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miércoles 19 ene 2022 | Actualizado a 15:36

Tensión en Capinota por disputas de agua, el Gobierno envía 100 policías a la zona

El viceministro Nelson Cox convocó a ambos sectores en conflicto a deponer actitudes y asistir a una mesa de diálogo, la misma que es auspiciada por la gobernación de Cochabamba.

/ 23 de octubre de 2021 / 16:40

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, informó este sábado que existen enfrentamientos entre mineros cooperativistas de Sicaya y los regantes de Capinota, en Cochabamba, por agua.

De acuerdo al reporte de la autoridad, hay un herido, y unos 100 elementos de la Policía Boliviana fueron enviados a la zona de conflicto.

“Se han registrado estos enfrentamientos. Hemos reforzado el personal directamente con un contingente de uniformados policiales, hay un número no determinado en un punto de bloqueo (…) cuando hay estos conflictos, hay la mala costumbre de usar dinamita. Son situaciones de manejo de poder, se nos ha reportado un herido”, declaró el Viceministro a La Razón.

Cox convocó a ambos sectores en conflicto a deponer actitudes y asistir a una mesa de diálogo que es auspiciada por la Gobernación de Cochabamba.

“Hacemos el llamado al diálogo; este tipo de situaciones no ayuda a encontrar tranquilidad”, subrayó Cox.

El herido no es de gravedad y el Ministerio de Gobierno hace el seguimiento para evitar que la situación llegue a mayores. “Se ha reforzado la zona con al menos 100 uniformados para evitar una situación más grave”, sostuvo.

Anteriormente hubo gestiones para que ambas localidades compartan el agua. Sin embargo, por la sequía el conflicto volvió a activarse y este sábado hubo un nuevo enfrentamiento.

Una mujer declaró al diario Opinión que los agricultores se quedan sin el elemento vital porque la que baja por las vertientes de la zona se desvía antes de llegar a Capinota. “Es por ello que los agricultores se levantaron”, dijo.

La principal actividad económica en Capinota es la agricultura tradicional. En sus tierras se produce hortalizas, tubérculos y frutas, especialmente uva, de donde parte la tradición vitivinícola.

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Fenaena ratifica control de vacunas a expositores y de bioseguridad en la Alasita 2022

La tradicional feria del 24 de enero, cuya duración esté prevista hasta el 6 de marzo, contará con más de 6.000 expositores que deberán estar vacunados contra el COVID-19.

Un grupo asistentes a la tradicional feria del 24 de enero.

Por Mauricio Diaz

/ 19 de enero de 2022 / 13:17

El ejecutivo de la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alasitas (Fenaena), Manuel Maldonado, ratificó este miércoles que la organización tomará medidas de control y prevención de contagios de COVID-19 para la tradicional feria paceña de Alasita.

Entre las medidas destaca el control a los expositores, que deberán contar con la vacunación contra el coronavirus, y la fumigación diaria de todo el campo ferial del Parque Urbano Central, donde se realiza la tradicional feria del 24 de enero y otras.

“Ha sido un arduo trabajo de preparación con la Alcaldía (de La Paz), sobretodo en cómo llevar las medidas de (bio) seguridad”, dijo Maldonado en una entrevista con Bolivia Tv.

Asimismo, informó que serán ampliados los horarios de atención a los visitantes, quienes podrán asistir “desde las 09.00 hasta las 21.00”.

Por su parte, la Alcaldía anunció controles “estrictos en las medidas de bioseguridad” y que instalarán un punto de vacunación contra el coronavirus, incluso el secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda, aseguró que la feria, cuya duración está prevista hasta el 6 de marzo, “está sujeta al comportamiento de la pandemia”.

Más de 6.000 expositores exhibirán sus trabajos en miniatura, sin embargo, Maldonado sostuvo que algunos de ellos “pidieron permiso porque tienen enfermedades de base”.

Invitó a la población a visitar la feria con las debidas medidas de bioseguridad y “cuidando siempre la salud”.

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Fiscal del caso Ítems solicita vacaciones de 30 días, alega problemas de salud

Javier Cordero aseguró que las investigaciones continuarán a través del trabajo de otros miembros de la comisión de fiscales.

El fiscal Javier Cordero. Foto de archivo: APG.

/ 19 de enero de 2022 / 12:07

El fiscal Javier Cordero, miembro de la comisión que investiga el caso Ítems fantasma, informó este miércoles que solicitó vacaciones y que volverá a su trabajo en 30 días.

“Solicité unas vacaciones y ha sido concedida obviamente por el tema de salud (diabetes), se ve que estoy delicado y aprovecharé estas vacaciones”, dijo Cordero en un breve contacto con algunos medios en Santa Cruz.

Subrayó que presentó su solicitud con la debida anticipación y que las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos de la Alcaldía de Santa Cruz, a través de la creación de ítems fantasma, continuarán.

“La doctora Marcela Terceros queda a cargo y va a seguir con las investigaciones; la comisión de fiscales está en la labor para seguir con las investigaciones, hay dos fiscales (más)”, recordó.

