La concejala Yelka Maric denunció que la institucionalidad del Concejo Municipal de La Paz, presidido por su par Lourdes Chambilla, “está yendo por muy mal camino”.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, la autoridad denunció que, hasta la fecha, solo se han agendado 32 sesiones ordinarias “efectivas” de más de 70. Lamentó, también, que la presidenta del Concejo aprobó resoluciones municipales con dos votos a favor, cuando se requiere mayoría absoluta.

A su vez, reclamó que, desde hace 777 días, el Concejo no puede cumplir con sus tareas entre deliberar, fiscaliza y legislar. “Gracias a una ley, no podemos fiscalizar al Órgano Ejecutivo. El Concejo le cuesta los paceños Bs 30 millones anuales”.

La Paz enfrenta una crisis de transparencia municipal. A pesar de un fallo constitucional que ordena al Ejecutivo cumplir con la Ley 499, de octubre de 2022, la fiscalización a la gestión edil sigue entrabada en el Concejo Municipal de La Paz.

En diciembre de 2023, la concejala oficialista Maric denunció que el Concejo Municipal llevaba 400 días sin hacer ninguna fiscalización.

Lea: Maric denuncia que la Alcaldía de La Paz no atiende requerimientos de información

La intendente municipal del macrodistrito Max Paredes de La Paz, Karina Oblitas, informó que su despacho intensifica el control de las carnes de pollo, pavo y cerdo por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. 

En entrevista con La Razón Radio, Oblitas aseguró que los funcionarios realizan operativos de control en las carnes, debido a la gran demanda de los productos a fin de año.

Asimismo, aseguró que harán controles de las condiciones y fechas de expiración de los panetones y sidras en los centros de abasto.

El martes, la Alcaldía de La Paz publicó la lista de 79 marcas de panetones autorizados para su comercialización en la sede de Gobierno. Los panetones aptos para el consumo humano deben cumplir con criterios específicos: registro sanitario, fecha de vencimiento vigente y calidad de los ingredientes.

“Los panetones elaborados de forma casera deben tener, por lo menos, fecha de elaboración y no deben estar expuestos al sol”, afirmó.

Para quienes infrinjan las normas, se contemplarán sanciones como el decomiso inmediato; y el desecho de los productos no autorizados o en mal estado.

Este lunes, el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) activó la campaña navideña de verificación de contenido neto de productos como alimentos, bebidas, juguetes y otros típicos de la temporada.

Lea: Conozca las 79 marcas de panetones autorizados para su venta en La Paz

La Sala Constitucional Primera, a cargo de procesar la audiencia de acción popular interpuesta por la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz en contra de la Inmobiliaria Kantutani, determinó que es la Alcaldía la instancia que debe ejercer las funciones en la elaboración y ejecución de sus propios planes de contingencia para la prevención, mitigación y recuperación en las áreas afectadas por la mazamorra del 23 de noviembre.

La semana pasada, la Alcaldía paceña presentó la acción popular en respuesta a la afectación sufrida por el municipio a raíz de la remoción ilegal de tierras. Situación que provocó un deslave tras una intensa lluvia. El evento dejó bajo el lodo a 40 viviendas y causó la muerte de una niña de cinco años de edad.

Durante la audiencia, se presentaron los argumentos de ambas partes. La Alcaldía solicitó que Kantutani cumpla con el plan de contingencia que presentó tras los sucesos del 23 de noviembre, para llevar a cabo las acciones de reconstrucción y reparación no solo en el área afectada por la mazamorra en Bajo Llojeta, sino también en las zonas aledañas, como la urbanización Santa Cecilia.

Sin embargo, el tribunal consideró que el plan de contingencia presentado por la empresa Kantutani tiene carácter voluntario. Y el gobierno municipal de La Paz no puede exigir el cumplimiento a través de una acción popular.

Lea también: El martes se instala audiencia de Acción Popular contra la empresa Kantutani

CONMINATORIA

No obstante, el tribunal conminó a la empresa Kantutani a honrar el acta que voluntariamente firmó con el municipio de La Paz. Para implementar las acciones de contingencia en la zona en los términos acordados.

