Trabajadores municipales y representantes de la Alcaldía de La Paz se reunieron una vez más este miércoles, en busca de una solución al pliego petitorio que moviliza al sector. Luego de horas de diálogo, se determinó dejar en cuarto intermedio el proceso, aunque todavía no se vislumbra un cese de las medidas de presiones.

“Consideramos que este es un gran avance, lo hemos hecho en el marco de La Paz en paz; concertando, dialogando y, además, debatiendo, como tiene que ser. Se ha quedado en un cuarto intermedio; mañana (jueves) a las 10 de la mañana retomamos el trabajo”, explicó el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos.

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La municipalidad informó que temas como “el respeto al fuero sindical, cese de procesos penales a dirigentes y afiliados, estabilidad laboral, atención del pliego petitorio sectorial, intromisión sindical, alejamiento de los directores que ocasionaron el conflicto, dejar sin efecto el descuento por los dos días de bloqueos, contrato de La Paz Limpia, dimisión del acoso y hostigamiento laboral y cumplimiento de los derechos laborales adquiridos”, son parte de las demandas abordadas.

Barrientos indicó que hay un punto que queda por resolver. “Garantizamos la estabilidad laboral, el fuero sindical, todas las conquistas laborales (…). Consideramos que si nueve puntos hemos avanzado, por qué no uno más, estamos en aquello y a la espera de que mañana reinstalemos el diálogo y con esto podamos dar solución”.

Trabajadores municipales se movilizaron esta semana con bloqueos, marchas e incluso crucifixiones, en demanda de atención de la Alcaldía. De momento no se conoce que el sector esté dispuesto a pausar estas medidas de presión.

Los operativos de la Alcaldía de La Paz por mora tributaria derivaron este miércoles en el embargo de cinco inmuebles. De acuerdo con la comuna, las deudas por estas propiedades datan de 10 años y conllevan una acumulación millonaria en deudas de impuestos.

“Este inmueble no podrá ser sujeto a enajenación, venta, fraccionamiento, división, partición, tampoco estaría habilitado para presentar como garantía ante cualquier actividad comercial o financiera en el sistema boliviano”, indicó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.

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En la primera semana de este mes, la Alcaldía ya informaba del embargo de cuatro inmuebles también por mora tributaria. Este miércoles se realizó un nuevo operativo que derivó en esta determinación en otras cinco propiedades.

IMPUESTOS

“La deuda de los cinco inmuebles suma un total de 1.476.574 bolivianos y la mora tributaria data de hace más de 10 años. Además, todos figuran en el área de registros de Derechos Reales ‘con la calidad de embargo’”, indicó la municipalidad, mediante su agencia de noticias.

Las propiedades ahora embargadas se encuentran ubicadas en las zonas de Calacoto, Cota Cota, Sopocachi y el centro paceño. En caso de que los dueños no cumplan con sus obligaciones tributarias, estas viviendas pueden ser rematadas.

“Pueden efectuar el pago ya sea al contado o a través de una facilidad de pago, con una cuota inicial del 10% del total de la deuda y cuotas mensuales hasta en 30 meses. También pueden ofrecer como dación (entrega) en pago el inmueble que tiene la deuda tributaria”, dijo Lastra.

De acuerdo con la ATM, en La Paz hay 140 inmuebles con mandamiento de embargo.

Aunque las lluvias han bajado su intensidad, los trabajos no paran en La Paz. El Viceministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas intervienen en la estabilización de una de las zonas afectadas: el Barrio Minero; para donde llevaron gaviones y más material.

“Los trabajos de emergencia en esa zona cuentan con la participación de personal militar, dos instructores, 50 soldados del GADA 91 de la FAB (Fuerza Aérea Boliviana); además de efectivos del Batallón de Comunicaciones Vidaurre; así como dos excavadoras, una topadora y 250 gaviones”, informó el Ministerio de Defensa, mediante una nota institucional.

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Las tareas se concentran en la estabilización del río Orkojahuira; el cual atravesó por un incremento de su caudal durante la etapa dura de la temporada de lluvias vivida en marzo, principalmente. Con este fin, el Gobierno entregó 500 gaviones y se empezó el trabajo con apoyo de las Fuerzas Armadas, personal del Ministerio de Defensa y maquinaria.

“Es la nueva etapa de estabilización de barrios y zonas del municipio paceño que inicia Defensa Civil en favor de los vecinos que atravesaron desbordes e inundaciones en fechas anteriores”, se detalló.

La Alcaldía de La Paz declaró en marzo la emergencia municipal, debido a las intensas lluvias que golpearon a la región. En este mes se registraron pérdidas de infraestructura pública; daños en viviendas e incluso decesos a consecuencia de crecidas de ríos y otros desastres derivados de las precipitaciones.

El Gobierno intervino en apoyo del municipio tras esta declaratoria, en un plan que sigue en ejecución. Defensa informó que, además del Barrio Minero, se ejecutaron labores en otras zonas como Gramadal, Amor de Dios y Caliri Callapa.

Una joven madre de 28 años de edad, llamada Odalys Vaquiata, es desde hace poco más de dos semanas noticia en redes sociales y en medios de comunicación. Una misteriosa desaparición, una extraña decisión y un megaoperativo envuelven este confuso caso.

Cronologías sobre el hecho, reconstrucciones de sus últimas horas antes de desaparecer y cientos de hipótesis y datos sobre ella y su pareja, Joel Pérez, aparecen casi a diario. El caso comienza a inquietar a las autoridades que no cesan en su búsqueda.

