El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, cuestionó la normativa laboral, debido a que —en su criterio— genera muchas contradicciones y provoca “un total desbarajuste”; sin embargo, garantizó la estabilidad laboral para los trabajadores municipales.

El lunes, un gran número de trabajadores de los ocho sindicatos de la Alcaldía de La Paz ingresó en un paro movilizado en rechazo de despidos injustificados y acoso laboral por parte de autoridades municipales.

Incluso, el alcalde Iván Arias envió una carta al presidente Luis Arce en la que observa “errores normativos” en los procedimientos del Ministerio de Trabajo para la creación de más sindicatos de funcionarios.

En entrevista con La Razón Radio, Barrientos consideró que el Gobierno debe reformar la normativa y establecer un reglamento claro y preciso. “Es un tema que se tiene que resolver de fondo”.

No obstante, garantizó la estabilidad laboral para todos los funcionarios de la Alcaldía que se encuentran en las calles.

Informó que el diálogo con la Central Obrera Departamental (COD), la Defensoría del Pueblo y miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales avanzó en dos de los 10 puntos en mesa y prevé que este miércoles se pueda concluir con el proceso.

“Hemos abordado ya dos puntos, hoy avanzaremos los 10 puntos de manera compartida”, añadió.

Garantizó que el Ejecutivo edil está tomando medidas para solucionar la crisis y no solo garantizar la estabilidad laboral, sino también la estabilidad financiera e institucional; debido a que —según dijo— es un “municipio solvente”.

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El asambleísta departamental de Santa Cruz Dilfe Rentería, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció un caso de presunta corrupción, relativa a pagos irregulares y venta de ítems a funcionarios en la Gobernación de Santa Cruz.

En entrevista con La Razón Radio, apuntó a su colega Shirley Hurtado, asambleísta de Creemos, por cobrar montos irregulares a funcionarios, a cambio de mantener sus puestos de trabajo.

Explicó que el caso consiste en la contratación de personal a cambio de un determinado pago mensual de dinero.

Develó que, presuntamente, su colega cobró a una de sus víctimas Bs 3.000 los dos primeros meses y luego pidió Bs 700. La mujer denunció que la autoridad le cobró en total más de Bs 10.000 a través pagos bajo código QR y trasferencias bancarias.

Ella trabajaba en la Dirección de Industrias y Comercio en el Parque Industrial (PADI) durante ocho meses en 2023. Fue retirada en enero y, posteriormente, presentó una denuncia ante la Gobernación el 5 de febrero, pero hasta la fecha no recibió respuesta.

Por ello, Rentería anunció que su bancada solicitará un informe a la Gobernación sobre el presunto caso de corrupción para que la investigación pase al Ministerio Público y la Policía. Instó a otras víctimas de Hurtado a presentas denuncias. “Quienes han sido víctimas, apersónense para presentar la denuncia”.

A su vez, denunció que, durante la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, ahora recluido en Chonchocoro (La Paz), se hallaron a más de 1.000 funcionarios trabajando en la Gobernación.

Contó que, en 2022, había 400 funcionarios en la institución cruceña; en 2023, 600, y en 2024, 1000. “La secretaria tenía su secretaria”, dijo.

Corroboró la denuncia del secretario de Hacienda, Miguel Sorich, quien indicó que la crisis financiera se debe a sobrecontratación injustificada de personal, falta de planificación y reducción de ingresos.

Sin embargo, destacó que el gobernador en ejercicio Mario Aguilera cortó los contratos y dijo que “muchos de ellos probablemente estaban siendo víctimas del caso”. Recordó a los trabajadores de las instituciones cruceñas que no deben pagar por sus ítems.

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La carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz fue escenario de un trágico accidente la madrugada de este martes. Después que se diera por concluido el trabajo de búsqueda en la zona, subieron a siete las víctimas fatales del embarrancamiento del bus que se dirigía al departamento cruceño desde Potosí, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Érick Holguín.

El bus de la empresa Villa Imperial viajaba de Potosí a Santa Cruz y se embarrancó aproximadamente 20 metros; a cinco kilómetros de Mataral en la comunidad de Quiñe, en los valles cruceños.

