Una turba de vecinos en El Alto entró y quemó la casa del confeso feminicida Richard Ch., quien mató y enterró a sus víctimas en fosas cavadas en su casa. Decenas de vecinos exigieron que los que vivían en la casa del acusado la abandonaran.

Un grupo de policías fue desplazado hasta el lugar, zona Ballivian de El Alto, pero no pudo evitar que la turba quemara parte de la casa del acusado. Había personas que habitan la vetusta vivienda.

Con resguardo policial fueron evacuadas dos personas, aparentemente la madre y tía de Richard Ch. “¡Maleantes!” les gritaban y los policías hicieron uso de agentes químicos para tratar de dispersar a los movilizados.

Richard Ch. es acusado de haber asesinado y enterrado los cuerpos sin vida de las adolescentes Iris V. (15) y Lucy R. (17), que fueron reportadas como desaparecidas en 2021.

El detenido es acusado de al menos 70 abusos a menores. La investigación continúa.

La marcha por la institucionalidad cruceña de este martes acabó con una especie de mitin en la plaza 24 de Septiembre. El principal orador fue el dirigente cívico Rómulo Calvo, quien llamó a la defensa de las cooperativas cruceñas de supuestos intentos de “estatizarlas” y reactivó el discurso de movilizaciones en defensa de la libertad y democracia.

“El Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza del pueblo cruceño, seguirá defendiendo Santa Cruz y a Bolivia, seguirá defendiendo la libertad con la que nacimos a la vida republicana, seguiremos defendiendo la democracia, nuestro modelo de desarrollo operado por nuestra institucionalidad”, arengó ante la concentración.

El gobernador Luis Fernando Camacho participó de la movilización, mientras que el alcalde Jhonny Fernández no acudió a la cita.

Trabajadores de cooperativas como Saguapac y de otras instituciones participaron de la protesta convocada en defensa de la institucionalidad cruceña, luego que fuera allanada Saguapac por indagaciones del caso de corrupción “ítems fantasma”.

Marcha en Santa Cruz (fotos: Comité pro Santa Cruz)

Ni bien empezó su discurso, Calvo habló de la acusación fiscal contra el gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.

“Santa Cruz está con ustedes hermanos tarijeños, estaremos alerta para emprender una lucha conjunta para defender nuestra libertad y la democracia”, afirmó el cívico que también fue parte de las protestas de noviembre en contra de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que finalmente fue anulada.

Calvo aseguró que las denuncias de corrupción son “aisladas”, sin embargo, como parte de un plan para afectar el modelo cooperativistas se “manipula datos, miente, tergiversa, exagera, desconociendo los grande del cooperativismo en Santa Cruz”.

“Tenemos que preservar la institucionalidad de las cooperativas, libre de injerencia y manoseo político”, insistió.

En el MAS cierran filas en defensa del expresidente Evo Morales, mientras que desde la oposición cuestionan la lucha contra el narcotráfico en su gestión e incluso lo vinculan con el exjefe antidroga Maximiliano Dávila, quien antes de ingresar a la cárcel atribuyó su detención a un intento de involucrar a Morales en delitos de narcotráfico.

El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, habló de los “evidentes vínculos” de Morales con Dávila y urgió una investigación independiente.

“Los evidentes vínculos entre Dávila, investigado por narcotráfico y Morales, apuntan a la penetración de este delito en altos niveles del gobierno, especialmente en los últimos 16 años. Urge una investigación independiente de una justicia controlada por el actual poder político”, afirmó a través de sus redes sociales.

Dávila fue parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el gobierno de Morales. Fue enviado a la cárcel de San Pedro por legitimación de ganancias ilícitas, aunque su nombre aparece en un requerimiento de la DEA estadounidense a Colombia para la extradición de otro expolicía, Omar Rojas, vinculado con el narcotráfico.

El gobernador de Santa Cruz y jefe de la opositora Creemos, Luis Fernando Camacho, también relacionó los hechos descubiertos con Morales.

“Hoy lamentablemente vemos que nuestro país ha retrocedido décadas y estamos ante la vergüenza internacional de ser el único país donde los mismos delincuentes narcotraficantes son nombrados jefes de la lucha contra el narcotráfico, todo gracias a Evo Morales”, sostuvo.

A través de un comunicado, la dirección del MAS atribuyó las declaraciones de Camacho a un intento de distraer la atención del pueblo cruceño sobre “su incapacidad para administrar la gobernación de Santa Cruz”.

