Al igual que sucede con el transporte público, la Alcaldía de La Paz busca que los buses escolares instalen su sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para que mediante éste se pueda garantizar su seguridad.

«El seguimiento a través de los GPS, no solamente va a ser para el transporte regular, lo vamos a hacer para el transporte escolar a fin de que esto nos permita establecer una normativa que especifique que todo servicio de transporte en la ciudad de La Paz, debe contar con este sistema para que podamos tener un monitoreo respecto al servicio que están prestando”, explicó el secretario municipal de Transporte y Seguridad Ciudadana, Erick Millares.

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El proceso de instalación del sistema de rastreo empezó hace un par de semanas en La Paz. Vehículos del transporte público pasan por el proceso como parte del acuerdo con la Alcaldía para evitar el “trameaje”.

BUSES ESCOLARES

«Tanto ATL (Asociación de Transporte Libre) como Chuquiago Marka tienen alrededor de 16.000 vehículos que están ya en proceso de implementación. Hace dos semanas empezó ATL, ayer (miércoles) lo hizo Chuquiago Marka y notamos la disposición y la buena voluntad para el cumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado”, dijo Millares.

“En cuanto a los costos, ellos (conductores) tienen que pagar mensualmente el servicio”, aclaró.

El acuerdo para el uso de los GPS se concretó en las negociaciones para el incremento de pasajes. Finalmente, la comuna dio luz verde al alza de tarifas y se empezó la instalación del GPS.

Mientras avanza el proceso, la municipalidad empezó el control de cumplimiento de rutas con apoyo de la Guardia Municipal. Se emiten infracciones, pero, aclaró la comuna, en caso de reincidencia se aplicarán multas contra los sindicatos.

“Si hay una mayor recurrencia de infracciones en cuanto al trameaje, vamos a empezar a sancionar a los sindicatos, ya sea con la suspensión de la línea o la revocatoria que sería la sanción más drástica».

Ahora, el objetivo de la Alcaldía es ampliar este rastreo a los buses municipales, por seguridad y para permitir que se pueda dar seguimiento al transporte de los niños y adolescentes.

Un derrumbe en el interior de una mina ubicada en la localidad de Yani, provincia Larecaja, en el departamento de La Paz, causó la muerte de cinco personas y dejó al menos tres heridos la noche del miércoles, aunque el hecho recién se informó este jueves.

El accidente ocurrió en la Cooperativa Minera Coronación R.L., según confirmó el comandante departamental de la Policía en La Paz, el coronel Gunter Agudo, quien detalló que cuatro víctimas fueron extraídas y se trabaja para recuperar el quinto cuerpo. 

Agudo explicó que, tras el colapso, siete personas resultaron afectadas mientras realizaban sus actividades mineras. Sin embargo, el Centro de Salud de Sorata en contacto con Radio Perlandina detalló que son tres heridos del accidente que están en ese centro médico.

«Los dos heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, mientras que los fallecidos son trabajadores que quedaron atrapados bajo los escombros», detalló el coronel policial en contacto con los periodistas.

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Mina

Reportado el accidente, equipos especializados de rescate se desplazaron al sitio para retirar los restos de la última víctima, en medio de condiciones de alto riesgo, pues no se podía acceder a la mina para rescatar el cuerpo. 

Videos difundidos en redes sociales muestran las labores urgentes de socorro, con pobladores y rescatistas removiendo escombros manualmente, debido a que la maquinaría no podía ingresar por una cuestión de espacio.

Asimismo, cualquier labor de un equipo pesado podía haber agravado el hecho, generando movimientos inesperados de tierra.  

Las imágenes evidencian la precariedad de las estructuras internas de la mina, factor que habría contribuido al accidente, aunque las causas todavía deben esclarecerse.

Yani, zona históricamente ligada a la minería cooperativista, carece de protocolos estrictos de seguridad en varias explotaciones que realizan, por lo que se denunciaron varios accidentes en las minas de la región.

Ante el riesgo de un nuevo conflicto entre el Concejo, la Alcaldía además de Juntas vecinales y choferes por el tema de pasajes, el concejal del municipio de La Paz Jorge Dulón, propuso que se debe aprovechar este momento de “crisis” para retornar al diálogo.

