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Wednesday 17 Apr 2024 | Actualizado a 13:38 PM

La FELCC aclara que se encontró un revólver en los allanamientos en Santa Cruz

El martes, el ministro Eduardo del Castillo dijo que se secuestró una “considerable cantidad de armas”.

/ 8 de diciembre de 2021 / 09:25

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Edson Claure, aclaró este miércoles que durante los allanamientos ejecutados en la capital cruceña, por el caso de la supuesta creación de 800 ítems fantasma, se secuestró un revólver.

“En uno de los inmuebles, relacionado con el domicilio del señor Julio H. A., se ha encontrado, se ha secuestrado, un revólver calibre 22 y también bayonetas; (ahora) se están haciendo las averiguaciones en relación al registro que debería tener el arma, (es decir) si se encuentra legalmente registrada”, dijo el jefe policial en contacto con algunos canales de televisión.

El martes, tras los allanamientos a seis inmuebles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que “en alguno de los domicilios se ha secuestrado una considerable cantidad de armas”.

Además, en los allanamientos también “se ha secuestrado memorándums, se han encontrado planillas de contratación, planillas personales, se han encontrado giros de banco, cajas de ahorro y un inmueble que no estaba habitado”, agregó Claure.  

También el jefe policial confirmó que los allanamientos se realizaron “principalmente con la expectativa de dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión de Antonio Parada y su hermano”.

Sin embargo, se presume que Parada, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, quien es el principal acusado por el presunto desvío de recursos municipales mediante la creación de ítems fantasma, ya fugó del país.

El propio ministro Del Castillo indicó que tiene información extraoficial de que logró salir del país por un punto fronterizo no autorizado.

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Misterio, gran operativo y una ‘extraña’ decisión judicial envuelven el caso Odalys

La joven desapareció el 30 de marzo en los Yungas de La Paz

La búsqueda de Odalys Vaquiata no cesa

/ 17 de abril de 2024 / 13:02

Una joven madre de 28 años de edad, llamada Odalys Vaquiata, es desde hace poco más de dos semanas noticia en redes sociales y en medios de comunicación. Una misteriosa desaparición, una extraña decisión y un megaoperativo envuelven este confuso caso.

Cronologías sobre el hecho, reconstrucciones de sus últimas horas antes de desaparecer y cientos de hipótesis y datos sobre ella y su pareja, Joel Pérez, aparecen casi a diario. El caso comienza a inquietar a las autoridades que no cesan en su búsqueda.

Aquel 30 de marzo, cuando el país celebraba la Semana Santa, Odalys se fue de viaje junto a su pareja, Joel. Aquél día, la pareja, luego de consumir bebidas alcohólicas, había tenido una discusión, según las declaraciones del hombre de 25 años, quien afirmó que su enamorada se bajó del vehículo que le pertenecía a ella y desde ese momento perdió el rastro.

La Policía aprehendió a Pérez y la Justicia dictó, de forma extraña, su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social “Qalauma”, en el municipio de Viacha, en La Paz.

Sin embargo, Qalauma es un recinto adonde son llevados los menores de edad involucrados en diversos delitos. La familia de la desaparecida considera la decisión de enviarlo a ese recinto carcelario de “injusta”.

Consulte: El novio de Odalys rompió reglas al conceder entrevista en prisión y fue sancionado

CASO ODALYS

Este hecho también llama la atención de Régimen Penitenciario. En una entrevista en La Razón Radio, el director de esta instancia, Juan Carlos Limpias, admitió que “la situación fue extraña”.

Afirmó que, muchas veces, Régimen Penitenciario tiene que corregir los destinos de los reclusos. “Recordarán el caso de Richard Choque (violador y asesino serial), hemos hecho una resolución que la ley no faculta para trasladarlo al penal de Chonchocoro, porque los reos de San Pedro no lo querían”, explicó.

