Desde veterinarias hasta estéticas y farmacias, el Gobierno prepara un decreto supremo nacional para regular todos los establecimientos que prestan servicios y venden mascotas. El proyecto de norma está listo para las revisiones finales.

“La construcción de este proyecto fue por la empatía de nuestro Presidente para con los animales, quien nos instruyó coordinar con organizaciones protectoras de animales, profesionales y expertos sobre la materia para plantear una norma especifica que proteja los derechos de servicio que tienen en diferentes rubros”, explicó a La Razón el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

Decreto

La norma se prepara como un decreto supremo nacional que ya está finalizado en su redacción. Establece aspectos de regulación de los negocios que presten servicios para animales domésticos, para garantizar que estos se brinden con responsabilidad, cuidado, y garantía de seguridad.

“Contempla aspectos normativos que tienen como principal objetivo la implementación y ejercicio de los derechos que tienen nuestras mascotas, es decir perros y gatos, por parte de proveedores, tenedores o responsables de animales, ante la necesidad de hacer respetar derechos en  servicios médicos, alimentación, transporte y otros servicios que lamentablemente han sido vulnerados por malos proveedores que en algunos casos incluso terminaron con la vida de las mascotas, no existiendo una norma reglamentaria específica para exigir su cumplimiento y sanciones”, indicó.

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Protección

Para cuidar la salud de las mascotas, el proyecto contempla que en hospitales, clínicas, consultorios y farmacias veterinarias los proveedores están en obligación de brindar información clara, oportuna sobre tratamientos, contraindicaciones, diagnósticos y garantizar que los estudios se realicen en laboratorios debidamente autorizados.

Aparte de aquello, las veterinarias, según la propuesta normativa, tienen que contar con condiciones mínimas para su funcionamiento, como tener al menos un médico veterinario o médico veterinario zootecnista colegiado, personal capacitado para el manejo de animales según su especie, ambientes con condiciones óptimas de higiene y sanidad, vestimenta adecuada y guantes para quienes allí trabajen, archivo de historial médico, entre otros.

En el proyecto de decreto supremo, al que tuvo acceso La Razón, se establecen también condiciones para la venta de alimentos balanceados puros y medicados para estos animales. El artículo 5 detalla que “los proveedores de estos servicios deberán contar con autorizaciones y certificados emitidos y requeridos para el efecto, mínimamente el Certificado de Libre Venta-CLV, certificado zoosanitarios si fuera necesario, emitidos por SENASAG” (sic).

Dato

Además, para la venta de estos alimentos se establece la obligatoriedad de cumplir con parámetros de inocuidad en su manejo.

“Principalmente la propuesta normativa va orientada a aspectos relacionados con la prestación de servicios que brindan proveedores como son las veterinarias, consultorios, peluquerías, clínicas, transporte, albergues, hasta cremaciones. Servicios que actualmente prestan diferentes empresas privadas y públicas, pero que, en el ejercicio de los mismos, han provocado una serie de lesiones a los derechos de los animales, provocando la indignación de la población. Recordemos, por ejemplo, la muerte en clinicas de perros, el maltrato en peluquerias, alimentos que se venden sin ningún control sanitario, medicinas que no conocemos si están autorizadas para la venta, empresas de transporte terrestre y aéreo que incluso en algún caso los extraviaron”, remarcó Silva.

Asimismo, un espacio especial está contemplado en el decreto supremo para regular la venta de mascotas, un problema constante que lleva a que operativos identifiquen incluso a gatos y perros enfermos o comercializados en condiciones muy poco adecuadas, como dentro de yutes y otros.

Para esto, el proyecto de norma prohíbe la venta de animales domésticos en vía pública, domicilios particulares, mercados fijos y móviles. Las mascotas de menos de tres meses o enfermas no pueden ser comercializadas.

(31/07/2023)

Con el año escolar 2021 finalizado, el Ministerio de Educación comenzó la planificación de la próxima gestión, para la cual se ratificó que las inscripciones comenzarán el 17 de enero. Se espera una buena cobertura de la vacunación contra el COVID-19, para consolidar el retorno a aulas en clases presenciales o semipresenciales.

“Ayer (viernes) hemos ya consensuado con la Confederación de Maestros Urbanos, Confederación de Maestros Rurales, la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia, y la Confederación de Estudiantes de Secundaria de que el 17 de enero empezamos con las inscripciones para la gestión 2022”, afirmó el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma.

