El riesgo de deslizamiento persiste en la Ceja de la ciudad de El Alto. La Alcaldía reportó este lunes que, a pesar de las notificaciones y la insistencia, al menos 30 personas hacen caso omiso a los llamados a desalojar por seguridad; en tanto que la urgencia por las lluvias crece.

“Faltan unas 30 personas más (…), pero no quieren aceptar el desalojo y tampoco los queremos sacar a la fuerza. Esta es la última vez que vamos a recomendar, con esa advertencia vamos a tener que coordinar con la subalcaldesa del Distrito 1”, señaló el secretario municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos de El Alto, Gabriel Pari, en Bolivia TV.

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El sector en riesgo se encuentra puntualmente en la avenida Panorámica del citado barrio alteño. Allí, al borde de un precipicio se encuentran varias casetas, que la comuna ha pedido desalojar para evitar poner en riesgo la seguridad de quienes las habitan.

No obstante, al momento, no se ha logrado del todo despejar el área. La urgencia está latente dado el inicio de la temporada de lluvias y las precipitaciones en el municipio son cada vez más intensas y persistentes.

“Están en alto riesgo todo ese sector de la Panorámica, el talud de este lugar. Entonces, sí o sí tienen que abandonar los amautas que se encuentran en este sector”, señaló el funcionario.

Pari recordó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha informado sobre las venideras precipitaciones y reiteró el llamado a las personas notificadas a que salvaguarden su seguridad con el desalojo oportuno.

Para mañana, martes, está prevista la audiencia de Acción Popular interpuesta por la Alcaldía de La Paz contra la empresa Kantutani. En respuesta a la afectación sufrida por el municipio a raíz de la remoción ilegal de tierras. Situación que provocó una mazamorra tras las lluvias del 23 de noviembre pasado.

La Alcaldía, a través la directora Jurídica Amparo Morales, confirmó que la acción popular fue presentada la semana anterior. La sala correspondiente admitió la demanda. “El día de mañana (martes) se va a desarrollar la audiencia”, afirmó Morales a los medios de comunicación.

La acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio. También con el medio ambiente, el espacio, seguridad y salubridad pública, entre otros. 

Morales explicó que, en este caso, la demanda busca que se tomen las medidas adecuadas para compensar los daños causados a la comunidad. Especialmente a los damnificados en el sector de Bajo Llojeta, quienes se vieron seriamente afectados por el desprendimiento de tierra y escombros.

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La Alcaldía enfatiza la importancia de esta acción legal no solo como un mecanismo de reparación, sino también como una medida preventiva para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

“La audiencia representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para los afectados y en la regulación de las actividades de la empresa involucrada”, señala una nota institucional.

Dirigentes de tres juntas vecinales y 13 representantes del Control Social de la ciudad de Santa Cruz rechazaron el acuerdo entre la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y los micreros para subir el costo del pasaje a Bs 2,37.

“Nos declaramos en emergencia por este incremento arbitrario e ilegal. Rechazamos esta decisión y el supuesto informe técnico del Ejecutivo Municipal que autoriza la subida del pasaje que atenta contra la economía de la gente”, señala el pronunciamiento.

El sábado, la dirigencia de los choferes y la de Fejuve, acordaron aplicar una tarifa transitoria de Bs 2,37.

Este lunes, otro grupo de vecinos se reunió con los concejales y respaldaron la normativa que aprobaron para mantener el costo del pasaje en Bs 2.

Los vecinos declararon persona no grata y enemigo a Orlando Peña y Rubén Rocha, del Control Social. Afirmaron que carecen de representación para definir un incremento en las tarifas de los microbuses.

“Se les iniciará acciones legales y constitucionales como una Acción Popular por el delito de usurpación de funciones”, añade el documento.

La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, afirmó que el pleno mantiene su posición de respeto a las leyes y normas vigentes como mantener los Bs 2 las tarifas del transporte público.

“Decimos esto porque empresarios del transporte y dirigentes vecinales cuestionados pretenden aplicar una tarifa transitoria de 2,37 bolivianos, que en realidad es 2,50. Pero ese acuerdo es totalmente ilegal”, señaló la legisladora.

Advirtió que “tanto los dueños de micros y el dirigente Peña no van hacer los que les dé la gana, porque la ley se respeta y es mantener el pasaje de Bs 2”.