Hace unos días, una periodista ingresó al recinto de Qalauma. Con cámaras y una grabadora recogió el testimonio de Joel Pérez. Respecto de este hecho, Limpias dijo que le extraña que haya habido una omisión de requisa del personal de seguridad al no revisar a la periodista.

Por ese hecho, Régimen Penitenciario sancionó a Pérez con una “falta grave” en el centro penitenciario. “No es que están prohibidas (las entrevistas), el tema es que la ley establece una solitud de autorización y, sobre todo, al hablar ciertos temas más concernientes al centro penitenciario”, aclaró Limpias.

OPERATIVO

En tanto, un megaoperativo para dar con el paradero de Odalys no cesa en los Yungas de La Paz. Personal de la Policía, Fuerzas Armadas y Bomberos, ayudados por drones y otros elementos, intensifican el rastrillaje.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en conferencia de prensa, informó sobre el caso y mostró un mapa para explicar el recorrido del rastrillaje que realizó el personal de las Fuerzas Armas junto a efectivos de rescate para dar con el paradero de la mujer. Señaló que se identificaron varias casas en dicho lugar, a las cuales se va a ingresar para hacer un rastrillaje. Aseveró que la búsqueda no cesará.

La Razón intentó sin suerte una entrevista con Calvimontes y con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, para consultar sobre el costo económico que implica la búsqueda.

Familias de otros desaparecidos ven trato desigual

“Mi hijo desapareció desde el 6 de abril. Él se había dirigido a la discoteca Búnker, de la zona Ciudad Satélite de El Alto. Desde entonces no sabemos nada. Las investigaciones están en curso, pero para continuar y agilizar con la investigación hay que dar dinero”, relató Chela Chávez, madre de Daniel Fernández, quien busca a su hijo desde hace 12 días.

Como el caso de Daniel hay cientos más que no tienen la misma suerte de Odalys Vaquiata, a quien buscan con un gran despliegue de policías, militares, con el uso de drones y hasta un helicóptero, cuyo costo de operaciones está entre los $us 200 por hora.

“Dicen que la familia de la señora (Odalys) tiene influencias. Para nosotros, los pobres, no hay el mismo apoyo”, comentó a

La Razón la madre de Daniel.

Singry Paco, una mujer de 42 años de edad, lleva dos meses desaparecida. Ella era estudiante de la carrera de Derecho. Es madre de una joven de 20 años de edad con discapacidad intelectual. De ella se desconoce sobre su paradero desde el pasado 12 de febrero. Ese día había asistido a un evento social por carnaval en Tarija.

La familia de Singry afirma que solo recibió el apoyo del gobierno municipal de la ciudad de Tarija para su búsqueda. Sospechan que detrás de la desaparición está su expareja, quien fue encarcelado.

El 11 de abril, Damaris Arias, de 28 años, médico de profesión, desapareció en Cochabamba.

Cámaras de seguridad captaron a la joven cuando salía de su domicilio en la avenida Simón López y Washington. Hoy se cumplen 12 días de su desaparición.

(17/04/2024)

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Alcaldía cuestiona normativa de trabajo, pero garantiza ‘estabilidad laboral’ para trabajadores

Trabajadores de los ocho sindicatos de la Alcaldía de La Paz ingresaron en un paro movilizado en rechazo de despidos injustificados y acoso laboral.

Sindicatos de la Alcaldía en protesta

/ 17 de abril de 2024 / 11:13

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, cuestionó la normativa laboral, debido a que —en su criterio— genera muchas contradicciones y provoca “un total desbarajuste”; sin embargo, garantizó la estabilidad laboral para los trabajadores municipales.

El lunes, un gran número de trabajadores de los ocho sindicatos de la Alcaldía de La Paz ingresó en un paro movilizado en rechazo de despidos injustificados y acoso laboral por parte de autoridades municipales.

Incluso, el alcalde Iván Arias envió una carta al presidente Luis Arce en la que observa “errores normativos” en los procedimientos del Ministerio de Trabajo para la creación de más sindicatos de funcionarios.

