La Alcaldía de Cochabamba comenzó el domingo con el Registro Poblacional Municipal donde los encuestadores lograron recolectar datos de familias que habitan en 955 casas, en el Distrito 12.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, explicó que el registro tiene el propósito de demostrar que los datos del último censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no son correctos.

El trabajo se extenderá hasta fin de mes. La consulta se hará también en los distritos 8, 9 y 15, sectores en los que se identificó mayor crecimiento territorial y poblacional.

¿Cuántos son? ¿Alguna persona murió desde el 2012? ¿Alguien nació después del 2012? ¿Alguna persona que vivía en este hogar, actualmente vive en otro país desde el 2012? Con esas preguntas, más de 100 funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba realizaron la encuesta.

El alcalde Manfred Reyes Villa calificó como “exitosa” la primera actividad de recolección de datos.

“Buscamos demostrar la cantidad de habitantes que tiene Cochabamba. Nos dijeron que en 12 años hemos crecido con 29 mil personas, cuando han nacido alrededor de 230 mil en Cercado y ha habido aproximadamente 35 mil muertos” informó el alcalde.

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Reyes Villa puntualizó que el municipio supera el millón de habitantes y que con este registro poblacional se solicitará una distribución adecuada de recursos.

“Significará mayores recursos y también la distribución de escaños, no tenemos por qué quedarnos callados frente a la disconformidad de la población cochabambina” expresó.

CENSO

Respecto del Censo de 2001, Reyes Villa explicó que, en ese empadronamiento, Cochabamba tenía 517.024 habitantes, todos censados en un territorio de 8.294,93 hectáreas.

Acotó que en el Censo de 2012 se cuantificó 632.013 en un territorio de 10.995,55 hectáreas.

El gerente de Semapa señaló “es un trabajo arduo el que estamos realizando y esperamos que en los próximos tres domingos podamos terminar este registro (…) Pasadas estas semanas daremos a conocer los resultados, pedimos a los vecinos que se queden en sus viviendas para recabar los datos solicitados”.

Durante la intervención policial de rescate a una niña, víctima de violación, la Policía halló 71 videos de producción casera y fotografías relacionadas con material pornográfico de abuso sexual infantil.

Dicho material estaba almacenado en dispositivos que eran difundidos y comercializados por un hombre de nacionalidad española. Autor también de violación a la menor de siete años de edad.

El hecho ocurrió en la ciudad de Santa Cruz. Según el informe del Ministerio Púbico, el agresor, José Luis Sauceda, radica en esa urbe desde hace 11 años.

El hecho se devela luego de la investigación entre la Unidad Especializada en Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía y las plataformas internacionales. Con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación (Educo). Con lo que se logró establecer un sistema eficiente para identificar y perseguir delitos de abuso sexual infantil.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, informó que “se procedió al rescate de la víctima de siete años, quien aparecía en varios de los videos de pornografía. Éste tenía registrados en varios equipos”.

Acotó que “la niña fue vejada y utilizada por el agresor desde sus tres años de edad. Se conoce que este sujeto mantenía una relación de pareja con la abuela materna de la víctima. Por esa razón tenía acceso a la menor”, señaló Rocha.

SECUESTRO

La fiscal informó además que la Policía también encontró y secuestró ropa e indumentaria relacionada con un grupo denominado guardia civil. Ésta pertenece al instituto armado español de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del interior y del Ministerio de Defensa de España.

“Asimismo, se encontraron gorras tácticas de uso policial del Estado boliviano” dijo Rocha.

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La fiscal resaltó el trabajo junto a la cooperación de Educo y la creación de esta Unidad Especializada, Esto permitió realizar hasta el momento ocho operativos en distintos departamentos.

Afirmó que este último operativo es uno de los más importantes por la implicancia del caso, lo que determinará si existen más autores, partícipes y víctimas.

El denominado Gran Vía Mall, ubicado en el Nudo Vita, en La Paz, está a punto de ser inaugurado, a pesar de ser una construcción “ilegal”, según el Ministerio de Obras Públicas. 

En julio de 2022, el último piso de la edificación ardió en llamas. En ese entonces, el Ministerio de Obras Públicas develó que era una construcción ilegal y que fue avalada por la gestión del exalcalde Luis Revilla.

Además, atentaba contra un puente férreo, parte de la propiedad de la ex Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), declarado Patrimonio Cultural por la Ley 630 del 19 de enero de 2015.

También la actual administración municipal de La Paz confirmó, en 2022, que la construcción del edificio Mall Gran Vía es irregular y se observó que al menos 11 procesos estaban en trámite en la justicia para paralizar la obra.

De acuerdo con información de la Subalcaldía Centro de La Paz, la edificación no cuenta con planos aprobados, los dueños enfrentan los 11 procesos y, hasta julio de 2022, no pagaban una deuda de Bs 2 millones por una serie de multas.

