Luego de nueve días de búsqueda, Damaris fue encontrada. La mujer de 28 años estaba reportado como desaparecida en Cochabamba, no obstante, finalmente la encontraron en el municipio de Trinidad, en Beni. Se presume que fue víctima de trata y tráfico.

“El equipo multidisciplinario ya se encuentra en este momento en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), en el sector de Trata y Tráfico coordinando con el ente policial y también, más que todo, para poder contener a esta víctima en este momento tan delicado y sensible”, informó la directora del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cochabamba, Tania Herrera a Unitel.

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Damaris era buscada de forma desesperada por su familia desde el 11 de abril. La última vez que la habían visto era en la ciudad de Cochabamba, pero desde entonces no se podía dar con rastros de su paradero. Lo último que se sabía de ella, de acuerdo con lo reportado en su afiche de desaparición, es que tomó un trufi desde la avenida Simón López con rumbo desconocido.

DESAPARECIDA

Las investigaciones que seguían de cerca los familiares, llevaron con pistas hasta el municipio de Trinidad, en el departamento de Beni. Allí encontraron a Damaris este sábado, luego de nueve días de estar desaparecida.

De momento, las autoridades son cautelosas en revelar mayores detalles sobre las circunstancias en que Damaris fue encontrada; solo se conoce que hay dos personas aprehendidas. La mujer, de profesión médico, se encuentra ya con su familia, mientras se avanzan con las investigaciones.

“Estaba manejando el proceso investigativo en reserva por varias circunstancias delicadas, pero ya sabemos que ahora ella ya ha aparecido. Básicamente tenemos a dos sujetos aprehendidos y de aquí será un proceso administrativo más profundo, por decirlo así, para poder establecer qué es realmente lo que ha pasado. En este momento no se descarta la posibilidad de que sea un hecho de trata y tráfico.

Un experto can de la Policía Boliviana logró este sábado frustrar el traslado de droga desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz. La sustancia controlada estaba hábilmente camuflada en un tablero de ajedrez.

“La cocaína incautada es de 11,5 kg, y estaba camuflada en un tablero de ajedrez firmado el remitente como Maria F.C.G y estaba dirigida a Agustin M.P.”, (sic), informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mediante su cuenta de Facebook.

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A este informe, la autoridad adjuntó imágenes del tablero de ajedrez en que iba esta droga. Se nota de madera y por completo cerrado. No obstante, el delito no pasó por el radar de “Petardo”, que logró identificar el traslado antes de que llegue a su destino, que sería el país de España.

“Se informa a la población que el can especializado en la lucha antinarcóticos ‘Petardo’ detectó en el aeropuerto de Viru Viru una encomienda que iba dirigida a España con droga”, señaló Del Castillo.

Los controles con canes especializados de la Policía Boliviana son cotidianos en el aeropuerto de Viru Viru. Estos hábiles animales han logrado evitar delitos en más de una ocasión en el país, en una labor a la par de los efectivos.

Romario S.F., de 23 años, es culpable de violar y matar a una niña de dos años. Así lo determinó la Justicia, que, en un juicio abreviado, determinó la pena máxima de 30 años en la cárcel de El Abra sin derecho a indulto contra el sindicado de cometer este crimen en el departamento de Cochabamba.

“En la audiencia se presentaron todos los elementos colectados en la investigación, como el informe médico del hospital que atendió a la niña, declaraciones testificales; el acta de autopsia elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó como causa de muerte compresión de centros nerviosos superiores, hematoma subdural, traumatismo craneoencefálico cerrado, policontusión y trauma genital, entre otras pruebas que fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia», informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

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Sucedió en el municipio de Punata. La pequeña estaba sola en casa, su mamá había ido a trabajar; no obstante, cuando ella volvió a su vivienda encontró a la pequeña inconsciente y con “sangre en la boca”. Ahí también estaba el concubino de la progenitora, Romario S. F., que negó saber qué pasó.

PENA MÁXIMA

“La madre también se percató que su hija tenía sangre en el pañal, por ello, la llevó al hospital, donde llegó sin signos vitales. El agresor quedó aprehendido y trasladado a celdas policiales y puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio de la investigación”, señaló la Fiscalía, mediante una nota institucional.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre agredió sexualmente a la niña de solo dos años y 10 meses. La autopsia determinó el trauma genital, además de otras lesiones que le causó este individuo y que terminaron por causar su muerte. La pena máxima se cumplirá en el penal de El Abra.

Luego del allanamiento al domicilio del obispo emérito Carlos S., en Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Diócesis de San Ignacio de Velasco se pronunciaron en apoyo al religioso. La primera pidió una investigación en apego a la verdad; y la segunda aseguró que no se aprecia “lo que significa la actividad y vida de la Iglesia”.

“Como Iglesia Católica, pedimos que toda investigación por parte de la Fiscalía se lleve a cabo en el marco del debido respeto de las leyes y procesos judiciales, y bajo criterios éticos de verdad y transparencia”, señala el comunicado de la CEB.

