Luego de la lluvia de esta madrugada, el personal de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública (SMIP) de la Alcaldía de La Paz detectó una cárcava (hueco) en el carril de bajada de la Avenida del Poeta y señalizó el sector para de evitar accidentes.

La señalización está situada entre el Puente Gemelo y el Puente de Las Américas. Ante el cierre del carril, la Alcaldía sugirió precaución a los conductores al dirigirse al centro de la ciudad o viceversa.   

“Se ha presentado un lavado del material por debajo de la Avenida del Poeta producto a la presencia de vertientes e infiltración de aguas superficiales del lado derecho de la vía, que causó una cárcava interna y el asfalto ha quedado colgando”, informó luego de una primera evaluación el secretario municipal Boris Bacarreza.

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El equipo del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) fue desplazado al sector y se encuentra atendiendo el problema, hueco que tiene una longitud de tres por dos metros de diámetro y una profundidad de tres metros.

Los funcionarios construyen una barrera de protección para evitar que el agua de la lluvia continúe ingresando al sector afectado y agrave la situación.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se esperan lluvias durante el fin de semana. Ante esto, obreros de la Dirección de Mantenimiento programaron intervenciones para la semana entrante, durante dos noches “con cierres parciales de la vía”.

Después de que un juez lo absolviera de culpa, R. Ch., el taxista acusado de ser cómplice en el rapto del bebé Álex, enfrenta una situación muy difícil, pues el banco advirtió con embargarle el vehículo, que usa para trabajar, por incumplimiento de cuotas. 

“Por esta situación (rapto del bebé) estoy muy perjudicado. Me han quitado mi honorabilidad y mi fuente de trabajo, ahora resulta que el banco me quiere quitar mi auto”, dijo a F10 indignado y al borde de las lágrimas. 

R. Ch. estuvo cuatro meses con detención preventiva en el penal de San Pedro, acusado de participar en el rapto del bebé Álex. En diciembre de 2022, por falta de pruebas un juez determinó su inocencia y lo absolvió de culpa.

Sin embargo, ahora debe enfrentar una deuda que, según el Banco Nacional de Bolivia (BNB), supera los Bs 89.000. No obstante, el chofer —con papeles en mano— asegura que esta deuda no superaba los Bs 64.000, que adquirió para comprar su vehículo de trabajo.

Ante esta situación, pide a las autoridades del Gobierno ayudarlo para que el banco acepte una reprogramación del crédito. Aseguró que ya que no pudo cumplir con las cuotas porque se encontraba preso “injustificadamente”.   

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Contexto caso bebé Álex

El 18 de agosto del año pasado, R. Ch. salió a trabajar con su vehículo, como todos los días, cerca de la plaza Eguino, en La Paz; una mujer que llevaba a un bebé y su acompañante abordaron su coche. Entonces, él no tenía conocimiento de que se trataba de un rapto. El chofer los trasladó hasta la zona de Villa Fátima, luego ya no supo más de ellos.

La Policía, luego de cruzar los videos de las cámaras de vigilancia del sector donde fue raptado el bebé, identificó que las mujeres subieron al vehículo de Chura.

El taxista fue identificado y llevado a las dependencias de la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC) para que brinde su declaración informativa, pero fue aprehendido y acusado bajo cargo de complicidad de rapto.

Entonces, él alegó ser inocente; sin embargo, al día siguiente, el juez de turno dispuso enviarlo con detención preventiva al penal de San Pedro. Su abogado, Manolo Rojas, denunció varias irregularidades contra su cliente y reclamó garantías constitucionales y presunción de inocencia.

Un operativo de la Alcaldía de El Alto detectó comida en mal estado y hasta ratones en un restaurante del sector conocido popularmente como “Los Hornitos”, en el Distrito 3 del municipio, el negocio fue clausurado. Se hallaron múltiples irregularidades en los locales de esta zona.

“En un local había hasta ratones, es así que se procedió a la clausura automática, continuaremos con estos operativos en distintas zonas de la urbe alteña”, afirmó el Intendente Municipal, Wilmer Quisberth.

El trabajo se realizó de manera coordinada entre diferentes instancias ediles en un operativo motivado por una denuncia vecinal. El personal municipal se encargó desde el control de la inocuidad, las licencias de funcionamiento y hasta el nivel de contaminación del aire por la gran cantidad de quema de leña que hay en el lugar para cocinar.

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“Estamos realizando la medición de las partículas que emiten los hornitos. De acuerdo a los resultados vamos a verificar si puede llegar a ser dañina para la salud; a nivel municipal realizamos este tipo de estudio cada semana en distintas zonas del municipio”, afirmó la responsable de monitoreo de calidad de aire, Lourdes Quispe.

