Este miércoles se cumplen 44 años del cruento asesinato de ocho líderes de la dirigencia del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en la denominada Masacre de la calle Harrington, durante el gobierno de facto del dictador Luis García Meza.

Artemio Camargo, José Reyes, Ricardo Navarro, Ramiro Velasco, Arcil Menacho, Jorge Baldivieso, José Luis Suárez y Gonzalo Barrón, integrantes de la Dirección Nacional del MIR, hacer 44 años eran acribillados.

Son conocidos como los “mártires de la calle Harrington”, donde se encontraba la casa de la zona paceña de Sopocachi en que se reunían para analizar las medidas económicas que habían sido avaladas por la cruenta dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, cuando se tenía que andar con el “testamento bajo el brazo”.

Ese 15 de enero de 1981, “fueron asaltados por 13 paramilitares que llegaron en dos jeeps y varias furgonetas e ingresaron al domicilio, mientras otro grupo de paramilitares armados había rodeado el manzano y un tercer grupo había ingresado a las casas vecinas bloqueando el barrio. En esta intervención, los ocho representantes de la Dirección Nacional del MIR fueron asesinados”, señala un documento elaborado por la Defensoría del Pueblo.

Solo Gloria Ardaya logró salvar la vida al ocultarse bajo una cama, aunque luego fue descubierta y sometida a tortura física y psicológica.

Lea más: La masacre de la Harrington, 43 años de memoria

“En la calle Harrington escuchamos el ruido, el frenazo de dos jeeps; de ellos bajan elementos armados. Cuando nos acercamos a la ventana, vimos que un nutrido grupo de gente armada trepaba por las rejas; nos dispersamos y yo me metí bajo la cama. (…) Les preguntaron sus nombres, en ese momento se escuchó ráfagas de ametralladora. El piso sobre el cual estaba yo encogida bajo la cama se movía; el ametrallamiento duró cinco minutos”, declaró Ardaya en el juicio contra García Meza.

Una investigación de José Coco Pinelo, militante del MIR, quien debía participar de esa reunión, concluyó que “el campesino A.A, hijo de un miembro del Bloque Campesino del MIR y encargado de cuidar la oficina del partido de la Mariscal Santa Cruz, era el agente infiltrado que dio a conocer que ese 15 de enero habría una reunión de la dirección nacional del MIR, sin embargo, las FFAA aún no sabían del lugar”, publicó La Razón hace nueve años.

Así, los militares armaron tres operativos de seguimiento para dar con el paradero de la cita. “Veinte minutos antes de que lleguen a la reunión los compañeros, las FFAA ya estaban rodeando la Harrington. Gloria Ardaya (sobreviviente) se salva porque llegó antes que los militares”, contó entonces Pinelo.

El juicio de responsabilidades a García Meza y sus colaboradores duró siete años. El 21 de abril de 1993, la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo. García Meza y Arce Gómez recibieron 30 años de cárcel sin derecho a indulto, junto a otros 13 paramilitares, por la comisión del delito de “Genocidio de la calle Harrington: masacre sangrienta y asesinato (…) y organización de grupos armados irregulares”.  

La sentencia se constituyó “en el primer caso en América Latina que llegó a condenar el delito de genocidio por la masacre a los ocho dirigentes nacionales del MIR, perpetrada en un operativo que estuvo planificado y enfocado a un determinado grupo, con el objetivo de exterminarlos por razones políticas”, remarca la Defensoría.

Para recordar este trágico acontecimiento, el pleno de la sesión de la Cámara de Senadores realizó este miércoles un minuto de silencio en memoria de los ocho bolivianos que fueron acribillados en 1981.

“Presidente yo quiero pedir un minuto de silencio para estos ocho bolivianos, pero también de todos los hombres y mujeres indistintamente de su pertenencia política partidaria o su participación que sacrificaron su vida o sacrificaron el dolor sus familias para que nosotros que estamos presentes podamos darle un mejor destino a la patria”, dijo el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira.

El pleno de la Cámara de Senadores instaló la sesión e inició el debate de la Proyecto de Ley de Distribución de Escaños parlamentarios, con el pedido de la dispensación de trámite por un lado y el rechazo a la norma por otro.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco pidió que el proyecto de ley 230, de Distribución de Escaños, se trate por dispensación de trámite para que se apruebe en esa instancia legislativa.

El senador de Comunidad Ciudadana Santiago Ticona rechazó la propuesta y pidió que la norma pase a la comisión para su respectivo tratamiento.

La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis.

El proyecto de ley fue elaborado por el TSE, en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño.

En caso de aprobarse la norma en la Cámara de Senadores, la distribución de escaños quedará de la siguiente manera: La Paz y Santa Cruz con 29 escaños cada uno, Cochabamba con 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando con 5.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi advirtió el martes del riesgo que corren las elecciones presidenciales de este año, si no se aprueba la ley de escaños hasta este miércoles.

 “El riesgo potencial es que se frene la elección. Hay que recordar que hay más de tres millones de cruceños que podrían presentar un recurso de amparo constitucional una vez que comience la elección presidencial, que pondría en riesgo la elección”, dijo el vocal a Unitel.

La Comisión de Ética se prepara para revisar y analizar los casos que no fueron atendidos entre 2023 y 2024. El objetivo es dar cumplimiento a lo que dispone el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado.

“No llegan ni a 20 denuncias, por lo tanto, no va a ser tan difícil. Vamos a priorizar el trabajo de esta comisión, porque tanto el país como los diputados están esperando resultados (…); para ningún miembro de la comisión debe haber evistas ni arcistas ni partidos políticos, creemos que todos tenemos que actuar conforme al reglamento”, afirmó la diputada Lidia Tupa, miembro de la comisión.

