Defensor va al Cementerio de Mercedario y advierte una situación ‘completamente alarmante’ y cuerpos mutilados
La Defensoría del Pueblo exigió a la Alcaldía de El Alto adoptar medidas de seguridad y paralizar cualquier movimiento hasta la solución plena de este conflicto.
El Defensor del Pueblo se reunió con las familias preocupadas y visitó el camposanto. Foto: Defensoría del Pueblo Bolivia.
Cuatro días pasaron del conflicto y la incertidumbre persiste en el Cementerio de Mercedario, en El Alto. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, acudió este jueves al camposanto, donde familiares preocupados se reúnen a diario y hay una pila de pertenencias de difuntos acopiada. La autoridad advirtió de una situación “completamente alarmante” y exigió seguridad a la Alcaldía.
“Estamos en plena verificación en la zona del Mercedario. La situación es completamente alarmante, hay una desesperación de los familiares de los fallecidos que están en este cementerio, por desesperación algunos familiares están sacando los cuerpos, pero también algunas personas están aprovechando para profanar las tumbas y dejar los cuerpos mutilados”, dijo Callisaya.
Desde el lunes, una serie de protestas se presentan en el camposanto. Todo empezó con alertas que señalaban la exhumación de cuerpos sin previa notificación. Alarmados, los familiares de los difuntos que allí descansan fueron a verificar la situación y empezó el descontrol.
CEMENTERIO DE MERCEDARIO
Entre escombros, las personas buscaban los restos de sus seres queridos y se toparon con prendas como telas y aguayos, además de juguetes y otros que se habrían dejado en los nichos. En medio de llanto, denunciaron un atropello por parte de la Alcaldía e incluso quienes hallaron a sus difuntos en sus féretros decidieron sacarlos.
Pero esto habría llevado a que otra gente profane tumbas y se lleve restos. Incluso la propia alcaldesa Eva Copa denunció el “robo” del cuerpo de su papá. El gobierno municipal insiste en que no se hicieron exhumaciones sin autorización y que las últimas corresponden a hace dos meses; además argumenta que el movimiento de tierra fue solo de traslado de los restos de estos trabajos de julio, pero no fue suficiente para frenar el conflicto.
EXGENCIAS
La Defensoría del Pueblo tomó este jueves cartas en el asunto con una verificación de la máxima autoridad. Una misa se realizó en el camposanto y se exigió a la Alcaldía no solo brindar seguridad; también paralizar cualquier obra hasta que este conflicto no se solucione plenamente.
“Se exige a las autoridades de la Alcaldía de El Alto a que puedan adoptar todas las medidas de seguridad para evitar la continuidad de esta situación (…). Mientras no haya una consulta con los familiares, de momento, se debe paralizar todo movimiento, destrucción y situación que derive en demolición”, dijo Callisaya.
La municipalidad anunció acciones penales contra los responsables de la desinformación que generó este conflicto. Además, Copa habló de un “boicot interno y externo”, a tiempo de destituir a tres funcionarios por este problema.
En el cementerio el gobierno municipal indicó que se busca construir un muro perimetral.
“Están afectados nichos de personas que fallecieron este año; no puede ser esta situación, no hay un mínimo de seguridad jurídica para las personas que tienen familiares enterrados en este cementerio. Más allá de quién pueda ser responsable en este momento se tiene que suspender cualquier tipo de acción en contra de estas edificaciones”, dijo el Defensor.
Además, la Defensoría del Pueblo demandó que la Alcaldía facilite el traslado de restos de manera legal de cualquier persona o familia que así lo requiera; sin poner trabas ni costos. “Porque esta situación fue provocada por la acción institucional de la propia Alcaldía”.
“Hay que buscar medidas rápidas y urgentes con relación a un sector donde hubo un derrumbe; hay serias denuncias de que en dicho sector existían cuerpos de niños que estaba inhumados y que ahora es imposible reconocer. Tiene que iniciarse un proceso de investigación estableciendo responsabilidades, no solo de aquellos operadores técnicos, sino de las propias autoridades que con su pasividad han permitido esta situación anómala”, enfatizó Callisaya.