En entrevista con La Razón Radio, Barrientos consideró que el Gobierno debe reformar la normativa y establecer un reglamento claro y preciso. “Es un tema que se tiene que resolver de fondo”.

No obstante, garantizó la estabilidad laboral para todos los funcionarios de la Alcaldía que se encuentran en las calles.

Informó que el diálogo con la Central Obrera Departamental (COD), la Defensoría del Pueblo y miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales avanzó en dos de los 10 puntos en mesa y prevé que este miércoles se pueda concluir con el proceso.

“Hemos abordado ya dos puntos, hoy avanzaremos los 10 puntos de manera compartida”, añadió.

Garantizó que el Ejecutivo edil está tomando medidas para solucionar la crisis y no solo garantizar la estabilidad laboral, sino también la estabilidad financiera e institucional; debido a que —según dijo— es un “municipio solvente”.

Lea también: Sindicatos municipales de La Paz amenazan con cerrar el relleno sanitario

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Una asambleísta de Creemos es señalada de cobrar dinero por cargos que ofrece

Dilfe Rentería apuntó a su colega Shirley Hurtado, asambleísta de Creemos, por cobrar montos irregulares a funcionarios, a cambio de mantener sus puestos de trabajo en esa instancia.

Asamblea Departamental de Santa Cruz.

/ 17 de abril de 2024 / 10:25

El asambleísta departamental de Santa Cruz Dilfe Rentería, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció un caso de presunta corrupción, relativa a pagos irregulares y venta de ítems a funcionarios en la Gobernación de Santa Cruz.

En entrevista con La Razón Radio, apuntó a su colega Shirley Hurtado, asambleísta de Creemos, por cobrar montos irregulares a funcionarios, a cambio de mantener sus puestos de trabajo.

Explicó que el caso consiste en la contratación de personal a cambio de un determinado pago mensual de dinero.

Develó que, presuntamente, su colega cobró a una de sus víctimas Bs 3.000 los dos primeros meses y luego pidió Bs 700. La mujer denunció que la autoridad le cobró en total más de Bs 10.000 a través pagos bajo código QR y trasferencias bancarias.

Ella trabajaba en la Dirección de Industrias y Comercio en el Parque Industrial (PADI) durante ocho meses en 2023. Fue retirada en enero y, posteriormente, presentó una denuncia ante la Gobernación el 5 de febrero, pero hasta la fecha no recibió respuesta.

Por ello, Rentería anunció que su bancada solicitará un informe a la Gobernación sobre el presunto caso de corrupción para que la investigación pase al Ministerio Público y la Policía. Instó a otras víctimas de Hurtado a presentas denuncias. “Quienes han sido víctimas, apersónense para presentar la denuncia”.

A su vez, denunció que, durante la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, ahora recluido en Chonchocoro (La Paz), se hallaron a más de 1.000 funcionarios trabajando en la Gobernación.

Contó que, en 2022, había 400 funcionarios en la institución cruceña; en 2023, 600, y en 2024, 1000. “La secretaria tenía su secretaria”, dijo.

Corroboró la denuncia del secretario de Hacienda, Miguel Sorich, quien indicó que la crisis financiera se debe a sobrecontratación injustificada de personal, falta de planificación y reducción de ingresos.

Sin embargo, destacó que el gobernador en ejercicio Mario Aguilera cortó los contratos y dijo que “muchos de ellos probablemente estaban siendo víctimas del caso”. Recordó a los trabajadores de las instituciones cruceñas que no deben pagar por sus ítems.

Lea también: Rentería: Irregularidades de la Gobernación pasarán a la Contraloría y al Ministerio Público

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Suben a siete los fallecidos en accidente en la ruta Potosí-Santa Cruz

El accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este martes, cerca de Mataral, en la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz. La Policía dio por concluido el trabajo de rescate pasado el mediodía.

El bus se embarrancó. Foto: Policía Boliviana.

