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Rentería: Irregularidades de la Gobernación pasarán a la Contraloría y al Ministerio Público

Rentería

El gobernador en suplencia muestra los resultados de la auditoría a la gestión de Camacho.

El asambleísta departamental de Santa Cruz Dilfe Rentería, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que algunas irregularidades halladas en la auditoría a la gestión de Luis Fernando Camacho podrían terminar en la Contraloría o en el Ministerio Público.

El martes, el gobernador en ejercicio Mario Aguilera develó el informe de auditoría a la Gobernación, en el cual se identificaron 40 “deficiencias e irregularidades”. La autoridad informó que las irregularidades corresponden a compras sin registro, adquisición de bienes no calificados, contrataciones y otros.

En entrevista con La Razón Radio, Rentería afirmó que algunas de las anormalidades se van a subsanar con procesos administrativos, pero que otras deberán ser derivadas a la Contraloría General del Estado e incluso al Ministerio Público.

El asambleísta indicó que una de las observaciones es la cancelación del 80% de una obra que no ha reportado avances en su edificación. Otra observación es la compra irregular de máquinas de perforación de agua.

“La empresa que ha hecho la entrega de la máquina no ha presentado los documentos y respaldos sobre la importación (…), ya hay una investigación de por medio por parte del Ministerio Público”, dijo. 

Rentería aseguró que, durante la gestión de Camacho, “se han cometido delitos civiles, administrativos y penales”.

Asimismo, denunció que en reiteradas ocasiones la bancada del MAS solicitó informes de la administración; sin embargo, las peticiones fueron negadas. Reveló que recibieron documentos ilegibles y discos vacíos.

“Se nos ha negado la información y hoy nos damos cuenta del motivo (…). Vamos a seguir insistiendo y esperamos que el nuevo gobernador nos mande la información”, añadió.

Apuntó a Camacho como principal responsable de las irregularidades de la Gobernación, debido a que todo documento fue firmado por él mientras se encontraba bajo detención en el penal de Chonchocoro de La Paz.

“Es el directo responsable porque él firmó y autorizó las compras y contrataciones”, sentenció.

Aguilera es gobernador en ejercicio desde el 26 de enero, en aplicación de la suplencia temporal validad por el Tribunal Constitucional.

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