Los equipos municipales recorrieron la avenida Litoral, donde están estos negocios. En dos se identificó un funcionamiento sin autorización, otros dos tienen información desactualizada; y en otros sus documentos no coincidían con la clase de actividad que cumplían.

“Es lamentable que vendan alimentos en ese tipo de circunstancias, encontramos muchas fallas en los establecimientos; no están dando cumplimiento a la normativa, hemos decomisado ollas, cucharones, latas, refrigerador, comidas, carnes y verduras en mal estado”, indicó el intendente.

Conocido como el “asesino serial”, Richard Choque recibió este miércoles su quinta sentencia, esta vez por el delito de trata, proxenetismo y pornografía. Está acusado por al menos cuatro personas, tres mujeres y un familiar.

“Se ha declarado culpable del delito de trata, proxenetismo y pornografía”, confirmó la fiscal Sheila Rodríguez.

Iris y Lucy, de 15 y 17 años, respectivamente, fueron las dos últimas víctimas de este hombre. De acuerdo con las investigaciones, el sindicado las captó mediante redes sociales para luego explotarlas sexualmente.

“Posteriormente, las dos víctimas fueron encontradas enterradas en una habitación de la casa del autor en la zona Ballivián de la ciudad de El Alto; por ello, se abrió una investigación por la trata de ambas víctimas y otra, por el delito de feminicidio, esta última investigación también cuenta con sentencia”, informó el Ministerio Público, mediante una nota institucional.

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Choque fue aprehendido en enero del año pasado en un alojamiento de la zona San Sebastián de La Paz. Allí estaba con otra joven que también había contactado por redes sociales. Al realizar las investigaciones se descubrió que estaba implicado en la desaparición y muerte de Iris y Lucy, quienes eran buscadas por sus familias.

ASESINO

Esta es la quinta sentencia que se emite contra el sindicado. La primera de ellas fue dictada en noviembre de 2015, por el secuestro y asesinato de una mujer de 20 años. En 2019 logró salir de la cárcel, luego que un juez le otorgó detención domiciliaria.

La segunda condena fue dictada en marzo del año pasado, tras ser recapturado, por el feminicidio de Lucy. La tercera se emitió en septiembre de esa gestión cuando se lo declaró culpable de la muerte de su primo, un hecho que sucedió 11 años atrás.

La cuarta sentencia se dictó también en septiembre de 2022, esta vez por el feminicidio de Iris.

La fiscal informó que, dado que en Bolivia no se consideran las penas acumulativas, el sindicado deberá cumplir la condena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, que recibió por los feminicidios.

Actualmente está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

Pese a estar abrogada, la ordenanza sobre construcciones en La Paz sigue generando dudas. La Fiscalía admitió la denuncia interpuesta por legisladores nacionales sobre la ordenanza 046, tanto la Alcaldía como concejales han expresado su predisposición a apoyar la investigación.

“El Alcalde (Iván Arias) estará presente ante el requerimiento de la Fiscalía, de forma transparente a cualquier requerimiento. No tenemos nada que ocultar ante cualquier caso”, afirmó el secretario ejecutivo José Carlos Campero, según una nota institucional.

La ordenanza fue aprobada en septiembre del año pasado por los concejales Óscar Sogliano, Lucio Quispe, Lucía Mamani y Lourdes Chambilla, del partido Por el Bien Común-Somos Pueblo, y del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pierre Chaín, informó la municipalidad. El concejal del MAS Javier Escalier, vicepresidente de la instancia, firmó el acta.

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La norma recibió un inmediato rechazo. Expertos colegiados, como arquitectos, constructores e ingenieros, además de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), observaron falencias en la ordenanza, que facilitaba la construcción de edificios de hasta 40 pisos.

ORDENANZA

Tras varias críticas, el propio Escalier presentó una propuesta de abrogación que se aprobó y posteriormente el Ejecutivo municipal ratificó. Así la norma quedó sin efecto.

No obstante, varias dudas surgieron en torno a esto, e incluso Arias deslizó intereses personales tras la aprobación. El hecho se tradujo en una denuncia penal interpuesta por diputados, que está aceptada y ahora es motivo de investigación del Ministerio Público.

En la investigación se encuentra incluida la presidenta del Concejo, Yelka Maric, pese a que no estuvo la sesión y no firmó la aprobación; sin embargo, dijo también estar dispuesta a apoyarla. “He recibido la notificación para prestar declaración informativa en calidad de sindicada, dentro de la denuncia de oficio e investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la tristemente célebre Ordenanza 046/2022 de construcciones. ‘Quien nada esconde, nada teme’”, informó la legisladora edil mediante su cuenta de Twitter.