El presidente Luis Arce recordó que entre 2006, año en que comenzó a gobernar Evo Morales, y 2017, las alcaldías del país recibieron Bs 117.029 millones, un incremento del 660% respecto de lo que llamó el periodo neoliberal.

“Entre los años 1994-2005, las alcaldías del país recibieron Bs 15.402 millones, mientras que a partir de la nacionalización y de otras medidas tomadas en nuestro primer gobierno, recibieron entre 2006-2017 Bs 117.029 millones, un incremento del 660% respecto al periodo neoliberal”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El mandatario participó ayer del Congreso de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), en el que dijo que la situación del país, respecto del año pasado, es diferente. “Hemos reactivado la inversión pública y nuestro gobierno está realizando programas de ayuda a las alcaldías para sus obras urgentes”, afirmó.

En ese marco, de trabajo con los gobiernos municipales, Arce también se refirió a la actual crisis sanitaria derivada de la irrupción de la pandemia del COVID-19 en el país y el mundo.

Dijo que el país necesita apurar la vacunación para aminorar los efectos de la enfermedad en país. La noche del domingo fueron reportados 693 nuevos casos de contagio en el país y 15 fallecidos, Desde marzo de 2020, cuando aparecieron los dos primeros casos, en Santa Cruz y Oruro, el país reporta 473.506 enfermos y 17.821 fallecidos.

La vacunación con las primeras dosis alcanzó 2,8 millones de personas y con las segundas dosis, 1,6 millones.

Prendas de vestir, electrodomésticos y sobre todo alimentos y bebidas del Brasil ingresan sin restricción o control sanitario a Guayaramerín. El contrabando se apoderó de esa región del país donde el comercio es la principal fuente de ingresos de la población.

Esta situación crítica fue confirmada por La Razón en esa región ubicada al norte de Beni, en la frontera con Brasil, a orillas del río Mamoré, afluente que es utilizado para transportar la mercadería brasileña a territorio boliviano a través de botes y otras embarcaciones.

Los comerciantes bolivianos desde tempranas horas de la mañana cruzan el río y desembarcan en los puertos del estado brasileño de Rondonia. En esa región toman contacto con diferentes comerciantes mayoristas que administran inmensos galpones en los cuales almacenan los productos.

CONTRABANDO

De acuerdo con la demanda del mercado nacional, compran prendas de vestir, electrodomésticos, herramientas, bebidas con y sin alcohol, pero sobre todo alimentos como arroz, azúcar, manteca, aceite, así como carne de res y de pollo.

Para cerrar cada negocio de compra y venta —entre los comerciantes bolivianos y los mayoristas brasileños— rige la ley de la oferta y demanda, y cualquier descuento en el precio está condicionado a la cantidad del producto a ser comercializado.

Cerrada la compra, la mercadería es trasladada en camiones hasta las orillas del puerto en el lado brasileño. En muchos casos son transportados manualmente hasta las canoas contratadas, sin embargo el ingenio de algunos estibadores hizo que construyan “canaletas” por donde deslizan fácilmente los paquetes de forma directa a las embarcaciones, debido a la altura y distancia donde se estacionan los citados camiones.

Las toneladas de productos son embarcadas en canoas, las cuales cruzan el río Mamoré de retorno a Guayaramerín, hasta la terminal portuaria Wálter Justiniano, conocida también por pobladores como “Puerto Balsas”, donde esperan decenas de personas, sobre todo jóvenes, que se dedican a descargar la mercadería, que por la labor cobran entre Bs 0,30 y Bs 0,50 por paquete.

En territorio boliviano los productos son trasladados a Riberalta, Santa Ana del Yacuma, Rurrenabaque, San Joaquín y Trinidad. No obstante, un gran porcentaje se queda en Guayaramerín.

Al respecto, la presidenta del Concejo Municipal de Guayaramerín, Ilonka Saucedo, comentó a este medio que en esa región no existen empresas y menos industrias que ofrezcan fuentes laborales, por esa situación la población se dedica a la internación de mercadería a territorio nacional y al comercio de productos de contrabando.

