El proceso para el seguimiento por GPS al transporte público sigue esta semana en La Paz con un segundo grupo, la Federación Chuquiago Marka, que al igual que el Transporte Libre pasará por el proceso de control contra el trameaje. La Alcaldía espera llegar a instalar el rastreador en al menos 16.000 vehículos que cumplen el servicio en la ciudad.

«La implementación de estos dispositivos permitirá verificar el recorrido, establecer los tiempos y verificar la frecuencia con la que debe salir cada vehículo en la parada”, explicó el secretario municipal de Transporte y Seguridad Ciudadana, Erick Millares.

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El proceso comenzó hace un par de semanas con los vehículos afiliados a la Asociación de Transporte Libre (ATL) y continuará con los motorizados de la Federación Chuquiago Marka; con los que la municipalidad cumplirá su meta de 16.000 vehículos.

GPS

«Hace dos semanas comenzó la ATL y ayer (martes), Chuquiago Marka”, indicó el funcionario, según una nota institucional.

De acuerdo con la comuna, la instalación de los rastreadores es parte de las conversaciones que se realizaron en las mesas de trabajo en que se discutió el incremento de pasajes, el pasado mes.

Los pasajes finalmente subieron a Bs 2,40 en tramos cortos y; por lo tanto, se realiza la instalación de los GPS, con los cuales se busca evitar el “trameaje” (recorridos sin destino final o desviados).

«Si un vehículo se sale de su ruta, inmediatamente tendrá un reporte digital o físico, identificando el vehículo y su placa”, explicó Millares.

También, afirmó que los rastreadores serán de utilidad para hacer seguimiento del vehículo en caso de robo.

Actualmente, los guardias municipales emiten boletas contra los conductores que hacen trameaje; es decir, que no cumplen su recorrido completo, no obstante, la Alcaldía espera que con los GPS el control mejore.

Una vez más, la ciudad de Cochabamba está inundada de basura. Plazas, parques, calles y avenidas comienzan a verse acopiadas con los residuos; mientras que la población está expuesta a los efectos que conlleva la contaminación que se genera.

Este miércoles, se cumplen cinco días de bloqueo en el ingreso del relleno sanitario de K’ara K’ara; y con más de 3.500 toneladas de basura acumuladas.

Debido a esta situación, la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA) se ha visto obligada a suspender el recojo de basura domiciliaria.

El gerente de la repartición, Franz Knaudth, explicó que, ante la emergencia, se está priorizando el recojo de basura en los mercados; y los residuos infecciosos provenientes de los centros hospitalarios.

Puntualizó que es fundamental mantener el servicio en los mercados, ya que son los lugares donde se genera la mayor cantidad de residuos. “Cada hora que pasa, los contenedores se llenan rápidamente”, indicó.

El gerente también detalló que una gran parte de la basura ha quedado compactada en los vehículos de EMSA; lo que ha llevado a que se alcance la capacidad máxima de acopio.

“Desde hace dos días, y en coordinación con la nueva empresa, se comenzó el traslado de basura al nuevo sitio; lo que permite continuar con las operaciones en el recojo de los residuos sólidos”, señaló.

Para evitar la generación de focos de contaminación en los barrios, Knaudth pidió a la ciudadanía su comprensión; y solicitó que evite sacar la basura a la vía pública. “Pedimos a la población su comprensión y eviten sacar su basura a la vía pública y de esta manera se dejará de generar un foco de contaminación en los barrios”, insinuó el gerente.

El gobierno municipal de Cochabamba ratificó su compromiso con el diálogo y la concertación para abordar el cierre técnico del relleno sanitario de K’ara K’ara.

Sin embargo, el director de Comunicación, Juan José Ayaviri, señaló que algunos sectores vecinales mantienen una postura intransigente; y rechazan las mesas de trabajo para explicar los alcances y riesgos de interrumpir este proceso.

Explicó que el cierre técnico es un proceso complejo que implica varios elementos y debe realizarse de manera planificada para evitar impactos ambientales y sanitarios.

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Ayaviri alertó sobre la presencia de una “policía sindical”, un grupo irregular ajeno a las fuerzas del orden. “Se trata de una organización subversiva que no pertenece ni a la Policía ni al Ejército, ni a ninguna instancia del Estado. Su accionar responde más a intereses políticos que al cumplimiento del convenio establecido”.

El funcionario también expresó su preocupación por la falta de intervención policial para garantizar la libre circulación en la zona y desarticular al grupo irregular. “Nosotros seguiremos insistiendo en el diálogo; pese a la existencia de estos grupos irregulares que arrojan piedras a cualquier persona y no deja que lleguen hasta el punto del conflicto”, enfatizó.

A pesar de estas dificultades, la Alcaldía reiteró su predisposición para dialogar y encontrar una solución consensuada. “La única forma para resolver este conflicto es dialogando; y el municipio cuenta con todos los argumentos para que no se lleve adelante este bloqueo perjudicando a la población”, sostuvo Ayaviri.

Los familiares de Filomena I. C., encontrada sin vida en un departamento de un edificio en la zona de Sopocachi, el 26 de diciembre de 2024, protestaron este martes en puertas de la Fiscalía Departamental de La Paz.

Argumentaron que el tipo penal debe ser feminicidio y no violencia doméstica, acusación por el que fue imputado el concubino por el Ministerio Público.

