Las investigaciones por la desaparición de Odalys Vaquiata llegarán este mes a un proceso de nuevas audiencias, en las que el principal sindicado de su feminicidio, Joel P., deberá de nuevo estar frente a un juez. Son ya nueve meses de la desaparición de la joven mamá.

«Se ha señalado en primera instancia el 28 de diciembre audiencia de situación jurídica de Joel P. G», explicó el abogado de la familia de Odalys, Carlos Gonzales, a Bolivia Tv.

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El jurista también confirmó que para este 28 de diciembre se encuentran programadas las audiencias en que se evaluará la situación jurídica de los padres de Joel P., quienes también se encuentran con detención preventiva por este caso.

El caso data de marzo. El 30 de ese mes se supo que Vaquiata salió de viaje con su entonces pareja, Joel P., hacia el norte de La Paz. No obstante, de ese paseo ella no retornó.

Joel P. pasó a ser el principal sindicado del caso que, en el inicio, se investigaba por trata y tráfico de personas; sin embargo, tras varias versiones contradictorias del acusado y actuados como inspecciones, la Fiscalía decidió cambiar el tipo penal a feminicidio.

Este sindicado quedó con detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Similar medida cautelar se decidió para sus padres y un policía sindicado de haber tenido contacto con ellos, quien recientemente fue beneficiado con detención domiciliaria.

Gonzales indicó que estos meses se hicieron varios requerimientos de cesación de detención preventiva de los sindicados. Sin embargo, confía que en las audiencias de este 28 se presente ya la acusación formal, paso fundamental para el inicio del juicio.

«Nosotros estamos seguros que la Fiscalía este 28 de diciembre va a sacar una acusación formal. No nos estamos adelantando, pero eso es lo que estamos sosteniendo y esperando, una acusación formal para que de esta manera ingresemos a juicio oral y contradictorio», aseveró.

Aunque los esfuerzos fueron varios, hasta el momento, no se pudo dar con Odalys. Gonzales indicó que se prevé nuevos operativos para seguir buscando a la mujer de 28 años. Su familia espera al menos poder sepultar el cuerpo de la joven.

Ante la ola de pedidos de incremento de pasajes en el país, en La Paz, la Alcaldía ha asegurado que esta medida no está ni autorizada ni contemplada, por lo que llamó a la tranquilidad a la población. En Santa Cruz se ingresó en la segunda jornada de paro indefinido este martes, para exigir este extremo.

“Las tarifas se mantienen”, aseguró el secretario municipal de Movilidad Urbana, Ariel Torrez.

Los pasajes son de nuevo motivo de debate y hasta medidas de presión. En Santa Cruz, transportistas ejecutan este martes su segundo día de paro con esta demanda; en tanto que en Oruro, tras protestas, se autorizó un incremento de pasajes desde enero de 2025; y en El Alto el sector anunció una marcha en protesta por el alza de precios de la canasta familiar, de repuestos y la falta de combustible.

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En La Paz, la comuna consiguió el pasado mes un acuerdo con representantes del transporte público; mediante el cual se ingresó a un análisis de costos con el cual los choferes pretenden demostrar a la comuna que es necesaria una modificación a los cobros.

En tanto, las tarifas no deberían modificarse, señaló el funcionario. “Hay un acuerdo que se ha hecho, que es de conocimiento (…). La coordinación entre los cuerpos vivos, las instituciones, ya hace tres semanas nos ha arrojado los resultados. La norma está en vigencia y las tarifas también”, señaló.

Torrez indicó que, en caso de incumplimiento, se activarán las sanciones determinadas en la norma. Afirmó que se realizan las coordinaciones con la Federación Chuquiago Marka y convocó al sector a considerar el momento complicado de la economía de las familias.

“Cualquier acción de incumplimiento a la normativa, se va a aplicar la normativa de sanciones que corresponde (…). Hay que ver la situación del país”.

Desde hace varios años, el tramo de minibús cuesta Bs 2; de micros, Bs 1,50, y el de trufis, Bs 3. Sufren incremento a partir de las 20.30.

Una joven de 17 años de edad, que se presumía se había quitado la vida en su vivienda, en realidad, murió estrangulada. El repentino deceso llamó la atención de los vecinos que alertaron a la Policía sobre el hecho. Así, efectivos del orden intervinieron el velorio para rescatar el cuerpo.