“Si se dan una vuelta por Guayaramerín se van a dar cuenta de que no hay industrias, no hay empresas, y las que hay se asientan en Riberalta, que está a una hora de nuestro pueblo (…) tenemos la luz más cara del país, entonces no hay posibilidades para la gente que quiere venir a invertir en esta región, por ello lo único que hay en Guayaramerín es comercio”, dijo la autoridad municipal.

DESEMPLEO

De igual manera, el dirigente de los estibadores de esa región fronteriza, Daveyba Becerra, justificó las actividades del sector ante la falta de fuentes laborales. “Si no es este trabajo de cargar y descargar, no hay más, aquí nos reprimen, pero no nos dan opciones laborales, aquí no hay empresas, solo hay un aserradero”.

Según el dirigente, más de 500 jóvenes se dedican a estibar los productos que llegan en las canoas del lado brasileño, siendo al finalizar la tarde cuando se registra el mayor movimiento comercial.

Una joven que hace el trabajo de control de las embarcaciones relató a este medio que permanentemente llegan los botes, también llamados “chalanas” con pasajeros y diferentes artículos al lado boliviano. “Son 34 chalanas que trabajan en esta zona y más allá están los Tequepeque que traen exclusivamente productos de contrabando”, dijo.

El transporte a Brasil en una chalana tiene un costo de entre Bs 12 y Bs 15 por persona.

En esa línea, la dirigente de la asociación de dueños de botes y canoas de Guayaramerín, Mayerlin Pereira, señaló que debido a la cantidad de personas que se dedican a ese rubro, existen días en los cuales no tienen nada que transportar, por lo que vuelven a sus casas sin recursos.

“Para hacer un viaje tengo que llevar por lo menos 50 cajas de galletas o paquetes de fideo para ganarme Bs 50, este barranco tiene varios metros hasta el río, tenemos que correr, cargar y sacar la carguita”, relató.

Debido al movimiento de mercadería, población involucrada y falta de condiciones para evitar el contrabando de productos, se observó que la Policía, Fuerza Naval y Guardia Municipal fueron rebasadas por esta actividad ilícita.

Las citadas instituciones y sus efectivos se limitan a observar cómo ingresa a territorio nacional la mercadería ilegal procedente del Brasil, sin efectuar ninguna tarea de control.

A esta situación se suman comerciantes que se oponen a los controles y en muchos casos se enfrentan a las autoridades de la región, conoció LA RAZÓN en su visita a Guayaramerín.

De acuerdo con datos del censo de 2012, Guayaramerín contaba con 42.000 habitantes, esa cifra creció considerablemente en los últimos años y a la fecha se estima que su población supera las 100.000 personas.

Un 90% de los vehículos de transporte son ‘chutos’

En el recorrido efectuado por La Razón se observó que la mayoría de los vehículos que prestan servicios de transporte libre en Guayaramerín no cuentan con las placas correspondientes. Los propietarios exigen una nueva nacionalización que regularice la situación de los “chutos”.

El principal dirigente de una asociación de mototaxistas, Alberto Zeballos, al admitir que el 90% del parque automotor de la región es indocumentado, sugirió al Gobierno aplicar una nueva nacionalización de vehículos.

“La nacionalización sería la salida más saludable, pero queremos ser serios en el problema de que si van a nacionalizar que sea para los carros de los sindicalizados, para el sector que lo está pidiendo”, declaró.

Asimismo, reconoció que existe un “trato” con las estaciones de servicio para la venta de combustible a los vehículos que no cuentan con el B-Sisa.

La carne de pollo de Brasil ingresa sin control sanitario

Entre los productos brasileños que ingresan al país sin control, menos sanitario, se encuentra la carne de pollo, que es transportada desde el vecino país sin cumplir un requisito fundamental, la cadena de frío.

El pollo brasileño ingresa a territorio boliviano en horas de la noche, cuando la temperatura baja, y es distribuido a primera hora de las mañanas sobre todo entre negocios de comida rápida de Guayaramerín.

