En medio de los controles al transporte público, la Alcaldía de El Alto denunció una serie de agresiones contra sus funcionarios, a quienes incluso algunos conductores habrían lanzado basura y hasta piedras. La municipalidad anunció acciones legales contra los choferes responsables.
“Nosotros, como corresponde con la acción directa, a través de Tránsito y la Policía Boliviana, estas personas tienen que ser sancionadas (los choferes), ya que no pueden agredir a personal de la Guardia Municipal que solo está cumpliendo con su trabajo”, afirmó el secretario municipal de Movilidad Urbana, Reynaldo Cusi.
La Alcaldía informó que los incidentes sucedieron en operativos que se realizaban alrededor de las 06.30 en la Terminal Interprovincial. Fue ahí, de acuerdo con la denuncia, que primero se registraron agresiones verbales contra el personal municipal y luego la violencia habría escalado.
“(…) Cuando los funcionarios municipales se disponían a desalojar, algunos choferes agredieron físicamente, botaron con basura y piedras, incluso arrojaron al río las grapas de hierro que tienen forma de herradura”, comunicó la municipalidad, mediante una nota institucional.
TRANSPORTE EL ALTO
Algunos conductores del servicio interprovincial serían los responsables de estos hechos. Al parecer, existía embarque y desembarque de pasajeros en sitios no autorizados.
“Por algo tienen el embarque y desembarque en la Terminal Interprovincial; por lo cual el municipio no autorizó órdenes de paradas en este lugar”, dijo Cusi.
La Alcaldía ha emprendido una serie de controles al transporte en el municipio en un plan por el reordenamiento vial. Además de las verificaciones de paradas, se aplica la restricción vehicular y verificativos a los pasajes, dados los reportes de incrementos.
“Nos tenemos que ordenar y por mandato de nuestra alcaldesa, siempre estamos trabajando en diferentes puntos donde hay congestionamiento vehicular”, indicó el secretario municipal.
Este año, 2,3 millones de estudiantes cobrarán su bono Juancito Pinto
El presidente Luis Arce dará inauguración a este beneficio en la ciudad de Potosí, el lunes 9 de octubre. Instituciones financieras y brigadas cumplirán el pago.
Un niño recibe el bono Juancito Pinto, en 2022. Foto: ABI
La cuenta regresiva empieza. Con la fecha confirmada, 2,3 millones de estudiantes ya se preparan para recibir este año su bono Juancito Pinto, el cual se empezará a cancelar desde el 9 de octubre en los nueve departamentos.
«Empezamos a pagar el 9 de octubre en los nueve departamentos. Como siempre nuestro hermano Presidente va a hacer el lanzamiento correspondiente desde la ciudad de Potosí, ya está establecido en la unidad educativa José Enrique Viaña y también estará acompañando en otro departamento nuestro hermano vicepresidente, jilata David Choquehuanca», afirmó el ministro de Educación, Édgar Pary, en Bolivia TV.
Para esta gestión se repetirá el sistema de pago mediante el sistema bancario con más de 50 instituciones financieras habilitadas. Además, para las regiones en que no se tenga un banco cerca, se habilitarán brigadas.
«Beneficiarios son 2.340.000 estudiantes. En el nivel primario, secundario como Educación Especial. En primaria tenemos 1.295.554 estudiantes, niños y niñas que van a recibir; de la misma forma en el nivel secundario 1.030.347 estudiantes, y también 14.100 estudiantes que están en Educación Especial», dijo la autoridad.
El pago se hará mediante un cronograma de la terminación del carnet de identidad del padre o tutor. Se tiene a disposición Bs 477 millones para cumplir con el bono, que tiene el objetivo de reducir la deserción escolar.
«Para el padre de familia, para el tutor solamente (es requisito) su cédula de identidad, más una fotocopia simple. Con ello recurrir a la entidad financiera más cercana. Son 57 entidades financieras».
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En el país, 105 municipios se encuentran en desastre por la sequía
El viceministro de Defensa Civil afirmó que se harán todos los esfuerzos para apoyar a las regiones golpeadas por este fenómeno.