“El señor Eynar Vizcarra dijo que en la gestión del exalcalde Luis Revilla recibió el permiso para la construcción del edificio ubicado en el Nudo Vita, cuando ya se conocían las irregularidades de esta obra. Ahora esperamos que el alcalde Iván Arias resuelva el tema y no se convierta en cómplice del exalcalde”, indicó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, luego del incendio en el edificio.

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El subalcalde del Macrodistrito Centro, Rodney Miranda, afirmó que a la fecha sumaron dos procesos más en contra de los dueños de la obra, es decir, en total son 13.

RECURSOS

Sin embargo, aclaró que los propietarios del inmueble presentaron recursos jurídicos y que actualmente se ventilan en estrados judiciales. Mientras tanto, dijo, el gobierno municipal continúa con los procesos de fiscalización.

“Se están haciendo los procesos de fiscalización. Existe la normativa que establece los procedimientos, en ese sentido es que estamos con constantes procesos de fiscalización que están siguiendo su curso. Según la normativa se establecen desde sanciones pecuniarias hasta la demolición”, dijo Miranda a La Razón.

Señaló que la obra tiene varias paralizaciones y que son los propietarios del edificio los que hacen caso omiso y continúan con las obras “actuando de forma negligente”.

El Ministerio de Obras Públicas comenzó un proceso en marzo de 2019 en contra del principal dueño de la construcción, Eynar Vizcarra, por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y a la riqueza nacional, y hace dos años estaba con imputación formal.

La Razón intentó comunicarse con la Dirección de Comunicación de Obras Públicas sin éxito.

En tanto, obreros de una empresa constructora realizan los últimos trabajaos para inaugurar la obra.

COMERCIANTES

Los comerciantes que en un tiempo se negaban a moverse del lugar firmaron un acuerdo para continuar en el sector. Es así que de puestos de venta con tarimas y toldos cambiaron por casetas.

“Hemos llegado a un acuerdo. No podíamos perder nuestras fuentes de empleo y ellos han entendido. Entonces hemos optado por cambiar (a) las casetas”, dijo la representante.

También fueron remozadas las aceras y se dejó un espacio en el ingreso del mall.

La construcción del edificio Mall Gran Vía está emplazada en el terreno de lo que otrora era Laboratorios Vita, ubicada entre las avenidas Manco Kapac y Perú.

Este martes, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que aprehendió a un ciudadano español por el delito de pornografía infantil en contra de una niña de siete años de edad, de quien pudo haber abusado desde que tenía tres.

“Se identificó más de 71 videos de producción casera y fotografías almacenadas en dichos dispositivos, que eran distribuidos difundidos y comercializados”, explicó Alejandra Rocha, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil.

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Asimismo, se procedió con el rescate de la víctima, quien presuntamente fue vejada y utilizada por el hombre desde los tres años de edad. Por ello, no se descarta la ampliación de la investigación para identificar «otros hechos delictivos más graves».

Según informó la funcionaria, el hombre radicaba desde hace 11 años en Santa Cruz y tenía una relación con la abuela materna de la víctima. Además, se identificó que el aprehendido tenía en su poder indumentaria relacionada a la Guardia Civil de España y algunos objetos, como gorras, de la Policía Boliviana.

De acuerdo con Rocha, el material pornográfico se difundía en redes sociales, por lo que se iniciarán las investigaciones para encontrar a los otros partícipes del delito e identificar a otras víctimas.

Inclusive, por la cantidad de videos y de fotografías, no se descarta una ‘red’ dedicada a la pornografía infantil. Se espera que en las próximas horas se esclarezcan los hechos.

La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, denunció “intenciones” de la Alcaldía de La Paz de regularizar, por lo menos, 10 construcciones ilegales en la zona Sur de la ciudad.

En entrevista con La Razón Radio, develó que el subalcalde de la zona Sur, Vladimir Ávila, ha emitido informes con los que obligó a la aprobación de planos, en el marco del Decreto Municipal 0034, que ya ha sido abrogado y, por lo tanto, no está vigente.

“Esto con la finalidad de beneficiar a construcciones ilegales con el cambio de una multa por demolición a una multa pecuniaria con una reducción del 70%”, afirmó.

Aunque el Decreto 0034 fue abrogado el 10 de agosto de 2024, Pérez Del Castillo afirmó que se encontraron informes emitidos después de dicha fecha que aún se basaban en la norma anterior.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) señaló que los responsables de Fiscalización y el subalcalde Ávila podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes al emitir resoluciones favorables a empresas constructoras.

Indicó que su equipo acudió al Viceministerio de Transparencia con el que ha comenzado una intervención a la Subalcaldía. Presentó documentos que probarían que los funcionarios municipales siguieron tramitando resoluciones basadas en la ley abrogada, lo que significa un intento de regularizar construcciones ilegales de manera indebida.

Además, develó que el Ejecutivo echó a sus arquitectos de la Dirección Administrativa y territorial, que se negaron a aprobar algunos planos. “Los ha botado de sus cargos, no tienen cuidado de evidenciar las terribles acciones que están cometiendo”.

Afirmó que su equipo seguirá con las acciones para que se emitan sentencias de responsabilidad. “No puede quedar en la impunidad”.