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La Diócesis de San Ignacio de Velasco fue aún más enfática. También en un comunicado se expresó sobre el caso; afirmó que hay “ignorancia y prejuicio” en el fiscal que lleva la investigación, que avanza por sospechas de legitimación de ganancias ilícitas.

“La presunción de que ‘su movimiento económico no cuadra con las actividades que desempeña como religioso’ solo prueba la ignorancia y el prejuicio del fiscal, que no sabe apreciar lo que significa la actividad y la vida de la Iglesia, y hace ver que desaparece en Bolivia la presunción de inocencia”, añade el pronunciamiento de la Diócesis.

OBISPO

Carlos S. es investigado de oficio por la Fiscalía, que el viernes acudió, a ejecutar un allanamiento avalado judicialmente en el domicilio del religioso; ubicado en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco. Uno de los aspectos que llama la atención de las autoridades es la cantidad de inmuebles y vehículos que tiene el obispo emérito.

“Esta persona cuenta con patrimonio valuado en 14 a 15 inmuebles aproximadamente. También tiene distintos flujos económicos bancarios que no van acordes a su perfil socioeconómico. En ese sentido es que se ha iniciado un proceso; una investigación de oficio y se ha dado cumplimiento a una orden de allanamiento a objeto de poder recabar mayores elementos”, subrayó el fiscal Gustavo Ríos.

Además, el religioso contaría con más de 10 vehículos. Ríos confirmó el secuestro de documentación y dinero en el allanamiento. Tanto la CEB como la Diócesis creen en la inocencia del obispo emérito.

CONFERENCIA EPISCOPAL

“En ningún momento dudamos que su proceder en todo lo que respecta a los actos administrativos en la Diócesis han sido llevados siempre en total trasparencia y honestidad”, señala el comunicado de la CEB.

En tanto que la Diócesis indica que “a través de varias inversiones, incluyendo oficinas alquiladas a la Fiscalía de Santa Cruz, Mons. Carlos financia sus actividades que incluyen el mantenimiento de una red de torres de transmisión de medios de comunicación católica, apoya la construcción de capillas, ha donado una ambulancia al municipio de San José de Chiquitos, y otras obras solidarias” (sic).

Esta institución católica exige no solo retirar la denuncia, sino disculpas al religioso, además de la devolución de sus bienes.

“Mons. Carlos lleva una vida personal austera y a sus 83 años, con 57 de sacerdote, 45 de misionero, 36 de obispo, está por entregar sus últimos respiros a favor de este pueblo. Semejante trato abusivo es una verdadera y gratuita violencia en contra de su vida” (sic).

Luego de una semana de conflictos, finalmente el acuerdo llegó. La Alcaldía de La Paz y los trabajadores municipales movilizados firmaron este viernes un acuerdo, con el cual se puso punto final a las medidas de presión.

“En el marco de La Paz en paz y pensando en el bien común es que se levantan las medidas de presión. Y el compromiso de esta gestión es seguir escuchando y trabajando por nuestra ciudad”, afirmó el alcalde Iván Arias.

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El convenio llegó tras varias reuniones y el tratamiento de un pliego petitorio que incluía temas como la estabilidad laboral. El diálogo se quedó trabado en un último punto, sobre la solicitud de destitución de funcionarios municipales que fueron denunciados por los movilizados, no obstante, se logró retomar las negociaciones y este viernes en la noche se logró el acuerdo.

“Tenemos que someternos a la Constitución; agradecemos esta predisposición y buena voluntad de la primera autoridad de nuestro municipio. Nuestro compromiso es trabajar por el fortalecimiento económico de la ciudad, mil disculpas a la población”, afirmó el secretario de la Central Obrera Departamental (COD), Félix Nina, en la firma de convenio.

ALCALDÍA DE LA PAZ

Durante esta semana, trabajadores municipales emprendieron medidas de presión como marchas y hasta bloqueos en puntos céntricos de la ciudad de La Paz.

Al menos 10 puntos estaban incluidos en su pliego petitorio. Las medidas no cesaron pese a que incluso el alcalde Arias había advertido con descuentos.

Respeto al fuero sindical, cese de procesos penales a dirigentes y afiliados, estabilidad laboral, atención a los pliegos petitorios, intromisión sindical, dejar sin efecto el descuento por los días de bloqueos, contrato de La Paz Limpia, cese de acoso y hostigamiento laboral, y cumplimiento de los derechos laborales adquiridos, son los temas que pactaron, informó el gobierno municipal.

“Siendo histórico el acercamiento y trabajo conjunto en la solución de conflictos, los trabajadores y el Ejecutivo municipal se comprometen a cumplir los acuerdos asumidos y trabajar conjuntamente por la gestión municipal en base a los puntos acordados, por lo que se levantan las medidas de presión y las partes se comprometen a tener comunicación fluida en el marco del respeto y de la cultura de paz”, señala parte de la resolución.

Sobre el punto de alejamiento de funcionarios denunciados, se estableció en el acuerdo que habrá “evaluaciones” entre las partes.