Un polémico caso de cambio de identidad de género, aparentemente legal, se presentó en la ciudad de Oruro. Así, un catedrático acusado por el delito de acoso sexual a una estudiante busca eludir a la Justicia, denunciaron los familiares de la víctima.

El abogado Jhasmany Torrico, patrocinante del docente, dijo que su defendido, durante su estadía en el penal de San Pedro, en nueve meses, se cambió de género y hoy es una mujer trans y considera que la Justicia debe respetar sus derechos como tal.

“Ese varón, legalmente, no existe. Ahora existe Yesenia Rubí. Ante la ley, es una persona libre de la autopercepción y el Estado reconoce sus derechos de acuerdo a la autopercepción”, justificó el abogado.

“Lo detuvieron como varón, ahora es una mujer trans. Hay un certificado de nacimiento a nombre de Yesenia Rubí. Es un documento público otorgado por una entidad estatal”, arguyó Torrico.

En mayo de 2023, Alberto Osinaga (37), docente de una universidad privada, fue encontrado infraganti en inmediaciones del motel Key Love de la capital orureña. Según la víctima, el hombre le ofreció mejorar sus notas académicas a cambio de tener intimidad.

El día de la aprehensión, el hombre y la víctima se citaron para el encuentro. La joven le alertó a su padre para que denuncie a la Policía.

De esa forma, el padre de la joven, acompañado por efectivos de la Policía, descubrió el hecho.

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Por este caso, la Justicia determinó la detención preventiva del docente en la cárcel de San Pedro de Oruro.

La presidenta de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Bolivia, Luna Humérez, dijo a La Razón que se indaga la forma en el que el acusado consiguió el cambio de identidad. Aunque adelantó que optó por ese recurso para eludir a la Justicia.

“La persona no es trans. Lamentablemente, desvirtúan una lucha de nosotras para beneficiarse. La mayoría de nosotras hemos construido nuestra identidad”, dijo.

Este miércoles comenzó el juicio oral en contra el otrora docente.

Debido a los recientes desastres naturales causados por las lluvias en distintas regiones del país, el presidente Luis Arce anunció el envío inmediato de 3,4 toneladas de ayuda humanitaria al municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, que sufrió un deslizamiento el pasado domingo, que dejó como saldo cuatro fallecidos y dos viviendas destruidas.

“Estamos en alerta permanente ante las inundaciones y deslizamientos en el país. Hemos instruido a nuestro Viceministerio de Defensa Civil el envío inmediato de vituallas, alimentos, carpas y kits de equipamiento, además de horas de maquinaria pesada para atender a la población afectada por la mazamorra en el municipio de Villa Tunari”, señaló Arce en sus redes sociales.

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Deslizamiento

La ayuda incluye equipos básicos para las familias afectadas, mientras que las maquinarias se utilizan para la limpieza y recuperación de las zonas impactadas.

Debido al deslizamiento, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la carretera quedó intransitable mientras se realizan las acciones correspondientes.

Según el mandatario, el Gobierno “seguirá extremando esfuerzos para atender a las regiones afectadas por los fenómenos climáticos”.

Cochabamba es una de las áreas más afectadas por las intensas precipitaciones, con deslizamientos e inundaciones que han generado daños significativos en diversas comunidades.

Aparte de Villa Tunari, el municipio de Colcapirhua también sufrió inundaciones, luego de que un río se desbordara el lunes.

De acuerdo con Arce, el envío de ayuda humanitaria forma parte de las acciones inmediatas para garantizar el bienestar de los damnificados.

Defensa Civil permanece movilizada en otras regiones del país que también enfrentan las consecuencias de los eventos climáticos adversos, como inundaciones y pérdidas materiales, en el marco del inicio de la época de lluvias por la cual muchos municipios activaron la alerta naranja.

Este miércoles, los transportistas que marchan en El Alto en protesta por el encarecimiento del costo de vida y la falta de combustibles tomaron algunas sedes de la Federación Andina de Choferes, debido a que acusan a los dirigentes de haberse vendido al Gobierno y no defender los derechos del sector por sus intereses políticos.

Los conductores rompieron ventanas, quemaron muebles y documentos, dejando la sede parcialmente destrozada. Asimismo, se reporta que robaron algunos objetos de las instalaciones.

