El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó el bloqueo que afecta el acceso al relleno sanitario de K’ara K’ara y señaló que la medida responde a intereses políticos partidarios. Dijo que el gobierno municipal inició acciones jurídicas para lograr una pronta resolución.

La autoridad enfatizó la necesidad urgente de avanzar con el cierre técnico del botadero y la estabilización de una de las celdas; proceso para el cual ya se cuenta con una empresa adjudicada que llevará a cabo las labores en el ámbito técnico.

Explicó que es fundamental seguir adelante con el cierre técnico de K’ara K’ara. «Ya se cuenta con la empresa contratada para realizar este trabajo, un proceso que, como sabemos, es largo y complejo”.

También hizo referencia a gestiones anteriores, donde la empresa Colina fue contratada para operar en el relleno sanitario de K’ara K’ara. “El municipio cumplió con los procesos de licitación logrando avanzar con el cierre técnico, ya que es un procedimiento largo”.

Reyes Villa lamentó que “algunos actores políticos” pongan en riesgo la salud de la población, motivados solo por intereses partidarios.

“Es lamentable que existan personas que no les interesa la salud de la población y solo buscan sus intereses políticos partidarios”, dijo Reyes Villa.

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Asimismo, destacó el esfuerzo continuo de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), cuyos trabajadores cumplen con la recolección de residuos y aseguran la limpieza de la ciudad, a pesar de las dificultades causadas por el bloqueo.

Acotó que el gobierno municipal mantiene su compromiso de resolver el conflicto a la brevedad y garantizó que esta semana se alcanzará una solución definitiva para normalizar la situación.

Un proceso administrativo es el que enfrentará la directora de una unidad educativa de Sacaba, Cochabamba, por cortarles el cabello a tres estudiantes como castigo por llegar tarde a clases.

La delegada de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Marioly Álvarez, informó que, con el hecho, la educadora vulneró el artículo 153; de la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente; que establece que la violencia contra niños y adolescentes se constituye en una infracción.

“Se abre un proceso en la vía administrativa en la Dirección Distrital de Educación; y también es importante recordar que la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), en el artículo 153, establece que la violencia contra niños y adolescentes es una infracción”, explicó.

En redes sociales se difundió un video. En él se observa a la directora de una unidad educativa en Sacaba cortar el cabello a tres estudiantes de secundaria; supuestamente como castigo por llegar tarde a clases y en presencia de sus compañeros.

Con tijeras en mano, y en el patio del establecimiento, la directora cortó cabellos a los jóvenes, quienes estaban sentados en pupitres. El hecho ocurrió el lunes.

“Se prohíbe en el sistema educativo cualquier acto u omisión que conlleve el sufrimiento o menoscabo de la integridad personal de los niños y adolescentes”, enfatizó Álvarez.

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Recordó que la Constitución Política del Estado, en su artículo 61, prohíbe toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes; tanto en la familia como en la sociedad.

La Ley 548, en el artículo 116 parágrafo I inciso a), establece que el Sistema Educativo Plurinacional garantiza a las niñas, niños y adolescentes una educación sin violencia; así como la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez.

Al igual que sucede con el transporte público, la Alcaldía de La Paz busca que los buses escolares instalen su sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para que mediante éste se pueda garantizar su seguridad.

«El seguimiento a través de los GPS, no solamente va a ser para el transporte regular, lo vamos a hacer para el transporte escolar a fin de que esto nos permita establecer una normativa que especifique que todo servicio de transporte en la ciudad de La Paz, debe contar con este sistema para que podamos tener un monitoreo respecto al servicio que están prestando”, explicó el secretario municipal de Transporte y Seguridad Ciudadana, Erick Millares.

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El proceso de instalación del sistema de rastreo empezó hace un par de semanas en La Paz. Vehículos del transporte público pasan por el proceso como parte del acuerdo con la Alcaldía para evitar el “trameaje”.

BUSES ESCOLARES

«Tanto ATL (Asociación de Transporte Libre) como Chuquiago Marka tienen alrededor de 16.000 vehículos que están ya en proceso de implementación. Hace dos semanas empezó ATL, ayer (miércoles) lo hizo Chuquiago Marka y notamos la disposición y la buena voluntad para el cumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado”, dijo Millares.

“En cuanto a los costos, ellos (conductores) tienen que pagar mensualmente el servicio”, aclaró.

El acuerdo para el uso de los GPS se concretó en las negociaciones para el incremento de pasajes. Finalmente, la comuna dio luz verde al alza de tarifas y se empezó la instalación del GPS.