El 26 de diciembre, vecinos reportaron a un hombre con intenciones de lanzarse desde la cornisa del piso 15 de un edificio. Personal de Bomberos y la Policía llegaron al lugar, logrando asegurar al sujeto mediante una operación de salvamento desde el piso 16. 

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Cuando ingresaron al departamento del individuo se encontraron con el cuerpo inerte de una mujer.

La Policía y la Fiscalía presumieron que se trataba de un nuevo caso de feminicidio, pero los resultados de la autopsia legal determinaron que la mujer falleció a causa de una broncoaspiración.

Sin embargo, los hematomas en las extremidades superiores de la mujer, que tenían una data de antes de su fallecimiento, motivaron la aprehensión del concubino, Marcelo T. M., a quien se le abrió una investigación por el delito de violencia familiar o doméstica. 

A requerimiento del fiscal, esta tarde se realizará una audiencia de inspección ocular con el fin de contar con mayores elementos de convicción.

La inspección ocular está programada para las 16.00 en “en el lugar de los hechos”, ubicado en la zona de Sopocachi.

En medio de la polémica generada tras el anuncio de la Alcaldía de La Paz de iniciar procesos penales contra los concejales que buscan restituir las tarifas del transporte, la presidenta del Concejo Municipal, Lourdes Chambilla, afirmó que no se “doblegará” ante las amenazas judiciales.

El Ejecutivo edil señaló que los concejales usurparon funciones del alcalde Iván Arias y que la ley es «totalmente inconstitucional e irregular».

“Tengo bien amarradas mis polleras, no me voy a doblegar. Voy a continuar; no me van a amedrentar con denuncias ni con procesos”, declaró Chambilla este miércoles en conferencia de prensa.

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Concejo

Además, aseguró que, de no recibir el apoyo necesario del alcalde Arias para promulgar la norma que restituye las tarifas a los niveles de 2016, ella misma impulsará y promulgará la ley, aun sabiendo que ello la podría llevar a cumplir alguna condena.

El pasado 5 de marzo se aprobó la ley para «congelar los pasajes», en rechazo al incremento autorizado por la Alcaldía por el cual las tarifas pasaron a Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largos.

La controversia radica en que la Alcaldía acusa a los concejales de usurpar las funciones del alcalde, quien es el único facultado para establecer el precio de los pasajes, mientras que Chambilla sostiene que su propuesta se limita únicamente a congelar las tarifas vigentes en 2016, sin realizar ningún ajuste.

En este contexto, la presidenta del Concejo critica la lentitud del trámite, responsabilizando a la Secretaría del Concejo por la falta de avance y claridad en el proceso legislativo. La Alcaldía realizó las observaciones a la ley el pasado viernes y recién se pronunció oficialmente el martes, señalando que no se promulgará la ley porque es contraria a la Constitución.

“Si tengo que ir a la cárcel a dormir con mi familia, lo voy a hacer por defender a la ciudad de La Paz”, afirmó Chambilla.

La concejal remarcó que su compromiso es con el bienestar de la población y la defensa de una política de transporte justo y accesible para todos los ciudadanos.

Cuando se conoció la ley aprobada por el Concejo, los transportistas advirtieron con movilizaciones y con defender las nuevas tarifas que se acordaron tras varios meses de trabajo con la Alcaldía y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

Entre 2024 y 2025, todas las ciudades capitales niveleron sus tarifas de transporte público, debido a que los conductores argumentan que el costo de vida se encareció y las ganancias cada vez alcanzan para menos.

La Intendencia Municipal de La Paz realizó un operativo este miércoles en la calle Tarapacá de la zona Garita de Lima, decomisando 35 pollos que se encontraban expuestos directamente en el piso y sin el carnet de manipulación de alimentos.

Las autoridades señalaron que el producto presentaba signos de «contaminación física» y posible descomposición, aunque los comerciantes negaron que la carne estuviera en mal estado. 

Miguel Rivero, secretario general de la Asociación de Comerciantes de Pollo de La Paz, reconoció que los animales no cumplían con las normas de higiene al estar en contacto con el suelo.

«Ningún pollo puede estar así; debe tener una base. Por eso se procedió al decomiso, pero el producto no estaba descompuesto», aclaró. 

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Intendencia

El operativo se realizó en conjunto con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, además del Control Social. Durante el verificativo también se evidenciaron que, de los 25 puestos revisados, tres contaban con balanzas en mal estado y modificadas.

De acuerdo con la Intendencia, al momento del decomiso y del cierre de uno de los puntos de venta el personal fue agredido físicamente, por lo que se iniciarán los procesos legales correspondientes.

El operativo también incluyó la verificación de listas de precios para evitar especulación. Según los vendedores, el kilo de pollo bajó a Bs 18, y el abastecimiento se normalizó tras restablecerse las vías afectadas por las lluvias entre Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, destacó que la reducción en los precios de pollo, res y otros alimentos responde a la mejora climática, la disminución de conflictos y el diálogo promovido por el Gobierno para que los comerciantes no intenten ganar más a costa de la población.

La Paz se abastece principalmente de pollo producido en Cochabamba y Santa Cruz. La intervención municipal señaló que estos esfuerzos por garantizar salubridad y control de precios en mercados son clave para el acceso a costos justos y productos seguros para los consumidores.