Afectados por la falta de lluvia, 105 municipios del país activaron ya su declaratoria de desastre por la sequía. Hay siete departamentos golpeados por este fenómeno, de los cuales dos están en emergencia, Chuquisaca y Cochabamba, y uno, Oruro, ya en desastre.
«Tenemos 105 municipios que se han declarado en desastre, de los 340. Tenemos tres municipios declarados en emergencia municipal (…). Tenemos cuantificado 508.331 ganados de distintas especies que están afectados en este momento», explicó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en Bolivia TV.
La autoridad enfatizó que se harán todos los esfuerzos para apoyar a las regiones golpeadas por este fenómeno. De hecho, al margen de la ayuda que se ha enviado, se alista ahora el conocido «bombardeo de nubes» en Cochabamba.
Calvimontes aseguró que se hizo ya una reunión para coordinar este procedimiento, que ya se ha aplicado con anterioridad en el país, y que consiste en provocar la caída de precipitaciones con métodos aéreos artificiales. Defensa Civil prevé el apoyo con un avión Hércules.
El viceministro Juan Carlos Calvimontes, en Bolivia TV. Foto: Captura de Bolivia TV
Aún se aguarda la llegada de las fuertes lluvias, tanto para ayudar al área rural como a la urbana, ya preocupada por el abastecimiento de agua. El ingreso del fenómeno de El Niño ha generado mayor incertidumbre, no obstante, Calvimontes aseguró que se tiene un plan gubernamental para hacer frente a la sequía.
«Si nos damos cuenta, los datos no son datos que podríamos catalogar, si vamos de una escala mínima, media y máxima para tratar de graficar, estamos todavía en la escala mínima, no hay ni siquiera una sequía de mediana intensidad en el país, de manera que esto se lo puede manejar todavía dentro de los planes que tiene el Gobierno y la asistencia que estamos dando como Defensa Civil».
Mientras aguarda su turno en el centro médico, Rosa revisa los papeles de su mano, “la señorita me dijo qué es, pero me explicó muy rápido”, cuenta. La mujer de 68 años busca respuestas en medio de decenas de personas que esperan ser atendidas.
Para recibir la atención y pagar el saldo de la cuenta de un familiar le pidieron llenar unos documentos, los cuales ahora mantiene en su mano sin saber cómo avanzar.
Historias de adultos mayores como ésta son solamente algunas de las miles que suceden a diario en el país. La Defensoría del Pueblo ha recibido 1.570 denuncias —de un total de 5.579 entre 2022 y agosto de la actual gestión— sobre el que resulta ser el derecho de los ancianos más vulnerado: el de una vejez digna.
“El tema de dignidad en sí es integral, porque es primero el derecho a vivir en un hogar con protección, a vivir en condiciones idóneas, de asistencia, de atención en salud”, explicó, en entrecista con La Razón, la jefa de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Lourdes Cortez.
Las cifras prueban que al país le queda aún un largo recorrido para brindar a esta población vulnerable un trato digno, tanto en la comunidad, con la oportunidad primordial de transporte para un adulto mayor, hasta dentro del propio hogar, brindando la asistencia y la protección necesarias.
“Todo el concepto de dignidad en sí aglutina estos tipos de derechos. Cuando vemos, por ejemplo, el tema de abandono, que no haya políticas de Estado que posibiliten que el adulto mayor pueda precisamente acceder de forma integral al ejercicio de sus derechos”.
TRATO
El derecho a una vejez digna implica procurar el desarrollo integral, una vida libre de violencia y sin discriminación, así como el trato preferente en el acceso a los servicios en toda institución pública y privada. Pero además, conlleva una responsabilidad de la familia y la comunidad.
“Le gente vive apurada, correteando y se aburren cuando ven a un viejo caminando o preguntando. El otro día he ido a pasear con mi hijo a la 16 de Julio, pero al volver a mi casa ya no encontraba minibús. Estaban esperando hartas personas y a empujones había que subir”, relata Julio Torres, de 72 años, mientras hace sus compras habituales en el mercado de Villa Dolores, en El Alto.
Según los datos de la Defensoría del Pueblo, el segundo derecho de los adultos mayores más vulnerado es a la propiedad individual y patrimonio, con 1.150 denuncias. Por este problema, ancianos se quedan sin un hogar y en completo estado de desprotección.