Según la presidenta del Comité Cívico de Riberalta, Cinthia Miranda, “no es rentable traer pollos de granjas nacionales por el precio del transporte; (sin embargo), sale mucho mejor consumir del lado brasileño, que es de contrabando”. Al respecto, los avicultores nacionales expresaron su preocupación porque al margen de afectar a la producción nacional, los pollos de contrabando pueden afectar la salud de la población por el riesgo de descomposición del producto al no contar con cadena de frío.

El gobierno municipal de Santa Cruz anuló la segunda convocatoria de adquisición de una planta procesadora de oxígeno, en puertas de los preparativos para enfrentar una posible cuarta ola de la pandemia.

«La segunda convocatoria de adquisición de la planta procesadora de oxígeno ha sido anulada ante el incumplimiento de requisitos que exige la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) para este tipo de contrataciones», reseña un comunicado institucional.

Esa anulación surge después de que concejales de Comunidad Autonómica (C-A) denunciaron que la Alcaldía había contratado a la empresa Oxígeno y Gases Industriales Gasox S.R.L., pero se observó que la oferta económica de dicha empresa es superior a la que presentaron otras, toda vez que asciende a Bs 5.480.000.

Tras esa denuncia, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, dijo que el proceso de licitación no estaba concluido.

Los gobiernos municipales de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Sucre se unirán para solicitar a la Asamblea Legislativa un cambio en la norma sobre el desayuno escolar, de manera que puedan monetizar los recursos y entregarlos a los estudiantes de otra manera, dado que la mayoría de los centros urbanos aún pasa solo clases a distancia debido a la pandemia del COVID-19.

«La íbamos a presentar (la propuesta) este lunes que ha pasado, pero debido a que nos han llamado de Santa Cruz, Tarija, Sucre y Potosí, (la) hemos postergado para la próxima semana, porque vamos a presentarla como parte (conjunta), ya no solamente del municipio de La Paz sino de varios municipios», informó el alcalde de La Paz, Iván Arias, según una nota institucional.

Éste es el segundo año en que el desayuno escolar no puede ser entregado de manera directa como alimento complementario a los estudiantes, debido a la suspensión de actividades presenciales.

El año pasado, la administración de Luis Revilla decidió destinar los recursos a la entrega de canastas de alimentos, algo que Arias pretende cambiar por entregas en efectivo o por recojo de productos por billetera móvil mediante los supermercados.

«Lo que hemos acordado con los padres de familia es que se va a hacer una billetera del desayuno escolar, según lo que permite la ley. El año pasado hubo la experiencia de la canasta familiar y los padres de familia rechazan, porque se han presentado productos que se vencen y la experiencia no ha sido la mejor».

Sin embargo, no se negó a la posibilidad y anunció que continuará el diálogo con las juntas escolares. Se estima que el beneficio para cada estudiante será de unos Bs 260.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció este viernes que la municipalidad declarará alerta sanitaria por la sospecha de la circulación de la variante Delta del COVID-19.

«Nos declaramos en alerta sanitaria municipal y vamos a empezar a trabajar para evitar que esta nueva cepa tenga consecuencias más difíciles para nuestros ciudadanos», informó el alcalde.

Puntualizó que la alerta consistirá en un trabajo intenso de rastrillaje en los barrios donde se encontró casos sospechosos; este viernes se definirá el cronograma para desarrollar el diagnóstico y tratamiento temprano.

«Tenemos los informes, seis distritos están en este momento con ciudadanos que están con síntomas de esta nueva cepa que es la Delta; vamos a hacer un trabajo de rastrillaje».

En el país aún no se reportaron oficialmente casos de contagio con la citada mutación, la cual fue identificada por primera vez en India. En Santa Cruz se aguardan los resultados de exámenes laboratoriales para estar seguros del diagnóstico.

«El diagnóstico lo vamos a hacer nosotros y serán los laboratorios, a través del Sedes (Servicio Departamental de Salud), los que van a trabajar en este tema. Nosotros vamos a hacer el diagnóstico, el rastrillaje por barrio, la desinfección permanente y también estamos con medicamentos de ser necesario».

El Sedes Santa Cruz anticipó que se coordinará con el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) para que se realicen los estudios necesarios.