Mientras avanza el proceso, la municipalidad empezó el control de cumplimiento de rutas con apoyo de la Guardia Municipal. Se emiten infracciones, pero, aclaró la comuna, en caso de reincidencia se aplicarán multas contra los sindicatos.

“Si hay una mayor recurrencia de infracciones en cuanto al trameaje, vamos a empezar a sancionar a los sindicatos, ya sea con la suspensión de la línea o la revocatoria que sería la sanción más drástica».

Ahora, el objetivo de la Alcaldía es ampliar este rastreo a los buses municipales, por seguridad y para permitir que se pueda dar seguimiento al transporte de los niños y adolescentes.

Un derrumbe en el interior de una mina ubicada en la localidad de Yani, provincia Larecaja, en el departamento de La Paz, causó la muerte de cinco personas y dejó al menos tres heridos la noche del miércoles, aunque el hecho recién se informó este jueves.

El accidente ocurrió en la Cooperativa Minera Coronación R.L., según confirmó el comandante departamental de la Policía en La Paz, el coronel Gunter Agudo, quien detalló que cuatro víctimas fueron extraídas y se trabaja para recuperar el quinto cuerpo. 

Agudo explicó que, tras el colapso, siete personas resultaron afectadas mientras realizaban sus actividades mineras. Sin embargo, el Centro de Salud de Sorata en contacto con Radio Perlandina detalló que son tres heridos del accidente que están en ese centro médico.

«Los dos heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, mientras que los fallecidos son trabajadores que quedaron atrapados bajo los escombros», detalló el coronel policial en contacto con los periodistas.

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Mina

Reportado el accidente, equipos especializados de rescate se desplazaron al sitio para retirar los restos de la última víctima, en medio de condiciones de alto riesgo, pues no se podía acceder a la mina para rescatar el cuerpo. 

Videos difundidos en redes sociales muestran las labores urgentes de socorro, con pobladores y rescatistas removiendo escombros manualmente, debido a que la maquinaría no podía ingresar por una cuestión de espacio.

Asimismo, cualquier labor de un equipo pesado podía haber agravado el hecho, generando movimientos inesperados de tierra.  

Las imágenes evidencian la precariedad de las estructuras internas de la mina, factor que habría contribuido al accidente, aunque las causas todavía deben esclarecerse.

Yani, zona históricamente ligada a la minería cooperativista, carece de protocolos estrictos de seguridad en varias explotaciones que realizan, por lo que se denunciaron varios accidentes en las minas de la región.

Ante el riesgo de un nuevo conflicto entre el Concejo, la Alcaldía además de Juntas vecinales y choferes por el tema de pasajes, el concejal del municipio de La Paz Jorge Dulón, propuso que se debe aprovechar este momento de “crisis” para retornar al diálogo.

«Si se aprueba esta ley, los choferes saldrán a las calles y los vecinos los enfrentarán, lo que provocará un conflicto, como ocurrió cuando el alcalde subió las tarifas por presiones de los conductores”, advirtió en entrevista con La Razón Radio.

El pasado 5 de marzo se aprobó la ley que congela tarifas, en rechazo al incremento autorizado por la Alcaldía por el cual las tarifas pasaron a Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largos.

La controversia radica en que la Alcaldía acusa a los concejales de usurpar las funciones del alcalde, quien es el único facultado para establecer el precio de los pasajes, mientras que la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, sostiene que su propuesta se limita únicamente a congelar las tarifas vigentes en 2016, sin realizar ningún ajuste.

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Dulón denunció que se intentó aprobar la norma sin seguir el procedimiento legal. “Esto hace que se confirme la posibilidad de una ruptura constitucional”, afirmó. Explicó que, tras la aprobación en el Concejo, el Ejecutivo debe hacer observaciones y devolver el proyecto para su revisión antes de someterlo a votación final después de ser revisado por una comisión del pleno.

Según Dulón, si la ley entra en vigencia, los choferes saldrán a protestar y los vecinos los enfrentarán. “Lo que hay que hacer es que se aproveche este momento de crisis para retornar al diálogo”, recordó.

Cuando se conoció la ley aprobada por el Concejo, los transportistas advirtieron con movilizaciones y con defender las nuevas tarifas que se acordaron tras varios meses de trabajo con la Alcaldía y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

Entre 2024 y 2025, todas las ciudades capitales nivelaron sus tarifas de transporte público, debido a que los conductores argumentan que el costo de vida se encareció y las ganancias cada vez alcanzan para menos.