Según el procedimiento, las denuncias deben ser presentadas con las pruebas suficientes y los legisladores denunciados serán notificados, y “tendrán el tiempo suficiente para presentar sus descargos y, de acuerdo con la carga probatoria, se someterá a votación para aprobar o rechazar la resolución”.

La pasada semana, el pleno de Diputados conformó la Comisión de Ética, que ahora se prepara para conformar su directiva, con el fin de tratar —con prioridad— los casos pendientes.

Lea más: Viceministro Ríos pide activar la Comisión de Ética contra Arispe por amenazas de muerte

El viernes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, pidió activar la Comisión de Ética contra el diputado evista Gualberto Arispe por emitir amenazas de muerte. 

“Pedimos a la Asamblea Legislativa (que) es momento que, ahora, la Comisión de Ética de esta instancia procese al señor Gualberto Arispe por estas acusaciones que se han emitido”, indicó la autoridad.

Sobre el caso del diputado Arispe, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados Deysi Choque dijo que “no hay nada que investigar” porque es un autor confeso, tras emitir sus declaraciones de manera pública.

“Ha indicado claramente que el policía que esté decido a morir vaya al Trópico. No es un tema que se vaya a investigar y es un tema público”, aseveró la legisladora.

Recordó que la Comisión de Ética delibera de manera rápida y emite una resolución “bastante rápida”. “Entendemos que hay muchísimas denuncias que han existido durante estos dos años que ellos tendrán que deliberar”.

Dijo que se tiene pendiente las agresiones de la Asamblea Legislativa al vicepresidente David Choquehuanca, además del daño y perjuicio al mobiliario de la Cámara de Diputados, y también las acciones y actuaciones que comete el diputado Héctor Arce contra las mujeres.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que sala plena del ente electoral dispuso la ampliación por séptima vez el plazo para que las organizaciones políticas renueven sus directivas hasta el 20 de marzo.

“En Bolivia tenemos más de 160 organizaciones políticas de alcance municipal, regional, departamental y alcance nacional. Todas ellas tienen que cumplir con este plazo, hasta el 20 de marzo, para que puedan renovar sus directivas”, dijo.

Reiteró que en caso que no renueven sus directivas serán sancionados y amonestados. También recordó que aquellos partidos que hayan acumulado tres amonestaciones, perderán su personería jurídica.

Lea más: El TSE amplía por quinta vez el plazo para que los partidos renueven directivas

Dijo que en esa línea de acumular tres amonestaciones están dos partidos políticos de alcance nacional, entre ellos, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“(Ambos) están con dos amonestaciones y una tercer más sería una tarjeta roja. A eso hay que agregar que hay un partido de alcance nacional que no ha renovado directorio que es el Frente Para la Victoria (FPV)”, señaló.

Aseveró que de los 13 partidos de alcance nacional, se tiene tres partidos políticos que tienen pendiente la renovación de su directiva. “Todo tiene un límite, hasta el 20 de marzo no van a cumplir con esta renovación, vamos a proceder con la aplicación de la ley”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo destacó que, desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2024, se realizaron más de 41.000 operativos en materia de lucha contra el narcotráfico con la destrucción de más de 140 toneladas de droga.

Detalló que en este periodo se destruyó 85 toneladas de clorhidrato de cocaína y 55 toneladas de pasta base de cocaína.

También dijo que se incineraron 1.290 toneladas de marihuana, que alcanza cerca a las 1.500 toneladas de droga que han sido destruidas durante este periodo.

“Si hablamos de sustancias químicas sólidas estamos hablando de 2.651 toneladas, sustancias químicas líquidas más de 3 millones de litros”, dijo la autoridad al destacar la destrucción de 3.859 fábricas y la aprehensión de 13.461 personas.

La autoridad puntualizó la ruptura del puente aéreo para la droga con el secuestro de 218 avionetas que ingresaron de manera irregular al país, con la destrucción de 300 pistas clandestinas en esta administración gubernamental.

Además, dijo que solo en la gestión 2024 se realizaron más de 10.370 operativos con la destrucción de más de 20 toneladas de pasta base de cocaína, más de 45 toneladas de clorhidrato de cocaína secuestradas e incineradas.

Lea más: La mayor parte de las fábricas de cocaína está en Villa Tunari, dice Del Castillo

“Estaríamos hablando que en Bolivia estarían valuadas en más de $us 198 millones. Si esa droga hubiese llegado a un país europeo estaríamos hablando más de $us 1.980 millones. Si esa droga hubiese llegado a los países asiáticos, estaríamos hablando más de $us 8.580 millones”, detalló.

La autoridad también destacó la incineración de sustancias químicas sólidas, líquidas y otras con un total de aprehendidos de 3.356 y 1.407 fábricas destruidas.

Respecto a los datos comparativos con gobiernos anteriores en la lucha contra el narcotráfico, dijo que en “la época de (Gonzalo Sánchez de Lozada) Goni tan solo se incautaron 12,9 toneladas, en la época de Carlos Mesa se incautaron 8,7 toneladas y en la época de Rodríguez Veltzé, otro opinador también de la lucha contra el narcotráfico, tan solo se incautaron 12,5 toneladas, en la gestión de Evo Morales en 2019, se incautaron 15,5 toneladas”.

Destacó que solo en la gestión 2024 se alcanzó 66 toneladas de cocaína, que en criterio de la autoridad no superan las administraciones anteriores.