La comisión de fiscales que investiga el caso denominado “ítems fantasma’ en Santa Cruz activó el recurso de reposición para anular la determinación judicial de suspender la declaración del exalcalde Percy Fernández a la espera de una valoración psiquiátrica.
“La comisión de fiscales ha presentado ayer, 18 de enero, un recurso de reposición contra esta decisión judicial que implica una clara intromisión por parte de la autoridad jurisdiccional en cuestiones concernientes a la investigación penal cuya competencia es privativa del Ministerio Público”, cuestionó el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, durante su comparecencia en la Comisión de Constitución de Diputados de la Asamblea Legislativa para informar sobre los avances en la investigación en el caso.
Lanchipa recordó que Fernández debió declarar este miércoles, pero que un juez determinó, sobre la base de un incidente presentado por la defensa técnica del exalcalde, suspender la declaración informativa y todo acto investigativo hasta que se desarrolle una pericia en psiquiatría forense tras la impugnación a la pericia psicológica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
El lunes, un juez suspendió la declaración de Fernández y ordenó una valoración psiquiátrica.
Asimismo, Lanchipa indicó que la comisión de fiscales decidió iniciar una indagación paralela para incluir en la investigación al entorno familiar de la exalcaldesa Angélica Sosa.
“En relación a la investigación del entorno familiar, la comisión de fiscales ha visto por conveniente llevar adelante otra indagación en relación a estas personas”, indicó.
En diciembre se denunció que la hija de Sosa, Camila Perovic, se benefició, en 2016, con un contrato eventual con una remuneración mensual de más de Bs 6.000.
Lanchipa también informó que existen 41 bienes inmuebles bajo anotación preventiva, entre casas, departamentos, lotes de terreno, automóviles y otros de propiedad de los implicados en el caso “ítems fantasma” que involucra a exautoridades de la Alcaldía de Santa Cruz, con el objetivo de asegurar la reparación del daño económico causado.
Los bienes con anotación preventiva corresponden a diferentes implicados, como la exalcaldesa Sosa, el exfuncionario Javier Cedeño, además del principal implicado en el caso Antonio Parada y sus hermanos, Merisabel y Guillermo.
Según Lanchipa, el daño económico al Estado aún no es cuantificable debido a que la Alcaldía de Santa Cruz no presentó a la Fiscalía la documentación requerida, pero advirtió que solo por el pago a tres funcionarios “fantasma” y que son testigos se erogó un monto de Bs 982.984 que incluye el pago a las AFP.