Con el objetivo de garantizar la inocuidad alimentaria durante las fiestas de fin de año, la Alcaldía de La Paz publicó este martes la lista de 79 marcas de panetones autorizados para su comercialización en la sede de Gobierno.

Geraldine Ugarte, jefa de la Unidad de defensa de Derechos a los Consumidores, explicó que las marcas tienen 12 dígitos de control sanitario y cumplen con los requisitos establecidos por norma.

La lista incluye 79 marcas paceñas y además existen otras marcas importadas, en total 165 marcas autorizadas. “Hay productos que son importados, de Cochabamba, de Santa Cruz; o incluso de otros países que de la misma forma deben contar con el Registro Sanitario”, complementó.

Asimismo, Ugarte señaló que se realizarán operativos de control desde el miércoles 11 en coordinación con las intendencias de los siete macrodistritos.

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Panetones

Los panetones aptos para el consumo humano deben cumplir con criterios específicos: registro sanitario, fecha de vencimiento vigente y calidad de los ingredientes. Además, Ugarte resaltó que los productos deben ser “esponjosos, con frutas abrillantadas brillosas y no opacas. No deben estar expuestos al sol”, para asegurar su frescura y calidad.

Para quienes infrinjan las normas, la jefa de esa unidad afirmó que se contemplarán sanciones como el decomiso inmediato; y el desecho de los productos no autorizados o en mal estado. “Emitimos un acta de decomiso y una citación correspondiente, asegurando el cumplimiento de las regulaciones alimentarias”, detalló.

Asimismo, Ugarte adelantó que en los próximos días se intensificarán los operativos de control en productos perecederos, con especial atención a la carne de cerdo, debido a la alta demanda que genera este alimento durante estas fechas.

Este lunes, el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) activó la campaña navideña de verificación de contenido neto de productos como alimentos, bebidas, juguetes y otros típicos de la temporada.

El asesor de la Alcaldía de La Paz Óscar Navarro responsabilizó a la inmobiliaria Kantutani y a la Alcaldía de Achocalla por el deslave en la zona de Bajo Llojeta.

El 23 de noviembre bajó una mazamorra cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó el incidente y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta.

El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas y el fallecimiento de la niña Camila, de cinco años de edad.

De ese modo, la Fiscalía abrió una investigación de oficio para encontrar a los responsables. Sin embargo, la Justicia determinó que el alcalde de La Paz, Iván Arias, acusado por el deslave, se defenderá en libertad.

La comisión de fiscales que investiga el caso definió no emitir la orden de aprehensión.

Lo opuesto ocurrió con el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, quien cumplirá detención preventiva en la cárcel de Patacamaya. La semana pasada, el Ministerio Público presentó la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones leves y graves.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Navarro aseguró que el principal culpable del hecho es la empresa y, posteriormente, la Alcaldía de Achocalla por los permisos que otorgó a la inmobiliaria.

“Desde un primer momento, la responsable es la empresa que hizo los movimientos de tierra sin obras de seguridad, no hicieron muros de contención, ni gaviones (…). Luego, (el segundo responsable es) Achocalla que dio la autorización, pero no definió obras de estabilización que debería hacer”, dijo en la entrevista.

El funcionario contó que existe un informe que data de junio de 2023, documento que se encuentra en la imputación de Condori, en el que establece que ya en esa fecha existían rajaduras y aguas están mal conducidas en el predio.

“La Alcaldía de Achocalla podía tomar medidas adicionales. Cuando existe un movimiento tan grande de tierras deben hacer un estudio topográfico”, añadió.

No obstante, Navarro calificó de “injusta” la detención preventiva de Condori. “No creo que el alcalde de Achocalla se vaya a fugar”. 

El lunes, el alcalde Arias salió de la Fiscalía en medio del respaldo de funcionarios ediles y vecinos que realizaron una vigilia mientras declaraba.

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El riesgo de deslizamiento persiste en la Ceja de la ciudad de El Alto. La Alcaldía reportó este lunes que, a pesar de las notificaciones y la insistencia, al menos 30 personas hacen caso omiso a los llamados a desalojar por seguridad; en tanto que la urgencia por las lluvias crece.

“Faltan unas 30 personas más (…), pero no quieren aceptar el desalojo y tampoco los queremos sacar a la fuerza. Esta es la última vez que vamos a recomendar, con esa advertencia vamos a tener que coordinar con la subalcaldesa del Distrito 1”, señaló el secretario municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de El Alto, Gabriel Pari, en Bolivia TV.