“La tutela dispone que el gobierno autónomo municipal de La Paz sea quien ejerza las atribuciones que la Ley 612 establece. Pudiendo establecer y ejecutar sus propios planes de contingencia. También de prevención, mitigación, reparación alerta, respuesta, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas en todo lo que corresponde al municipio de La Paz”, dijo la autoridad de la Sala Constitucional Primera durante la lectura de las resoluciones.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de actuar en defensa de la colectividad. Además de continuar con las gestiones necesarias para mitigar las consecuencias de este hecho y apoyar a las familias damnificadas.

La Alcaldía de El Alto informó este martes que se emitieron ya tres notificaciones a la vivienda edificada sobre el río Larkajahuira y se aguarda la respuesta. La demolición es uno de los aspectos que se analiza.

“Hemos notificado tres veces, es una propiedad privada y tampoco podemos hacer la demolición sin previo procedimiento, entonces eso es lo que estamos esperando”, señaló el secretario municipal de Agua y Saneamiento, Gabriel Pari.

Lea también: Persiste el riesgo de deslizamiento en la Ceja de El Alto

Sobre una plataforma por encima del caudal del río se encuentra edificada dicha vivienda. La Alcaldía cumple el proceso de notificación y se rechazó que el paso del Larkajahuira por este sector sea reciente.

“El 2002 ha aprobado una planimetría el Concejo Municipal, entonces hay en el papel, en teoría no existe el río. Pero en la práctica, in situ, existe el río y por eso se llama Larkajahuira; esto viene de hace años, no es como esos vecinos indican que era una avenida”, explicó.

Se aguarda las instrucciones legales para ver el procedimiento en el sector. Una de las preocupaciones es la crecida de este río que puede suceder con el inicio de la temporada de lluvias.

“Eso es lo que estamos esperando (el procedimiento legal) y qué nos recomendará. En función a eso nosotros vamos a actuar para la demolición, si es que nos recomiendan. Caso contrario se tomarán otras medidas que nos aconseje la parte legal”.

Luego de 23 años de estar prófugo, La Policía capturó a Rogelio N. P. E., de 49 años de edad. El hombre es el autor del infanticidio de su hijo de dos meses.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, el crimen ocurrió en la madrugada del 21 de noviembre de 2001, en la comunidad Pichard, municipio de La Asunta, La Paz.

Ese día, Rogelio discutió con su concubina y madre de su hijo. Entonces el bebé comenzó a llorar. Enceguecido en furia, el hombre le hizo ingerir insecticida a su pequeño hijo, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio y murió.

La madre del niño denunció el hecho ante la Policía y Rogelio quedó aprehendido y enviado a la cárcel, en los Yungas, pero poco después fugó del recinto carcelario y el juzgado de Chulumani lo declaró en rebeldía. Desde entonces era buscado.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que, mediante el Ecosistema Justicia Libre, se identificó que el caso aún no tenía una resolución conclusiva ni sentencia.

Además, el cuaderno de control jurisdiccional no fue encontrado, por ello, se pidió su reposición y se ordenó la búsqueda y captura del sujeto.

También puede leer: Reos protestan por el retraso en los pagos de prediarios en Palmasola

INFANTICIDIO

“Se verificó que un caso de asesinato, ahora infanticidio, contaba con el cuaderno de investigación en el asiento fiscal de Chulumani. Pero los antecedentes no estaban en el juzgado de ese municipio. Después de pedir un informe sobre el caso, la Dirección de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, instruyó la búsqueda y aprehensión del autor que se encontraba prófugo y en un operativo conjunto con la Policía se logró capturar y ponerlo ante un juez para buscar su máxima sentencia”, explicó el fiscal departamental Luis Carlos Torres.

El Ecosistema Justicia Libre, unifica los recursos tecnológicos de más de 40 sistemas informáticos desarrollados por el Ministerio Público para las áreas de investigación de casos, procesamiento técnico-científico de evidencias y para la gestión administrativa, entre otros.