El caso Ítems fantasma es uno de los presuntos hechos de corrupción que generó mayor atención en Santa Cruz y en el resto del país por la gran cantidad de personas e incluso instituciones implicadas.

Al momento hay varias personas investigadas, prófugas y hasta encarceladas, entre ellas la exalcaldesa Angélica Sosa.

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Suspenden por segunda vez declaración de Revilla por denuncia de sobreprecio de buses PumaKatari

En puertas de la Fiscalía, sobre la calle Potosí, seguidores de Revilla y Vera se enfrentaron a golpes tras insultos de una y otra parte.

El alcalde Luis Revilla antes de su ingreso a la Fiscalía. Foto: Daniel Miranda / APG

/ 18 de enero de 2022 / 20:12

La declaración informativa ante el Ministerio Público del exalcalde de La Paz Luis Revilla por la denuncia de presunto sobreprecio en la adquisición de buses PumaKatari fue suspendida sin fecha, ante la baja médica del fiscal asignado. Es la segunda vez que suspenden la declaración del exburgomaestre.

“El Ministerio Público nos sabrá notificar el día y hora para que (Revilla) preste su declaración, entendemos que eso lo va a hacer el fiscal, así que bueno estamos nosotros prestos al llamado del Ministerio Público”, afirmó el abogado de Revilla, Fernando Velásquez.

La investigación es por la adquisición de 61 buses ediles que, presuntamente, generó un daño económico a la Alcaldía paceña por un sobreprecio de Bs 26 millones.

“Estamos aquí para decir nuestra verdad, para demostrar que aquí no ha habido absolutamente ninguna irregularidad a pesar de estos riesgos a mi integridad física para evitar que venga a declarar”, sostuvo Revilla un poco después de las 13.30 y a punto de ingresar a oficinas de la Fiscalía para su declaración.

Revilla recordó que se presentó la pasada semana con la intención de declarar, pero que el Ministerio Público suspendió ésta para este 18 de enero.

Defendió la compra de los buses Pumakatari y dijo que se adjudicó al precio más bajo de las cinco empresas que se presentaron y lamentó que se investigue la compra de los buses y no su quema en noviembre de 2019. El dirigente Jesús Vera es el principal acusado de esos hechos, pero ahora es el principal denunciado en el caso sobreprecio.

En puertas de la Fiscalía, sobre la calle Potosí, seguidores de Revilla y Vera se enfrentaron a golpes tras insultos de una y otra parte. «Auditoría para Revilla» decían algunos carteles que los partidarios de Vera exhibieron al ingreso del Ministerio Público en espera de la llegada del exburgomaestre que actualmente radica en Santa Cruz.

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El MAS observa “desorden contable” en la Alcaldía de La Paz por el caso Pumakatari

El exalcalde Luis Revilla niega sobre precio en la compra de estos buses y asegura afanes políticos detrás de la denuncia

Un bus Puma Katari.

Por Marco A. Ibáñez

/ 18 de enero de 2022 / 16:02

A más de un año de la quema de 66 buses Pumakatari y después que la compañía Fortaleza hizo efectivo el pago del seguro Bs 80.149.402; por qué no fueron repuestos los vehículos y si existió un sobre precio en la compra de estos; fueron algunas interrogantes que se analizaron en el programa Piedra Papel y Tinta.

En la edición de este martes participó la concejal del MAS, Roxana Pérez del Castillo quien reiteró su denuncia en sentido que los recursos pagados por la aseguradora fueron usados en otros fines en la gestión del exalcalde Luis Revilla y por la nueva administración edil dirigida por Iván Arias.

Para ello, citó la respuesta que brindó el actual alcalde a un informe, señalando que los recursos del seguro fueron registrados “contablemente a través del registro de ejecución de recursos 4520/2020, en fecha 25 de septiembre de 2020, apropiándose a la fuente de financiamiento 20 Recursos Específicos y Organismos Financiadores 230, otros recursos específicos Anexo I. Sin embargo, dichos recursos fueron utilizados en la gestión 2020 para efectuar los diversos pagos que iban realizando producto de las obligaciones que generó la anterior administración edil”.

Según la concejal, los citados recursos no pueden ser utilizados para otro fin que no sea la reposición de los buses, por tanto advirtió que existe un “desorden contable” en la actual administración municipal de Arias.

“Se registró un desorden contable y por supuesto genera no solamente una inseguridad para los paceños sino un daño económico”, alertó.

Asimismo, observó que los buses Pumakatari fueron adquiridos con sobre precio durante la gestión de Luis Revilla y emplazó al exalcalde a responder por qué se compraron estos vehículos en $us 157.000 cuando su póliza indica un costo por bus de $us 60.480.

Estos cuestionamientos de la concejal del MAS, Roxana Pérez del Castillo fueron respondidos por Revilla en la segunda parte de este programa que se transmite por las plataformas digitales de La Razón.

Par el exalcalde, la citada denuncia es una “cortina de humo” que busca esconder la quema de los buses Pumakatari, un hecho que se produjo en noviembre de 2019 y fue impulsado por el dirigente vecinal Jesús Vera.

