El Concejo Municipal de Santa Cruz aprobó la Ley de Declaratoria de Emergencia, por inundaciones y riadas que afligen a los cruceños, con un presupuesto de Bs 20 millones, monto menor al que propuso el alcalde Jhonny Fernández, que ascendía a Bs 58 millones.

Dicha declaratoria se dilatará por un periodo de 30 días y se ejecutará previo análisis. El ejecutivo municipal deberá informar al legislativo sobre los gastos realizados cada 10 días hábiles.

“Por seis votos a favor y cuatro en contra queda aprobada la Ley de Declaratoria de Emergencia municipal por las inundaciones”, señaló el vicepresidente de ese Concejo, José Antonio Alberti Uzqueda.

Los que se abstuvieron de votar fueron Alberti, Luis Alberto Vaca, Lola Terrazas y Juan Carlos Medrano.

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Presupuesto

Fernández expresó su discordia al enterarse de la determinación que asumieron los concejales de Santa Cruz, al calificar la medida como un “show político”.

“Algunos concejales nunca aprueban, no aprobaron el desayuno escolar, la entrega de útiles escolares y ahora el plan de emergencia. Es una pena que hagan un show político porque ahora todos tenemos que trabajar por la comunidad”, manifestó el alcalde. 

La temporada de lluvias causa estragos en la región del oriente boliviano con infraestructuras severamente dañadas en unidades educativas y centros de salud.

Una localidad afectada fue Montero de Hoyos, del distrito municipal 15, donde el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz habilitó un albergue transitorio para atención integral de damnificados.

La temporada de lluvias, que trae consigo inundaciones y riadas, sigue afectando a la región oriental del país. Ya son ocho los municipios cruceños que se declararon en emergencia municipal, después de que El Puente y Yapacaní se sumaran a la lista.

Hasta el miércoles eran seis municipios declarados en desastre y cuatro en emergencia municipal.

Así, los municipios en desastre municipal son Yapacaní, El Puente, Pailón, Lagunillas, Cuatro Cañadas, Ascensión de Guarayos, San Julián y Moro Moro. Okinawa y Camiri se mantienen en emergencia junto a Cotoca que, en las últimas horas, también declaró esa condición por riadas.

El Concejo Municipal de El Puente emitió el jueves la declaratoria de desastre por las inundaciones que aquejan a su población y sus autoridades piden al Gobierno central envíe la ayuda necesaria para afrontar esta crisis.

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Municipios cruceños

Su alcalde, Proofel Huaylla, informó que hay varias comunidades bajo el agua y que las inundaciones están afectando de forma directa a su población.

Yapacaní tomó el mismo camino debido a las riadas y a la lluvia que no deja de caer sobre la zona. Los ríos Ichilo y Yapacaní registraron importantes crecidas de sus aguas afectando plantaciones de arroz, soya y maíz.

Las autoridades reportaron en las últimas horas que 2.800 familias de 80 comunidades se vieron afectadas y kilómetros de caminos y vías quedaron intransitables.

Entretanto, las intensas precipitaciones pluviales caídas sobre la región oriental del país entre lunes y martes provocaron el colapso de un dique en la localidad de Puerto Pailas, en el departamento cruceño. Autoridades y vecinos claman por ayuda para reparar las averías que dejan al poblado bajo el agua.

Al menos 14 puestos de venta de productos cárnicos fueron suspendidos por personal de la Intendencia del macrodistrito Max Paredes, de la ciudad de La Paz, luego hallar larvas, cucarachas y heces de roedor en los depósitos de carne.

La Unidad de Defensa de los Derechos de los Consumidores, en coordinación con la Intendencia de la Subalcaldía Max Paredes y la Guardia Municipal, realizó operativos en actividades económicas y depósitos de carne donde encontraron “serias irregularidades sanitarias”.

La jefa de la unidad, Geraldine Ugarte, informó que los controles se realizaron en las zonas El Tejar y 14 de Septiembre. Se puso mayor atención en las calles Incachaca y Munaypata, conocidas por la venta de cárnicos.