«Si se aprueba esta ley, los choferes saldrán a las calles y los vecinos los enfrentarán, lo que provocará un conflicto, como ocurrió cuando el alcalde subió las tarifas por presiones de los conductores”, advirtió en entrevista con La Razón Radio.

El pasado 5 de marzo se aprobó la ley que congela tarifas, en rechazo al incremento autorizado por la Alcaldía por el cual las tarifas pasaron a Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largos.

La controversia radica en que la Alcaldía acusa a los concejales de usurpar las funciones del alcalde, quien es el único facultado para establecer el precio de los pasajes, mientras que la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, sostiene que su propuesta se limita únicamente a congelar las tarifas vigentes en 2016, sin realizar ningún ajuste.

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Dulón denunció que se intentó aprobar la norma sin seguir el procedimiento legal. “Esto hace que se confirme la posibilidad de una ruptura constitucional”, afirmó. Explicó que, tras la aprobación en el Concejo, el Ejecutivo debe hacer observaciones y devolver el proyecto para su revisión antes de someterlo a votación final después de ser revisado por una comisión del pleno.

Según Dulón, si la ley entra en vigencia, los choferes saldrán a protestar y los vecinos los enfrentarán. “Lo que hay que hacer es que se aproveche este momento de crisis para retornar al diálogo”, recordó.

Cuando se conoció la ley aprobada por el Concejo, los transportistas advirtieron con movilizaciones y con defender las nuevas tarifas que se acordaron tras varios meses de trabajo con la Alcaldía y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

Entre 2024 y 2025, todas las ciudades capitales nivelaron sus tarifas de transporte público, debido a que los conductores argumentan que el costo de vida se encareció y las ganancias cada vez alcanzan para menos.

El Gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, informó que ganaderos iniciaron con la movilización de hasta 300.000 cabezas de ganado como medida preventiva ante las inundaciones. Mientras tanto, la Gobernación se declaró en desastre departamental.

“Aproximadamente ya se ha iniciado la movilización de 200.000 a 300.000 cabezas de ganado (…). Ya ha habido bastantes pérdidas de ganado, tanto en la provincia de Ballivián como en la provincia de Yacuma. (Además) las pérdidas de cultivo”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Explicó que la presencia del agua denominada “gateadora”, que cae de las zonas altas, ha provocado la crecida de los ríos hasta en un metro y medio de alto.

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Unzueta afirmó que la declaratoria se debe a que las condiciones logísticas, técnicas y financieras no son suficientes para reparar y mitigar los efectos de las inclemencias del clima.

“Tenemos tres municipios declarados en desastre por desborde de ríos e inundaciones, y dos municipios más por falta de conectividad caminera. Estos son San Javier y Baures, mientras que los excedentes son Rurrenabaque, Reyes y San Borja”, explicó.

Al momento, cuatro departamentos se han declarado en emergencia: La Paz, Beni, Chuquisaca y Oruro.

Tras haber declarado desastre departamental, el Gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, develó que, aunque mantiene comunicación con el presidente Luis Arce, sus ministros no responden de la misma manera.

“Él (Luis Arce) contesta mucho más que sus ministros (…). En el caso del Viceministerio de Defensa Civil, por no ser yo del mismo partido político, siempre hay cierres de puertas, hay muy poca coordinación, coordina muy poco con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y (conmigo). Coordina con dos o tres alcaldes y bueno, eso hace que la presencia de Defensa Civil en nuestro departamento estos cuatro años no haya sido muy efectiva”, denunció en entrevista con La Razón Radio.

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Aseguró que la coordinación con la ministra de Salud es fluida, pero en temas de desastres naturales, la relación con Defensa Civil es limitada.

Además, explicó que la Gobernación solicitó al Ministerio de Economía Bs 28 millones para reparar tramos camineros afectados por las lluvias. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

“Nos respondieron de que tenemos una capacidad de crédito de Bs 100 mil solamente porque la anterior gestión dejó tremendamente endeudada a la gobernación”, denunció.

De acuerdo con el COED, son más de 2.200 familias afectadas por inundaciones en el departamento. Aunque aún no tienen datos confirmados de todos los municipios solo de Rurrenabaque, San Borja y Reyes.