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Choferes

Por ello, la Policía Boliviana intervino en el lugar con agentes químicos para dispersar a los manifestantes y custodiar las instalaciones de la federación.

Los conductores de base anunciaron una protesta para este miércoles con el pedido de un incremento en la tarifa nocturna, de Bs 1,50 a Bs 2 en El Alto. Argumentan que el alza de precios de productos de la canasta familiar genera que el costo del pasaje sea insostenible.

Además, el sector atraviesa otras dificultades, como una irregularidad en la distribución de diésel, lo que les impiden operar con normalidad.

Durante la jornada también se registraron enfrentamientos entre los conductores de la federación y otros vehículos particulares que intentaron circular por las rutas de la ciudad. Inclusive, de acuerdo con la Policía, algunos choferes pincharon llantas y agredieron a algunas personas.

Por el momento, dos personas fueron arrestadas por la toma “violenta” de la sede sindical, según el reporte policial.

Pese a la medida de presión, la Alcaldía de El Alto y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) calificaron como “inviable” el pedido del sector de incrementar la tarifa del sector.

Los choferes, por su parte, advirtieron con radicalizar las medidas de presión en los próximos días.

El abogado de un sector de damnificados del deslave en Bajo Llojeta Gabriel Justiniano afirmó que los vecinos exigen, mediante una acción popular, informes de prevención e inversión a las alcaldías de Achocalla y La Paz.

El 23 de noviembre, ocurrió un deslave cuyo origen aparente fue el Cementerio Jardín Los Andes, que causó una mazamorra y afectó a 40 viviendas en las urbanizaciones Santa Cecilia y El Prado en la zona de Bajo Llojeta. El hecho dejó como saldo a seis familias damnificadas, además del fallecimiento de la niña Camila, de cinco años.

En entrevista con La Razón Radio, el jurista afirmó que los alcaldes Manuel Condori (Achocalla) e Iván Arias (La Paz) tienen responsabilidad, debido a que ambos tenían tuición de tomar decisiones sobre los movimientos de tierra en el predio del cementerio Los Andes.

 “Vamos a exigir que el alcalde responda si hay un plan de gestión de riesgo. Y (la Justicia) medirá el grado de responsabilidad, pero ninguno de los alcaldes puede decir que no tiene responsabilidad”, dijo.

Destalló que la acción va contra las autoridades que hagan cometido ciertos actos u omisiones y ponen en riesgo derechos públicos. “Estamos demandando a ambos alcaldes y tienen que darnos esos informes”.

El abogado indicó que ambas autoridades deben informar si había un presupuesto, un plan de riesgos y, en caso de tenerlo, si se ha ejecutado de manera correcta.

Un grupo de abogados presentó, el martes, ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular por el deslave en Bajo Llojeta que dejó una niña fallecida y más de 40 viviendas anegadas por lodo.

Los juristas afirmaron que con el proceso buscan garantizar que las autoridades municipales sean responsables en la protección de la ciudadanía.

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El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, reportó este miércoles la captura de dos presuntos cabecillas de los avasallamientos registrados en los últimos días en la provincia Guarayos de Santa Cruz.

“En el momento de la intervención tuvimos que perseguir a (una) camioneta en la cual logramos detener estas dos personas que se encuentran dentro de la lista de las personas buscadas. (Ambos) forman parte del clan Zurita y son miembros de una organización criminal destinada al avasallamiento”, dijo la autoridad.

Aguilera señaló que los aprehendidos no cuentan con antecedentes, aunque —indicó— las motocicletas decomisadas son remarcadas, robadas o no tienen placas.

Dijo que este grupo tenía un depósito donde llevaban las motocicletas y las utilizaban para realizar la toma de predios en aquella región.

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Mencionó que los detenidos son autores materiales y forman parte de la provisión de medios logísticos. “Ellos han actuado desde la intelectualidad para transportar a personas”.

Toma ilegal

Grupos de avasalladores irrumpieron la semana pasada los predios de Santa Rita y San Fernando de la provincia Guarayos que, posteriormente, fueron desalojados por la Policía.

Tras la intervención, agentes policiales decomisaron armas, escudos y cajas con agentes químicos que fueron sustraídas por los presuntos avasalladores.

Además, se logró secuestrar machetes y artefactos explosivos utilizados por estas personas.