El secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTC), Omar Ramírez, confirmó la incorporación de su organización al “cerco” a Santa Cruz.
Con esa protesta, rechaza el paro convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz y que cumple este martes su quinto día. No se descarta el corte de servicios básicos.
“Nuestro cerco va a ser contundente, (y está) orientado a desabastecer los alimentos de primera necesidad”, advirtió Ramírez en un video publicado por Erbol.
“Asimismo, vamos a cortar todo el servicio de transporte público, privado, terrestre y aéreo. No descartamos cortar los servicios básicos”, añadió.
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Afirmó que llegarán entre “500.000 a un millón de campesinos” de distintas regiones del país para reforzar el cerco, que cuenta con tres puntos de bloqueo hasta este miércoles.
“Es necesario dar un castigo ejemplar a la oligarquía cruceña y al sector empresarial, a la gente que (aún) parando sigue gozando de sus haberes y salarios mensuales”, reclamó.
La paralización de actividades en Santa Cruz busca que el Gobierno acepte la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.
El Decreto Supremo 4760, del 13 de julio, establece el empadronamiento para mayo o junio de 2024.
“Va a ser un cerco de mucho tiempo”, adelantó el dirigente campesino.
Con el fin de hallar una solución a ese conflicto, el presidente Luis Arce convocó a un encuentro de gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas y otros sectores de cada región.
El gobernador Luis Fernando Camacho, que anteriormente condicionó el diálogo previa abrogación de dicha norma, confirmó su asistencia a la cita del viernes en Cochabamba.
En esa misma línea el alcalde de La Paz, Iván Arias, y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, le dijeron sí a la convocatoria del Gobierno.