“Camacho tiene en realidad más vínculos con Maximiliano Dávila que con cualquiera. El excomandante de la FELCN fue ratificado en el cargo por el exministro Arturo Murillo, colega del exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, abogado y ficha del gobernador cruceño en ese gobierno de facto. Dávila fue socio de Luis Fernando López, exministro de Defensa de Jeanine Áñez y jefe de marketing de Camacho”, establece el comunicado.

Dávila fue recluido este martes en la cárcel. Antes de ingresar acusó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de pretender incriminar a Morales en este proceso judicial.

“El Ministro de Gobierno (…) lo está queriendo incriminar al presidente Morales con eso”, denunció el exjefe policial aprehendido el sábado en Villazón cuando pretendía pasar a Argentina y huir.

Para el diputado del MAS Juan Jauregui, calificó de “delincuente confeso” a Dávila y aseguró que solo tiene la “intención de querer marchar la gestión de un gobierno legítimamente constituido y pretender a un ciudadano tan meritorio como el hermano Luis Arce y al hermano Evo Morales en esta investigación”.

La Fiscalía ordenó la aprehensión del exalcalde Luis Revilla, para que sea trasladado desde Santa Cruz, donde radica, hasta La Paz y declare por la denuncia de sobreprecio en la compra de los buses Pumakatari. La orden fue emitida debido a que el exalcalde no se presentó a declarar el lunes por problemas de salud.

La orden tiene fecha del 24 de enero. El dirigente vecinal Jesús Vera confirmó la emisión de la orden y explicó que solo busca que Revilla preste su declaración en la denuncia interpuesta y sea puesto ante un juez cautelar.

“Estaremos atentos para que todo el procedimiento se cumpla y sea llevado ante un juez de medidas de cautelares (que definirá si el denunciado se defiende en libertad o desde la cácel)”, insistió Vera, quien a su vez es denunciado por la quema de los buses ediles en la crisis de 2019.

Revilla debía presentarse a declarar el lunes, pero no acudió bajo el argumento de que está delicado de salud.

“Me presenté voluntariamente 2 veces en los últimos diez días y no me tomaron la declaración. Ahora estoy delicado de salud y lo he explicado a los fiscales, quienes han negado postergar la declaración de hoy, incluso pedí que el IDIF Scz me haga una valoración. Todo fue negado”, informó el exalcalde a través de su cuenta en Twitter el lunes.

“Por el presidente mandamiento manda y ordena a cualquier miembro de la Policía Nacional y/o a cualquier funcionario público no impedido por ley de todo el territorio nacional aprehenda y conduzca a Luis Antonio Revilla Herrero” a que presente su declaración informativa, establece parte de la orden de aprehensión.

Las dos bandas delictivas más peligrosas de Brasil, Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), se disputan el control de la frontera boliviana con Brasil para las ilícitas actividades del narcotráfico, reveló el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel José María Velasco, en la fronteriza San Matías.

En San Matías se ejecuta un operativo orientado a la búsqueda y captura de gente vinculada a la muerte de dos brasileños con varios disparos de armas de fuego, uno en Santa Cruz y otro en San Matías. Las investigaciones establecieron que uno de ellos, Everton Candido Gomes Da Silva, pertenecía al Comando Vermelho.

“Nacionales de Brasil dedicados al ilícito de sustancia controladas ingresan a territorio boliviano, la disputada es entre el Comando Vermelho y el PCC para tomar control de todo lo que significa nuestra amplia frontera”, reveló en San Matías, un municipio fronterizo con Brasil.

El otro brasileño acribillado fue identificado como Eduardo Maciel Guimaraes Ribeiro, según su cédula de extranjero emitida por el Estado boliviano en marzo de 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que este extranjero fue considerado en su país “el mayor narcotraficante del Estado de Goiás”.

Un contingente de uniformados de la FELCN, al mando de Velasco, se trasladó hasta San Matías y ejecutó diferentes operativos y allanamientos en busca de las personas relacionadas con los acribillados.

El Comando Vermelho y el PCC son dos de las organizaciones delictivas más peligrosas de Brasil. Están vinculadas a diferentes ilícitos, entre ellos el narcotráfico.

Bolivia tiene una amplia frontera con Brasil que comprende los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

Mientras tanto en La Paz, el exdirector de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Su nombre figura en un requerimiento de la DEA estadounidense para la extradición de otro expolicía boliviano detenido en Colombia, Omar Rojas.