Daño económico y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes son los dos delitos por los que se los acusará a 138 funcionarios y exfuncionarios del gobierno municipal de La Paz, quienes registraron de forma irregular predios municipales en el Padrón Municipal de Contribuyentes, sin derecho propietario.
“En un primer momento sería emisión de normas contrarias a la Constitución Política del Estado y después por daño económico. Ya sea a los particulares o también al Estado”, explicó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.
La Alcaldía de La Paz informó que en 10 años se registraron de forma ilegal 15.417 predios sin derecho propietario. Identificó a 138 funcionarios que incurrieron en la irregularidad. Ellos registraron los bienes a sola presentación del carnet de identidad del ocupante, la certificación de la junta de vecinos sobre la posesión y un plano a mano alzada, como estableció una resolución administrativa emitida en 2012.
Sin embargo, los ocupantes no presentaron el “derecho propietario”, documento que certifica la propiedad del inmueble, extendido por la oficina de Derechos Reales. El registro sirvió para que los ocupantes de los predios paguen el impuesto municipal de bienes inmuebles.
“Durante 10 años, es decir, de 2012 al 2021, muchas personas han registrado (predios) para efectos de pago de impuestos de inmuebles. Pero no tenían el derecho propietario”, informó la funcionaria.
AUDITORÍA
Actualmente, se realiza una auditoría interna que determinará las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y exfuncionarios ediles. Seis de los 138 funcionarios que realizaron los registros continúan en funciones en la Alcaldía. Una determinación del Ministerio de Trabajo instruyó su reincorporación.
“Ya termina la auditoría a fines de este mes y será el área legal que determine los tipos de responsabilidades que vamos a aplicar contra esos funcionarios y también contra los exfuncionarios”, remarcó Lastra.
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Ante esa irregularidad, la actual gestión del alcalde Iván Arias anuló la resolución y realizó una investigación, presentada públicamente el 8 de mayo de 2022. Estableció la actuación de un “triángulo perverso de corrupción”, conformado por el funcionario municipal, el ciudadano que pretende apropiarse de un predio indebidamente y la junta de vecinos, que otorgaron certificaciones a los ciudadanos que ocuparon terrenos ajenos.
Algunos funcionarios implicados en las irregularidades resultaron suspendidos.