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LEY

Mucarzel conminó al alcalde Jhonny Fernández promulgar la ley y sancionar a las líneas que realizan cobros excesivos.

El viernes, el pleno del Concejo aprobó el proyecto de ley que declara Necesidad Pública hacia un Nuevo Sistema de Transporte.

“Una vez más, instruimos al alcalde que cumpla la norma y que trabaje por Santa Cruz en un sistema de transporte moderno y eficiente. Porque la ciudad no puede ser rehén de un sistema obsoleto e inhumano en el que los usuarios sufren constantes maltratos”, cuestionó.

Solicitó a Fernández que, en un plazo de 15 días hábiles, promulgar el proyecto de ley, “caso contrario, yo misma la promulgaré para beneficio de la población”, remarcó.

Luego de más de cinco horas de declaración, el alcalde de La Paz, Iván Arias, acusado por el deslave en Bajo Llojeta, se defenderá en libertad. La comisión de fiscales que investiga el caso definió no emitir la orden de aprehensión.

“El señor alcalde se va a defender en libertad. Continuamos en investigación, es por eso que el alcalde o va a brindará declaraciones todavía. Tiene que realizar aportes a la investigación y es lo que se ha recomendado”, señaló la directora Jurídica, Amparo Morales.

Arias salió de la Fiscalía en medio del respaldo de funcionarios ediles y vecinos que realizaron una vigilia mientras declaraba.

Morales acotó que “la comisión de fiscales ha entendido toda la información que el alcalde ha transmitido respecto del lamentable hecho que ha ocurrido el 23 de noviembre y van a continuar las investigaciones. El gobierno municipal no tiene nada que ocultar. Toda la declaración ha sido en base a la transparencia que siempre maneja el señor alcalde”.

Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el miércoles de la anterior semana, sin embargo, luego de una valoración médica, se verificó que Arias no estaba en condiciones para cumplir con su declaración.

RESPONSABILIDADES

El caso busca establecer responsabilidades en el desastre en Bajo Llojeta, ocurrido el 23 de noviembre, cuando un deslave afectó a al menos 40 viviendas que terminaron cubiertas de lodo y el trágico deceso de una niña de cinco años.

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La Alcaldía culpó del evento a la Inmobiliaria Kantutani, por la supuesta remoción de tierras en el Cementerio Jardín Los Andes, de su administración.

Por el caso, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, fue derivado a prisión preventiva, acusado de, supuestamente, otorgar permiso para el movimiento de tierras. Inicialmente, como Arias, la autoridad había declarado en condición de testigo.

A pesar de que el alcalde de La Paz, Iván Arias, descartó la aplicación de la Ley de Amnistía Tributaria, aprobada en pasados días por el Concejo, el documento llegó a manos del Ejecutivo edil y entró en revisión.

“Toda ley tiene un proceso. Como es una ley propuesta por el Órgano Legislativo tenemos que revisar si cumple con los principios constitucionales y con el marco jurídico tributario. Esa revisión la tiene que hacer el área técnica de la ATM”, indicó la directora de la Administración Tributaria Municipal, Noemí Lastra.

Precisó que si no cumple con esos principios se devolverá al Concejo para que sea ajustada ya que toda ley amerita un análisis técnico, económico y legal.

La propuesta ahora está en manos del equipo técnico de la ATM y una vez que se cuente con los resultados de la revisión, “sí corresponde se derivará al Ejecutivo para la promulgación y si no vamos a devolver al Concejo Municipal”.

Lastra aclaró que la norma aún no es aplicable, porque no fue promulgada. Tampoco cuenta con una reglamentación y su redacción dura entre 15 y 30 días.

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REGLAMENTACIÓN

“Esa reglamentación tiene que hacer el área técnica del gobierno municipal. Pero además hay que tener en cuenta que nosotros cobramos impuestos a través del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT). El sistema a nivel nacional que cumple los servicios para facilitar la recaudación tributaria y por consiguiente tiene sus propias normas”, explicó la funcionaria.

La pasada semana, el Concejo aprobó la Ley de Amnistía Tributaria que exonera multas y sanciones para los contribuyentes que tienen deudas pendientes.

Entre los alcances de la Ley de Amnistía Tributaria está que abarca deudas desde 2012 hasta 2022. Además, da plazo a los contribuyentes hasta el 30 de junio de 2025 para honrar sus deudas tributarias con el municipio de La Paz.