Aunque el jefe policial explicó a los medios que recién evaluarán las causas del accidente, consideró que “las inclemencias del tiempo” fueron un factor para el siniestro.

“Estamos en época de lluvias, (…) los caminos se ponen muchas veces con alguna deficiencia”, indicó Holguín.

ACCIDENTE

Tras conocerse el hecho, se reportaron cinco decesos producto de este accidente. No obstante, al concluir las labores en la zona, esta trágica cifra subió a siete.

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En total, fueron 10 arduas horas de trabajos de rescate, que concluyeron a las 15.00. Pobladores de la zona, funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz y personal de la Policía se sumaron a las labores de búsqueda de heridos y fallecidos.

Los cuerpos de las siete personas que perdieron la vida fueron trasladados a las morgues de Mairana y de Valle Grande. Solo se reconocieron, hasta el momento, a dos de los cadáveres, los pertenecientes a Fernando Mamani y Simona Coro, una madre de siete hijos, reportó Unitel. Mientras que de los más de 30 pasajeros heridos, 28 fueron derivados a una clínica del municipio de La Guardia.

La empresa de transporte brindó la lista oficial de las 39 personas que iban a bordo, además del chofer y su ayudante. Sin embargo, medios locales informaron que en el bus viajaban más pasajeros de los registrados en la nómina, pudiendo llegar a más de 40.

Luego de más de ocho años, dos asesinatos ocurridos en El Alto se resolvieron. La autora de ambos resultó ser Elvira Aruquipa, de 53 años, quien terminó confesando haber matado a su hijo en 2016 y a su pareja en 2012, para luego enterrarlos en el patio de su casa.

La sindicada decidió someterse a un juicio abreviado, luego que el lunes la Policía acudió a su vivienda y sacó los restos óseos. La Justicia determinó la pena máxima contra la mujer.

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La Fiscalía informó, mediante una nota institucional, que el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal determinó “la condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores”, en La Paz.

PENA MÁXIMA

El primer asesinato que cometió Aruquipa fue en 2012. Ese año terminó con la vida de su concubino. “Había estrangulado al mismo, para luego quemarlo y enterrarlo en su propio domicilio, que está ubicado en la urbanización San Antonio, calle Santa Cruz de la ciudad de El Alto”, expresó el coordinador de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Edwin Sarmiento.

Cuatro años después, en 2016, la mujer cometió su segundo crimen. Esta vez la víctima fue su hijo de 15 años, Iván. “De igual forma quita la vida a su hijo menor Iván, cuando éste tenía 15 años, debido a un comportamiento que él asumía, porque, según la testigo, estaba consumiendo drogas, clefa también, lo que ha provocado la molestia de la madre y por este hecho también decide quitarle la vida”.

El hecho parecía haber quedado impune, hasta el lunes, cuando la Policía llegó hasta la casa de la sindicada y, tras buscar en el patio, dio con los restos humanos. Esto llevó a la aprehensión y ahora condena máxima de prisión para Elvira Aruquipa.

Acusado de violar a un conscripto, un instructor militar quedó aprehendido en la ciudad de Oruro, donde habría sucedido este hecho. El sindicado de 38 años deberá enfrentar a la Justicia y aguarda su audiencia de medidas cautelares por este hecho que data de febrero.

“Dentro de este caso se realizaron los primeros actos investigativos, como el registro del lugar del hecho, el certificado médico forense que señala la existencia de la agresión sexual, declaraciones testificales como de la víctima, entre otros que se pondrán a disposición de la autoridad jurisdiccional”, informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

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De acuerdo con información del Ministerio Público, el hecho se registró el 11 de febrero en un cuartel de la ciudad de Oruro. Ese día, aproximadamente a las 16.00, el sindicado, de grado suboficial e identificado como Ariel D.C.C., habría llegado al recinto militar en estado de ebriedad.

En eso, el acusado “llamó a su oficina de ‘furrelato’ al soldado y mediante amenazas procedió a cometer la violación, además en otras ocasiones realizó toques impúdicos a la víctima”, detalló la Fiscalía, mediante una nota institucional.

Aunque sucedió en febrero, la supuesta víctima mantuvo el hecho en silencio, hasta que el 12 de abril decidió presentar la denuncia. El caso se abrió y se investiga por el delito de violación contra el conscripto.