“Yo lamento profundamente que los concejales del MAS en lugar de haberse sumando a la demanda en contra del señor Jesús Vera —porque la Fiscalía lo acusa de haber quemado los Pumakataris— más bien hayan obedecido las órdenes del señor Vera para sumarse a un proceso en mi contra que no tiene pies ni cabeza”, sostuvo.

Respecto a la póliza de importación dijo que el Gobierno Municipal de La Paz no conocía de la póliza de importación hasta el momento que fueron entregados los buses porque fueron trámites aduaneros que no correspondían a la institución edil.

Además, Revilla precisó que la Cooperación Suiza, través de una asistencia técnica, se encargó de efectuar las cotizaciones para la adquisición de los buses exclusivos para La Paz, conforme a los términos de referencia y características técnicas.

“Se hace un análisis de precios referenciales a cargo de la cooperación y se calcula en $us 160.000 pero se compra en 153.000”, dijo y aclaró “aquí no puede haber sobre precio si se ha seguido la norma y se ha fijado un precio referencial sobre el cual han participado cinco empresas y se adjudicó a la que tenía el más bajo” precio.

En su argumentación comparó el precio por el cual el Gobierno Municipal de El Alto adquirió los buses Sariri de Brasil que cuenta con un motor brasileño a diferencia del Pumakatari que tiene un motor de origen inglés y se lo importó de China.

“Sería bueno comparar y averiguar porque el Sariri cuesta $us 200.000 si lo traen de Brasil (…) y hacer los comparativos y saber cuánto fue el precio de importación. A mí me han dicho que el precio de importación del Sariri fue más o menos de $us 80.000 y terminó costando puesto en El Alto más de $us 200.000. Y el nuestro cuesta $us 60.000 en fábrica y con todo lo demás terminó costando $us 153.00. Se debe hacer esos análisis y ver si se tiene racionabilidad”, aseguró Revilla.

Además, exhortó a la Fiscalía a investigar a las empresas proveedoras para verificar costos aduaneros, comisiones bancarias y establecer si el costo es razonable.

Respecto al seguro, el exalcalde confirmó el cobro y que se hizo una nueva licitación pública internacional, se adjudicó la compra de los 66 buses y que después de pagar el anticipo dejó el dinero en las cuentas del Gobierno Municipal, antes de dejar el cargo.

“Yo he mostrado el comprobante de la Secretaria de Finanzas del 3 de mayo (2021) donde dice este es el costo de reposición Pumakatari y ahí está el dinero, lo que haya sucedido después o no, no es mi responsabilidad, habrá que preguntarle a la nueva gestión pero nosotros dejamos el dinero completo para el pago de los buses Pumakatari una vez que lleguen, que deberían llegar en octubre”, insistió.

Finalmente, aclaró que el dirigente vecinal Jesús Vera no sólo fue acusado de la quema de los 66 buses Pumakari por el Gobierno Municipal de La Paz sino también por la propia Fiscalía, entidad que abrió un proceso de oficio distinto al que inició la entidad edil, apuntó.

“El problema es que no se han concluido las pericias, triangulación de llamadas, averiguar sobre el combustible utilizado para quemar los buses”, concluyó Revilla reiterando que con la denuncia de sobre precio el MAS quiere “cambiar la historia” de la quema de los buses.

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Fernández confirma que Camacho y Sosa fueron socios en las elecciones subnacionales de 2021

Ante cuestionamientos sobre el financiamiento de las campañas de ambos candidatos, el Alcalde de Santa Cruz dice que hay testigos que afirman que los recursos de los cuestionados ítems sí tuvieron ese destino.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández.

Por Mauricio Diaz

/ 18 de enero de 2022 / 09:41

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, confirmó este martes que el gobernador Luis Fernando Camacho y la exalcaldesa interina Angélica Sosa fueron “socios” en la campaña electoral para las elecciones subnacionales de 2021.

“Yo, como candidato que estuve en la contienda electoral, lo he vivido en carne propia: el señor Camacho y la señora Sosa eran socios, en plena campaña se apoyaron. Angélica Sosa apoyó a Camacho para que sea gobernador y Camacho a apoyó Sosa para que sea alcaldesa”, dijo el alcalde cruceño en una entrevista con Bolivia Tv.

“Creemos no puso candidato a alcalde, porque la apoyaba a la señora Sosa”, agregó.

Angélica Sosa es una de las personas implicadas en el caso Ítems fantasma que investiga la Fiscalía de Santa Cruz. Actualmente, cumple con una detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Fernández advirtió que existen testigos que afirman que ambos excandidatos financiaron sus campañas proselitistas con los recursos de los cuestionados ítems.

“En algún momento de la investigación se está viendo de que muchos de ellos (los recursos de los ítems) se fueron para hacer campaña en enero, febrero, marzo y todavía, terminando la elección, en abril, se recontrata a mucha gente que ni siquiera iba y marcaba tarjeta, muchos de ellos no tenían ni perfil para ser funcionarios”, cuestionó.

El caso Ítems fantasma se conoció luego de un conflicto familiar. El exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz Antonio Parada, fugado a Brasil, es acusado de promover la creación de al menos 800 puestos de manera irregular.

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