Aquel 30 de marzo, cuando el país celebraba la Semana Santa, Odalys se fue de viaje junto a su pareja, Joel. Aquél día, la pareja, luego de consumir bebidas alcohólicas, había tenido una discusión, según las declaraciones del hombre de 25 años, quien afirmó que su enamorada se bajó del vehículo que le pertenecía a ella y desde ese momento perdió el rastro.

La Policía aprehendió a Pérez y la Justicia dictó, de forma extraña, su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social “Qalauma”, en el municipio de Viacha, en La Paz.

Sin embargo, Qalauma es un recinto adonde son llevados los menores de edad involucrados en diversos delitos. La familia de la desaparecida considera la decisión de enviarlo a ese recinto carcelario de “injusta”.

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CASO ODALYS

Este hecho también llama la atención de Régimen Penitenciario. En una entrevista en La Razón Radio, el director de esta instancia, Juan Carlos Limpias, admitió que “la situación fue extraña”.

Afirmó que, muchas veces, Régimen Penitenciario tiene que corregir los destinos de los reclusos. “Recordarán el caso de Richard Choque (violador y asesino serial), hemos hecho una resolución que la ley no faculta para trasladarlo al penal de Chonchocoro, porque los reos de San Pedro no lo querían”, explicó.

Hace unos días, una periodista ingresó al recinto de Qalauma. Con cámaras y una grabadora recogió el testimonio de Joel Pérez. Respecto de este hecho, Limpias dijo que le extraña que haya habido una omisión de requisa del personal de seguridad al no revisar a la periodista.

Por ese hecho, Régimen Penitenciario sancionó a Pérez con una “falta grave” en el centro penitenciario. “No es que están prohibidas (las entrevistas), el tema es que la ley establece una solitud de autorización y, sobre todo, al hablar ciertos temas más concernientes al centro penitenciario”, aclaró Limpias.

OPERATIVO

En tanto, un megaoperativo para dar con el paradero de Odalys no cesa en los Yungas de La Paz. Personal de la Policía, Fuerzas Armadas y Bomberos, ayudados por drones y otros elementos, intensifican el rastrillaje.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en conferencia de prensa, informó sobre el caso y mostró un mapa para explicar el recorrido del rastrillaje que realizó el personal de las Fuerzas Armas junto a efectivos de rescate para dar con el paradero de la mujer. Señaló que se identificaron varias casas en dicho lugar, a las cuales se va a ingresar para hacer un rastrillaje. Aseveró que la búsqueda no cesará.

La Razón intentó sin suerte una entrevista con Calvimontes y con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, para consultar sobre el costo económico que implica la búsqueda.

Familias de otros desaparecidos ven trato desigual

“Mi hijo desapareció desde el 6 de abril. Él se había dirigido a la discoteca Búnker, de la zona Ciudad Satélite de El Alto. Desde entonces no sabemos nada. Las investigaciones están en curso, pero para continuar y agilizar con la investigación hay que dar dinero”, relató Chela Chávez, madre de Daniel Fernández, quien busca a su hijo desde hace 12 días.

Como el caso de Daniel hay cientos más que no tienen la misma suerte de Odalys Vaquiata, a quien buscan con un gran despliegue de policías, militares, con el uso de drones y hasta un helicóptero, cuyo costo de operaciones está entre los $us 200 por hora.

“Dicen que la familia de la señora (Odalys) tiene influencias. Para nosotros, los pobres, no hay el mismo apoyo”, comentó a

La Razón la madre de Daniel.

Singry Paco, una mujer de 42 años de edad, lleva dos meses desaparecida. Ella era estudiante de la carrera de Derecho. Es madre de una joven de 20 años de edad con discapacidad intelectual. De ella se desconoce sobre su paradero desde el pasado 12 de febrero. Ese día había asistido a un evento social por carnaval en Tarija.

La familia de Singry afirma que solo recibió el apoyo del gobierno municipal de la ciudad de Tarija para su búsqueda. Sospechan que detrás de la desaparición está su expareja, quien fue encarcelado.

El 11 de abril, Damaris Arias, de 28 años, médico de profesión, desapareció en Cochabamba.

Cámaras de seguridad captaron a la joven cuando salía de su domicilio en la avenida Simón López y Washington. Hoy se cumplen 12 días de su desaparición.

(17/04/2024)

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, cuestionó la normativa laboral, debido a que —en su criterio— genera muchas contradicciones y provoca “un total desbarajuste”; sin embargo, garantizó la estabilidad laboral para los trabajadores municipales.

El lunes, un gran número de trabajadores de los ocho sindicatos de la Alcaldía de La Paz ingresó en un paro movilizado en rechazo de despidos injustificados y acoso laboral por parte de autoridades municipales.

Incluso, el alcalde Iván Arias envió una carta al presidente Luis Arce en la que observa “errores normativos” en los procedimientos del Ministerio de Trabajo para la creación de más sindicatos de funcionarios.

En entrevista con La Razón Radio, Barrientos consideró que el Gobierno debe reformar la normativa y establecer un reglamento claro y preciso. “Es un tema que se tiene que resolver de fondo”.

No obstante, garantizó la estabilidad laboral para todos los funcionarios de la Alcaldía que se encuentran en las calles.

Informó que el diálogo con la Central Obrera Departamental (COD), la Defensoría del Pueblo y miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales avanzó en dos de los 10 puntos en mesa y prevé que este miércoles se pueda concluir con el proceso.

“Hemos abordado ya dos puntos, hoy avanzaremos los 10 puntos de manera compartida”, añadió.

Garantizó que el Ejecutivo edil está tomando medidas para solucionar la crisis y no solo garantizar la estabilidad laboral, sino también la estabilidad financiera e institucional; debido a que —según dijo— es un “municipio solvente”.

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