“Se identificaron alrededor de 92.680 kilogramos de cárnicos entre pollo, carne de res y carne de cerdo en mal estado y mala conservación”, señaló.

Además, se hallaron productos en descomposición y depósitos con contaminación biológica.

“Nos ha sorprendido, era mucho; había larvas, cucarachas y heces de ratón. Había una contaminación biológica bastante fuerte”, dijo Ugarte.

También se emitieron 26 citaciones a vendedores que no contaban con carnet de manipulación de alimentos ni listas de precios visibles. En total, se fiscalizaron 78 actividades económicas.

La autoridad edil recomendó a la población verificar el estado de los productos antes de comprarlos. “Que corroboren el olor, que no esté en descomposición, que esté bien conservado y cubierto”, aconsejó la funcionaria.

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Anunció que los controles son recurrentes y continuarán en todos los macrodistritos.

Señaló que los operativos buscan resguardar la salud pública y evitar la comercialización de productos en condiciones insalubres, poniendo en alerta a comerciantes y consumidores sobre la importancia del manejo adecuado de los alimentos.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó el bloqueo que afecta el acceso al relleno sanitario de K’ara K’ara y señaló que la medida responde a intereses políticos partidarios. Dijo que el gobierno municipal inició acciones jurídicas para lograr una pronta resolución.

La autoridad enfatizó la necesidad urgente de avanzar con el cierre técnico del botadero y la estabilización de una de las celdas; proceso para el cual ya se cuenta con una empresa adjudicada que llevará a cabo las labores en el ámbito técnico.

Explicó que es fundamental seguir adelante con el cierre técnico de K’ara K’ara. «Ya se cuenta con la empresa contratada para realizar este trabajo, un proceso que, como sabemos, es largo y complejo”.

También hizo referencia a gestiones anteriores, donde la empresa Colina fue contratada para operar en el relleno sanitario de K’ara K’ara. “El municipio cumplió con los procesos de licitación logrando avanzar con el cierre técnico, ya que es un procedimiento largo”.

Reyes Villa lamentó que “algunos actores políticos” pongan en riesgo la salud de la población, motivados solo por intereses partidarios.

“Es lamentable que existan personas que no les interesa la salud de la población y solo buscan sus intereses políticos partidarios”, dijo Reyes Villa.

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Asimismo, destacó el esfuerzo continuo de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), cuyos trabajadores cumplen con la recolección de residuos y aseguran la limpieza de la ciudad, a pesar de las dificultades causadas por el bloqueo.

Acotó que el gobierno municipal mantiene su compromiso de resolver el conflicto a la brevedad y garantizó que esta semana se alcanzará una solución definitiva para normalizar la situación.

Un proceso administrativo es el que enfrentará la directora de una unidad educativa de Sacaba, Cochabamba, por cortarles el cabello a tres estudiantes como castigo por llegar tarde a clases.

La delegada de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Marioly Álvarez, informó que, con el hecho, la educadora vulneró el artículo 153; de la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente; que establece que la violencia contra niños y adolescentes se constituye en una infracción.

“Se abre un proceso en la vía administrativa en la Dirección Distrital de Educación; y también es importante recordar que la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), en el artículo 153, establece que la violencia contra niños y adolescentes es una infracción”, explicó.

En redes sociales se difundió un video. En él se observa a la directora de una unidad educativa en Sacaba cortar el cabello a tres estudiantes de secundaria; supuestamente como castigo por llegar tarde a clases y en presencia de sus compañeros.

Con tijeras en mano, y en el patio del establecimiento, la directora cortó cabellos a los jóvenes, quienes estaban sentados en pupitres. El hecho ocurrió el lunes.

“Se prohíbe en el sistema educativo cualquier acto u omisión que conlleve el sufrimiento o menoscabo de la integridad personal de los niños y adolescentes”, enfatizó Álvarez.

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Recordó que la Constitución Política del Estado, en su artículo 61, prohíbe toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes; tanto en la familia como en la sociedad.

La Ley 548, en el artículo 116 parágrafo I inciso a), establece que el Sistema Educativo Plurinacional garantiza a las niñas, niños y adolescentes una educación sin violencia; así como la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez.