Los trabajadores de La Paz Limpia, encargados del recojo de basura en la ciudad, protestan en las puertas de la Alcaldía por la falta de pago desde hace tres meses. Por ello, decidieron dar un ultimátum a las autoridades municipales y advierten con suspender su servicio y entrar en paro si no hay una respuesta positiva.

“Si hoy (miércoles) no nos dan una respuesta, mañana paramos el servicio”, advirtió uno de los movilizados a los periodistas.

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Trabajadores

De acuerdo con los trabajadores, son aproximadamente 800 personas que no recibieron el salario desde noviembre del año pasado.

Por ello, también advirtieron con radicalizar las medidas de presión en las próximas horas para ser atendidos. La calle Mercado, donde se ubica la Alcaldía de La Paz, se encuentra totalmente instransitable, debido a que los trabajadores instalaron los camiones recoge basuras para impedir el paso.

Según las autoridades municipales, sí se realizó el pago de los salarios, pero se reconoce que existe un retraso del último mes.

Sin embargo, los movilizados denuncian que este dato es falso y que la Alcaldía no cuenta con la documentación que acredite que efectivamente se realizó el pago.

Los trabajadores enfatizaron en la complicada tarea que realizan, pues se encargan del recojo de basura en todas las condiciones, sin importar el clima y desde tempranas horas de la mañana. Por lo que pidieron al alcalde Iván Arias priorizar el pago de los sueldos pendientes antes de cualquier otro interés o compromiso.

La Policía intervino un estudio jurídico que emitía certificados de sufragio falsos y venta ilegal de estos documentos de impedimento de votación en la ciudad de Santa Cruz y arrestó a nueve personas vinculadas al hecho ilícito.

“Tras realizar un trabajo de inteligencia se ha podido detectar esta actividad ilícita de comercialización de estos certificados de impedimento de votación”. Eso señaló el comandante departamental de la institución, Rolando Rojas.

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Certificados de sufragio

El operativo se realizó tras algunos indicios que llegaron hasta las autoridades en la capital oriental, y tras el mismo los efectivos aprehendieron a nueve personas. También secuestró celulares y otros elementos para la investigación a cargo del Ministerio Público.

La policía del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) junto a fiscalía realizaron un operativo en la calle 21 de Mayo y Celso Castedo donde allanaron el estudio jurídico «Quiroz

Los certificados, que permiten a los ciudadanos realizar trámites y transacciones bancarias, los ofrecían entre Bs 200 y Bs 700.

“Ante la alta demanda de la población, este estudio jurídico se habría aprovechado de la gente para comercializar estos documentos. Se tiene conocimiento que estos certificados los ofrecían en montos de Bs 200 y Bs 700”, aseveró Rojas.

El caso quedó a disposición de la fiscalía departamental para llevar adelante todas las acciones investigativas que correspondan.

La gestión escolar arranca en tres semanas y preocupa en la capital oriental el estado de al menos medio centenar de unidades educativas, que presentan daños en su infraestructura y lo peor es que muchas carecen de servicio eléctrico; según las denuncias del secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Osman Cabrera.

“Los porteros nos han informado que muchas unidades educativas están en malas condiciones, sin pasto cortado, sin energía eléctrica y con servicios básicos en riesgo. Esto a pocos días de que inicien las clases es inaceptable”, enfatizó Cabrera.

El dirigente señaló que los casos que más alarman se hallan en torno al distrito municipal No. 11, situado en el casco central de la urbe cruceña.

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Servicio eléctrico

Aunque, el concejal Manuel Saavedra indicó que hay otros casos alarmantes fuera de ese sector de la ciudad.

“Desde el lunes se reportaron cortes de luz en los colegios del Distrito 11, y esto ya está ocurriendo en otras zonas. Incluso se corre el riesgo de que también se corte el suministro de agua”, argumentó el legislador municipal.

Saavedra manifestó que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz mantiene una deuda de Bs 5 millones con la empresa de suministro de energía eléctrica.

Entretanto, la Alcaldía informó que se cumplirá con los pagos devengados y que ya se tiene un cronograma para saldar sus deudas.

Tres hermanos y otro adolescente que trabajaban como mineros murieron intoxicados en la mina Andacaba, en Potosí.

Según la información de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí, las cuatro personas inhalaron gases tóxicos mientras realizaban labores dentro de la mina. Este incidente les hizo perder el equilibrio y cayeron desde una altura aproximada de 200 metros

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Cruz de 22 años de edad, Nelson Cruz de 20 años, Lourdes Cruz de 18 años y Héctor Solís de 17 años.

Luego de un arduo trabajo de rescate de parte de la Unidad de Bomberos Caracoles, trasladaron a los cuatro cuerpos sin vida hasta la morgue judicial de Potosí.

“Se presume que las cuatro personas perdieron el equilibrio tras inhalar gases tóxicos, sin embargo, este extremo aún deberá ser revelado luego de una autopsia de ley”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel José Luis Arancibia.

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En diciembre de 2024, un bombero falleció en la misma mina, cuando intentaba rescatar a otro minero atrapado.

El jefe policial dijo que la mina Andacaba es de “alta peligrosidad”. “Es en la misma mina donde murió nuestro suboficial Cayo. No existe la seguridad en la mina. Estamos haciendo el análisis correspondiente”.

Hasta noviembre de 2024, se registraron 119 muertes relacionadas directamente con la minería ilegal o informal. Potosí reporta 113 muertes y es la cifra más alta de los últimos tres años, según un informe de la FELCC.

Óscar Sogliano, concejal municipal de La Paz, no se presentó a declarar por el caso de la presunta comisión de violencia intrafamiliar de la que se lo acusa. El Ministerio Público emitió una segunda citación para las 15.00 del miércoles.

El concejal de la agrupación Por el Bien Común-Somos Pueblo, del alcalde Iván Arias, fue denunciado por el delito de violencia intrafamiliar en contra de una mujer. Con ella mantenía una relación sentimental.

La solicitud de declaración es parte de la colaboración con la Fiscalía de Santa Cruz, donde está radicada la denuncia.

La acusación, presentada en septiembre de 2024 ante el Ministerio Público, fue interpuesta por Paola Z. Se trata de una pareja extramarital del legislador, quien, según su relato, atravesó por una serie de episodios de violencia entre física, psicológica y económica desde 2021.

“El 9 de abril de 2021, lo conocí (a Sogliano) en el hotel Río Selva. Cuando recién ganaron (las elecciones subnacionales) (…) fue una reunión donde se distribuyeron los cargos. Yo lo conocí en ese evento a través de un amigo que posteriormente llegó a ocupar el cargo de gerente de Emavías. Él nos presentó y ahí yo desconocía que él era casado, pero esa situación me enteré mucho después”.

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Y agregó: “Ya en agosto del mismo año la convivencia era continua. Vivía conmigo todo el tiempo, ahí fue que empezamos a hablar de estar en una relación más estable (…) Sin embargo, en ese tiempo pude advertir que él era muy celoso y controlador. Porque cuando yo salía enloquecía inmediatamente. Me hacía un escándalo”, señala parte del documento que llegó a La Razón con la declaración de la mujer.

VÍCTIMA

Además, menciona que el 21 de noviembre, cuando la víctima decidió terminar con el concejal, el dueño de la empresa inmobiliaria Las Loritas, Harold Lora, le pidió trasladarse a un departamento de Bajo Següencoma de su propiedad.

Luego de una nueva reconciliación entre la denunciante y el acusado, los círculos de violencia contra la mujer continuaron, según su declaración, hasta dejarle en un estado de indefensión y baja autoestima.

Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación por violencia intrafamiliar y doméstica.