La Alcaldía calcula 75.000 construcciones fuera de la norma
El gobierno local busca que estas edificaciones regularicen su situación.
Un obra sin los respectivos permisos de construcción en la zona Sur de La Paz.
Imagen: Archivo La Razón
De las 300.000 construcciones existentes en el municipio de La Paz, se calcula que 75.000 se encuentran fuera de norma; de ese total, 3.750 son edificios con pisos mayores a cinco plantas.
“De las 300.000 edificaciones, casas, edificios que tenemos en La Paz, consideramos que el 25% está construido de forma irregular”, señaló a LA RAZÓN la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado.
Indicó que estas construcciones irregulares van desde casas pequeñas que han levantado un cuarto, un baño o donde se tenía patio, y fueron cerrados para convertirlos en negocio, hasta aquellos edificios donde los planos aprobados eran de ocho pisos, sin embargo se construyeron más.
La autoridad edil complementó que del total observado (25%), al menos 5%, equivalente a 3.750 edificios, tiene algún tipo de problemática como los pisos añadidos y el incremento de superficie construida. “Las edificaciones mayores, que son el 5%, pese a tener un permiso de construcción de ocho pisos han levantado el doble o más de pisos”, subrayó.
Entre las zonas donde hay estas irregularidades, Rocabado mencionó que están las prioritarias, como la avenida Busch, parte de Calacoto, Següencoma, Irpavi, las laderas Este y Oeste, y las zonas de la periferia de la ciudad con las construcciones denominadas menores.
Para el presidente del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, Henry Colpari, el tema de las edificaciones fuera de norma pasa por un problema complejo debido a que la Alcaldía no tuvo la capacidad de fiscalización en estas obras, además advirtió que el sistema de aprobación de los proyectos, el certificado catastral, el permiso de construcción y los planos que cotidianamente necesita la ciudadanía se han vuelto demasiado burocráticos.
ALTERNATIVA.
“El ciudadano va a solicitar un permiso de construcción y esto le dura entre cinco y seis meses, e inclusive un año. Este tipo de procedimientos ha hecho que la ciudadanía busque otra solución y alternativa, por lo que se ha visto en la necesidad de decir: ‘después lo voy a legalizar’”.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Departamental La Paz, Raúl Daza Quiroga, indicó que esta problemática causa una gran preocupación, debido a que estas construcciones fuera de norma, sin duda no han pasado por el visado de la SIB y esencialmente son una inquietud por la inseguridad que pueden representar no solo en el plano estructural sino también geotécnico, eléctrico o de seguridad industrial.
“Aun en edificaciones bajo norma existe un peligro, como hemos visto recientemente en el caso de la ex Vita, riesgos que pueden ser evitados o previstos si es que todas las construcciones poseen la respectiva revisión y visado de la SIB, lo cual no es así y no es exigido por el municipio de La Paz”.
Agregó que otra de las problemáticas está en la incidencia de la jurisdicción y los límites municipales, conflictos aprovechados por constructores inescrupulosos para edificar sin las mínimas condiciones de seguridad y fuera de norma.
La Comisión de Organización Territorial del Estado remitió el 8 de agosto la Resolución de Minuta de Comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, respecto a la aplicación de la Ley 467 que legaliza construcciones fuera de norma.
En abril, el alcalde de La Paz, Iván Arias, fue convocado por esta comisión para que brinde un informe sobre la normativa que permite legalizar esas edificaciones.
Esta instancia legislativa recomendó al burgomaestre que todas las construcciones fuera de norma con un total de seis plantas o más estén en una base de datos de fácil acceso e irrestricto por internet para la ciudadanía.
Además de que en esta base de datos se tenga la información de los estudios técnicos de geología y geotecnia, como el certificado de estabilidad, para verificar la estabilidad del suelo que soporta la estructura del edificio construido.
Y en aplicación a la normativa vigente, se recomienda que la Alcaldía proceda a la demolición de las plantas que se encuentren fuera de norma, entre otros puntos respecto a esta temática.
Perjuicios de las edificaciones fuera de norma
- A la ciudad. Consecuencias de la alta presión demográfica provocada por el exceso de departamentos en los edificios, consecuencias en los sistemas de alcantarillado con riesgo de colapso, la falta de espacios de estacionamiento y saturación de tráfico.
- A vecinos. Pérdida de calidad de vida por las altas edificaciones sin retiro, por la sombra proyectada en los espacios públicos y viviendas aledañas y por la inminente pérdida de valor de sus propiedades.
- Al desarrollo económico y urbano. Con relación a la falta de seguridad jurídica para las inversiones inmobiliarias, la competencia desleal a quienes cumplen con la norma, de parte de quienes de manera flagrante la incumplen.
- A los compradores de departamentos. Quienes han hecho pagos al contado y no han recibido los documentos de propiedad de sus departamentos. No les permitirá transferir ni heredar su propiedad, ni la podrá entregar como garantía de crédito.
Lo que se conoce
- Plazo. La Ley 467 tiene un plazo de aplicación sobre regularización de edificaciones fuera de norma hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Ley 467. El municipio de La Paz, con esta norma, busca regularizar las construcciones que se realizaron sin autorización.
- Edificios. Pese a contar con sus planos de aprobación, tienen problemas como los pisos añadidos, ocupación de retiros e incremento de superficie construida.
Ingresaron 700 trámites para la regularización
La Alcaldía de La Paz, desde que dio inicio con la aplicación de la Ley 467 de Regularización de Edificaciones y Adecuación Normativa Territorial para construcciones fuera de norma, a la fecha captó 700 procesos de regularización.
“Han ingresado al gobierno municipal 700 procesos de regularización de edificaciones, con una recaudación de 7 millones de bolivianos”, indicó a LA RAZÓN la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado.
Remarcó que a este proceso de regularización pueden ingresar obras que hayan concluido sus construcciones antes del 28 de noviembre de 2021.
“Tiene que ser una edificación concluida, que tenga catastro aprobado, derecho propietario y folio real. Lo único que no va a tener son los pisos con los que tenía que haber construido y ha elevado más de lo debido”, remarcó la autoridad.
Para el presidente del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, Henry Colpari, esta ley, que tiene vigencia hasta fin de año, no está marchando como debe ser, debido a que las multas son altas, por lo que no está dentro de las posibilidades económicas del ciudadano. “Estas multas son basadas en el costo real de la construcción y con una multa de 10 veces más su valor. Ninguna persona que se dedica a la construcción se atrevería a entrar en este sistema de regularización”.
Agregó que el Colegio de Arquitectos no está de acuerdo con este tipo de regulaciones porque así se está destruyendo la ciudad y lo que se necesita es un sistema de planificación integral y no legalizar lo ilegal. “Estamos con ese llamado de regularización pero hasta el nombre es incongruente, no podemos legalizar lo ilegal”.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Departamental La Paz, Raúl Daza Quiroga, desde el punto de vista estrictamente técnico, afirmó que el municipio debe amparar que la Ley 467 no sea aprovechada por personas que pretendan legalizar construcciones fuera de norma, sobrepasando los límites establecidos para las construcciones como tal.
“La Ley 467 debe guarecer la seguridad por encima de cualquier interés a fin de evitar riesgos lamentables, tomando en cuenta inclusive la topografía y el tipo de suelos del municipio, siendo imperativa la actualización del mapa de riesgos, otra gran y urgente tarea pendiente del municipio y en la cual la SIB está dispuesta a colaborar”, añadió.
