desde la anterior semana en demanda del cierre del mercado de Villa El Carmen, donde se instaló otro grupo de cocaleros.

Los vecinos de esa zona y Villa Fátima expresaron su preocupación y alarma, pues de estas movilizaciones emergen detonaciones de dinamita por parte de cocaleros, y gases lacrimógenos así como bolas de pintura como respuesta de la Policía. Se pidió un diálogo urgente para frenar los enfrentamientos.

«Dejemos de convertir a Villa El Carmen en un campo de guerra. Ahí vive gente, ciudadanos de La Paz que necesitan vivir, trabajar, mandar a sus hijos a la escuela. Es cuestión que se sienten a la mesa de diálogo, yo me sumo a este pedido de diálogo en la zona», dijo.

También puede leer: La Policía se suma al pedido de diálogo y cese del conflicto del mercado paralelo de Adepcoca

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Rector de la UAGRM aclara que Camacho no define nuevas medidas de presión

La autoridad indicó que el Gobernador de Santa Cruz emitió un criterio personal cuando habló de un cabildo o nuevo paro. Afirmó que la Comisión Interinstitucional no toca temas políticos.

Un punto de bloqueo instalado en una de las calles de Santa Cruz.

Por Aylin Peñaranda

/ 10 de agosto de 2022 / 11:51

Tras el cumplimiento del paro de 48 horas en Santa Cruz en demanda del cambio de fecha del Censo de Población y Vivienda, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar, aclaró que el gobernador Luis Fernando Camacho no define de manera unilateral la realización de una nueva medida de presión o cabildo.

«El señor Gobernador ha dado una posición personal, no ha definido una medida, él no define las medidas a seguir, evaluaremos objetivamente el paro de 24 horas, de 48 horas, será la Comisión Interinstitucional que al final de cuentas defienda si es que se pueden tomar otras acciones, pero esas acciones están en función de la predisposición de diálogo que muestre el Gobierno», afirmó el rector en La Razón Radio.
Tras el paro, se habló de realizar un nuevo paro, marchas y un cabildo, donde se incluiría el problema con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, que se mostró en contra de las medidas de presión, sobre todo tras el incendio en el mercado Mutualista, y quien recibió un ataque en su domicilio durante el paro.

Cuéllar aclaró que si bien Camacho es parte de la Comisión Interinstitucional conformada en Santa Cruz para tratar lo concerniente al censo, él es el coordinador y portavoz. También defendió la posición técnica, no así política, de la universidad pública.

«Por lo menos desde mi posición como coordinador, como portavoz de la comisión, yo no mezclo el tema político del señor alcalde (Jhonny Fernández) sobre el tema del censo (…) Nosotros no nos inmiscuimos y no queremos hablar y tampoco se debe mezclar un problema de una autoridad con un tema de interés colectivo como es el censo», indicó.

La autoridad calificó como contundente las dos primeras jornadas de paro que se realizaron el lunes y martes. «No hubo necesidad de salir a bloquear, fue un paro ciudadano, espontáneo y cumplieron disciplinadamente», afirmó.

Cuéllar lamentó que el Gobierno no haya intentado aún un acercamiento para resolver el conflicto.

Afirmó que la región defiende que el censo se realice en 2023 y no así en 2024 como tiene programado el Instituto Nacional de Estadística (INE), luego de postergarse la fecha en un acuerdo con los ocho gobernadores, a excepción de Camacho.

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