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El sector en riesgo se encuentra puntualmente en la avenida Panorámica del citado barrio alteño. Allí, al borde de un precipicio se encuentran varias casetas, que la comuna ha pedido desalojar para evitar poner en riesgo la seguridad de quienes las habitan.

No obstante, al momento, no se ha logrado del todo despejar el área. La urgencia está latente dado el inicio de la temporada de lluvias y las precipitaciones en el municipio son cada vez más intensas y persistentes.

“Están en alto riesgo todo ese sector de la Panorámica, el talud de este lugar. Entonces, sí o sí tienen que abandonar los amautas que se encuentran en este sector”, señaló el funcionario.

Pari recordó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha informado sobre las venideras precipitaciones y reiteró el llamado a las personas notificadas a que salvaguarden su seguridad con el desalojo oportuno.

Para mañana, martes, está prevista la audiencia de Acción Popular interpuesta por la Alcaldía de La Paz contra la empresa Kantutani. En respuesta a la afectación sufrida por el municipio a raíz de la remoción ilegal de tierras. Situación que provocó una mazamorra tras las lluvias del 23 de noviembre pasado.

La Alcaldía, a través la directora Jurídica Amparo Morales, confirmó que la acción popular fue presentada la semana anterior. La sala correspondiente admitió la demanda. “El día de mañana (martes) se va a desarrollar la audiencia”, afirmó Morales a los medios de comunicación.

La acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio. También con el medio ambiente, el espacio, seguridad y salubridad pública, entre otros. 

Morales explicó que, en este caso, la demanda busca que se tomen las medidas adecuadas para compensar los daños causados a la comunidad. Especialmente a los damnificados en el sector de Bajo Llojeta, quienes se vieron seriamente afectados por el desprendimiento de tierra y escombros.

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La Alcaldía enfatiza la importancia de esta acción legal no solo como un mecanismo de reparación, sino también como una medida preventiva para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

“La audiencia representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para los afectados y en la regulación de las actividades de la empresa involucrada”, señala una nota institucional.

Dirigentes de tres juntas vecinales y 13 representantes del Control Social de la ciudad de Santa Cruz rechazaron el acuerdo entre la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y los micreros para subir el costo del pasaje a Bs 2,37.

“Nos declaramos en emergencia por este incremento arbitrario e ilegal. Rechazamos esta decisión y el supuesto informe técnico del Ejecutivo Municipal que autoriza la subida del pasaje que atenta contra la economía de la gente”, señala el pronunciamiento.

El sábado, la dirigencia de los choferes y la de Fejuve, acordaron aplicar una tarifa transitoria de Bs 2,37.

Este lunes, otro grupo de vecinos se reunió con los concejales y respaldaron la normativa que aprobaron para mantener el costo del pasaje en Bs 2.

Los vecinos declararon persona no grata y enemigo a Orlando Peña y Rubén Rocha, del Control Social. Afirmaron que carecen de representación para definir un incremento en las tarifas de los microbuses.

“Se les iniciará acciones legales y constitucionales como una Acción Popular por el delito de usurpación de funciones”, añade el documento.

La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, afirmó que el pleno mantiene su posición de respeto a las leyes y normas vigentes como mantener los Bs 2 las tarifas del transporte público.

“Decimos esto porque empresarios del transporte y dirigentes vecinales cuestionados pretenden aplicar una tarifa transitoria de 2,37 bolivianos, que en realidad es 2,50. Pero ese acuerdo es totalmente ilegal”, señaló la legisladora.

Advirtió que “tanto los dueños de micros y el dirigente Peña no van hacer los que les dé la gana, porque la ley se respeta y es mantener el pasaje de Bs 2”.

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LEY

Mucarzel conminó al alcalde Jhonny Fernández promulgar la ley y sancionar a las líneas que realizan cobros excesivos.

El viernes, el pleno del Concejo aprobó el proyecto de ley que declara Necesidad Pública hacia un Nuevo Sistema de Transporte.

“Una vez más, instruimos al alcalde que cumpla la norma y que trabaje por Santa Cruz en un sistema de transporte moderno y eficiente. Porque la ciudad no puede ser rehén de un sistema obsoleto e inhumano en el que los usuarios sufren constantes maltratos”, cuestionó.

Solicitó a Fernández que, en un plazo de 15 días hábiles, promulgar el proyecto de ley, “caso contrario, yo misma la promulgaré para beneficio de la población”, remarcó.