El crimen ocurrió el 1 de diciembre, en la zona Satélite Norte, municipio de Warnes, en Santa Cruz.

Luego del crimen, Romario C. C. (25), pareja de Andrea, armó una escena del crimen distinta a lo sucedido. Llamó a los familiares de la menor de edad y la convenció de que se había quitado la vida.

Durante la intervención en el velatorio, los familiares pusieron resistencia. Trataron de impedir el rescate del cuerpo para la autopsia.

“El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho e inmediatamente se inició con las labores investigativas de oficio y se colectaron diferentes elementos como la declaración de testigos. Se evidenciaron visibles signos de violencia en el cuerpo de la víctima. Se constató que se trataba de una muerte violenta”, informó Luis Alba, fiscal asignado al caso.

Luego del examen forense al cuerpo de la joven, la hipótesis de feminicidio se confirmó. Andrea murió por asfixia mecánica por estrangulamiento con un lazo. “Se recolectaron también otros elementos que determinaron que se trata de un hecho de feminicidio”, sostuvo Zeballos.

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Según el relato de sus compañeros de colegio, desde hace un tiempo, Andrea convivía con el feminicida, quien la sometía a violencia.

“Los compañeros de colegio contaron que la joven era objeto de constantes hechos de violencia intrafamiliar por parte de su concubino”, acotó el fiscal.

Romario fue aprehendido por la Policía y el Ministerio Público alista la imputación formal por el delito de feminicidio.

Con este hecho, suman 81 los casos de feminicidio en el país, registrados desde el 1 de enero y el 1 de diciembre.

Este martes por la mañana, los rescatistas hallaron sin vida al joven de 16 años que cayó por accidente a un drenaje en la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz de la Sierra.

Tras un intenso operativo de búsqueda a cargo del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rescate Urbano y de la Policía cruceña, el cuerpo fue encontrado en la laguna Guapilo, donde desemboca el drenaje.

Las tareas de rastrillaje comenzaron el lunes por la noche, tras conocerse que el adolescente había caído al agua luego que los vecinos y testigos informaran a las autoridades del accidente.

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Drenaje en Santa Cruz

Después de horas de búsqueda, los rescatistas suspendieron las labores el lunes por la noche. Se reanudaron el martes de madrugada en busca de Ezequiel, quien fue arrastrado por la corriente del agua hacia Guapilo.

Según reportes preliminares, el joven vivía en la Villa Primero de Mayo. Algunas personas que habitan la zona declararon a las autoridades que posiblemente el joven estaba jugando con sus amigos y habría caído tras un empujón. Una versión que aún está en investigación.

Bomberos de Santa Cruz evidenció que las aguas de los canales subieron considerablemente. Debido a las precipitaciones pluviales que afectan al departamento cruceño los últimos días.

(03/12/2024)

La empresa Kantutani desmintió este martes las declaraciones del alcalde de La Paz, Iván Arias, en sentido de que la inmobiliaria habría “vendido lotes” en Bajo Llojeta, zona afectada por un deslave el pasado 23 de noviembre.

“Kantutani no ha vendido terrenos a ninguna de las personas afectadas, ni tampoco lo hizo en el lecho del río. No existe evidencia alguna que respalde la acusación del Alcalde”, declaró la empresa a través de una comunicación.

Arias afirmó este lunes que la empresa Kantutani sería responsable de la venta de los terrenos afectados en la zona de Bajo Llojeta, donde el 23 de noviembre un alud de lodo dejó una niña fallecida, varias viviendas destruidas y decenas de familias damnificadas.

“Estamos descubriendo, por ejemplo, que la empresa que ha loteado ese sector, que ha vendido lotes y, por lo tanto, ha construido, es la empresa Kantutani”, declaró a los medios.

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‘PAPELES DE ACHOCALLA’

Señaló que muchas de las personas afectadas presentaron documentos emitidos desde el municipio de Achocalla para justificar sus construcciones, pese a que estas estaban observadas por la Alcaldía de La Paz.

“La empresa Kantutani les ha vendido con papeles de Achocalla a la gente”, denunció.

La autoridad edil informó que se está levantando una lista de aproximadamente 40 viviendas y sus supuestos propietarios en la zona afectada.

“Estamos entrando al detalle para ver este problema. Es un caso complejo”, agregó.

Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, el 90% de los vecinos afectados por la mazamorra no tiene el título de propiedad de su casa.