El objetivo de Educación es que en 2022 las clases pasen a ser en su mayoría presenciales, con ayuda de la vacunación contra el COVID-19 que ya fue abierta para los niños desde los cinco años, no obstante. Por ahora, no se tiene previsto convertir el carnet de inmunización en un requisito obligatorio para el acceso a las aulas, se apela a la conciencia.

“Siempre acudimos a la sensibilidad y principalmente a la parte ética, moral, queremos decirle a los padres de familia que acompañen a sus hijos a la vacunación (…) Nosotros no vamos a restringir ese derecho que tienen nuestros estudiantes y, por más que no estén vacunados, van a asistir, si así lo quieren, a las clases presenciales o semipresenciales. La educación es un derecho del pueblo boliviano (…) No es obligatoria la certificación de la vacuna”, explicó.

Indicó que se coordinará con los gobiernos municipales y centros de salud para que se acelere la inmunización de los menores de edad, en maestros se informó que la cobertura es de al menos el 85%. Se prevé el inicio de clases el 1 de febrero de 2022.

La cifra de nuevos casos de COVID-19 continúa en incremento en el departamento de La Paz y este lunes superaron los 80.000 contagios acumulados, sin embargo, las autoridades aún no logran un acuerdo sobre nuevas restricciones. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, abandonó la cita.

La reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de este lunes terminó con posiciones dividas pues por un lado el alcalde de La Paz, Iván Arias, planteó una cuarentena rígida en fin de semana y reducción de los horarios de circulación y por otro Copa se mostró en contra de esta propuesta y se marchó repentinamente del encuentro.

«Vamos a realizar otra evaluación de aquí a una o dos semanas, dependiendo del aumento de los casos y se va a determinar ahí si vamos a asumir más restricciones severas», explicó la directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Maritza Huarachi.

El Sedes reportó este lunes 382 nuevos contagios y un total de 81.119. Además, siete personas perdieron la vida por el coronavirus y la tasa de letalidad en el departamento se mantiene en 3%.

Se prevé que el pico de la tercera ola en la región llegue en dos semanas, con la suma de hasta 1.500 casos por día, de acuerdo con un análisis de las autoridades sanitarias del municipio de La Paz, por lo cual el alcalde Arias planteó, aún sin éxito, una cuarentena rígida.

En cambio, el COED decidió mantener la restricción de consumo de bebidas alcohólicas, pedir una planta generadora de oxígeno, gestionar con las empresas la provisión del insumo y una audiencia con el presidente, Luis Arce.

«Nos estamos manteniendo pero siempre y cuando pedirle a la población que reflexione», dijo Huarachi.

La resolución del COED no cuenta con la firma de la alcaldesa de El Alto, quien se marchó repentinamente en medio de la reunión. Ella fue desde el inicio abiertamente crítica con la posibilidad de una cuarentena pues la vio insostenible para la población de su municipio.

«La evaluación epidemiológica no tiene ninguna comparación con La Paz, tenemos menos carga viral, menos pacientes que han sido referidos a los hospitales con COVID-19 (…) Hemos manifestado mantener las restricciones que asumimos en la primera etapa», afirmó Copa al abandonar el COED.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, aseguró que el COED probó resoluciones y que Copa abandonó la reunión por problemas de salud.

Representantes del Colegio Médico de Bolivia y autoridades del Ministerio de Salud firmaron este lunes un acuerdo para modificar tres artículos cuestionados del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria. Representantes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz abandonaron el encuentro denunciando que no se respetó la redacción acordada.

El acuerdo incorpora ajustes a los artículos referidos a Medicamentos e insumos médicos, Prohibición de suspensión de servicios en salud y Contratación de personal de salud. “Acá se ha buscado que el único ganador sea el pueblo boliviano”, destacó el ministro de Salud, Jeyson Auza, en el acto de firma del acuerdo.

Se acordó la siguiente redacción en Prohibición de suspensión de servicios en salud: “Durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud”.

Se excluyó paros, huelgas, protestas, jornadas académicas y otros”.

Mientras que en lo relativo a la contratación de personal, la propuesta aceptada de los galenos fue que se abreviará plazos y simplificará requisitos y procedimientos para la contratación de personal profesional y técnico de salud.

Mantienen la contratación de profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, “siempre y cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país y en otro caso haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar servicios al Estado”.