/ 16 de abril de 2024 / 21:07

La carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz fue escenario de un trágico accidente la madrugada de este martes. Después que se diera por concluido el trabajo de búsqueda en la zona, subieron a siete las víctimas fatales del embarrancamiento del bus que se dirigía al departamento cruceño desde Potosí, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Érick Holguín.

El bus de la empresa Villa Imperial viajaba de Potosí a Santa Cruz y se embarrancó aproximadamente 20 metros; a cinco kilómetros de Mataral en la comunidad de Quiñe, en los valles cruceños.

Aunque el jefe policial explicó a los medios que recién evaluarán las causas del accidente, consideró que “las inclemencias del tiempo” fueron un factor para el siniestro.

“Estamos en época de lluvias, (…) los caminos se ponen muchas veces con alguna deficiencia”, indicó Holguín.

ACCIDENTE

Tras conocerse el hecho, se reportaron cinco decesos producto de este accidente. No obstante, al concluir las labores en la zona, esta trágica cifra subió a siete.

Lea también: Se embarranca un bus en la vía Cochabamba-Santa Cruz, deja al menos 39 heridos y 5 muertos

En total, fueron 10 arduas horas de trabajos de rescate, que concluyeron a las 15.00. Pobladores de la zona, funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz y personal de la Policía se sumaron a las labores de búsqueda de heridos y fallecidos.

Los cuerpos de las siete personas que perdieron la vida fueron trasladados a las morgues de Mairana y de Valle Grande. Solo se reconocieron, hasta el momento, a dos de los cadáveres, los pertenecientes a Fernando Mamani y Simona Coro, una madre de siete hijos, reportó Unitel. Mientras que de los más de 30 pasajeros heridos, 28 fueron derivados a una clínica del municipio de La Guardia.

La empresa de transporte brindó la lista oficial de las 39 personas que iban a bordo, además del chofer y su ayudante. Sin embargo, medios locales informaron que en el bus viajaban más pasajeros de los registrados en la nómina, pudiendo llegar a más de 40.

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Pena máxima para mujer que mató y enterró en su casa a su hijo y pareja

La sindicada decidió asumir un proceso abreviado, informó la Fiscalía. Los hechos se descubrieron luego de más de ocho años.

Encontraron restos óseos en el patio de la sindicada. Foto: Fiscalía.

/ 16 de abril de 2024 / 21:02

Luego de más de ocho años, dos asesinatos ocurridos en El Alto se resolvieron. La autora de ambos resultó ser Elvira Aruquipa, de 53 años, quien terminó confesando haber matado a su hijo en 2016 y a su pareja en 2012, para luego enterrarlos en el patio de su casa.

La sindicada decidió someterse a un juicio abreviado, luego que el lunes la Policía acudió a su vivienda y sacó los restos óseos. La Justicia determinó la pena máxima contra la mujer.

Lea también: Tras ocho años, hallan a un joven desaparecido enterrado en la casa de su madre

La Fiscalía informó, mediante una nota institucional, que el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal determinó “la condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores”, en La Paz.

PENA MÁXIMA

El primer asesinato que cometió Aruquipa fue en 2012. Ese año terminó con la vida de su concubino. “Había estrangulado al mismo, para luego quemarlo y enterrarlo en su propio domicilio, que está ubicado en la urbanización San Antonio, calle Santa Cruz de la ciudad de El Alto”, expresó el coordinador de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Edwin Sarmiento.

Cuatro años después, en 2016, la mujer cometió su segundo crimen. Esta vez la víctima fue su hijo de 15 años, Iván. “De igual forma quita la vida a su hijo menor Iván, cuando éste tenía 15 años, debido a un comportamiento que él asumía, porque, según la testigo, estaba consumiendo drogas, clefa también, lo que ha provocado la molestia de la madre y por este hecho también decide quitarle la vida”.

El hecho parecía haber quedado impune, hasta el lunes, cuando la Policía llegó hasta la casa de la sindicada y, tras buscar en el patio, dio con los restos humanos. Esto llevó a la aprehensión y ahora condena máxima de prisión para Elvira Aruquipa.

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