“Lastimosamente lo vemos incluso por parte de los hijos; en el tema de las deudas también hay excesos, porque hay personas que se aprovechan, inclusive haciendo firmar documentos en blanco, quitándoles sus departamentos o no pagarles los alquileres, porque hay adultos mayores que viven de los alquileres”, indicó Cortez.
En casos extremos, adultos mayores se han quedado sin su hogar. “Particularmente está el tema del despojo. En el área rural también está mucho el tema de la amenaza de despojo, porque no han cumplido con los deberes comunales y, en muchos casos, lastimosamente por la edad y salud hay personas que no pueden cumplir con ciertos deberes comunales”.
En tanto que en tercer lugar en cuanto a cantidad de denuncias se encuentra la vulneración a las garantías del debido proceso, con 988. Asimismo, del total de 5.579 casos registrados por la Defensoría del Pueblo contra esta población vulnerable, 3.323 corresponden a La Paz y 449 a Santa Cruz.
La entidad hizo un llamado al Estado, la familia y la comunidad para generar una mayor protección que procure que los adultos mayores logren el ejercicio pleno de sus derechos y una vejez digna. Y sus observaciones llegaron a las propias instituciones que son llamadas, en la mayoría de los casos, a servir de apoyo a esta población.
Las alcaldías, que deben brindar un servicio puntual a los ancianos, figuran en los datos de la Defensoría como las instituciones con más denuncias, con 831 entre enero de 2022 y agosto de la actual gestión. En segundo lugar se encuentra el Órgano Judicial, con 262 casos.
“Generalmente es por la falta de atención en las unidades del adulto mayor, porque en realidad es la única instancia que, desde la política de Estado, debe garantizar, inclusive si nosotros revisamos la normativa en relación a las obligaciones que tienen los gobiernos municipales, no solo estamos hablando de la atención de casos, estamos hablando de políticas que beneficien a los adultos mayores”, complementó Cortez.
Rosa no sabía a quién acudir mientras revisaba los papeles en su mano. El ajetreo entre decenas de pacientes transcurría, hasta que una funcionaria notó su confusión y empezó a ayudarla. “Solo eso necesitaba”, dice la anciana.
Instancias como alcaldías, el Ministerio de Justicia y la Defensoría ofrecen guía y ayuda a los ancianos. Hoy se recuerda el Día Internacional de las Personas de Edad, establecida por las Naciones Unidas en diciembre de 1990.
Se promueve la defensa de los derechos de los ancianos. Foto. APG
En centros de acogida, observan abandono y falta de regulación
Con el problema sobre la mesa, desde el Gobierno y la Defensoría del Pueblo se asumen dos estrategias para procurar el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, al margen de la atención de casos, desde un ámbito correctivo y de una prevención comunitaria.
El primer paso fue identificar los principales problemas.
“Hemos ido analizando las causas o las problemáticas estructurales, por ejemplo, en lo que va de la gestión hemos alcanzado ya siete de nueve departamentos en las visitas de los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores”, explicó a La Razón la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
En los establecimientos se hizo una revisión de las condiciones y el tipo de población albergada.
“De las problemáticas más preocupantes que hemos encontrado están el tema de abandono, soledad, el de la existencia de muchas personas adultas mayores con enfermedades psíquicas o de degeneramiento cognitivo que están afectando su grado de independencia, y eso genera que vivan con cada vez mayor grado de dependencia respecto a las personas que están a cargo de su cuidado”.
Esto respecto de los centros públicos que “debieran ser administrados por el Estado o al menos tener una suerte de supervisión por parte de los departamentos”; no obstante, también se detectaron problemas en los que son de administración privada.
CONTROL.
“En los centros privados o los de convenio, la supervisión que se realiza por parte de los entes rectores departamentales es mínima, si es que no fuese nula, tomando en cuenta de que no existen normas de acreditación o de caracterización de este tipo de centros y es evidente, tomando en cuenta la vulnerabilidad del tipo de adultos mayores que tenemos, que eso genera mayor preocupación”, afirmó la viceministra.
Ante este diagnóstico preliminar, el Gobierno y la Defensoría del Pueblo trabajan en un ámbito correctivo y de prevención.