En el acuerdo se establece la suspensión de toda medida de presión por parte de los galenos que de hecho suspendieron un paro que estaba previsto para este lunes en rechazo a los artículos 17, 19 y 28 del proyecto de ley aprobado en Diputados y que ahora se encuentra en el Senado, instancia en la que procede los ajustes pactados.

Los puntos del acuerdo fueron leídos en el acto, ante la exigencia de algunos dirigentes que no estaban conformes.

“Nosotros hemos hablado de otra redacción y no fuimos consultados para aprobar la redacción. A nosotros nos parece una franca vulneración a lo que nosotros hemos pedido como colegios departamentales, vamos a exigir que el Colegio Médico de Bolivia con su directiva dé las explicaciones del caso porque nosotros no vamos a traicionar ni al médico ni al personal de salud”, indicó el presidente del Colegio Médico Departamental de Cochabamba, Edgar Fernández.

Las representaciones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se opusieron. “Nos vemos traicionados porque tenemos puntos muy claros, nos quieren coartar la palabra, quitándonos el derecho al reclamo, a los paros, a las marchas. Nosotros no lo hacemos por satisfacción, lo hacemos por ustedes por su salud”, expresó la representante del Colegio Médico Departamental de Santa Cruz, Angelina Mendoza.

Luego de seis horas de debate, el diálogo entre los maestros urbanos y rurales, los padres de familia de colegios particulares y fiscales, y el Ministerio de Educación terminó de manera abrupta y sin ningún tipo de consenso o acuerdo.

La reunión en los ambientes del colegio Don Bosco de La Paz se desarrolló este miércoles en torno a una agenda de 13 puntos, pero las conversaciones no pasaron del primer tema: el análisis del Decreto Supremo 4260, que establece la aplicación de la educación virtual.

Los maestros fueron enfáticos en su posición de solicitar que esta norma se abrogue, aspecto que fue rechazado por completo por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, quien abandonó el encuentro visiblemente molesto.

«Yo sé que en el pasado a cada Ministro de Educación le doblaban el brazo, le imponían y él debía hacer lo que ellos querían; ahora están frente a otro ministerio y otro Gobierno. Lo que hemos dicho es que si aceptan el (decreto) 4260 podemos continuar trabajando y las dos confederaciones indican que es inconstitucional y hay que anularlo, que se decidan, si lo reconocen continuamos trabajando y si no esto se terminó», expresó Cárdenas.

Los profesores anunciaron que se mantendrán en su posición, pues consideran que el decreto no responde a la realidad actual para continuar con la enseñanza durante la emergencia sanitaria.

«No quiere que su Decreto Supremo se observe ni una sola coma, cuando tiene hartas ambigüedades y no da respuesta a la educación boliviana, la sigue poniendo en riesgo. Haciendo abuso de autoridad se ha levantado de la mesa de diálogo porque quiere que se desarrolle en todas las condiciones que él impone y eso no es diálogo, se llama verticalismo y abuso de poder», indicó el ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina.

Ante los resultados frustrados de esta tercera jornada de diálogo, los profesores anunciaron que continuarán con las huelgas y movilizaciones.

«Hemos peregrinado 120 días y nos tuvimos que movilizar para tener la atención de este señor, pero ésta fue de sordos. Qué nos queda a nosotros, a pesar de este maldito virus que está afuera poniendo en riesgo la vida de los demás y la nuestra, nosotros nos vamos a reunir y reorganizar para asumir medidas de presión, van a continuar las movilizaciones. Padres de familia, estudiantes de normales, maestros urbanos y rurales, estamos más unidos que nunca en defensa de una educación libre y gratuita y ahora vamos a exigir que pongan a una autoridad que entienda la democracia, la educación y que sepa escuchar y resolver los problemas», afirmó Molina.

Otros puntos incluidos en la agenda fueron: el desarrollo del calendario escolar de esta gestión, el equipamiento tecnológico, las estrategias de aplicación de la educación a distancia para regiones sin acceso a internet, el planteamiento para modernizar la educación mediante las nuevas tecnologías, la deserción académica y escolar, y la capacitación de los docentes, además de temas sindicales, pero estos aspectos no pudieron ser abordados

«Nosotros en las próximas horas vamos a tomar nuestra posición definitiva», indicó Cárdenas.

(16/07/2020)