Cruz detalló que, ante el problema de acceso a la justicia, se trabajó en una guía para ancianos, y sobre el tema de acceso a salud y medicamentos se reactivó una mesa nacional de emergencia sanitaria con enfoque especial.
Además, la Defensoría trabaja en formar e impulsar, entre los propios adultos mayores, promotores y protectores de los derechos. El acercamiento con esta población es fundamental para esta entidad.
A una semana del caso, la balacera en Desaguadero tiene a sus primeros investigados, se trata de cinco policías que pertenecen a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y que son indagados por asociación delictuosa y otros delitos.
“De los mandamientos de aprehensión puedo informarles que los delitos que ha tipificado el Ministerio Público son homicidio, lesiones graves y leves, asociación delictuosa y omisión de socorro. Son los tipos penales que ha tipificado el Ministerio Público, por los cuales han sido aprehendidos los cinco funcionarios el día de ayer (viernes)”, explicó el inspector general de la FELCN, Franklin Miranda, en conferencia de prensa.
El hermetismo con el que se manejó el caso desde su conocimiento público continúa por parte de la Policía. Aún no se han brindado mayores detalles de qué exactamente sucedió el viernes 22 de septiembre en el municipio fronterizo, que causó el intercambio de disparos y derivó en la muerte de una policía y una civil.
Por ahora, la entidad verde olivo se ha limitado a confirmar la aprehensión de los cinco primeros investigados en el caso, todos integrantes de la FELCN y que eran parte de una patrulla.
Una capitán, un suboficial y tres sargentos son indagados. Foto. jaime mamani espindola
“Después de una investigación que viene llevando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el día de ayer (viernes) han sido aprehendidos cinco funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, informó el inspector.
Contra ellos se ha abierto una investigación penal por los delitos ya mencionados y un proceso interno, por la vía disciplinaria.
“Estos funcionarios son miembros de la patrulla que se encontraba en el lugar y toda vez de que tenemos dos personas fallecidas, obviamente que estas muertes tienen que ser minuciosamente investigadas. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, muy respetuosos de los procedimientos investigativos y procedimientos legales que desarrolla tanto el Ministerio Público como la vía administrativa disciplinaria, es que durante estos días no ha querido entorpecer dichas investigaciones, y es así que hoy objetivamente informamos a la población boliviana sobre estas aprehensiones”, indicó Miranda.
CASO.
El inspector remarcó que no se permitirán actos irregulares y expresó la voluntad de la FELCN para contribuir tanto en la investigación penal como la interna. No obstante, no se han aclarado los detalles del caso.
Se especula con versiones como volteo de droga y otros, pero la Policía, sin descartarlas ni confirmarlas; determinó mantener en reserva los detalles que llevaron a ver en estos cinco uniformados indicios que apuntarían a responsabilidad en el deceso y hasta una asociación delictuosa.
Los aprehendidos fueron identificados como como la capitán Ximena A.; el suboficial Bruno T.; y tres sargentos, Sonia C., Rolando P. y Roy M. Ellos aguardan su audiencia de medidas cautelares.
Una discusión por Bs 100 sería el detonante que llevó a un joven a matar a su amigo a golpes con una pala. El sindicado quedó aprehendido, mientras que ya nada se pudo hacer por la víctima; que falleció por el violento ataque sucedido en una vivienda de la ciudad de El Alto.
“Habría victimado al ahora fallecido usando un objeto contundente, una pala, con la cual le propinó varios golpes mortales en el rostro y en el cráneo”, explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Carlos Ibarra.
La Policía investiga ya este caso, que sucedió en la zona de Nuevos Horizontes. Al parecer, el acusado y su amigo, la víctima, compartían bebidas alcohólicas cuando sucedió el altercado y el posterior crimen.
“Según los móviles del hecho, esta persona habría prácticamente perpetrado este delito, victimado al ahora fallecido por un monto de 100 bolivianos que presumiblemente le había robado mientras estaban consumiendo bebidas alcohólicas”, dijo el jefe policial.
Aún se busca definir la identidad de la víctima. En tanto, el acusado está aprehendido y quedó a disposición del Ministerio Público para que enfrente la justicia.
